El mes pasado fue noticia mundial el escape de película de dos peligrosos reos de una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Este hecho motivó una intensa búsqueda policial de varios días, la que contó con apoyo tecnológico y la eficaz colaboración de la ciudadanía. Lo anterior dio como resultado la captura de uno de los prófugos y la muerte del otro, por resistirse este último a su arresto.
Por otra parte, en el caso del atentado terrorista de la Maratón de Boston (2013), un experto en seguridad norteamericana explicó en una pasada conferencia, que en dicho atentado varios corredores, en vez de huir despavoridos, se dirigieron al lugar donde se detonó la bomba, para ayudar a los heridos e informar a la Policía sobre los eventuales sospechosos.
Ambos ejemplos reflejan la cultura cívica de este país, sintetizándose quizás en la frase: “If you see something, say something” (si ves algo, di algo). Esta actitud ciudadana permite una apropiada interacción entre la ciudadanía y las Agencias encargadas de la Seguridad, favoreciéndose con ello la prevención y control de los delitos e infracciones.
En Chile, tal como lo mencionara en una columna anterior, se requiere una mayor colaboración entre los ciudadanos y su fuerza pública. El Plan Cuadrante es un ejemplo positivo en este ámbito. Por el contrario, las agresiones que sufre carabineros en las denominadas “movilizaciones pacíficas” son la otra cara de la moneda, al igual que el uso indebido del teléfono de emergencia 133, entre otras conductas que deben corregirse.
En este contexto, la fuerza policial necesita “un marco normativo de protección penal y seguridad social”, y que se cautele “que el principio de autoridad sea efectivamente respetado”, tal como lo señaló el General Director de Carabineros en el 88 Aniversario de la Escuela de Carabineros.
De la misma manera, además de exigírseles a la fuerza pública una capacitación y especialización permanente, ésta debiera disponer de recursos materiales, especialmente tecnológicos, tales como cámaras de seguridad en distintos puntos del país, laboratorios de criminalística de primer nivel y quizás estudiarse, a mi juicio, la posibilidad de adquirir drones para dicha institución.
En este contexto, la última medición del mes de julio de ADIMARK, mostró que sólo un 9% de los encuestados aprobó la gestión del Gobierno en materia de delincuencia, mientras que un inédito 89% la desaprobó. Estas cifras expresan la preocupación de nuestra sociedad por este tema.
Finalmente, y lo más importante, comprender que el personal de Carabineros y de la PDI son funcionarios públicos, y antes que todo, seres humanos, los cuales arriesgan sus vidas por servir a Chile y que por lo tanto, debemos trabajar en conjunto con ellos para combatir al “sindicato del crimen”.