“La Aurora de Chile” fue el medio de comunicación que proclamó en 1812 el país independiente y soberano, impregnado en la mente y en los corazones de los próceres por la pluma certera y preclara del Patrono de los periodistas, Fray Camilo Henríquez.
Como en su época lo hizo el colega Fraile de la Buena Muerte, los profesionales del mouse y del teclado del siglo XXI, queremos alimentar hoy las conciencias ciudadanas para la consolidación de las libertades, la profundización de la democracia y la promoción de los derechos esenciales.
Para eso, Chile necesita un Estado que garantice el Derecho a la Comunicación y a la Información de la ciudadanía y también un Colegio de Periodistas potente, empoderado de su misión de tutelar la calidad y la veracidad de las noticias.
En lo principal, buscamos consagrar en la Constitución el Derecho a la Comunicación de la ciudadanía, entendido en el más amplio sentido de la palabra como un acceso a una información plural, la creación de nuevos medios, que se exprese hoy en una TV Digital que amplíe y diversifique el espectro de la actual TV abierta.
El Estado debe garantizar este Derecho subsidiando, y no dejando el tema en manos exclusivas del mercado, a nuevos emprendimientos mediáticos mediante un sistema que garantice la transparencia en la asignación de recursos y equidad en la distribución de la publicidad estatal.
Así como lo hizo con Televisión Nacional en 1990, el Estado debe crear un medio escrito de comunicación público de alcance nacional, con multiplataforma y financiamiento mayoritario del Estado, el que los periodistas proponemos se llame Nueva Aurora de Chile y cuya base sea la actual empresa La Nación. Así se garantizaría el pleno pluralismo en la prensa escrita, vulnerado hoy por la acción del duopolio que la controla.
El Congreso Nacional, por su parte, debe terminar el trámite del proyecto de Ley del Estatuto del Periodista, aprobando especialmente la Cláusula de Conciencia contenida en este diseño legislativo y apurando además la tramitación de la obligatoriedad del título universitario para ejercer la profesión.
El Colegio de Periodistas, así como todas las órdenes profesionales, debe recuperar su esencia de Corporación de Derecho Público, calidad arrebatada por la Dictadura. El status indicado lo habilitará para asegurar la entrega de información de calidad, lo que se relaciona directamente con la formación profesional que hoy ofrecen las universidades.
En toda Italia, país de 60 millones de habitantes, existen, entre escuelas de grado y cursos de post grado, sólo catorce institutos universitarios, los que, para operar, requieren de la autorización expresa de ”l’Ordine dei Giornalisti Italiani” (Colegio de Periodistas Italianos). Un ejemplo a seguir.
Así como a los médicos respecto de la salud, la sociedad ha delegado en los periodistas la responsabilidad de recoger información, sistematizarla e interpretar la realidad, sin perjuicio de la libertad de expresión que todo ciudadano tiene derecho de ejercer.
Nuestro gremio debe entregar a nuestra sociedad permanentes señales respecto del comportamiento ético de los periodistas y, a los colegas, herramientas permanentes de mejoramiento de su trabajo.
Por otro lado, el mercado laboral de los periodistas está claramente saturado. Hoy se titulan 1200 periodistas por año, mientras se crean aproximadamente 500 plazas de trabajo.
Es decir, más de la mitad de los titulados están condenados a la cesantía. Para qué hablar de la situación de los salarios miserables con los que tienen que vivir nuestros profesionales. Como en Europa, los aranceles de los profesionales deben ser regulados legalmente y ajustados a la gran responsabilidad social que representa para el país la información periodística.
Todos estos factores son la condición en la que trabajamos los periodistas chilenos.
Hoy aspiramos, a través de nuestro Colegio profesional, servir a Chile, participando en todas aquellas instancias que apunten a profundizar y ampliar nuestra democracia, con el objeto de llegar a la dictación de una nueva Constitución Política que amplíe el derecho a la información y la libertad de expresión.
Recordamos con admiración y con muchas ganas de reeditarla esa instancia formidable que fue la Asamblea de la Civilidad -que se formó en 1986 para enfrentar a la dictadura- y redoblaremos nuestros esfuerzos por activar la Federación de Colegios Profesionales para reimpulsar la tramitación de la nueva ley de tuición sobre la ética profesional con el objetivo final de recuperar el carácter de corporaciones de derecho público.
Son las tareas que nos propondremos realizar en nuestro próximo Congreso Nacional de fines de abril en la Región del Bío Bío, emulando así el tremendo aporte de nuestro primer colega Camilo Henríquez, para que todos tengamos la oportunidad de vivir una Nueva Aurora para Chile.