De distinto tipo son las propuestas de Michelle Bachelet para los pueblos indígenas. Me referiré solamente a aquellas demandas del movimiento mapuche que podrían tener un efecto real para la paz en Wallmapu: el debido proceso penal, la desmilitarización y la restitución de tierras.
Uno de los ejes sobre los cuales se pretende sustentar la Política Indígena del próximo Gobierno propone reemprender “la tarea de reconstruir confianzas, alejándonos de la represión y la violencia. Buscaremos una forma de entendernos con voluntad de diálogo y de justicia. Consideramos muy importantes las recomendaciones de los Relatores de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que han examinado la realidad de los Pueblos Indígenas en nuestro país y han formulado importantes indicaciones, especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto”.
Luego en las propuestas concretas se dice que “una comisión de personalidades representativas de la sociedad chilena e indígena estudiará los casos judiciales que se han producido como resultado de la aplicación de la ley antiterrorista, investigará las denuncias de violencia y abuso policial contra comunidades indígenas, particularmente mapuche y rapa nui y sobre todo respecto de los niños y niñas mapuche; y dará especial atención a las familias indígenas y a los pequeños parceleros afectados por las situaciones de tensión vividas en la Región de la Araucanía. Esta comisión propondrá, en el plazo de 6 meses desde constituido el nuevo Gobierno, las medidas y recomendaciones necesarias para atender todas estas situaciones de manera adecuada y con respeto a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Se esperaría de una candidatura como la de Bachelet que este trabajo de estudio ya se hubiera realizado. Existe evidencia suficiente de causas que han llegado a la Corte Suprema. La Defensoría y el INDH manejan bastante información como para no tener que armar comisiones.
Como se ha visto en tribunales desde hace 2 años, hoy el Estado de Chile usa elementos de cruzada antiterrorista soterradamente, al dar lugar a testigos secretos en las causas mapuche sin invocar la ley antiterrorista, logrando así largas prisiones preventivas y luego condenas sin pruebas.
Creemos que Bachelet debiera hoy estar ya en condiciones de proponer una clarificación de la ley para que los testigos secretos queden definitivamente fuera de estas causas. Esa es la medida concreta necesaria para restablecer el derecho al debido proceso.
Por otra parte, ya se han hecho públicas las peticiones de carabineros a la Fiscalía de sacar efectivos policiales del territorio en conflicto.Sólo en la IX zona hay más de 500 efectivos a tiempo completo dedicados a custodiar predios y vigilar caminos rurales para evitar un mayor levantamiento mapuche.
A esto se suman cerca de centenar en la provincia de Arauco y algunas decenas más al sur.Creemos que una candidatura que quisiera poner los medios para la paz en Wallmapu, ya debiera hace tiempo estar planteando la desmilitarización del territorio en conflicto.
Sin embargo, hay que decir que no podemos confiar en que se dejará de reprimir judicial y policialmente al movimiento mapuche, pues la propuesta de Bachelet sobre los territorios en conflicto es muy ambigua, lo que hace prever que la lucha por el control territorial continuará. Y mientras haya oposición policial, paramilitar o judicial al control territorial mapuche, seguirá habiendo violencia.
La propuesta de Bachelet dice:
“Estudiaremos mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes. Se dará cumplimiento al proceso de restitución de tierras indígenas y se proporcionarán los recursos para proteger los derechos de los Pueblos sobre sus tierras y recursos ancestrales.Se respetarán todos los compromisos asumidos de compras de tierras, con un acompañamiento técnico y productivo a las comunidades”.
A estas alturas -20 años de la Ley Indígena- ya debiera haber claridad de que el artículo 20a de la ley, sobre el subsidio para compra de tierras mediante postulación, es totalmente inadecuado a la demanda histórica.
El artículo 20b (compra de tierras en conflicto por Títulos de Merced u otros documentos) ha resultado muy limitado, al dejar condicionada la solución del conflicto al precio que quieran poner los actuales poseedores de esas tierras.
La compra de tierras durante estos 20 años de Conadi ha sido principalmente en predios que no están reclamados por posesión ancestral y en los cuales la comunidad que reclama tenga colindancia actual que le permita ejercer el control territorial, sino simplemente ha sido un subsidio para comprar tierra tal como se subsidia para comprar una casa en otro barrio.
Más que recién empezar a estudiar mecanismos alternativos, debiera haber claridad en que es necesaria una verdadera reforma agraria en Wallmapu, con expropiación de cifras que bordeen las cien mil hectáreas por año(1).
Todo lo que planteamos aquí no es distinto a lo que han planteado los distintos organismos y relatores de la ONU y de otros organismos internacionales a los que alude el programa de Bachelet.
Un programa como el presentado por Bachelet es insuficiente para la Paz en La Araucanía, pues no habrá paz mientras existan millones de hectáreas en poder del grupo Matte y Angelini para la explotación forestal, que degrada el territorio destruyendo la biodiversidad del ecosistema que es sagrado para la vida mapuche.
Tampoco habrá paz mientras existan latifundistas propietarios de fundos de miles de hectáreas en territorio ancestral mapuche, siendo que las comunidades aledañas, verdaderos dueños de esos fundos, cuentan con pedazos de tierra que no les permiten vivir dignamente.
No nos engañemos, el conflicto con parceleros menores sólo es un derivado de que la solución del problema esté condicionada al mercado de tierras, y a que los grandes propietarios cuentan con suficiente respaldo como para negarse a vender fundos que hace tiempo debieran haber sido expropiados.
Todo lo demás que se anuncia en el programa, puede ser muy bueno y necesario, pero no tendrá efecto alguno para la paz en La Araucanía.
(1)¿Exagerado? Sí, si es que se compara con las escasas 170 mil hectáreas que se han comprado para restituir a comunidades mapuche durante los últimos 20 años. No, si se compara con las 2 millones de hectáreas que en los años anteriores adquirieron el grupo Matte y Angelini en la zona. Es cosa de mirar gobiernos como el de Chavez en Venezuela, que en pocos años traspasó 2 millones de hectáreas; el de Morales en Bolivia, donde el número asciende a varios millones de hectáreas (se discute la cifra); o actualmente Honduras, donde sólo este año se han traspasado cerca de 800 mil hectáreas.