20 jul 2012

La institucionalidad en la Educación Superior, otra materia pendiente

El marco que regula a las Instituciones de la Educación Superior (IES) ha cambiado escasamente desde que se dictó la legislación de 1981, a pesar de las importantes transformaciones que han caracterizado al sector.

Durante los gobiernos de la Concertación el tema se fue difiriendo continuamente, incluso después de las movilizaciones estudiantiles del 2006.

Asimismo, el de Piñera no tenía contemplado hacer una reforma integral de la Educación Superior, pero las protestas lo obligaron a enfrentar el incendio, pasando por el cambio de ministros para recurrir, finalmente, a un especialista: el Ministro Beyer, quien ha evitado proponer una reforma integral de la ES, en cambio ha optando por modificaciones parciales en aspectos específicos, que tienen menos resistencia y permiten mayor rapidez en la tramitación parlamentaria.

Pese a ello, hay instituciones que quedan con correcciones pendientes para su buen funcionamiento y gestión:

La Subsecretaría

En la típica creencia chilena, que cuando existe un problema en la sociedad se debe partir por crear una institución que se preocupe del tema, se ha propuesto una Subsecretaría que esté a cargo de la Educación Superior, que cuente con mayores atribuciones que la actual División de Educación Superior.

Sin embargo, no se trata solo de un problema de rango, sino de disponer de una entidad que sea la responsable de diseñar una estrategia para el sector y proponer e implementar las políticas públicas que en la actualidad no se realizan adecuadamente, así como también, que sea la encargada de velar por el cumplimiento de los diferentes usuarios.

La Superintendencia de Educación

No ha avanzado mucho la tramitación del proyecto de ley que la funda, pues la amplia variedad de aspectos que los interesados proponen incluir en su ámbito de acción la han retrasado.

No obstante, los serios problemas creados en la Universidad del Mar y el informe elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre “el lucro” generaron el ambiente político necesario para que el Gobierno le pusiera urgencia. La creación de esta institución ha sido reclamada por los diferentes sectores, ya que no existe una entidad que tenga la función de controlar el cumplimiento de las normas y obligaciones que rigen a la actividad.

Los tres estamentos de la ES

En la actualidad, la legislación está concebida de manera que existen tres compartimentos estancos: Universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnicos (CFT), con definiciones estrictas respecto a sus campos de acción.

Por motivos conocidos y previsibles, ha existido una tendencia de los IP a transformarse en universidades e, incluso, para formar CFT que funcionan paralelamente a ellos.

La mejor ilustración de lo anterior ha sido la transformación de los IP estatales, que se crearon en 1981, en sucesivas universidades, independientemente si cumplían con los requisitos para subir desde la “División de Ascenso” a la “División de Honor”, con la salvedad que en este caso no existe el mecanismo del “descenso”.

El Consejo de rectores (CRUCH)

Otra entidad que hace agua es el CRUCH. Esta agrupación goza de privilegios, generados por constituir otro compartimento estanco, al cual no se puede ingresar ni siquiera con la aprobación de la unanimidad de los socios del club, ni hay reglas para renunciar o expulsar a alguno de sus miembros.

Las universidades estatales

Varios problemas enfrentan estas instituciones. Su categoría estatal las somete a algunas normas propias de los servicios públicos, lo cual les quita la necesaria agilidad y capacidad de gestión que se requiere para actuar en las mismas condiciones que el resto. Ello se hace evidente en situaciones tales como los controles burocráticos de la Contraloría, la Dirección de Presupuestos en los límites al endeudamiento o las regulaciones laborales del Sector Público.

Por otra parte, las universidades estatales presentan niveles de calidad y de capacidad de gestión muy disímiles entre sí, con diferencias pronunciadas entre el nivel de excelencia de la Universidad de Chile y la pobreza académica de algunas entidades, no solo regionales, sino también metropolitanas, lo cual hace difícil dictar un estatuto que las rija en igualdad de condiciones, situación que da cuenta de otra complicación: la heterogeneidad de las entidades.

Apertura y cierre de instituciones

Esta materia, según la ley 20.370, es responsabilidad del Consejo Nacional de Educación (CNED), que administra el sistema de “licenciamiento” tanto para las IES como para las sedes y carreras que lleven a cabo.

Por otra parte, el Consejo al tomar el acuerdo previo al otorgamiento de la “autonomía” que otorga el Mineduc, en la práctica da plena libertad a la entidad para operar. Una vez obtenida la autonomía, pueden cambiar el proyecto original sin revisión posterior.

Postgrados

En la medida que se generaliza la obtención de un grado académico y un título profesional, el país logra un nivel más alto de desarrollo económico y se integra a la globalización.

Así, la sociedad pone exigencias mayores al Sistema de ES, demandando progresivamente mayores niveles de conocimientos en especialistas que accedan a los grados de magister y doctorado. Por ello, en este campo se hace necesario establecer normas que rijan las condiciones que deben cumplir los estudios de postgrado para otorgar la certificación, pues se observa cierta anarquía, que lleva a situaciones engañosas.

Diplomados y educación continua.

Su rápido desarrollo responde a la creciente velocidad del cambio en los conocimientos y en la tecnología, que deja obsoletas con prontitud las enseñanzas adquiridas y obligan a incorporarse a las nuevas destrezas, especialmente en los aspectos aplicados, a diferencia de los estudios de postgrado donde se refuerza la formación analítica.

En este campo el desgobierno es notorio, pues la normativa oficial sobre esta materia no existe.

Capacitación de profesores universitarios

Tradicionalmente, los profesores de la educación superior no han sido adiestrados formalmente para mejorar sus técnicas docentes, ya que, por lo general, los empleadores valoran más los conocimientos especializados que la capacidad de enseñanza. La situación se ha agudizado con la fuerte expansión de la matrícula, lo cual ha obligado a la rápida contratación de docentes.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/07/la-institucionalidad-en-la-educacion-superior-otra-materia-pendiente/

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  • Miguel Ossandón Durán

    Buen análisis

  • Miguel Ossandón Durán

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