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Un país puede preguntarse una y mil veces sobre lo acontecido en una tragedia. Puede investigar sobre las responsabilidades de sus autoridades todas las veces que estime conveniente. Nada de esto se encuentra en duda.
Lo que hay que tomar en cuenta es que tal investigación no se hace en el vacío. Que la opinión pública ha tenido tiempo suficiente para formarse un juicio sobre lo que aconteció, las actuaciones y responsabilidades de cada cual y los aciertos y errores que se pudieron cometer.
Tendríamos que estar muy errados para pensar que la ciudadanía no tiene ya una opinión formada sobre los acontecimientos. La actual investigación puede que arroje nuevos elementos de juicio, pero nunca tantos que puedan sorprendernos.
Transcurridos dos años, vueltos a mirar el pasado, disponemos de dos ventajas que deben ayudarnos a evaluar bien los sucesos en vez de inducirnos a error.
La primera de las ventajas respecto del momento mismo de la tragedia es que nosotros sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó: conocemos las dimensiones, alcances y efectos del terremoto y del tsunami. Esta es una gran diferencia con lo que cada cual conocía en las primeras horas y en los primeros días después del sismo.
Nuestra segunda ventaja es que sabemos ahora qué estaba haciendo cada cual hora tras hora, mientras que lo característico de la vivencia del terremoto y tsunami es que la información y la comunicación entre los actores principales fueron parciales y defectuosas.
En otras palabras, no se puede juzgar a las autoridades enfrentando una mega emergencia tal como si tuvieran toda la información disponible y, por si fuera poco, hubieran podido reflexionar todas las horas que le hemos podido dedicar nosotros, con calma y paciencia, a evaluar cómo se debió proceder ante cada caso.
Dicho lo anterior, quiero decir que me sigue sorprendiendo el comportamiento de la entonces presidenta Bachelet en medio de la crisis. Incluso mirado en retrospectiva, me parece admirable la prontitud de sus reacciones; el buen juicio con que evaluaba los acontecimientos, incluso con información parcial y la capacidad de estar en terreno y en los lugares más difíciles.
No me cabe duda que ella fue la líder indicada para una circunstancia particularmente crítica. Fue lo que el país esperaba que fuera: quien catalizó la voluntad colectiva de enfrentar el infortunio y quien expresó la humanidad necesaria para compartir el dolor de las víctimas sin por ello quedar paralizada en la inacción.
El país sabe esto. La reconstrucción de las imágenes del primer momento y la actuación de Bachelet en los registros disponibles la favorecen. No podría estar tan bien evaluada en las encuestas si no fuera esto cierto y evidente.
Del equipo de gobierno que tuvo a su cargo las acciones desde el principio puedo entregar mi testimonio directo en lo que valga: creo que muchos fueron ejemplo de patriotismo, eficiencia y entrega. Parafraseando a Churchill, también enfrentado a un momento decisivo, creo que ésta fue “nuestra mejor hora”.
No me perdonaría el dejar pasar la oportunidad de destacar el papel que jugó el equipo del ministerio del Interior que encabezaba Edmundo Pérez-Yoma. En particular quiero destacar el papel desempeñado por el entonces subsecretario Patricio Rosende. De él se puede decir, en palabras engañosamente sencillas, que estuvo a la altura de las circunstancias. Desde el primer momento y hasta la entrega de su puesto con el cambio de gobierno.
Sobre la investigación misma que se lleva a efecto, solo cabe esperar que se desarrolle por completo y sin interferencias.
Con todo, por la información que se ha dado a conocer por la prensa, se puede deducir que no se ha entregado nueva información sobre lo acontecido. Pero hay que esperar los resultados de la acción judicial en curso; sus resultados no hay que presuponerlos.
Pero lo que ha predominado en la reacción pública de todos los actores no ha sido el aspecto judicial, sino la dimensión política de la situación. Bien pocos dudan que el oficialismo ha hecho un uso desmedido y contraproducente de esta situación para atacar a Bachelet.
Sin embargo, el exceso llegó a tal extremo que pasó a ser contraproducente, y las voces de los más sensatos se hizo sentir pidiendo moderación. Esto quitó el piso a los más exaltados y ya no se pudo continuar en el tono de lo burdo.
No obstante no se arma una campaña tan amplificada para quedar en nada. Lo más probable es que, haciéndose cargo de que estamos ante un proceso judicial largo, se pase al tema de las responsabilidades colectivas, antes que las propias de la ex mandataria.
Con todo, me atrevería a pensar que esta nueva veta tampoco rendirá los frutos que sus promotores quisieran obtener. Los debates del presente siempre predominan sobre los del pasado. Para juzgar a un gobierno se debe buscar un punto de comparación. Se puede comparar lo que una administración hizo pensando en la mejor respuesta posible, es decir escogiendo un ideal teórico. Esto es posible, sin embargo, por definición frente a lo perfecto,un acontecimiento real tiene todas las de perder y eso no tiene mucho sentido.
Pero también se puede escoger otro punto de comparación que nos puede deparar más de una sorpresa: comparar las actuaciones reales de dos gobiernos.
La administración Piñera está escogiendo el ideal teórico o el óptimo como un punto con el cual se compara la reacción del gobierno Bachelet. La situación es distinta si el punto de comparación escogido es el de la capacidad de respuesta del anterior gobierno con el actual.
Siempre es conveniente hacer la evaluación del actual gobierno y de la celeridad y oportunidad que se ha dado a la reconstrucción. Hay que comparar lo que se hizo en algo más de dos meses con lo que se ha hecho en algo más de dos años.
Antes se enfrentó un desastre nacional; de dimensiones extraordinarias, que comprometió a las 5 regiones con mayor población y con escaso tiempo por delante. Hoy tenemos problemas regionales con dificultades por demás conocidas; con una población afectada bien acotada; con tiempo de sobra para reaccionar.
Se ha abierto el debate político sobre la actuación pública en situaciones difíciles.
De verdad el gobierno actual no parece estar en condiciones de dar cátedra sobre cómo se hacen las cosas bien, con la participación de todos y el menor costo social posible.
