La semana pasada se realizó en Chile el lanzamiento del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, un aporte a la discusión desde la perspectiva de la desigualdad territorial.
El estudio muestra la existencia de significativas brechas territoriales y su impacto en las posibilidades de desarrollo de los territorios.
A través de un análisis en cifras, el Informe supera la tradicional mirada desde los promedios de indicadores socioeconómicos de cada país y avanza en una mirada que considere las varianzas.
Es decir, se encamina desde las desigualdades a través de las brechas que se aprecian desde el promedio nacional hacia sus diferencias territoriales comunales y/o provinciales.
De esta forma, se trata de acometer sobre la denominada “tiranía de los promedios” que tanto hemos escuchado, y observar, desde una perspectiva más realista, lo que sucede en cada territorio subnacional.
Posteriormente, profundiza las implicancias de estas desigualdades en las políticas públicas y su relación con las capacidades institucionales, postulándose que las políticas sectoriales –mediante las cuales se establecen casi todas las políticas sociales en Chile- no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener mucho impacto en otros y afectar negativamente a un tercero.
Estos datos son analizados en diez países latinoamericanos dentro de los cuales se encuentra Chile, y donde se aborda como política sectorial a evaluar, el impacto territorial de la política de educación básica y media –tan cuestionada durante el año 2011- quedando claramente demostrada la no neutralidad de las medidas sectoriales y su relación con el territorio.
Si bien el Informe presenta una gran riqueza para el mundo académico y entrega importantes preguntas de investigación social, es significativo considerar el valor que representa para los tomadores de decisiones.
Al analizar sus ejemplos y entrar al detalle de sus cifras en los niveles subnacionales, se puede comprender con mayor claridad qué es lo que está pasando en Chile en temáticas tales como el denominado “conflicto mapuche” en la zona de la Araucanía, donde la mayoría de sus comunas presentan los niveles más bajos de desarrollo social; en regiones como Magallanes y Aysén, que tanto sorprendieron con sus reivindicaciones locales en los meses recientes o en Calama, donde la comunidad está exigiendo un proyecto de ley que considere que parte de los recursos mineros se queden en los territorios que los producen, más allá del escuálido proyecto presentado por el ejecutivo.
Son los territorios con sus diferencias, brechas y desigualdades que nos están hablando y que hoy con una ciudadanía más empoderada está exigiendo sus derechos a un país tremendamente centralista, donde su institucionalidad no da cuenta de su complejidad.
Avanzar en mayor descentralización con todo lo que esta palabra contempla en materia de recursos económicos y toma de decisiones, es una deuda en los cambios políticos que Chile necesita. Es decir, entregar más poder a los territorios.
