Cuando se examina la larga secuencia de infortunios que ha significado la Reforma de la Educación es fácil caer en lo anecdótico. Sin embargo, las motivaciones de fondo que explican la trayectoria del Ministerio son poderosas, aunque le han llevado a sucesivos cabezazos con la realidad y a los constantes avances y retrocesos en la implementación, que recuerdan a los antiguos enceradores que utilizaban el “chancho” para sacar brillo al piso, los llamados “para atrás y adelante”.
Las motivaciones oficiales están imbuidas por dos objetivos: trasladar los estímulos a la demanda por educación a incentivos a la oferta, y privilegiar a las entidades estatales por sobre las privadas, a causa de la sospecha que buscan el lucro.
La finalidad es cambiar “el modelo neoliberal” que caracteriza a la Educación Superior (ES), diseñada e implementada en 1981 y que no ha experimentado cambios de fondo desde que se restableció la Democracia.
El principal objetivo es otorgarle a la ES la categoría de “derecho social”, aunque su implementación tenga que ser progresiva en el tiempo. Sin embargo, esta finalidad esencial choca de inmediato con trasladar los incentivos a la oferta, pues si se estableciera el derecho a la educación en esa categoría (de allí surge plantear la gratuidad universal), el agente de ese privilegio por definición es el estudiante y su familia y, por lo tanto, posee el privilegio de decidir la institución en la cual quiere recibir la enseñanza.
Por lo tanto, el Estado tiene que limitarse a asegurar que las entidades educadoras ofrezcan niveles mínimos de calidad en sus servicios, por ejemplo, mediante el sistema de acreditación.
En la intención de avanzar en la gratuidad universal planteó inicialmente otorgarla al menos al 60% de los estudiantes de menores ingresos familiares, pero estableciendo restricciones estrictas a quienes podían recibir los alumnos favorecidos.
El grado de improvisación y de discrecionalidad de esta intención original llevó al Ejecutivo a sucesivos cambios que lograron la rara unanimidad que ninguna institución la apoyara.
Se planteó la propuesta de avanzar mediante una glosa contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2016 que se tramita en el Parlamento; la resistencia encontrada, ha llevado a la autoridad a incorporar finalmente en su contenido tres componentes básicos.
a) Rebajar el porcentaje de beneficiados ante la insuficiencia de la caja fiscal.
b) Financiar la fondos necesarios mediante la supresión del 50% del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
c) Incrementar el monto de las becas Milenio que favorecen a algunos matriculados en los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
El AFI fue establecido en 1981 con el objetivo de favorecer a las entidades de ES que captaran a los mejores postulantes, medidos por los resultados obtenidos en la PSU. Los 27.500 mejores puntajes reciben la “marraqueta” de este subsidio, que lo transfieren a la institución donde se matriculan.
Por lo tanto, fue concebido como un estímulo a la competencia entre las instituciones, en la medida que ofrezcan un mejor nivel de enseñanza, lo cual no es bien visto por el Mineduc. Con el paso del tiempo, el mecanismo ha recibido fuertes críticas por ser considerado regresivo, ya que subsidia a alumnos de altos ingresos a causa de la correlación entre los altos puntajes en la PSU y el elevado nivel de ingreso familiar.
A lo anterior se agregaron observaciones sobre los contenidos de la PSU y las ponderaciones relativas de los segmentos beneficiados por el subsidio. Como consecuencia, en los últimos decenios los recursos asignados a este instrumento han estado relativamente constantes en términos reales, a diferencia de otras transferencia que ha realizado el Fisco a la ES, como es el caso de los créditos y becas; por ejemplo, mientras en el período 2005 a 2013 el Aporte Fiscal Directo a las universidades del Consejo de Rectores creció el 27,4% en términos reales, el AFI no tuvo aumento.
En el inicio, alrededor del 40% de los matriculados en el primer año tuvo acceso al AFI, para reducirse al 10% actual, como consecuencia de la masividad experimentada por el ingreso a la ES.
Sin embargo, se debe destacar que el AFI es el único instrumento que contiene el actual sistema que favorece y fomenta la calidad de los planteles. Es así como las universidades que reciben los mayores recursos están encabezadas por la Chile y la Católica, claramente las de mejor calidad en el país y seguidas a distancia por Concepción, Federico Santa María, Adolfo Ibáñez (no pertenece al Consejo de Rectores), Santiago y UC de Valparaíso.
Como es obvio, los centros de inferior calidad casi no reciben recursos de este instrumento.
Implementar la medida significará una reducción de los ingresos presupuestados por cada entidad para el 2016; más de 2.400 millones para cada una de las dos primeras, lo cual no lo tienen previsto en sus proyecciones. La fuerte resistencia encontrada obligó al Gobierno a dar marcha atrás y asegurar la mantención de los recursos para las universidades del CRUCH, en otra muestra del alto grado de improvisación y discrecionalidad que tiene la política.
La principal crítica que reciben las medidas en la ES de los últimos meses se han centrado en que no es procedente adoptar este tipo de propuestas en medio de la discusión presupuestaria, que por su naturaleza rige para un solo año y se formulan en un clima de urgencia y con poca reflexión, en circunstancias que afectan comportamientos de largo plazo de las entidades de ES, especialmente cuando el Gobierno ha anunciado que enviará al Parlamento a fin del presente año un proyecto de reforma integral del sistema universitario.
De allí la racional sugerencia que solamente se avanzara en gratuidad incrementando los actuales créditos y becas hoy en operación, esperando los cambios definitivos, lo cual no fue acogido por el Parlamento. Las circunstancias quedaron reflejadas en el anuncio de la ministra de Educación que propondrá próximamente un proyecto para la supresión del AFI.
La medida de incrementar las actuales becas Milenio desde $600.00 a $700.000 es positiva, en el sentido que su monto es muy inferior a la de otros subsidios que favorecen a los matriculados en universidades. Con esto se acortan las diferencias. Aquí nuevamente se establecen condiciones para el acceso, como que las instituciones que matriculan a los favorecidos deben sur entidades sin fines de lucro y mantener sus aranceles en términos reales, lo cual constituyó una mejoría en relación a la propuesta inicial, pero solo favorecería a una minoría de las entidades acreditadas, en términos arbitrarios.
La ausencia de una propuesta integral de Reforma de la Educación Superior y de un amplio debate nacional sobre ella, es la que lleva al gobierno a esta secuela de improvisaciones y posturas contradictorias, cuya última consecuencia es el intento de supresión del único instrumento que incentiva la mejoría en la calidad de las entidades de la ES.