Lo esencial respecto del desastre del 27 de febrero de 2010 es cómo elevar la capacidad del país para enfrentar calamidades de esa magnitud. Vendrán otras emergencias, y es deseable que el Estado esté mejor preparado para proteger a la población y amortiguar los daños, lo que supone que las FF.AA. cumplan su parte en esa tarea.
El terremoto grado 8,8 Richter y el maremoto que vino luego fueron una durísima prueba para el país. Lo desarticularon casi todo y dejaron en evidencia las insuficiencias y debilidades de nuestros sistemas de respuesta ante catástrofes de gran envergadura.
Como señaló Ascanio Cavallo (La Tercera, 19 de mayo), esa madrugada los sistemas de comunicación de las FF.AA. y de las entidades privadas que son concesionarias del espacio radioeléctrico quedaron inhabilitados o no fueron puestos al servicio de las autoridades, y ese es un dato crucial que la investigación de la fiscal Solange Huerta no consideró al examinar lo ocurrido en las primeras horas del desastre.
La verdad es que el conjunto del Estado mostró serias falencias. El terremoto pudo haberse producido dos semanas después, con Piñera en La Moneda, y lo más probable es que la situación no hubiera sido muy diferente.
El nivel de competencia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA); la capacidad del Instituto de Sismología de la U. De Chile; las posibilidades humanas y materiales de la Onemi; la calidad de los protocolos de emergencia del Ejército, la Armada y la FACH, en fin, todo aquello que no funcionó o funcionó apenas en las horas decisivas.
El nuevo gobierno habría enfrentado más o menos los mismos problemas. Y no sabemos si habría permitido que se filmara un video en tales circunstancias, cuando lo menos relevante es la “escenificación” que hagan las autoridades.
Era legítimo investigar el eventual incumplimiento de deberes de ciertos funcionarios públicos en los efectos del desastre –en primer término, la pérdida de vidas-, pero ello no puede convertirse en obsesión por encontrar culpables a cualquier precio.
Los actos de negligencia no pueden aceptarse, pero ello es distinto de creer que, en este caso, determinados funcionarios son “directamente responsables” de los desastrosos efectos del caos, la falta de comunicaciones, la interrupción del servicio eléctrico, la destrucción de vías, etc.
Mientras las autoridades presentes en la Onemi intentaban precisar la envergadura de la catástrofe y saber exactamente qué decían los sismólogos y oceanógrafos, las aguas penetraban en los pueblos del litoral centro-sur. Esa fue la realidad aplastante del 27 de febrero.
Varios representantes de la derecha llevan más de dos años tratando de achacar a la ex Presidenta Bachelet responsabilidades que difícilmente se le pueden imputar a cualquier gobernante en el contexto de un desastre como el vivido. Es evidente que su motivación ha sido erosionar el apoyo ciudadano que ella mantiene.
Bastó que la encuesta del CEP mostrara que es la figura política con mayor evaluación positiva, ampliamente preferida para ocupar la Presidencia en el próximo período, para que se activara desde La Moneda el dispositivo destinado a atacarla con saña.
Hasta Marcela Cubillos, esposa del ministro de Defensa y candidato presidencial Andrés Allamand, intervino imprudentemente en el juego de sugerir que Michelle Bachelet ha escabullido “una verdad incómoda” sobre lo sucedido (El Mercurio, 19 de mayo).
¿Por qué podría ser incómoda la realidad de un Estado sobrepasado por una inmensa catástrofe?
¿O se supone que una persona, por el solo hecho de estar investida por el cargo de gobernante, responde hasta por aquello que supera las posibilidades humanas?
¿Qué es eso sino una forma de amañar la realidad para perjudicar al competidor electoral?
Mañana podrían producirse –esperemos que no-, otros retos para la seguridad del país, por ejemplo un acto terrorista en gran escala, frente al cual no servirían la pequeñez política, sino el sentido de Estado. Suponemos que el ministro de Defensa estará de acuerdo con esto.
El ministro Andrés Chadwick declaró que “nadie está por encima de la ley”. Se trata de una alusión malévola que, en el contexto actual, constituye un aval a los trajines del grupo de diputados liderado por Alberto Cardemil para armar una nueva comisión investigadora en la Cámara que dañe cuanto sea posible a la ex Presidenta.
Por supuesto que ella está sometida al ordenamiento jurídico. No hay intocables en una sociedad democrática, pero existe una gran distancia entre eso y creer que cualquier artimaña es válida en las contiendas político-electorales.
Hay que impedir que la política se siga degradando por efectos de la demagogia desenfrenada. El Presidente debe desalentar a quienes actúan de ese modo en su propio entorno. También algunos opositores deben evitar caer en el intercambio de insultos, lo cual socava nuestra vida cívica. A ciertos defensores de Michelle Bachelet habría que pedirles que no se esfuercen tanto.
Necesitamos cuidar los principios que sostienen el funcionamiento de las instituciones, independientemente del signo político de quienes gobiernan. Ello exige velar por el interés colectivo antes que por las conveniencias partidistas. En este caso, se trata de proteger al país lo mejor posible ante los desastres naturales y mejorar permanentemente las condiciones de seguridad de la población.
