21 jul 2012

Un reajuste mezquino

Como se esperaba, el Gobierno no se movió un milímetro de su propuesta y finalmente, tras casi un mes de tortuosa tramitación, fue aprobado –sólo con los votos de la derecha- el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo mensual dejándolo en $193.000.

De esta manera, sabiendo que nadie iba a rechazar la iniciativa, porque peor es nada, la autoridad pasó por encima del Parlamento y de los propios trabajadores al imponer una cifra mezquina, demostrando una vez más su impericia política, nula conciencia social e incapacidad para buscar acuerdos.

El Ejecutivo erró desde un principio. Primero, convengamos en que el proyecto debió haber sido presentado al Congreso Nacional a comienzos de junio y se hizo como ya es costumbre en esta administración, a última hora, con urgencia y sin negociación previa con las organizaciones sindicales ni con los partidos.

Y luego, se equivocó al fijar un incremento menor a lo que realmente estaba en condiciones de ofrecer y muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, de la oposición e incluso, parte del oficialismo, todos los cuales aspiraban a llegar a un salario mínimo de $200.000.

La excusa para no hacerlo ya lo conocemos: “puede aumentar el desempleo”. Se trata del mismo chantaje de siempre y al que se recurre cada vez que discutimos una política pública que pueda ir en beneficio de los que ganan menos, en circunstancias que no hay ninguna evidencia empírica que así lo demuestre. Con toda seguridad, vamos a escuchar similar argumento durante la tramitación de la reforma tributaria y cuando se inicie el estudio del reajuste a las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En la pasada campaña presidencial se habló mucho del sueldo ético de $250.000 que propuso en 2009 Monseñor Alejandro Goic. Todos estuvimos de acuerdo, así como también concordamos en que las desigualdades existentes en la sociedad chilena no podían seguir esperando.

Pero, en vez de escuchar y atender las exigencias de equidad, el Ejecutivo prefirió seguir el camino de las amenazas y del matonaje verbal, insistiendo en un planteamiento que ya había sido rechazado en ambas cámaras del Poder Legislativo creyendo que de esta manera se anotaba un triunfo sobre la Concertación.

Sin embargo, aquí no ganó nadie, sino que perdió el país. Chile pierde cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar no les importa que el crecimiento económico del que tanto se vanaglorian no beneficie a los trabajadores con menor calificación laboral.

Chile pierde cuando a los 500 mil perceptores del ingreso mínimo no se les entrega un reajuste decente, pese a que llevan meses sufriendo reiteradas alzas en el precio de los alimentos y del transporte público.

Chile pierde cuando seguimos desaprovechando oportunidades para reducir las desigualdades y, por el contrario, continuamos ampliando las posibilidades de que se provoque una explosión social que ponga en riesgo nuestra gobernabilidad.

El Gobierno lejos de tomar conciencia de lo que está sembrando, actúa como si el país fuera un regimiento en el que todos debemos limitarnos a obedecer.

No escucha ni dialoga, y descalifica en forma grosera y prepotente a quienes nos atrevemos a formular una crítica política. Ya se sabe, con la derecha en el poder los trabajadores siempre pierden.

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20 jul 2012

Cultura en el metro

Ni George Orwell ni Ray Bradbury, en sus obras de anticipación más espeluznantes, pudieron jamás concebir el cuadro de alucinación, desvalimiento y anestesia que hoy muestra el ferrocarril subterráneo de Santiago.

Este cuadro se compone, en los horarios punta, por los miles, cientos de miles de personas que a diario desfilan, en ominoso silencio, como ganado que va al matadero, por espectrales pasillos, oyendo por altavoces palabras incomprensibles, con la esperanza de conseguir un hueco, por más mínimo que sea, en alguno de los carros.

Y también por el gratificante espectáculo de gente que se empuja para terminar amontonada, apiñada, apretujada, aglomerada, a veces fundida en una masa humana en la que es imposible distinguir brazos, piernas, codos, rodillas, cabezas, glúteos, carteras, zapatos, mochilas, bolsas, maletas, cajas, artefactos para la comunicación y, en general, todo lo que constituye la presencia física y los elementos que las personas comunes y corrientes suelen portar consigo.

Sin embargo, este es el panorama, por decirlo de manera comedida, humano, demasiado humano de lo que a diario significa viajar en metro. Y para decirlo sin eufemismos, conforma el calvario que a lo largo de toda la semana deben enfrentar los santiaguinos.

Hay otro paisaje en el subsuelo de la vía férrea, presuntamente más civilizado, y que al comienzo fue de tipo cultural, sin la feroz estridencia que ahora penetra en todos los ámbitos de ese medio de transporte.

En el presente, tenemos una invasión sonora y visual generalizada, abrumadora, brutal, que ha pasado a ser una especie de Licht und Ton, luces y sonidos, colores y destellos, que, dependiendo de cada cual, embelesan o agobian cada vez que tenemos que caminar por esos corredores o esperar en los andenes.

Al principio, la escenificación de una cantidad de paraderos fue de tipo cultural y se tradujo en un notable resultado. Porque la iniciativa de encargar murales a reconocidos artistas chilenos, como Francisco Smythe, Sammy Benmayor, Mario Toral, Eliana Simonetti o Elisa Aguirre, por nombrar a unos pocos, fue excelente y meritoria.Como dice el bolero, todo eso pasó, todo quedó en el olvido.

Más o menos desde hace una década, en ciertas estaciones se han levantado gigantescas pantallas de alta definición que emiten cortos sobre moda, rock y artículos deportivos. Y en todos los paraderos y en todos los coches de varias líneas se han instalado monitores de televisión, que transmiten una nutrida y fascinante programación. Tiene que ser hipnótica, porque de otro modo no se entendería que los pasajeros giren el cuello y miren embobados esos plasmas que los mantienen con la boca abierta.

Si Bradbury hubiera viajado a nuestro país en fechas recientes y le hubiesen mostrado el orgullo del transporte urbano sudamericano, habría concluido que “Fahrenheit 451” es un relato benévolo y optimista.

En esa ficción, publicada en 1953, los personajes viven las 24 horas del día inmersos en la contemplación de enormes tubos catódicos, colocados en cada pieza de cada casa y en cada muralla de cada una de las habitaciones. Pero lo hacen privadamente. Aquí, en cambio, es una representación pública y obligatoria.

El metro de la capital no funciona todo el día, pero durante el tiempo en que corre, la procesión de ruido e imágenes proveniente de los televisores es ininterrumpida. Como el Big Brother orwelliano, nos acecha sin cesar y no nos abandona nunca, hasta el punto en que, al salir, por ejemplo, a Alameda con Arturo Prat, experimentamos alivio y una sensación de calma bucólica.

Grosso modo, los esquemas con que nos deleitan consisten en noticieros, recomendaciones, videoclips y piezas misceláneas.

Las noticias, que se repiten una y otra vez, nos informan sobre un partido de fútbol entre un equipo de Uagadugú, Burkina-Fasso, y otro de Bucaramanga, Colombia, un asesinato cometido en Maullín, una inundación en Bangladesh, la llegada del subsecretario de Educación de Canadá, la inauguración del nuevo policlínico de Tomé y otros apasionantes sucesos.

Dos secciones fijas y verdaderamente excepcionales se denominan “Mujeres en línea” y “Jóvenes en línea”.

En la primera, siempre acompañada de música celestial, se enumeran los beneficios de cremas de belleza, se indica cómo debe cuidarse la piel cuando hay frío o calor, se sugieren recetas para mantener el cabello brillante, se entregan datos para reducir de peso, se dan consejos para eliminar las arrugas, en fin, se demuestra una preocupación profunda por el género femenino.

En la segunda, con la misma banda sonora, hay avisos de poleras, zapatillas de marca, ropa deportiva, patines y skates, laptops, iphones, blackberries, itunes, ipads, ipods, tablets y toda clase de artilugios tecnológicos actuales.

Existen solo dos explicaciones para entender estos mensajes: quienes los diseñan actúan con la máxima buena fe, exhortando a los potenciales usuarios para hacer lo que se les dice o comprar lo que se les insinúa. O bien se trata de cínicos que deben pensar que todas las mujeres y los jóvenes de Chile son tarados y es absolutamente lícito usar espacios públicos para fomentar su debilidad.

La última gracia del subway nacional es el bilingualismo. Quizá somos los únicos en el mundo que, en las estaciones y en el interior de todos los convoyes, tenemos advertencias en castellano y en inglés, con el objeto de proteger nuestra seguridad y asegurarnos un feliz trayecto.

Indudablemente, resulta delicioso leer “Change of platform only”, “Exit”, “Preferential”, “No passing” y si a ello le añadimos el toque exótico, es casi imposible no sentir un alto nivel de exaltación frente a letreros que rezan “To Maipú”, “Combination to Quilicura”.

Y los millones de turistas extranjeros que se pasean por las estaciones de Zapadores, Pudahuel, Lo Ovalle, Pajaritos, Pedrero, Los Quillayes, La Cisterna, Protectora de la Infancia, pueden creerse en el séptimo cielo al descifrar las complejas instrucciones adheridas a puertas, postes, ventanas, pasamanos y asientos.

Claro que también corren peligro de ser atropellados, descabezados o mutilados si, al descender, se demoran algo de tiempo mientras tratan de entender una frase digna de Proust: “Please caution with the separation between the train and the platform”, que en el original se dice “Mind the gap”.

Preguntarse cuánto dinero ha costado este despliegue de cosmopolitismo sería mezquino.

Tenemos el mejor sistema de movilización pública del continente. Y para distraernos cuando vamos al trabajo o regresamos al hogar, se nos proporcionan manifestaciones artísticas de lujo.

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20 jul 2012

Las frustraciones que deja la CASEN

El gobierno postergó la información pública de la CASEN 2011 -no obstante que ella estaba disponible- hasta tanto culminara el proyecto de salario mínimo, evitando así que los resultados contaminaran la discusión. De hecho, con los resultados de la CASEN 2011 hubiera sido aún más indefendible la postura del gobierno.

En los resultados que se dieron a conocer hoy y recurriendo a una vergonzosa presentación engañosa de datos agregados, el Presidente Piñera afirmó  que la pobreza se había reducido. Pocas horas después el examen desagregado de las cifras muestra otra realidad:por una parte un  leve aumento de la pobreza no indigente y por otra,una leve reducción de la extrema pobreza entre 2009 y 2011.

Es así que, en el caso de la pobreza, ésta aumenta  en 0,2% (del 11,4%  al 11,6%) y, en el caso de la indigencia, se reduce en 0.9% (del 3.7% al 2.8%).

Esta situación de estancamiento en nuestros niveles de pobreza habla de una trayectoria muy modesta, no obstante que reducir la pobreza y derrotar la indigencia son la prioridad que este gobierno ha anunciado desde que asumiera.

Anticipándose a estos previsibles resultados, el gobierno argumentaba en el mes de mayo que el alza de los precios de los alimentos una vez más encarecería la canasta básica de los hogares, afectando de manera especial a los más pobres.

Curioso -por decir lo menos- que ahora el gobierno argumente en una dirección que fue totalmente ignorada en la medición anterior de la CASEN 2009, cuando el propio presidente Piñera atribuyera el alza de la pobreza de entonces a una responsabilidad del gobierno anterior, ignorando el más alto precio de los alimentos de esa época, en plena crisis financiera mundial.

Pero la situación del 2011 (cuando se aplica la última CASEN), nada tiene que ver con la del 2009. Si bien en 2011 hubo alza en los precio de los alimentos, ésta fue considerablemente menor que la experimentada en 2009 y, además, los precios se habían estabilizado cuando se estaba aplicando la encuesta CASEN en terreno a finales del año pasado.

A lo anterior, hay que agregar que, en el período que se efectuaba el trabajo de campo de la encuesta CASEN 2011, el gobierno hacía pública su satisfacción por el crecimiento económico del país y por la creación sostenida de empleos.

A diferencia de cuando se aplicó la CASEN 2009, en que junto con el desmedido precio de los alimentos, Chile vivió los impactos de la crisis en su bajo crecimiento económico y mayor desempleo, en esta ocasión nada de eso estuvo presente. Y, a pesar de los mejores indicadores económicos y de empleo, la pobreza se resiste a decrecer.

En esta ocasión se puede decir, con toda propiedad, que es evidente que el crecimiento y el empleo no llegan a los más pobres, y que los empleos que logran llegar a estos hogares son de tan baja calidad que sólo aportan remuneraciones de pobre.

Los resultados de la actual CASEN 2011 ponen en cuestión el tipo de políticas vigentes y que el gobierno defiende cómo virtuosas.

En primer lugar, el apego de este gobierno a una focalización que deja afuera a los segmentos no pobres, pero vulnerables, y que los mantiene con la continua amenaza de empobrecer ante vaivenes de una economía que no controlan.

Es cosa de analizar el anunciado ingreso ético familiar, que no es otra cosa que un conjunto de subsidios para los hogares de extrema pobreza y que, en definitiva, significa que el Estado chileno va a aumentar los subsidios desde el 0.11% del PIB al 0.28% del PIB.Estos recursos son los más bajos -sólo después de Perú- de América Latina que, en promedio, destina 0.40% del PIB en subsidios.

En segundo lugar, el encantamiento del gobierno con el PIB como medida de progreso en Chile (que es equivalente, en versión edulcorada, a la tesis del chorreo), en circunstancias que está en cuestionamiento en casi todo el planeta y por los más importantes economistas mundiales la utilidad del PIB como indicador de progreso, especialmente después del aprendizaje que deja la crisis de los países desarrollados.

Y, en tercer lugar, la convicción gubernamental de que es la cantidad de empleos que se crean lo que importa, en desmedro de su calidad.

La ausencia de todo esfuerzo de este gobierno por una agenda de trabajo decente -materia que estuvo escondida en la reciente discusión del salario mínimo- elude aquello que realmente le puede cambiar la vida a los hogares de este país, en que tan importante como acceder a un trabajo formal, es contar con ingresos decentes del trabajo.

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20 jul 2012

Chile necesita una cultura de prevención

Actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados el Proyecto enviado por el Ejecutivo que “establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil”.

Al respecto, me parece importante precisar algunos temas fundamentales. En primer término, es necesario cambiar la mirada del proyecto, ya que no se trata de crear un “Sistema de Emergencias y Protección Civil”, sino poner el énfasis en que se debe implementar un sistema integral de prevención y atención de desastres y de recuperación de su impacto, con una visión de transformación y desarrollo.

El objetivo fundamental de una norma como ésta debe ser evitar las pérdidas de vida, bienes sociales, económicos y ambientales.

En segundo término, es altamente preocupante, que en el actual proyecto se haya dejado fuera a las instituciones de voluntariado que tienen una larga trayectoria de trabajo y una formación altamente valorada y rigurosa en la materia, invirtiendo de sus propios recursos para su capacitación, perfeccionamiento y profesionalización y ahora, frente a la coyuntura de crear una nueva institucionalidad en el tema de desastres, no se considera su opinión en este proyecto.

Y en tercer término y como contrapartida a lo anterior, surge la duda sobre el rol que se le asigna en el proyecto a las Fuerzas Armadas. No se sabe cómo se definió la competencia de éstas en las tareas humanitarias.

Aunque es elemental considerar que éstas tienen las capacidades logísticas de gestión militar para coordinar una respuesta nacional ante un conflicto, ello no necesariamente les otorga la experiencia para coordinar las respuestas más eficientes ante un gran desastre.

Esta actividad requiere de experiencia en el área específica de gestión del riesgo y reducción del riesgo de desastres, por lo cual, surgen las dudas sobre cómo se evaluaron estas competencias para las FFAA.

El delegar con carácter fundamental el rol de las FFAA, “en las tareas vinculadas a la prevención y preparación ante emergencias, así como las labores de respuesta y en la entrega de ayuda humanitaria a la población” , nos lleva a preguntarnos, qué concepto humanitario se está considerando y cómo se garantiza, a través de las Fuerzas Armadas, los estándares humanitarios internacionales, si éstas son garantes, por sobre todo, de la seguridad nacional, y no de la mirada preventiva y en caso necesario de una respuesta humanitaria que requiere la gestión del riesgo y la reducción del mismo ante un desastre.

En este sentido es necesario poner en evidencia que muchas funciones que se otorgan a las FFAA, deberían ser responsabilidad de otros ministerios o agencias, tanto públicas como privadas: Obras Públicas, organismos de socorro, entidades humanitarias y de primera respuesta, como Bomberos, Cruz Roja, Scouts, etc.

En el Decreto N° 737 de 1971 del ministerio de Interior se menciona que las entidades que se deben consultar en el caso de diseño de proyectos de esta envergadura, son las entidades del Estado y los organismos de voluntariado reconocidos. Entonces surge la duda del por qué no se consideró la opinión de éstos en la redacción del actual proyecto, y sin embargo, se le asignan esas responsabilidades a las FFAA.

Chile necesita con urgencia generar una “cultura de prevención”, para lo cual es fundamental trabajar en la implementación de una estrategia que incorpore el concepto de “gestión de riesgo y reducción del riesgo de desastres”, para que estos sean parte de un plan país de desarrollo sostenible.

Sin duda, son estos y otros temas los que estarán presentes en la discusión del mencionado proyecto, cuando éste ingrese a la consideración del Senado.

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20 jul 2012

Los “triunfos“ del gobierno a lo Pirro

El gobierno ha obtenido triunfos legislativos de manera pírrica esta semana, es decir, obtiene un éxito coyuntural pero paga un costo en la opinión pública que anticipa su fracaso el 2013.

Ha impuesto en contra de la opinión ciudadana, del mundo sindical y de la mayoría en el Parlamento, un salario mínimo de $193.000 –que es bien mínimo-, que está muy lejos de un ingreso salarial digno para 500.000 trabajadores de un país, donde hay un gobierno que se vanagloria de crecimientos económicos récord y de miles de nuevos empleos; sin embargo, dicho progreso sólo favorece al decil más rico.

La derecha le ha dicho al país que el progreso económico no le puede llegar a los más pobres -porque subir el mínimo a $200.000 generaría una ola de desempleo- y con ese argumento impone mediante un veto presidencial su fórmula de los $193.000 de salario mínimo.

Mejorar el salario mínimo y debatir cómo se le traspasa parte del crecimiento del país es un asunto político y ético especialmente en un Chile plagado de desigualdades y que seguirá estando presente en la agenda pública, especialmente tras conocer las cifras de la CASEN 2011 que revelan que la pobreza sigue siendo una vergüenza para Chile.

Lo mismo ha hecho con la ley Longueira, donde el gobierno pretende entregar a perpetuidad los derechos de los recursos hidrobiológicos a los pocos grupos económicos que controlan la industria pesquera y bloquea las diversas iniciativas tendientes a generar mayor competencia y que se incorporen nuevos actores a esta actividad.

Estamos frente a un gobierno que refuerza los oligopolios y bloquea la libre competencia favoreciendo el status quo de un modelo productivo que genera concentración y privilegios para una minoría construyendo un país extremadamente desigual.

Negándose a mejorar el mínimo a $200.000 y promoviendo la entrega de derechos a perpetuidad de los industriales pesqueros, la derecha nos recuerda –que a pesar de sus disfraces de “popular”- sigue siendo la misma derecha de siempre, donde unos pocos pueden disfrutar el progreso y el resto –la mayoría- debe seguir bregando por un país con más equidad social.

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20 jul 2012

El “mocito” y lo pendiente

Fue poco después de la muerte de Pinochet ocurrida en diciembre de 2006 que apareció en la escena judicial Jorgelino Vergara, el “mocito” del Mamo, cuyas revelaciones han pasado a ser de conocimiento público sólo seis años más tarde, gracias al libro del periodista Javier Rebolledo.

¿Quién es realmente el personaje? ¿Por qué esperó hasta la muerte del genocida para decidirse a contar los horrores en que participó cualesquiera haya sido la calidad en que lo hizo?

¿Por qué nunca hace juicios incriminatorios contra Pinochet y la plana mayor? ¿Lo sabremos alguna vez?

Cualesquiera sean las respuestas, si las hay, lo cierto es que sus confesiones a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y al juez Víctor Montiglio, lamentablemente fallecido, constituyen uno de los más valiosos testimonios de la maldad humana y de los extremos a que llegó una clase social y los ejecutores a su servicio para poner a salvo un sistema social que garantizara sus desproporcionados privilegios.

Los abogados de derechos humanos conocimos en su momento tales declaraciones, pero por una parte entonces era preciso respetar el secreto del sumario que signaba al antiguo procedimiento penal aplicable en la especie y por otra parte hubiera sido un grave error perjudicar o alterar en lo más mínimo la continuidad de las investigaciones en esa época.Porque los dichos de Vergara fueron confirmados judicialmente.

En esas fechas sólo podíamos a lo más, como hicimos, informar privadamente a los familiares acerca de la verdad de lo sucedido a los suyos. Debo decir que mi experiencia en ese duro trance fue comprobar, una vez más, la firme madera de que están hechas las y los familiares de las víctimas.

Las torturas y asesinatos del cuartel de la calle Simón Bolívar, cuartel de la muerte del que nadie salió vivo, dirigidas especial pero no exclusivamente a los dirigentes comunistas, tuvieron lugar entre los años 76 y 77 y fueron ejecutadas por la Brigada Lautaro que dirigía el oficial de ejército Morales Salgado y de las que no todos sus integrantes han sido singularizados ni procesados. Morales es el mismo que participó en el asesinato del general Prats y su esposa en Buenos Aires.

Como se sabe, en julio de 2001 el funcionario de Carabineros ya jubilado, Emilio Troncoso Vivallos, originario de Bulnes, en el marco de la investigación por el caso “Conferencia” declaró que a inicios del 76 la DINA se reorganizó internamente y que él pasó a trabajar bajos las órdenes de Germán Barriga, mencionando haber sido él quien ató con alambres el cuerpo de Marta Ugarte que lanzó al mar desde un helicóptero y que por haber sido mal amarrada permitió que su cuerpo apareciera poco después en las playas del Molle lo que le habría costado una sanción.

Recuerdo todo esto porque es en esa misma declaración en la que menciona que en la brigada Lautaro trabajaba un agente civil de nombre Jorge Vergara, agregando que era una persona joven.

Fue sólo a principios del 2007 que la PDI logró encontrar al interior de Curicó a Jorgelino Vergara, quien declaró que los crímenes referidos por Troncoso Vivallos y otros agentes, no habían ocurrido en Villa Grimaldi sino en Simón Bolívar lo que posibilitó que se reinterrogara a esos agentes los que reconocieron la existencia del cuartel. Vergara fue traído a Santiago y puesto a disposición del juez Montiglio.

Hay todavía muchos puntos oscuros y debe valorarse que el libro de Rebolledo contribuya a la difusión de aspectos que hasta ahora no habían sido explícitamente reconocidos como por ejemplo la participación en la represión de poderosos empresarios nacionales, como es el caso de Ricardo Claro.

El libro aludido es de reciente aparición y ya agotó la primera edición. ¿Cómo puede sostenerse que el tema de los derechos humanos no interesa en este país?

Cosa distinta es que determinados medios de comunicación, varios de los cuales más de algo tienen que decir respecto de los crímenes de lesa humanidad, no den espacio a las noticias sobre DDHH, o las restrinjan.

El reciente procesamiento de dos coroneles de la Fuerza Aérea por la muerte en tortura del general Alberto Bachelet así como diversas diligencias en el expediente acerca del probable asesinato de Pablo Neruda muestran la plena vigencia de las consecuencias judiciales de las violaciones a los derechos humanos cometidas tras el golpe militar del 73.

Digamos de paso que el caso Bachelet muestra hasta el punto que llegó la penetración ideológica al interior de las FFAA que hizo posible que compañeros de armas, amigos de toda una vida, no dudaran en torturar y matar a sus propios compañeros y amigos, acusados de “traición a la patria” por defender a un gobierno constitucional, si éste era de Izquierda.

El Pentágono y la Escuela de las Américas calaron hondo en los uniformados y encontraron terreno fértil en instituciones cuya formación y condiciones de ingreso son tan distantes del ciudadano común y corriente.

Todavía más, las 1.300 querellas que desde el 2010 hasta este año han sido presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos por un número similar de ejecuciones ilegales nunca investigadas, entre ellas los casos Allende y Bachelet, han permitido el esclarecimiento de numerosos crímenes y la detención y procesamiento de decenas de agentes ejecutores que jamás pensaron que algún día se pondría fin a su impunidad.

Hay pues muchas tareas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación y ellas deben comprometer al conjunto de la sociedad nacional si de veras aspiramos a construir una democracia auténtica y sólida.

Entre esas tareas ha de abordarse la responsabilidad penal de los civiles, políticos, dueños de medios de comunicación, agentes externos y demás que participaron en el quiebre constitucional del 73 ya sea de modo directo o conspirando en las sombras para provocarlo. No dudo que esos desafíos de dignidad y respeto al Derecho serán abordados y cumplimentados.

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20 jul 2012

La institucionalidad en la Educación Superior, otra materia pendiente

El marco que regula a las Instituciones de la Educación Superior (IES) ha cambiado escasamente desde que se dictó la legislación de 1981, a pesar de las importantes transformaciones que han caracterizado al sector.

Durante los gobiernos de la Concertación el tema se fue difiriendo continuamente, incluso después de las movilizaciones estudiantiles del 2006.

Asimismo, el de Piñera no tenía contemplado hacer una reforma integral de la Educación Superior, pero las protestas lo obligaron a enfrentar el incendio, pasando por el cambio de ministros para recurrir, finalmente, a un especialista: el Ministro Beyer, quien ha evitado proponer una reforma integral de la ES, en cambio ha optando por modificaciones parciales en aspectos específicos, que tienen menos resistencia y permiten mayor rapidez en la tramitación parlamentaria.

Pese a ello, hay instituciones que quedan con correcciones pendientes para su buen funcionamiento y gestión:

La Subsecretaría

En la típica creencia chilena, que cuando existe un problema en la sociedad se debe partir por crear una institución que se preocupe del tema, se ha propuesto una Subsecretaría que esté a cargo de la Educación Superior, que cuente con mayores atribuciones que la actual División de Educación Superior.

Sin embargo, no se trata solo de un problema de rango, sino de disponer de una entidad que sea la responsable de diseñar una estrategia para el sector y proponer e implementar las políticas públicas que en la actualidad no se realizan adecuadamente, así como también, que sea la encargada de velar por el cumplimiento de los diferentes usuarios.

La Superintendencia de Educación

No ha avanzado mucho la tramitación del proyecto de ley que la funda, pues la amplia variedad de aspectos que los interesados proponen incluir en su ámbito de acción la han retrasado.

No obstante, los serios problemas creados en la Universidad del Mar y el informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre “el lucro” generaron el ambiente político necesario para que el Gobierno le pusiera urgencia. La creación de esta institución ha sido reclamada por los diferentes sectores, ya que no existe una entidad que tenga la función de controlar el cumplimiento de las normas y obligaciones que rigen a la actividad.

Los tres estamentos de la ES

En la actualidad, la legislación está concebida de manera que existen tres compartimentos estancos: Universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnicos (CFT), con definiciones estrictas respecto a sus campos de acción.

Por motivos conocidos y previsibles, ha existido una tendencia de los IP a transformarse en universidades e, incluso, para formar CFT que funcionan paralelamente a ellos.

La mejor ilustración de lo anterior ha sido la transformación de los IP estatales, que se crearon en 1981, en sucesivas universidades, independientemente si cumplían con los requisitos para subir desde la “División de Ascenso” a la “División de Honor”, con la salvedad que en este caso no existe el mecanismo del “descenso”.

El Consejo de rectores (CRUCH)

Otra entidad que hace agua es el CRUCH. Esta agrupación goza de privilegios, generados por constituir otro compartimento estanco, al cual no se puede ingresar ni siquiera con la aprobación de la unanimidad de los socios del club, ni hay reglas para renunciar o expulsar a alguno de sus miembros.

Las universidades estatales

Varios problemas enfrentan estas instituciones. Su categoría estatal las somete a algunas normas propias de los servicios públicos, lo cual les quita la necesaria agilidad y capacidad de gestión que se requiere para actuar en las mismas condiciones que el resto. Ello se hace evidente en situaciones tales como los controles burocráticos de la Contraloría, la Dirección de Presupuestos en los límites al endeudamiento o las regulaciones laborales del Sector Público.

Por otra parte, las universidades estatales presentan niveles de calidad y de capacidad de gestión muy disímiles entre sí, con diferencias pronunciadas entre el nivel de excelencia de la Universidad de Chile y la pobreza académica de algunas entidades, no solo regionales, sino también metropolitanas, lo cual hace difícil dictar un estatuto que las rija en igualdad de condiciones, situación que da cuenta de otra complicación: la heterogeneidad de las entidades.

Apertura y cierre de instituciones

Esta materia, según la ley 20.370, es responsabilidad del Consejo Nacional de Educación (CNED), que administra el sistema de “licenciamiento” tanto para las IES como para las sedes y carreras que lleven a cabo.

Por otra parte, el Consejo al tomar el acuerdo previo al otorgamiento de la “autonomía” que otorga el Mineduc, en la práctica da plena libertad a la entidad para operar. Una vez obtenida la autonomía, pueden cambiar el proyecto original sin revisión posterior.

Postgrados

En la medida que se generaliza la obtención de un grado académico y un título profesional, el país logra un nivel más alto de desarrollo económico y se integra a la globalización.

Así, la sociedad pone exigencias mayores al Sistema de ES, demandando progresivamente mayores niveles de conocimientos en especialistas que accedan a los grados de magister y doctorado. Por ello, en este campo se hace necesario establecer normas que rijan las condiciones que deben cumplir los estudios de postgrado para otorgar la certificación, pues se observa cierta anarquía, que lleva a situaciones engañosas.

Diplomados y educación continua.

Su rápido desarrollo responde a la creciente velocidad del cambio en los conocimientos y en la tecnología, que deja obsoletas con prontitud las enseñanzas adquiridas y obligan a incorporarse a las nuevas destrezas, especialmente en los aspectos aplicados, a diferencia de los estudios de postgrado donde se refuerza la formación analítica.

En este campo el desgobierno es notorio, pues la normativa oficial sobre esta materia no existe.

Capacitación de profesores universitarios

Tradicionalmente, los profesores de la educación superior no han sido adiestrados formalmente para mejorar sus técnicas docentes, ya que, por lo general, los empleadores valoran más los conocimientos especializados que la capacidad de enseñanza. La situación se ha agudizado con la fuerte expansión de la matrícula, lo cual ha obligado a la rápida contratación de docentes.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/07/la-institucionalidad-en-la-educacion-superior-otra-materia-pendiente/

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20 jul 2012

La partícula Higgs boson y la política chilena

El 4 de julio recién pasado se anunció el descubrimiento de la partícula denominada Higgs boson –la cual más bien es un campo- que los físicos buscaron por casi 50 años.

Se trata de un hallazgo clave puesto que es una pieza que faltaba y que viene a confirmar el denominado modelo estándar de la física de partículas.

Si bien al parecer este hallazgo no resuelve todos los problemas –es como encontrar una pieza grande e importante de un puzzle que sin embargo es más grande y complejo aún- viene a develar cómo las partículas elementales adquieren masa. Ello ocurre porque existe este campo de fuerza invisible -el Higgs boson- que impregna el espacio entre ellas y al interactuar con él las partículas adquieren masa.

Ahora bien, si usted lector siguió leyendo esta columna hasta aquí podrá preguntarse ¿y que tiene que ver esto con la política chilena?

Probablemente nada excepto que uno puede preguntarse si existe algo en la política chilena que permita explicar la unidad (masa) en la dispersión.

Porque no cabe duda que lo que centralmente caracteriza a la política chilena actual es la dispersión, la “atomización”, como expresó respecto de la Oposición hace algunos días el Presidente del Senado, el senador Camilo Escalona.

Esa dispersión también caracteriza al Gobierno, y así se ejemplifica en episodios antiguos y recientes, como es el caso de la discusión sobre el salario mínimo.

En realidad me parece que los partidos de Gobierno no están tanto o más dispersos que los de la Oposición simplemente porque aquellos que interesan analíticamente son solamente dos – y uno de ellos, la UDI, tiende, históricamente, a ser monolítico.

Entonces, ¿existe en política un “campo de fuerza” que lleve desde la dispersión a la unidad?

Desde luego que sí: el poder. De eso trata principalmente la política chilena y, en general, en todas partes.

Así, el Higgs boson de la política chilena es el conjunto de acciones visibles e invisibles por medio de las cuales se trata de alcanzar, obtener, ejercer, mantener, acrecentar el poder.

Nada demasiado nuevo ni tampoco necesariamente objetable en ello, pero es preciso reconocerlo y desde esa constatación tratar de avanzar hacia otros campos de fuerza político más altruistas, que puedan compartir todos, o casi todos, sean ganadores o perdedores en la lucha, ojalá pacífica y civilizada, por hacerse del poder.

Aun cuando son muchas las partículas políticas y también variadas las fuerzas que tienden a la dispersión, considero que en la política chilena existen actualmente algunas que tienen sentido de aglutinamiento, sentido de país.

Me refiero a que la gran mayoría de los partidos políticos y de los ciudadanos organizados, reconocen y valoran la dignidad y derechos de la persona humana, la organización política democrática, el estado de derecho, la existencia e independencia del Poder Judicial como institucionalidad clave para la defensa y resguardo de los derechos fundamentales de la persona.

En el plano socio-económico existe también amplia concordancia que debe derrotarse la pobreza y mejorarse sustantivamente la distribución del ingreso.

En el plano cultural, no existe nadie que no esté de acuerdo en que debe mejorarse el acceso y la calidad de la educación en todos sus niveles, desde la educación parvularia a la universitaria.

A su vez, los chilenos hemos experimentado un cambio cultural copernicano en el sentido de estar más atentos a lo que nos ocurre y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ello se manifiesta en nuestras capacidades de expresar nuestros derechos, reclamar por su debida atención y respeto y participar activamente en todas las instancias organizativas y comunicacionales existentes.

Lo que está faltando a mi juicio es otra partícula Higgs boson de la política: una fuerza, una capacidad de unificar las partículas políticas y darles un sentido de dirección y esperanza de que podemos y avanzaremos hacia algo específicamente definido, que es mejor, y cómo lo haremos.

Las coaliciones políticas de Gobierno y de Oposición tienen iguales probabilidades de lograr expresar aquello con éxito. El escenario político está sumamente abierto y cualquiera de ellas podrá hacerlo en las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.

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19 jul 2012

Alto Bío-Bío: el robo del alma

Con una campaña ciudadana sin precedentes hasta entonces, un colectivo de personas y organizaciones luchamos durante 12 años para detener la construcción del mega-proyecto hidroeléctrico de Endesa en el Alto Biobío. Era la primera vez que se cuestionaba en Chile el interesado paradigma de la bondad absoluta de las grandes centrales hidroeléctricas.

Sin embargo, en los albores de la década de los ’90, y a pesar de esta falta de precedentes y antecedentes sobre el tema a nivel nacional, tuvimos la certeza que la ‘serie hidráulica’ proyectada por los ingenieros de Endesa era un proyecto tan descabellado y destructivo como lo es hoy, HidroAysén.

Endesa proyectaba represar los 180 kilómetros del Alto Bío-Bío con 6 centrales de embalse.¡Olímpico! Sin considerar absolutamente ningún costo, o ‘externalidad’, total estas las pagan ‘los otros’. El río Bío-Bío tiene un recorrido total de 380 kilómetros desde su nacimiento en las lagunas de Icalma y Galletué en la 9ª Región, desembocando finalmente en el Golfo de Arauco en la 8a.

Gracias a la campaña en contra, Endesa solo pudo construir las dos primeras centrales de la serie proyectada –Pangue y Ralco-, inundando 4.000 hectáreas de la cuenca, y literalmente destruyendo 70 kilómetros del valle entre los dos embalses y el tramo de río totalmente alterado entre el muro de Ralco, aguas arriba, y la cola del embalse de Pangue.

Es importante recordar que la campaña ciudadana enfrentó desde 1990 a 1997 a Endesa-Chile, ya privatizada (robada en 1989, último año de la dictadura), y desde 1997 en adelante a Endesa-España, después que esta adquiriera el consorcio Enersis, que incluía a Endesa, Chilectra y Transelec.

Tanto la así llamada ‘privatización’ del sector eléctrico chileno, como su transnacionalización, incluyeron en ambos casos, como ‘bono’ extra, el traspaso gratuito de la mayor parte de los derechos de agua no-consuntivos (para desarrollo hidroeléctrico) del país.

Muy concretamente, este tortuoso proceso significó la captura corporativa de una parte clave del sector agua, y de la totalidad del sector energía de Chile, algo que, sorprendentemente no hemos podido revertir hasta hoy.

Así, Endesa, hoy controlada por la trasnacional italiana Enel, concentra el 80% de los derechos de agua no-consuntivos del país, y el 86% de los de la región de Aysén. En la práctica ni Chile ni los chilenos ni las chilenas tenemos el dominio de las aguas que fluyen por ‘nuestros’ ríos australes, sino el Estado italiano. ¿Ciencia ficción? No. Política, finanzas y corrupción, por un lado, e ignorancia, desidia y complicidad por el otro.

La Región del Bío-Bío fue otrora la más rica en recursos naturales del país, por su condición de ecotono, o zona de confluencia de diversos ecosistemas, con el valle del Bío-Bío actuando como un corredor ecológico entre ecosistemas de tipo pampeano patagónico y las costas del Océano Pacífico. Por esto, aquí se daban las más altas tasas de biodiversidad y endemismo de nuestro país.

Por lo mismo, en las alturas de su cuenca encontraron refugio indígenas Pehuenche, arraigándose al lugar literalmente junto con la Araucaria/Pehuén, enriqueciendo la cuenca con su presencia.

Hoy, la vapuleada región ostenta uno de los peores índices de salud ambiental de nuestro territorio, invadida por más de la mitad de las plantaciones de pinos y eucaliptos de Chile –brutal ecocidio- erosionada al extremo, marcada por complejos hidroeléctricos e industriales (petroquímicos, siderurgia, etc.), con altísimos niveles de contaminación.

No debiera sorprender entonces que desde hace décadas la situación social regional se haya degradado en paralelo, con elevados índices de pobreza y desempleo, que han llegado a triplicar las medias nacionales; situación que el reciente terremoto solo agudizó.

El Bío-Bío no es únicamente la principal fuente de agua para las actividades industriales de la región, sino que además -ya a mediados de los ’90- sobre un millón de personas dependían del río para riego y agua potable.

¿Qué hace un país sabio con una cuenca, un río y una región con estas características?Cuidarlo todo como un tesoro de vida, de cultura, de futuro, de agua, de biodiversidad y belleza… como una fuente de servicios ambientales y funciones ecológicas, de abundancia para muchas generaciones de seres de muchos tipos, incluidos los humanos.

¿Qué hace en cambio un país muy poco sabio con este legado? Todo lo anteriormente descrito.

Desde Santiago, catapultaron sobre la región el ‘desarrollo’ a la pinta de los capitalinos capitalistas. La paradoja cruel en la Región del Bío-Bío es que su extraordinaria riqueza en naturaleza, quizás la mayor del país, provocó esta fiebre del ‘oro verde y azul’.

El toque de Midas, que transformó gran parte de este capital natural y cultural renovable, generoso y colectivo, en capital financiero privado, literalmente abovedado. Hasta la energía cinética del torrente tenía que ser convertida.

A mediados de los ’90, el entonces diputado PPD, Octavio Jara, informó en el Parlamento que Endesa, desde su complejo hidroeléctrico del Laja, vendía USD 83 millones anuales en electricidad, mientras pagaba una irrisoria patente de USD 3 mil a la municipalidad de Antuco, y que la comuna, desde la instalación de las centrales, además de despoblarse, se había convertido en una de las más pobres de Chile.

Hace unas semanas visitamos el Alto Bío-Bío con estudiantes norteamericanos que investigan los impactos del ‘desarrollo’ en comunidades tradicionales.

De noche, a medio camino, nos encontramos con un dantesco espectáculo, iluminado como un estadio: las obras de Colbún para la central Angostura, aguas abajo de la central Pangue, que operará con derechos de agua aparentemente cedidos por Endesa a Colbún, como retribución a esta última por aceptar ser su socia en el nefasto proyecto HidroAysén.

Angostura inundará un antiguo centro ceremonial Pehuenche certificado por el reconocido arqueólogo Tom Dillehay, y obligará forzosamente a re-relocalizar a Pehuenches ya relocalizados a causa de la construcción de la central Pangue.

¿Cómo es que las leyes chilenas, y las convenciones de derechos humanos e indígenas internacionales, permiten una truculencia semejante?

El poder corporativo en Chile simplemente no tiene límites. Todo lo que vimos y escuchamos da furia, indignación e impotencia. Ver el Alto Bío-Bío, hoy quizás las comunas más pobres del país, que fuera uno de los lugares más bellos del planeta… literalmente asesinado, lúgubre, tétrico. Como que le hubieran robado el alma a todo el lugar.

Las promesas a los Pehuenche total o parcialmente incumplidas. Alcoholismo, depresión, suicidios. Anomia cultural: pérdida de sentido de vida, de presente y futuro.

Visitamos el Huachi (trampa para conejos), uno de los predios donde Endesa relocalizó a más de 40 familias, sin bosque y sin río y que la empresa compró porque no valía nada, porque ya lo atravesaba en diagonal la línea de trasmisión de la central Pangue.

¡Chiste cruel! Ahora lo atraviesa, además, en paralelo, la línea de la central Ralco, para la cual evidentemente, Endesa reservó la franja de servidumbre mientras relocalizaba a las incautas familias. Las enormes líneas pasan prácticamente por encima de varias de las casas y aquí se pagan las tarifas eléctricas más altas de Chile,tanto así que muchas familias pehuenche no se pueden “dar el lujo” y viven sin electricidad.  ¿No será mucho?

Conversamos con dirigentes en el Huachi. Pura desolación. Reina el alcoholismo. Se esfuman el mapudungun y la cultura. Se acabaron los guillatunes. La absurda ‘cancha’ ceremonial instalada caprichosamente por la empresa en un lugar cualquiera yace silenciosa, abandonada, inutilizada.

Un joven cuenta ante las cámaras que su padre y su madre murieron literalmente de depresión, arrepentidos de haber aceptado las ofertas de Endesa. Humillados.

¿Qué nos pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? En un momento, la ñaña Berta, tan triste como iracunda, pequeña pero poderosa, impertérrita bajo una inclemente lluvia gris, nos señalaba con su mano hacia las profundidades del embalse donde habían estado sus casas y campos.

Hileras de árboles muertos, negros, en proceso de putrefacción, marcan la cambiante franja de fluctuación del reservorio; lóbregos y mudos testigos de la tragedia ecosocial en curso en este rincón de Chile.

Y no es para nada la única. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es que vamos a aprender alguna vez?

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19 jul 2012

Se abre diálogo de periodistas con La Moneda

Una agenda de trabajo conjunta para tratar temas atingentes al ejercicio de la profesión definieron en una reunión el ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwick, y el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas de Chile, presidido por Marcelo Castillo.

La Orden Profesional, ferviente partidaria del diálogo como método para superar las dificultades, será además incorporada a una mesa ya establecida con Carabineros, a raíz de las detenciones cada vez más frecuentes que se han registrado a periodistas, no sólo en movilizaciones ciudadanas sino que incluso cuando están reporteando simples hechos policiales.

Para el desarrollo de este proceso de diálogo, ambas partes acordaron realizar reuniones periódicas que buscarán destrabar la más que prolongada tramitación de dos proyectos de ley de gran importancia para garantizar el Derecho a la Información de la ciudadanía: el Estatuto del Periodista, ingresado al Parlamento en el año 2007, y la moción de los senadores Mariano Ruiz Esquide y Patricio Walker que sanciona la agresión a periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, atendiendo su calidad de depositarios sociales de la misión de informar.

En su fundamentación, los senadores demócratas cristianos sostienen que “el libre ejercicio de la actividad periodística constituye un pilar fundamental del sistema democrático. En eso no hay dos opiniones. Sin embargo, cada año cientos de periodistas son atacados, arrestados, amenazados y perseguidos como resultado de su trabajo.”

El Proyecto de Ley propone el aumento de pena a los delitos de lesiones causados contra estos profesionales y su personal de apoyo en el ejercicio de su profesión u oficio, agregando en el Código Penal una circunstancia agravante especial para el delito de lesiones.

El primero de estos diálogos entre el Colegio y el Gobierno se efectuará el jueves 26 de julio en el Palacio de La Moneda. Cabe destacar que el Ministro Chadwick se comprometió a agendar a la brevedad posible una reunión entre la Orden y el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Se abre, por consiguiente, un proceso de diálogo y, esperamos sinceramente, de negociación en el que los periodistas pondremos sobre la mesa los temas urgentes, como los mencionados más arriba, los importantes, tales como nuestras precarias condiciones de trabajo, y los que consideramos prioritarios, es decir, el derecho de los ciudadanos a una información veraz y oportuna y la obligación del Estado a garantizarlo.

La ciudadanía y las instituciones tienen la oportunidad y la obligación de seguir este proceso, participando en su desarrollo, porque ésta es una vía que puede mejorar la calidad de nuestra democracia.

Es de esperar que en Chile se abra una ventana informativa en todos los medios, tradicionales y electrónicos, que siga con sentido crítico este diálogo, posibilitando de esta manera el empoderamiento de parte de la gente de este derecho fundamental, el de informarse y comunicar.

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