Para este martes estaría citada una “Cumbre de Seguridad” a la que deberán concurrir Fiscales, Generales de Carabineros y autoridades civiles de las Regiones del sur, principalmente de la Araucanía, en donde se han presentado diversos eventos de carácter violento, como resultados de incendios, ocupaciones de terreno y la quema de una Escuela en Cherquenco, entre otros hechos.
Llama la atención la denuncia formulada por el dueño del Fundo Palermo, que también sufrió un incendio. En el contexto de este suceso se “encontraron” volantes, presumiblemente de autoría de terceros, supuestamente “simpatizantes” de la causa mapuche, con el texto “liberación nacional mapuche contra el capitalismo fundero, forestal y energético”…
Rápidamente la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco llamó a su Gobierno a imponer “Estado de Sitio” en la Región…Las autoridades respondieron, por ahora, con una “Cumbre de Seguridad”.
Así están las cosas en Chile, entre los Pueblos Indígenas y el Estado. No han cambiado mucho, a decir verdad, desde el momento en que el Estado resolvió desde hace ya varios años, enfrentar las demandas indígenas con medidas extremas en materia de represión y contención, primero aplicándose la ley de Seguridad Interior, luego la Ley Antiterrorista y ahora, si los “diagnósticos” prosperasen, se podría aplicar “Estado de Sitio” en la Araucanía.
En realidad, hoy algo de eso ya existe, con la creciente militarización de la zona y los estrictos controles policiales que se aplican en el sur, en donde hay un despliegue notable de fuerzas policiales, para enfrentar, contener y reprimir la demanda indígena.
¿Y así y todo, y prácticamente delante de las narices de estos férreos controles, con estructura militar, un grupo de individuos se permite actuar con violencia, preparan sus acciones, las ejecutan con extrema rapidez y facilidad y además, se dan tiempo para difundir panfletos con propaganda agitativa?
¿Realizan sus actos y luego se retiran tranquilamente de las zonas en conflicto? ¿Y nunca los sorprenden…? ¿A pesar de los férreos cordones de seguridad, por aire y tierra y con todos los instrumentos de que hoy disponen las fuerzas policiales? Sospechosa, al menos, tanta negligencia.
Mientras tanto: el problema de fondo no es la seguridad de la zona ni la acción de terceros, que si existiesen como grupos de propaganda violenta, deben ser sometidos a las normas que la Ley dispone, tanto para esclarecer sus verdaderos motivos como para despejar cualquier vinculación con las comunidades y movimientos indígenas cuya dinámica difiere de tales procedimientos.
La demanda indígena de derechos sustanciales, hoy avaladas por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas (septiembre 2007) y la vigencia en Chile del Convenio 169 de la OIT, está más que suficientemente legitimada ante el Estado y sus poderes y la sociedad chilena.
Pero hay una sordera increíble…Y un empecinamiento notable en no querer comprender que la problemática indígena no es sólo un problema de pobreza y de falta de oportunidades (situaciones reales), sino que se trata de resolver la pregunta central acerca de cómo somos capaces, como país, como sociedad y como Estado, de incluir de verdad a los indígenas, como sujetos titulares de derechos ancestrales, que fueron conculcados por diversos regímenes políticos desde la colonia, con excepción de algunos períodos en donde se pudo avanzar algo en derechos fundamentales.
Esto implica un Pacto Social, Político y Cultural, cuyo contenido temático los Indígenas los tenemos claros desde hace muchos años, especialmente a partir del Pacto de Nueva Imperial de 1989.
Este Gobierno es tozudo y no quiere entender que la problemática indígena no es solo la mapuche en el sur sino de todos los Pueblos Indígenas de Chile.
Y que existen amenazas profundas que afectan a sus derechos ancestrales, en materia de tierras y aguas, como consecuencia del modelo de desarrollo actual y en relación con mejores oportunidades para salir de la exclusión y la discriminación y que mientras se siga considerando a los indígenas como “conflictivos” y que no merecen derechos distintos al común de los chilenos (los mismos que finalmente usufructuaron históricamente del despojo de nuestros pueblos), estamos en el peor de los escenarios pues no habrá puentes de diálogo fecundo entre nuestros Pueblos y este Gobierno, toda vez que los intentos que se hacen con “mesas” pírricas son ignoradas por el movimiento indígena y deslegitimadas.
Más aún cuando, instituciones como CONADI dejaron de ser instancias de interlocución válida.
¿Entonces cuál es el camino? Para los agricultores del sur (que parecen haber olvidado que gran parte de su patrimonio territorial tiene su origen en el despojo violento de hace algunas décadas) la solución es simple: Estado de Sitio.
Para el Gobierno, simplón en su mirada, el problema se reduce a contener los actos de violencia y convocan a una Cumbre de seguridad. Sabemos sus resultados.
¿Y dónde quedan los pueblos indígenas, sus dirigentes y sus movimientos y comunidades?
¿Mirando desde la vereda?… ¿Observando con paciencia y alguna pequeña esperanza?… ¿Pasivos y resignados ante lo que viene?
Eso terminó luego de la conmemoración de los 500 años. Y los indígenas han levantado su voz en todo el continente. El Gobierno no puede esperar pasividad. Y si no da respuesta a demandas centrales, habrá más conflicto, porque hay una dinámica natural entre los que se hacen o son sordos y los que gritan desde hace mucho tiempo qué es lo que se requiere.
El problema es que los sectores dialogantes y moderados como en todo grupo humano y social, irán quedando cada vez con márgenes menores. Esa responsabilidad se tiene que atribuir desde ya al actual Gobierno.
La verdadera cumbre que el país quisiera ver en este tema, que cada cierto tiempo adquiere una mayor connotación, es la reunión auténtica y legítima entre las Autoridades ancestrales de nuestros Pueblos y el Presidente donde corresponde: en la Casa de Gobierno.
Y hablamos de los representantes de todos los indígenas de Chile, exponiendo con su sabiduría los puntos de vistas que a todos nos inquietan y presentando las demandas correspondientes y sus proyectos.
Quisiéramos ver a un Presidente de verdad: escuchando (aunque sea largamente) lo que los Pueblos Indígenas deben decir y luego reaccionando y enviando al Parlamento los proyectos que pongan fin a la exclusión de los indígenas en Chile. Claro, soñar no cuesta nada. La realidad es distinta. Pero los indígenas tienen más de 500 años de historia: cuatro años de gobierno conservador no hacen mella.
