05 dic 2013

Algo anda mal, escandalosas utilidades en empresas reguladas

Por Andrés Palma
Andrés Palma
Andrés Palma
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Cuando recibimos los datos del Estudio de Valores Sociales de la Universidad de Santiago, uno de los temas que me llamó la atención fue que el 81% de las personas señalaran que el agua debía ser propiedad exclusiva del estado, y un 80% lo dijera para la energía.

Asimismo, ante la pregunta, “para usted el lucro es aceptable si mejora la calidad…” en el caso del agua esto es aceptado por el 34% de las personas, idéntica cifra para la electricidad y 33% para el gas.Para la educación este porcentaje es de 41% y para la salud de 42%.

Es decir, el Estudio de Valores Sociales nos dijo que las personas son más partidarias del lucro en la educación y en la salud que en los servicios de agua, gas y electricidad. Por eso me sentí cuestionado.

Al respecto, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha entregado una información muy importante para comprender el por qué las personas no quieren el lucro en estos servicios básicos que históricamente han sido provistos por empresas privadas.

La información sobre las utilidades sobre ventas de estas empresas, es decir el beneficio que queda para el proveedor del servicio por cada peso que recibe de pago, supera con creces lo que se considera justo, lo que corresponde a un análisis de mercados competitivos y, particularmente en los casos de las empresas de agua y electricidad, cuyos precios están regulados por contratos con el Estado, lo que establecen las leyes.

La información señala que la empresa Metrogas tuvo una utilidad sobre las ventas de casi un 30%, es decir casi uno de cada tres pesos que recibió fue utilidad.

Luego tres empresas que prestan servicios de agua potable, Aguas Andinas, Concesionaria de Servicios Sanitarios y Aguas Los Lagos, tienen sobre un 25% de utilidades, es decir de cada cuatro pesos que reciben más de uno es utilidad.

Muy cerca les sigue Chilectra, con casi un 25% según la SVS, y luego otras más con menores pero importantes utilidades sobre las ventas. Estas ganancias se llamarían “extraordinarias” por su magnitud, pero al estar en empresas de servicios a la comunidad y, como señalo en los casos de agua y electricidad, sujetas a regulación de tarifas o precio, debemos llamarlas escandalosas.

El escándalo procede por dos razones: la primera es porque son utilidades que provienen de la explotación de los consumidores, de los usuarios de estos servicios y la segunda es porque reflejan una mala legislación o regulación de estos mercados por parte del Estado.

La provisión de agua y electricidad a los hogares y empresas medianas y pequeñas es realizada por una empresa monopólica, por ello son reguladas y sus precios o tarifas se fijan por un procedimiento establecido por Ley.

Si hay utilidades escandalosas en estos sectores es porque la Ley está mal, porque está siendo mal aplicada por la autoridad encargada o porque está siendo vulnerada. Habrá que estudiar cada caso. Pero la realidad es que hay utilidades inmorales según se desprende del informe de la SVS y esas ganancias son rentas producto de explotación a los usuarios y consumidores.

Se entiende entonces que no se quiera el lucro en estos sectores, tal como nos dijo el estudio de Valores Sociales.

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04 dic 2013

El partido que queremos ser

Por Ximena Rincón
Ximena Rincón
Ximena Rincón
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A riesgo de parecer extemporánea en días en que todas las miradas y esfuerzos están centrados en la segunda vuelta, resulta necesario analizar los resultados electorales del Partido Demócrata Cristiano (PDC). No para rasgar vestiduras por derrotas dolorosas ni menos para hacer brindis por una que otra victoria resonante, sino que para ver cómo volvemos a estar en el corazón del Chile democrático.

Salta a la vista. Esta elección reafirmó que la DC ya no es la fuerza política más importante del país, no al menos en cuánto a cantidad de votos ni de parlamentarios.

Casi sin excepción, desde 1993, el partido bajó tanto en número como en porcentaje de sufragios, fenómeno que por anchas o por mangas nunca ha sido analizado en profundidad para entender sus causas y de ahí buscar soluciones.

Siempre ha habido una excusa para no hacer ese análisis crítico.Y creo que si de verdad queremos a nuestro partido, debemos sentarnos y decirnos con humildad, respeto y franqueza en qué estamos fallando para qué nuestro mensaje no llegue como antes a los chilenos.

¿Quiénes no votaron por nosotros? Una pregunta que no por obvia es fácil de responder.Primero, porque hoy es tal la apatía que son más lo que no sufragaron que aquellos que si lo hicieron, por lo que estamos en presencia un universo del que poco o nada sabemos, lo que impide hacer proyecciones claras y precisas sobre votos que podemos o no tener en ese segmento.

No obstante, resulta evidente que nuestro potencial electoral decae. Si se miran las cifras, hay que asumir que esta disminución tiene al menos un par de explicaciones.

Nuestro partido es el que más ha sufrido con fenómenos regionales como los del norte grande, donde la no solución de problemas locales dio paso al surgimiento de movimientos que corroen nuestra base electoral, tal como lo la hecho la UDI en zonas urbanas.

¿Cuánto pesa hoy la DC? No podemos remitirnos a la simple suma o resta de diputados y senadores.Si miramos las zonas que representamos, en términos meramente electorales la realidad es crítica, porque estamos representando en general a las zonas con menos habitantes y a sectores rurales (quizá resabio de la reforma agraria), que por cierto cada vez tienen menos personas.

Hacer nada es esperar que el resto nos pase por arriba y validar la tesis de que la DC está aislada electoral y doctrinariamente dentro de la Nueva Mayoría.Creo, sin embargo, que ello no es así.

Pese a todo, el Partido Demócrata Cristiano sigue teniendo un colchón de votos importante y si se compara el programa de Michelle Bachelet con el de Eduardo Frei en 2009, se constata que no estamos acá sólo por temas electorales, sino que por una propuesta que recoge muchas de las ideas que lanzamos hace seis años y las que propuse el año pasado en las primarias de nuestro partido.

Sin embargo nos vamos a quedar solos si no somos capaces de articularnos con las nuevas fuerzas y movimientos sociales.Ciertamente no somos lo mismo, pero tenemos relaciones, historias comunes, coincidencias programáticas con nuevos actores políticos como Revolución Democrática y Fuerza Pública y la directiva tuvo la capacidad de incluir en nuestra plantilla parlamentaria a movimientos sociales como el de Aysén, lo que permitió la histórica elección de Iván Fuentes como diputado.

Han sido más sombras que luces, ciertamente. En caso contrario, el declive no hubiese sido tan claro. Por ello, creo que llegó la hora de sincerar posiciones y definir cuál es el partido que queremos ser.

¿Vamos a transformarnos en el gran muro de contención o en el dínamo de la transformación profunda que requiere el país? Lo dije en nuestras primarias y lo reitero ahora.

La DC debe volver a sus orígenes de partido revolucionario, de partido con ideas, de partido con corazón joven que cautivó con figuras como Frei, Valdés, Tomic y Leighton.

Hoy más que nunca Chile necesita una revolución en libertad.

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04 dic 2013

¿Hasta cuándo?

Por Tatiana Hernández
Tatiana Hernández
Tatiana Hernández
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¿Hasta cuándo las mujeres de Chile, en particular las víctimas de violencia de género, deberán aguantar que la ministra de SERNAM las responsabilice de los asesinatos cometidos por hombres agresores, cuyo machismo, de base en sus relaciones, se ve reforzado por un Estado negligente, que no garantiza la vida de las mujeres?

¿Hasta cuándo deberemos soportar que se nos diga que la denuncia es la solución a los femicidios que van en escalada en Chile, cuando este país no tiene un sistema de protección integral efectivo y eficiente para las víctimas?

¿Hasta cuándo seguiremos escuchando en los medios de comunicación que los criminales, asesinos de mujeres, las matan porque perdieron el control y los celos los cegaron, cuando lo que en realidad pasó, es producto de una historia de violencia, de repetidas acciones de sometimiento a una mujer que termina con su muerte?

¿Hasta cuándo veremos a las mujeres salir de tribunales, luego de una denuncia, con papeles en sus manos que indican que sus agresores no pueden acercarse a ellas, cargadas de una sensación de desamparo frente a un Estado obligado internacionalmente a proteger su vida y que no lo hace en su debido momento?

¿Cuándo, quienes administran la justicia, entenderán que frente a cada causa de violencia intrafamiliar que ven, tienen en sus manos la vida de una mujer y las de sus hijos?

¿Hasta cuándo continuarán haciéndonos creer, que la política pública en violencia contra las mujeres es efectiva y eficiente, si nos siguen matando y con una alevosía descarnada que sólo muestra el contexto  de impunidad en el que actúan los agresores?

¿Cuándo será el día que quienes diseñan la política pública para parar la violencia contra las mujeres, la harán escuchando a las víctimas y entendiendo que los contextos en los que viven las mujeres son sustantivos y condicionan el carácter de la violencia y los riesgos a los que se enfrentan ellas día a día?

¿Cuándo entenderán que la prevención es la herramienta que permitirá que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. Que es fundamental para la transformación cultural, específicamente de las desiguales relaciones de poder entre los sexos, que son las que se sustenta esta problemática?

¿Qué debemos hacer para que los agentes auxiliares de justicia comprendan que una denuncia, es un mensaje directo al agresor y que él no quiere escuchar: esto no va más, tú ya no tienes “privilegios” sobre mí, por ende un hombre que está dispuesto a ejercer más violencia para seguir sosteniendo la relación de sometimiento con la denunciante lo que incluye su muerte?

¿Hasta cuándo seguiremos siendo testigos de fiscales y jueces que renuncian a la investigación de una causa de violencia contra una mujer, y no comprenden que esta es fundamental en el proceso de reparación de la víctima?

¿Hasta cuándo continuaremos soportando que se nos diga que la violencia contra las mujeres para ser delito, debe mostrar ser constitutiva de maltrato habitual, cuando quienes la viven saben que es un delito permanente… incluso cuando “no se ve” “no se escucha”… porque la violencia se siente siempre?

¿Cuánto más deberemos esperar para que la legislación que debe prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, se ajuste a los parámetros internacionales de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres?

¿Cuántas muertas más seguiremos contando, porque si bien la violencia contra las mujeres no es un tema de números, lamentablemente los números sí importan?

¿Cuántas mujeres asesinadas más? 39 son las asesinadas según SERNAM en el marco de la restringida Ley de Femicidio, 54 según la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?

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04 dic 2013

Lagos y la Constitución que viene

Por Jorge Contesse
Jorge Contesse
Jorge Contesse

En entrevista con radio Cooperativa, el ex presidente Ricardo Lagos señaló que, si bien él no había marcado su voto con las siglas “AC”, apoya la demanda que subyace a esta campaña y explicó que recién iniciado su mandato, quiso impulsar la idea de una comisión bicameral abierta a representantes de las “fuerzas vivas” de la nación para dar participación en un mecanismo institucional que estudiara reformas más o menos profundas a la Constitución.

Respecto de la asamblea constituyente, Lagos advirtió sobre el riesgo de una demora excesiva en elegir a sus miembros, razón por la cual tendría sentido intentar este mecanismo mixto, de comisión parlamentaria con representantes de la sociedad civil (en un sentido muy amplio: organizaciones no gubernamentales, de empresarios, trabajadores, representantes regionales, etc.).

El ex Presidente no lo dice de manera explícita pero el diseño institucional que tiene en mente es, de hecho, una asamblea constituyente: la combinación, por así decirlo, entre el Congreso y la calle.

Quizá el problema es con el término “asamblea”, y valdría la pena considerar otro nombre, pero lo cierto es que ese es un debate fútil al lado de la cuestión de fondo, esto es, (I) que Chile necesita una Constitución que sea reflejo de un proceso participativo e institucional de deliberación y (II) que la mejor manera de lograr ello es justamente a través de una asamblea o convención constituyente.

Los críticos más serios de este mecanismos instalaron con éxito una cuña: tomar el camino de una asamblea constituyente sería una vía “no institucional”, sería irse “por fuera”, algo que no respetaría las reglas jurídicas vigentes.

Hay también críticos que difícilmente pueden tomarse en serio, pues sus argumentos no pasan de mini campañas del terror sobre el descenso al abismo institucional y social que significaría redactar una nueva Constitución como lo han hecho muchos países en el mundo que siguen en el mapa.

¿Tienen razón quienes dicen que la asamblea constituyente no es institucional? Solo a medias. Si lo que ellos quieren indicar es que en Chile hoy no existe tal mecanismo en nuestras reglas constitucionales, la respuesta es “sí, obviamente”.Pero eso dice poco o nada.Para ello existen los órganos del Estado, para transformar la voluntad política del pueblo en leyes, en normas jurídicas que son obligatorias para todos.

Basta un ejemplo, el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) que hoy se discute en el Congreso. El hecho que hasta hoy las parejas del mismo sexo no pueden regular su vida en común (y los derechos que de ella se siguen) significa que los representantes del pueblo de Chile están en mora de hacer algo; el AVP hoy no es institucional, “no existe”, pero de ello no se sigue que no deba existir.

¿Cómo se hace? Bueno, se legisla según las reglas que la Constitución contempla para así llegar a eso que llamamos ley y que Andrés Bello definió con “la manifestación de la voluntad soberana”.

Se podría retrucar que, enfrentados al caso de una nueva Constitución, la situación no es igual.Es cierto. Pero cualquier persona que se toma en serio los principios que regulan el Estado de Derecho sabe que el poder constituyente reposa en el pueblo, es decir, es el pueblo quien tiene ese “poder-deber” para decidir la manera como quiere organizar su vida en común. Y si el pueblo no tiene forma de manifestar su voluntad, ¿qué deben hacer sus representantes? Muy simple, instituir mecanismos que favorezcan la expresión de la voluntad soberana.

En la entrevista que dio el ex Presidente Lagos, éste dice que se requiere pensar la nueva Constitución como una “hoja en blanco”.

Esa es probablemente la aseveración más radical que se podría escuchar de un líder político —es curioso que las huestes de la derecha no se hayan atrincherado frente a semejante declaración—, pero entendida en su mejor sentido, Lagos está diciendo algo muy básico: que una comisión bicameral abierta a la ciudadanía (vale decir, una “convención constituyente”) debe tener la posibilidad de deliberar sobre todos los temas, sin ataduras salvo las que impone la institucionalidad que permite esa expresión.

La “hoja en blanco” no es una máquina que arrasa con todo lo que hay, dejando a Chile como una postal de recuerdos de épocas mejores.

Contrario a lo que algunos han visto, Lagos está favoreciendo la idea de un proceso constituyente en Chile, esto es, un mecanismo que permite una discusión sobre los aspectos básicos de la sociedad, en igualdad de condiciones, orientado a que al final de éste, aun cuando se esté en desacuerdo con todo lo que allí se decidió, los ciudadanos puedan sentir que esa es, de todas maneras, una “Constitución”, el documento político en cuya virtud el pueblo se constituye a sí mismo.

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04 dic 2013

Rosita Serrano de Chile y Alemania

Por Francisco Devia
Francisco Devia
Francisco Devia
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En el Cine Arte Alameda se reestrenó recientemente el documental “Rosita: la favorita del Tercer Reich”. Mi sobrino Pablo Hayler fue a verlo y quedó impresionado por la historia de esta “diva chilena”, comentándome posteriormente, “no sabía que había sido tan famosa”.Le respondí, para los alemanes, no para nosotros, desgraciadamente.

Derivado de lo anterior, le pedí a un diplomático francés que le preguntara a su suegra – de nacionalidad alemana – si conoció a Rosita Serrano. “Por supuesto, le respondió. La fui a ver cantar a un teatro de Berlín”, no recordando si fue en el año 1939 o el 41. Luego para sorpresa de mi amigo y su propia hija, comenzó a cantar de memoria la canción “Roter Mohn”.Impresionado por este acontecimiento, me prometió recopilar artículos de prensa y fotografías de Rosita.

Por otra parte, según el maestro Valentín Trujillo, Rosita Serrano sería posiblemente la cantante chilena más famosa a nivel mundial.Sin embargo, por diversas razones, nuestro país apenas la ha reconocido, e incluso hay quienes la condenan sacando a luz su supuesta afinidad con el Tercer Reich.Sólo gracias al citado documental y a diversos artículos en los diarios se ha comenzado a “redescubrir” su legado.

En un país donde la historia no es reconocida ni apreciada, este tipo de hechos o hazañas pasa desapercibido, más aún si consideramos que era políticamente incorrecto hablar de ella, ya que se la consideraba proclive o simpatizante del Tercer Reich.

Sin embargo, la realidad era otra. Nunca se ha tomado en cuenta que fue declarada “persona non grata” por dicho régimen y que existió incluso una orden de detención de la Gestapo en su contra, por haber cantado para unos niños judíos refugiados en Suecia, en plena Segunda Guerra Mundial.

Años después, se casaría con un judío sefardita de Alejandría, Egipto, amigo personal del Rey Faruk, con quien debió huir de ese país producto de la revolución del Coronel Gamal Abdel Nasser en 1952 ¿se puede ser nazi con esos antecedentes?

Rosita Serrano se llamaba Ester Aldunate del Campo y optó por ese nombre artístico porque su familia veía con muy malos ojos su vida artística. Según mi madre, mi abuelo prohibió que su nombre fuera mencionado en su casa, y precisamente esa historia motivó mi inquietud por conocer más sobre la vida y obra de una mujer que fue excepcional para su época.

Finalmente, me alegra comprobar, a la distancia, que su nombre está siendo “redescubierto”.

Ya no seremos un puñado de personas que la escucharemos interpretando “La Paloma”,“Amapola” o “Roter Mohn“. Confío que con el tiempo, su figura pueda ser realzada, como se lo merece.

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04 dic 2013

La fe pública y la confianza ciudadana

Por Alejandro Cajas
Alejandro Cajas
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El reportaje conocido hace algunos días que revela las “inconsistencias legales” (eufemismo de ilegalidad) del proceso de recolección de firmas de los ex candidatos presidenciales Jocelyn-Holt y Parisi, ha puesto sobre la mesa varios temas relevantes: la rectitud de los candidatos independientes en los procedimientos que aplican para conseguir firmas; las facultades del Servel ante la inscripción de candidaturas independientes y la conducta de los notarios en el rol que, como sociedad, les hemos conferido.

Como si esto no fuera suficiente, después nos enteramos que no sólo hubo irregularidades (otro eufemismo) con el proceso de recolección, sino que además existirían algunas firmas falsas dentro del listado.

Enfoquémonos en las inconsistencias legales halladas. Primero que todo, relatemos lo ocurrido para que estemos en la misma página: la ley obliga que las personas que patrocinan la presentación de una candidatura independiente (ya sea a diputado, senador o presidente), deben cumplir con tres requisitos.

(1) Estar inscritos en los registros electorales (con la ley de inscripción automática, basta con ser mayor de edad).

(2) No militar en ningún partido.

(3) firmar ese patrocinio ante un notario.

Los primeros dos requisitos parecen lógicos, pero sobre el tercero es válido preguntarse, ¿por qué se exige que un notario certifique que esas personas están apoyando la candidatura? La respuesta es simple: el notario es la única institución, por tener el rol de ministro de fe, que puede certificar que las personas que apoyan la inscripción de la candidatura son efectivamente quienes dicen ser y realmente patrocinan al candidato al firmar por él.

El reportaje de El Polígrafo que reveló las irregularidades muestra la imposibilidad de que las firmas entregadas por los candidatos al Servel hayan sido realizadas en presencia de un notario.

Pero, ¿cuántos de nosotros efectuamos los trámites notariales realmente frente al notario que certifica “firmó ante mi”? Regularmente esas firmas se realizan frente a un colaborador del notario.

Sin ir más lejos, el Coordinador General de Revolución Democrática, Miguel Crispi, indicó el miércoles 27 de noviembre en Radio Cooperativa que en la recolección de las firmas exigidas para la inscripción de la candidatura de Giorgio Jackson, siempre hubo un colaborador del notario en el stand implementado en el bar The Clinic.

La pregunta entonces cae de cajón, si la única función, la única razón de ser de un notario es ser ministro de fe -esto es, asegurarle a la sociedad que los actos que él certifica son tales-, no la está ejecutando, ¿por qué han de existir?

Los hechos denunciados por El Polígrafo, y que ahora son materia de investigación judicial, lesionan aún más la credibilidad y confianza en las instituciones. Y en esto no me refiero exclusivamente a que los notarios no ejerzan el único rol que la sociedad les confiere (cosa suficientemente grave). Con la lamentable noticia de la posible falsificación de firmas presentadas, terminamos por confirmar la desconfianza que cualquier ciudadano podía tener sobre las instituciones.

Y entonces la discusión decanta en el fondo, ¿Hemos perdido por completo la confianza sobre nuestras instituciones? Los notarios hacen su aporte frecuente al descrédito institucional. Este último episodio es sólo uno más en la lista.

Basta recordar los reportajes televisivos sobre sus tarifas o el patético espectáculo que dieron al defender –como cartel- la burocracia que detentan en medio de la discusión de la ley que permite la creación de empresas en un día. Y, peor aún, el listado de diputados de la DC que defendió a los notarios en esa contingencia, incluso presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional.Suma y sigue en el calvario de la desconfianza institucional.

Si no hubiese existido una sociedad civil organizada y activa, rol que cumplió la Asociación de Emprendedores de Chile –Asech-, el lobby de los notarios sobre la bancada DC hubiese sido exitoso. Los involucrados argumentarán en su defensa que esto último es política ficción. Ante esto en los campos colchagüinos de los que provengo dirían “sóplame este ojo”.

En otras latitudes y para ciertos actos más sencillos, los testigos de fe de los actos de las personas son otros ciudadanos de a pie, comunes y corrientes.¿Se ha preguntado por qué debe ser un señor nombrado por autoridades del Estado quien certifique las acciones o actos?

¿Por qué no comenzar a confiar a otras personas la atestiguación de fe de algunos  actos simples, en vez de conferir un monopolio de la fe a los notarios? La propuesta, nada de genial, supone obviamente que las personas además deben hacerse responsables de lo que certifican como ministros de fe, cuestión que hace doblemente atractivo implementar tal cambio.

Flaco favor le hacen a la fe pública y a la confianza ciudadana estos episodios protagonizados por notarios, diputados, candidatos, etc. Todo esto se transfiere, sin demoras, a la desconfianza que sentimos entre todos nosotros, hijos de una misma Patria, vecinos de un mismo barrio.

Para vivir en una sociedad libre y responsable es fundamental rescatar el valor de la confianza, no solo en las instituciones, sino también entre las personas.

Rechazar con firmeza los abusos, las ilegalidades y las chanterías –parte de lo que se ha descrito en esta columna- y recuperar la confianza fortaleciendo el rol de la sociedad activa y organizada, capaz de enfrentar desde todos los ámbitos, en coordinación con un Estado moderno y eficaz, los desafíos para maximizar el bienestar social.

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03 dic 2013

Nueva Constitución, desigualdad territorial y municipios

Por Iván Borcoski
Iván Borcoski
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Se ha instalado en el debate la necesidad de modificar la Constitución Política de la República (CPR) y se discuten múltiples estrategias para materializar estos cambios.

El municipalismo chileno ha planteado la necesidad de transitar desde las actuales administraciones municipales a verdaderos gobiernos locales. Sin embargo, son las normativas legales que las rigen las que determinan lo que podemos o no realizar en las comunas.

Para el ejercicio de la función ejecutiva, el Presidente de la República cuenta con órganos de gobierno como los ministros de Estado, intendentes, gobernadores, y para la función de administración, cuenta con servicios públicos centralizados, además de los servicios descentralizados o de régimen de descentralización, tales como empresas públicas, gobiernos regionales y municipalidades.

Entonces, ¿es posible constituir gobiernos locales autónomos si los municipios son considerados organismos de administración del Estado?

El ordenamiento jurídico consagra el carácter autónomo de las municipalidades. Sin embargo, estas son parte del Estado Unitario consagrado en el Artículo 3 del Capítulo I de la CPR, denominado Bases de la Institucionalidad.

Una primera conclusión indica que no es posible pensar en un nuevo municipio como gobierno local real si no se modifican aquellos aspectos constitucionales que lo consideran un órgano de administración.

Por otra parte, para gobernar se precisa autonomía financiera y es complejo “administrar” un municipio si aumenta su carga funcional y no se le asignan los recursos suficientes.

Al respecto, el penúltimo inciso del art. 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), señala que “cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo”.

Asimismo, el artículo 118 de la CPR, indica que los municipios gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Al repasar estas disposiciones legales, es necesario mencionar la jurisprudencia sobre el carácter de la LOCM. En los dictámenes Nº 10422 y 24022 del año 2001, la Contraloría General sostuvo que las leyes orgánicas constitucionales no tienen rango superior a las legislaciones comunes, sino que tienen igual jerarquía, diferenciándose entre sí únicamente por las materias que la regulan.

Hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la LOCM.Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.

Una segunda conclusión indica que un proyecto de reforma constitucional debe incorporar un artículo único que introduzca una modificación en el artículo 122 de la CPR. Además, sería muy oportuno considerar un nuevo inciso al citado artículo, estableciendo que cualquier nueva función u obligación que se les asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.

He aquí un claro ejemplo en el que una modificación constitucional incidiría en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.Pues al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función municipal, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.

Impulsar estos cambios es uno de los desafíos que debiese asumir el próximo gobierno para construir un país más justo.

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03 dic 2013

No todo es plata

Por Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
Roberto Fantuzzi
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Cada vez que llegamos a fin de año se torna un tema repetido, como cuándo discutimos el reajuste del salario mínimo, el presupuesto fiscal del próximo año y el famoso aguinaldo de navidad. Con el último punto, muchas empresas caen en una eterna discusión preguntándose ¿le damos a los trabajadores aguinaldo? ¿Cuánto podemos dar?Convirtiéndose en una complicación, más que un beneficio.

Las grandes empresas tienen la capacidad y la obligación de tener beneficios remunerados hacia sus trabajadores, son fechas que los colaboradores requieren una ayuda adicional por ende necesitan ese “empujoncito” para contribuir en las festividades del consumismo, masificadas en gran parte de ellas por los medios de comunicación y el empresariado.

El problema radica en las Pymes, donde una gran cantidad de ellas no tienen el grado de amplitud para entregar estos beneficios, tanto en dinero o especies. La realidad de distintas empresas son muy diferentes, un claro ejemplo es el bono de las mineras donde sus trabajadores reciben millones, condición prohibitiva para la mayoría de las compañías.

De todas formas siempre algo se tiene que hacer, ya que son los trabajadores quienes mueven las empresas y se merecen un reconocimiento, sea remunerado o de otras formas, cómo realizar una grata actividad entre todos los miembros pertenecientes a las compañías, donde es muy importante que en estas ocasiones estén presentes la plana ejecutiva y los dueños para así incrementar la idealización del colaborador.

Otras alternativas que tienen las empresas para retribuir el esfuerzo del trabajador en estas festividades, son paseos, regalos o simplemente una actividad recreativa que pueden disfrutar con sus familias, donde en muchas ocasiones se complementa con una caja de mercadería.

El trabajador valora en gran medida estas actitudes de parte de sus jefes, muchas veces es más importante un gesto demostrativo que un beneficio entregado que después se olvida en el tiempo.

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03 dic 2013

La indiferencia y el silencio que matan

Por Nicolás Vial
Nicolás Vial
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Nuevamente se vuelve a la constante y habitual actitud de injusticia, de dejar en el silencio el hecho de la muerte de un joven asesinado en el Centro privativo de libertad de Til Til.

Recuerdo lo ocurrido en el incendio de la cárcel de Puerto Montt, donde murieron 11 adolescentes, anterior a ello en Serena, otro siniestro deja 7 fallecidos. Así otras situaciones similares, que concitan la atención de los medios y del público en general, pero no va más allá de dos o tres días. ¿Qué indica todo esto?

Para nosotros una indiferencia que no resiste análisis. ¿Cómo puede ser posible que dos puntos a la baja de la bolsa de comercio, genere cuantiosos comentarios que perduran por varios días y la muerte de un ser humano pasa tan pronto y tan callando?

Recién ocurrida la muerte de Daniel Ballesteros (17años), aparecieron voces señalando la necesidad que había que hacer un cambio en la dirección del Sename.Estas personas -que más bien reaccionan ante los hechos registrados- nunca se refirieron a la urgencia de hacer un cambio radical en la política de recuperación de quien delinque, a fin de insertarlo social, familiar y educacionalmente.

Aún más, no hay una reflexión profunda al respecto, ya que nunca se ha planteado una política de Estado con metas claras y medios razonables y evaluables, para lograr los objetivos.Recién ocurrida una situación dramática en centros privativos de libertad, sean de adultos o juveniles, no faltan los defensores oportunistas de los derechos humanos, cuya evidente ausencia en dichos recintos es manifiesta y por lo mismo al desconocer la temática, difícilmente podrán plantear argumentos, con base técnica, que oriente y ayude a pesar una solución definitiva sobre lo expuesto.

Consecuente con lo anterior diríamos que lo propio de la superficialidad es argumentar cambio de personas, en lugar de metodologías y programas que vayan más allá de los intereses políticos y de la orientaciones propias de cada Gobierno.

En este sentido consideramos que un aporte sustantivo para la recuperación de quien delinque es aplicar políticas de orden de apoyo familiar, capacitación laboral, inserción laboral, atención de medicina general y neuropsiquiátrica, educación básica y media, formación en valores y acompañamiento espiritual, personal de alta calificación profesional habilitado para trabajar en ambientes con personas vulnerables y en conflicto con la justicia, etc.

Así las cosas, podríamos imaginar lo que sería, si nos aplicáramos todos, Estado y Sociedad, en lugar de cargarle los dados a los directores de Sename y Gendarmería, que al final también son víctimas de un sistema inoperante, en hacer cumplir – en el tiempo- los planes y programas trazados para beneficio y recuperación de quienes delinquen.

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03 dic 2013

Abstencionismo y Reformas

Por Camilo Escalona
Camilo Escalona
Camilo Escalona
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La candidatura de Michelle Bachelet está realizando un gran esfuerzo con el propósito de convocar a sufragar el próximo 15 de diciembre, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La idea es clara: asumir que la tarea del bloque “nueva mayoría” es doblegar la postulación de la derecha y al mismo tiempo, vencer la indiferencia, desinterés o desencanto en una franja significativa del electorado.

En efecto, la lucha para disminuir el abstencionismo electoral es también para dotar de mayor potencia el ímpetu con que mañana sea impulsada la concreción de las reformas sociales comprometidas, en el caso de ser electa, por el liderazgo de Bachelet. Se trata de otorgar a dichas reformas la amplitud y legitimidad indispensables para llevarse a cabo en el nuevo escenario nacional, aquel que se configurará después de las elecciones.

Para nadie puede resultar un misterio que mientras menor sea la distancia entre ambas candidaturas, mayor será el empeño de los grupos o fuerzas retardatarias para frenar o bloquear las reformas que como la educacional o la tributaria, la de salud o la de cambios constitucionales y laborales, están planteadas en la agenda nacional.

Esos sectores inmovilistas y de acendrada vocación conservadora estarán permanentemente dispuestos a torpedear o anular el impulso reformador que se incubó en la sociedad chilena a más de veinte años de concluida la dictadura y que el gobierno de Piñera fuera incapaz de aceptar e incluso de comprender profundamente.Mientras mayor sea la abstención esa acción contestataria hacia las reformas se hará más fuerte.

El tema de fondo, la lucha contra la desigualdad encuentra en las transformaciones señaladas un instrumento esencial, para avanzar en limitar la brecha social existente y robustecer la institucionalidad democrática.

Esta es una mirada de largo plazo, las reformas sociales permiten renovar y ensanchar los límites del sistema democrático, versus la mirada rígida e inmovilista que se plantea en un país estático, apoyado exclusivamente en la variante del crecimiento económico, que la realidad demuestra a gritos que es estrecha para la amplitud del desafío a enfrentar y resolver por el bloque democrático reunido en la “nueva mayoría”.

Se trata de un proceso reformador, de una estrategia inclusiva y de largo alcance, no de un salto al vacío, como acusan en la derecha con añejas campañas y tampoco sin altos grados de complejidad, como se imaginan algunos que piensan que los cambios sociales son muchos más fáciles de realizar, de lo que en la realidad resultan ser.

Desde mi punto de vista, por su ya evidente postulación presidencial para el 2017, Sebastián Piñera, y junto a él, un sector preponderante en la derecha, se orientan cada día más hacia el bloqueo de las reformas pendientes.

De las inversiones en las sociedades anónimas deportivas han adoptado el criterio de “tapar los espacios” en los cuales se pueda mover y actuar el “rival”, en este caso, el futuro gobierno de la “nueva mayoría”. En el debate relativo al presupuesto nacional para el 2014 se tomó la palabra una línea de obstrucción y no de colaboración.

Por eso, desde La Moneda se inflan debates intrascendentes, una suerte de penosa guerrilla política que mas aleja a la ciudadanía, en que lamentablemente muchas veces se cae desde las filas de la oposición.

El gobierno envía leyes artificialmente formuladas para alimentar conflictos que le permitan retener el menguado control que mantiene sobre las bancadas oficialistas. Al final de cuentas no les importa que la gente vaya a votar.Le mueve motivar sus huestes más sectarias y furibundas.

No me extraña el bajo nivel del discurso gubernativo. Está hecho para que no haya motivación ni un debate público con altura de miras y sentido nacional.

Por eso mismo, para la “nueva mayoría” la amplitud de su convocatoria resulta ser un factor esencial.El proceso reformador para salir airoso de tantos retos que deberá enfrentar requerirá del máximo de fuerzas y voluntades, de las inspiraciones más diversas y de un abanico político tan ancho y, en ningún caso menor, que la actual configuración del bloque bacheletista.

No se debe olvidar que la derecha piñerista espera que las reformas no se realicen para volver en gloria y majestad. De manera que no hay que desviarse en otras direcciones y proponerse la cabal realización del programa comprometido con la sociedad chilena, a fin de reabrir un ciclo de gobiernos progresistas y de avanzada social en nuestra patria.

Las reformas sociales necesitan votantes que las respalden.El abstencionismo es seguir igual, es apostar al inmovilismo.

El abstencionismo es enemigo de las reformas.

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