10 sep 2012

¿En qué está Longueira?

La lucha presidencial del oficialismo esta cruzada por un conjunto de confusiones que han conducido a la indefinición político-electoral. Hay que dar un golpe en la mesa, se ha escuchado insistentemente en los últimos días. Y todo, nuevamente motivado por los resultados de la CEP de Agosto. La novedad de la última encuesta es que no hay novedad.

En efecto, las cifras que entregó ratifican las tendencias que se vienen observando desde hace algún tiempo; que Bachelet está a punto de ganar en primera vuelta, que Golborne es la mejor opción del sector, que Allamand está estancado –o si se quiere estabilizado- y que Longueira no existe.

Como vemos, todo igual. Lo único relevante y novedoso es que el tiempo sigue pasando y cada vez queda menos para mejorar los posicionamientos presidenciales. Este escenario es más complejo para el oficialismo que para la Concertación. ¿Por qué?

Por el hecho de que en el oficialismo se instalan y se consolidan las confusiones presidenciales. Por ello, la orden del día es apurar las definiciones. De hecho, a la fecha no saben quién será el candidato, cómo lo van a elegir, cuando lo van a elegir, qué relato van a comunicar, qué equipos se van a estructurar y cuando se van del gabinete. Y aún más, las cifras de las encuestas no se mueven.

Y en este escenario ¿en qué está Longueira?

Para todos los actores de la contingencia nacional la disputa presidencial del oficialismo está entre Allamand y Golborne.

Longueira ha ido despareciendo de la escena político-presidencial estimulado por la indecisión del gremialismo, el estancamiento en las encuestas con cifras inferiores a los otros dos competidores y con el rechazo a sus tesis políticas en materia presidencial; en marzo se cayó la tesis de ir los tres a una primera vuelta y ahora tambalea la propuesta de que los presidenciales deben salir del Gabinete a fines de Septiembre –“un mes antes de las municipales”.

La opción presidencial de Longueira se ha ido debilitando. Las cifras de las encuestas son contundentes y tiránicas. En todos los indicadores –preguntas- que se han hecho, el Ministro tiene bajos rendimientos en comparación a la dupla Golborne/Allamand y Bachelet.

Los datos, en términos generales muestran que tiene fuertes resistencia en la Opinión Pública como personaje político. Si el oficialismo toma decisiones en función del peso de las encuestas en materia presidencial, tendrá que aceptar el hecho de que Bachelet sería la próxima Presidenta a de Chile.

En ese escenario el gremialismo y Longueira deben resolver. Ha llegado la hora de las definiciones. De hecho, la tesis de que los presidenciales deben salir del Gabinete “ahora” es un llamado a las definiciones.

En esa dirección, el Ministro ha dicho que le gustaría y que está dispuesto a ser candidato.Es más, ha afirmado que no le costaría mucho generar las condiciones políticas para su proclamación. Sin embargo, también ha señalado que su interés es que haya un segundo gobierno del sector y que su voluntad no van interferir en ese objetivo.

El problema de Longueira no es convertirse en candidato presidencial de sector, su mayor dificultad está en dejar fuera de carrera a Golborne; la disputa entre el que mejor está en las encuestas y el que más mal está. En el reino del pragmatismo las cifras son las que finalmente predominan. No obstante, ¿acaso Allamand o Golborne le ganan a Bachelet?

En una primaria las posibilidades de que Longueira le gane a Allamand son altas. Luego, como candidato del oficialismo cuenta con un piso electoral del sector que en promedio oscila en torno al 46%. Es la misma situación en la que estaría Allamand o Golborne.

Mantener ese piso no debería ser muy difícil. La tarea, por tanto, desde el punto de vista de los votos sería mantener el plus que le dio el triunfo en segunda vuelta. Según las cifras de las encuestas, el que mejor rinde sería el ministro de Obras Públicas.El resultado de una primaria entre Allamand/Longueira me parece incierto; y entre Golborne/Allamand, gana el primero.

Para Longueira una primaria es una gran oportunidad. La única. Longueira, si quiere, puede. Entonces ¿cómo ganarle a Golborne la nominación del gremialismo? ¿Sería muy difícil para la UDI proclamar a Longueira y competir con Allamand? ¿Sería muy difícil para Longueira conseguir la proclamación?

Para el proceso de institucionalización partidaria de la derecha sería muy bueno no sólo la realización de primarias, sino también que su candidato sea un hombre de partido con tonelaje político. Pero, antes deben salir de las confusiones y tomar decisiones.

¿Qué mecanismo van usar para elegir su abanderado presidencial? ¿En qué fecha deberían tener candidato oficial y unitario?

¿En qué momento van a salir del Gabinete los presidenciables? ¿Los tres van a salir al mismo tiempo?

¿Acaso alguno se bajará de la carrera presidencial en las próximas semanas? y ¿qué dice el gobierno de todo esto?

¿Qué van hacer cuando salgan del gabinete?, ¿van a competir los tres?, ¿es viable la competencia por la proclamación gremialista entre Golborne y Longueira?

El panorama del sector en materia presidencial debe comenzar a despejar interrogantes.

Muchas de esas dudas no sólo las debe resolver el oficialismo, sino también –y sobre todo- el Ministro Longueira. Al fin de cuentas, ¿cuál de los tres le gana a Bachelet?

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10 sep 2012

Felicidad, bienestar subjetivo y comunidad

El informe publicado recientemente por el PNUD sobre bienestar subjetivo, presenta como uno de sus principales hallazgos, un Chile con sentimientos encontrados sobre la felicidad. Por un lado, en lo que se refiere al bienestar individual, son más los chilenos que se declaran felices, aumentando desde un 58% en 1995 hasta un 77% el presente año.

Sin embargo, en lo que se refiere al bienestar con la sociedad, se observa un preocupante malestar, ilustrado en que 6 de cada 10 chilenos declaran que en esta sociedad no se respetan su dignidad y derechos. Más preocupante aún, es que sólo un 20% de los chilenos declara confiar en las instituciones, mientras en 1995 esa cifra era un 50% superior.

Hace pocos días se presentó mi libro titulado “Chile te quiero feliz, de la comuna a la comunidad” donde abordo los principales aprendizajes de mis años de servicio público.

En el documento, destaco varios casos concretos que ilustran principios de políticas públicas que creo ayudarían a abordar este malestar que se expresa con la sociedad. La corresponsabilidad, la participación, la comunidad son algunas de los principios que considero clave incorporar en el diseño de las políticas públicas si deseamos que nuestros compatriotas se sientan respetados y vuelvan a creer en las instituciones.

Un caso ejemplificador es el de un panadero de Peñalolén que me comentaba lo feliz que lo hacía poder nadar en la piscina temperada municipal, junto a artistas y ejecutivos que la usan de igual manera. La satisfacción de nadar, no sólo venía dada por el goce individual de la piscina, sino que su uso en un contexto de dignidad e integración con la comunidad. En nuestra piscina temperada, todos los vecinos somos iguales en derechos y dignidad. Desde el Alcalde, hasta el más humilde poblador de la toma, pasando por panaderos, ejecutivos bancarios y los artistas que viven en la comunidad ecológica.

En mi libro también destaco la importancia de mirar detrás de los promedios que muchas veces esconden realidades dramáticas.

Esta “tiranía de los promedios” se manifiesta en las discusiones del ingreso per cápita, en las mediciones de pobreza y también en lo que se refiere a la felicidad.

No nos puede dejar de llamar la atención que si bien un 77% de los chilenos se declara feliz, esta cifra es de un 90% en el estrato ABC1, mientras que alcanza a un 56% en el estrato E.

Las políticas públicas que busquen abordar la felicidad y el bienestar subjetivo de la población deben tomar en consideración que los sectores más vulnerables son aquellos que requieren de una mayor atención.

¿Cómo sería nuestro Chile, si en vez de concentrar todos los esfuerzos de las políticas públicas en mejorar las situaciones individuales de cada uno de los chilenos, dedicáramos mayores esfuerzos en mejorar la situación de los chilenos en su conjunto?

Mi experiencia en el servicio público me ha demostrado que invertir en comunidad, en participación y en integración social, si bien demanda más tiempo, es tanto o más importante que las inversiones en fierro y en concreto.

A veces puede ser mejor avanzar un poco más lento, si eso nos permite que avancemos tomando en consideración tanto el interés individual de cada persona, como el de la comunidad en su conjunto.

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10 sep 2012

Municipales, a construir mayorías por un país justo

Los movimientos ciudadanos llegaron para quedarse, responden a una sentida necesidad de la gente de ser escuchada, de ser tomada en cuenta, de disponer de espacios donde no sean abusados, donde poder plantear sus demandas y organizarse para que la “autoridad” las escuche. Esto adquiere validez y realidad en la medida que la gente asuma que no existe el destino y que el mañana lo construimos cada uno de nosotros desde hoy, teniendo presente el pasado.

Sin embargo, no es suficiente solo tomar conciencia de que somos nosotros los dueños de nuestras vidas (por más hipotecados que estemos con el sector financiero y comercial), sino que es imprescindible que nos manifestemos también y principalmente a través de la organización con nuestros pares; el empoderamiento real solo puede lograrse en la medida que nos reconozcamos en el que está al lado, adelante y atrás y construyamos sujetos sociales conscientes, críticos, y proactivos en todos y cada uno de los espacios que como personas ocupamos (los barrios, las empresas, los liceos y establecimientos de educación superior, el campo, las minas, los bosques, la pesca), en fin, en todo lugar donde se desarrolle el ser humano.

¿Por qué son importantes estas reflexiones? Porque con la institucionalidad que instaló la dictadura, que la Concertación cuidó y mantuvo y la derecha, pretende “perfeccionar” eternizando el control y poder de unos pocos sobre la gran mayoría, es imprescindible un nuevo despertar de la ciudadanía, es necesario tomar conciencia de que nadie va a hacer la pega por nosotros, solo de nosotros dependerá la organización y la generación de la fuerza necesaria (una nueva mayoría), que permita y conduzca los cambios.

Los sectores dominantes aniquilaron físicamente a una gran cantidad de líderes sociales y políticos, y pretenden congelar los movimientos sociales, mantener atomizado al movimiento sindical por la vía de fomentar el paralelismo y satanizar la sindicalización.

Los colegios profesionales, se redujeron a sitios para tomar té. Algo similar ocurrió con las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, la política se redujo a la toma de decisiones por no más de mil personas en el país (los dueños y gerentes de las mega empresas, los ministros de estado, los parlamentarios, los dirigentes de los partidos gobernantes, unos pocos lobistas, y embajadores de países intervencionistas y por supuesto, los sujetos corchos y los sujetos bisagra).

Sin embargo, la ciudadanía ha empezado a despertar: el rechazo a Hidroaysén, el gas magallánico, el movimiento estudiantil, los trabajadores del subcontrato, Aysén, los trabajadores de la salud, Freirina, los movimientos medioambientalistas, Calama, la diversidad sexual, Rengo, los movimientos indigenistas, los pobladores sin casa, los microempresarios, los movimientos por la reconstrucción justa, los movimientos patrimoniales, en fin, una multiplicidad de expresiones de diversos intereses que tienen en común principalmente dos grandes reivindicaciones, la inclusión social (es decir no ser excluidos de los “beneficios” del “desarrollo”, ni de la toma de decisiones), y justicia social, particularmente una mejor distribución del ingreso, educación gratuita de calidad, salud pública gratuita de calidad y viviendas sociales dignas.

Estas elecciones municipales ofrecen un espacio especial para que los candidatos a alcaldes y concejales manifiesten su voluntad, disposición y compromiso con las organizaciones ciudadanas, apoyarlas, otorgarles espacios para su acción, generarles competencia, aportar a la formación de más y mejores líderes- especialmente jóvenes y mujeres- propiciar fondos concursables, democratizar el reglamento de la ley 20.500, en fin, contribuir a empoderarlas de verdad, incluirlas en los procesos de discusión y toma de decisiones de los principales temas de las comunas.

En la medida que estas múltiples expresiones de la ciudadanía se articulen, construyan sus redes, conversen con el mundo político y lo comprometan con sus demandas, irán adquiriendo fuerza y mayor visibilidad, en ese proceso sus principales intereses deben ir formando parte de la agenda pública, si no es así, la gente se verá obligada, usando todas los medios que estén a su alcance, a exigir que se les tome en cuenta.

El gran desafío de los movimientos sociales, de la ciudadanía que está en las calles, y no se va a volver a meter dentro de sus casas hasta que obtengan las respuestas y soluciones demandadas, es construir mayorías políticas fuertes que permitan convertir en realidad parte de los sueños libertarios y de justicia, o todos ellos.

Los partidos y movimientos políticos, sus líderes, los que se asomen a escuchar y sentir lo que la población quiere, habrán de abrir  de verdad las grandes alamedas, articular alianzas con todos los que quieran estar, sin dejar de lado ni atemorizar a los que no son capaces, o no quieren, ni pueden llevar el mismo tranco, para exigir los cambios necesarios, empezando ahora ya desde los municipios.

Aislar a los sectores mas refractarios y golpistas de la derecha y sus múltiples tentáculos de represión y poder, puede producir el efecto que ya conocimos, y muy dolorosamente, en dictadura, y que nos recuerdan de tanto en tanto por estos días. Una respuesta violenta de aquel que siente amenazada su forma de vida, su poder y sus valores.

Esta vez, hay que construir con las mayorías, y al ritmo que esta construcción democrática permita. Sin pausas ni vacilaciones, pero con todos, sólo sumando chilenos y amigos avecindados en estas tierras, para tener la patria que queremos, justa, digna, la cuna de los libres (nunca más la tumba) y el asilo contra la opresión.

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10 sep 2012

La ficción de la Asamblea Constituyente

La propuesta de elegir una Asamblea Constituyente tiene la apariencia de ser una solución definitiva a las controversias sobre la Constitución, pero si se pone atención a lo que dicen sus impulsores, no pasa de ser una consigna vistosa, que provoca muchas dudas y puede terminar favoreciendo las posturas más conservadoras respecto de las reformas políticas pendientes.

No está en discusión el principio de que, en determinadas circunstancias, es legítimo convocar al poder constituyente para poner las bases de un nuevo Estado de Derecho y elaborar una Constitución que sintetice sus fundamentos. Pero no estamos discutiendo de teoría política, sino de política real en un país concreto, el nuestro. Se trata de definir una vía para mejorar la democracia en Chile, no para meterla en un atolladero.

En las últimas décadas, ha habido varias experiencias de Asamblea Constituyente en América Latina, las más recientes las de Argentina en 1993, Venezuela en 1999, Bolivia en 2006 y Ecuador en 2010, pero ellas sólo sirven de referencia. Respecto de sus resultados, en varios casos han sido deplorables, pues abonaron el terreno para el autoritarismo y el populismo, como queda demostrado con las artimañas usadas por algunos gobernantes para adaptar la Constitución a sus conveniencias, en primer lugar mantenerse en el poder.

Tenemos el deber de formular propuestas viables, con plazos concretos, que permitan resolver los problemas, no agravarlos. Precisamente por ello, no sirve proponer el objetivo de convocar a una asamblea que cada cual puede interpretar a su manera. Por ejemplo, los grupos anarquistas y ultraizquierdistas la asocian desde el año pasado a la instalación de una especie de “asamblea popular” que inicie la refundación revolucionaria del país. Ni más ni menos.

Chile necesita una Constitución que cumpla con las exigencias de una democracia moderna. El texto actual no las cumple pese a las numerosas reformas introducidas desde 1989 hasta hoy, las más relevantes de las cuales se concretaron en 2005. Su mayor defecto es el requisito de las súper mayorías para reformarla, el que opera también para las leyes orgánicas constitucionales, una de las cuales es la de votaciones y escrutinios que consagra el sistema electoral binominal.

La reforma clave es, precisamente, reemplazar el binominal por un sistema proporcional corregido, que asegure una adecuada correspondencia entre los votos que se obtienen y los cargos que se eligen. Sin esa reforma, se vuelve estéril cualquier esfuerzo por perfeccionar el régimen democrático y, en particular, restablecer la autoridad del Congreso Nacional.

En enero de este año, 63 diputados de 120 y 24 senadores de 38 se pronunciaron a favor de cambiar el binominal y efectuar del redistritaje necesario para que la reforma sea viable. Sin embargo, esa mayoría no basta. Se necesitan dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, o sea 25 senadores y 80 diputados, quórum que sólo puede alcanzarse si a los votos de la Concertación y del resto de la oposición se suma una parte de los parlamentarios de derecha.

Frente a un cuadro como este, lo peor es crear un espejismo de solución, como es la asamblea, que finalmente dispersa los esfuerzos que deben concentrarse en crear un amplio movimiento ciudadano a favor de las reformas políticas que están maduras.

Son muy profundos los recelos que despierta la política partidista entre los chilenos.Están a la vista los estragos causados por la demagogia, el personalismo y el electoralismo.Ello se confirma cada día al escuchar a ciertos parlamentarios para los cuales su mayor y casi única preocupación es su propia carrera por el poder.Pues bien, no estamos obligados a seguirlos.

Un senador que dejará de serlo y que ya lanzó su candidatura presidencial ha propuesto que en noviembre del próximo año se instale una “cuarta urna” (además de las destinadas a los votos para Presidente, senadores y diputados), con el fin de que los electores se pronuncien a favor o en contra de la Asamblea Constituyente.¿Y qué vendría después? No se conocen los detalles.

¿Quiénes resolverían instalar legalmente la cuarta urna? Se supone que sólo puede hacerlo el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Suponiendo que la cuarta urna se instale sin problemas y que arroje un resultado ampliamente favorable a la propuesta de convocar a una Asamblea, se necesitaría una ley que especifique sus facultades, su forma de funcionar y, cómo no, el reglamento para elegir a sus miembros. Y las leyes las hacen el Congreso y el Ejecutivo.

¿Los miembros de la Asamblea se elegirían en 2014, o sea en el primer año del nuevo gobierno? ¿Mediante el sistema binominal u otro? ¿Durante cuánto tiempo funcionaría la Asamblea?

Es inevitable ponerse en el escenario de que, en un determinado momento, Chile tenga dos parlamentos, salvo que el Congreso entre en receso mientras funciona la Asamblea. Y podría ocurrir que la Asamblea acuerde modificar la composición y las atribuciones del Congreso, frente a lo cual no sabemos cómo reaccionarían los senadores y diputados.

¿Qué clima político se crearía en el país con la hipotética elección de la Asamblea y su también hipotético funcionamiento? ¿Cómo se percibiría la estabilidad institucional de Chile en el exterior?

Los proyectos voluntaristas suelen chocar con la realidad. Y este es el caso.

No nos enredemos con ficciones. El país necesita un camino realista para efectuar las reformas políticas que hasta hoy ha bloqueado la derecha. Lo primero es terminar con el binominal, para lo cual se requiere, de una u otra manera, un acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas. Con un nuevo sistema electoral, el Congreso reforzaría su legitimidad y podría abordar directamente las demás reformas.

Es indispensable un nuevo acuerdo constitucional que dé mayor solidez al régimen democrático. Si fijamos reglas compartidas por todos, saldrá ganando el país. La Moneda debe comprometerse con esa perspectiva.

Si nos importa que Chile progrese sobre bases firmes, hay que articular los cambios y la estabilidad. Parece obvio decirlo, pero las reformas políticas, sociales y económicas tienen que hacerse con el país en marcha, y deben concitar la adhesión de la mayoría. En consecuencia, la cuestión de la gobernabilidad es absolutamente esencial.

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09 sep 2012

Cuba clave en la paz en Colombia

En los cincuenta años de conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla, Cuba de alguna manera ha estado presente, en unos momentos dando entrenamiento a los grupos insurgentes y en otros facilitando las negociaciones y la distensión.

En 1961 el entonces presidente Alberto Lleras Camargo rompió relaciones con Cuba. Como argumento de la decisión, Lleras sostuvo que Cuba se estaba convirtiendo en promotor de grupos guerrilleros en América Latina, y Colombia ya vivía los días previos al nacimiento formal de las FARC y del ELN.

Las relaciones entre las dos naciones volvieron a reanudarse en la administración de César Gaviria y desde 1981 hasta 1991 el tema Cuba siempre estuvo en la agenda de seguridad y paz de los gobiernos de Colombia.

Para el ex embajador colombiano en la Isla, Julio Londoño, Cuba está en la agenda de paz de Colombia porque “ha demostrado una gran capacidad para ser facilitador y genera confianza entre las partes”, pero también considera que los mismos cubanos son conscientes de que el tiempo de la lucha armada ya pasó.

La ex embajadora de Colombia en Cuba, Clara Nieto, agrega que las FARC tienen confianza en Cuba, pero además las autoridades cubanas quieren “ayudar a Colombia, no sólo por la paz misma, sino porque en su opinión dejaría sin pretextos a Estados Unidos”.El Departamento de Estado tiene incluida a la nación antillana en una lista de países que amparan el terrorismo internacional.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) confirmaron el cese de los acercamientos exploratorios para negociar la paz y anunciaron que el diálogo de paz se instalará en la segunda quincena de octubre en Oslo y continuará en La Habana, sin plazo fijo, los gobiernos de Cuba y Noruega serán anfitriones y garantes, mientras que los de Chile y Venezuela figurarán como acompañantes del proceso.

Los cinco puntos que conformarán la agenda de diálogo son el desarrollo rural y mayor acceso a la tierra, garantías del ejercicio de oposición política y participación ciudadana, fin del conflicto armado, que implica dejación de las armas y reinserción a la vida civil por parte de los guerrilleros, búsqueda de solución al problema del narcotráfico y derechos de las víctimas.

Mientras sesiona la mesa de paz las operaciones militares continuarán con la misma intensidad, según confirmó el presidente Santos; por su parte las FARC no pidieron una zona aislada de conflicto, de despeje, durante la fase exploratoria a diferencia de lo que sucedió en las conversaciones de San Vicente del Caguán entre 1999 y 2002.

Esta vez no hay concesiones militares. El mismo día que anunció las negociaciones Santos ordenó redoblar la ofensiva contra las FARC. El presidente colombiano no quiere dar argumentos a los sectores políticos que son enemigos del proceso de paz, pero desde el uribismo argumentan que sin cese de hostilidades el país se desangrará en medio de las negociaciones.

Sin embargo, analistas colombianos destacan que un cese total de hostilidades no se puede lograr rápidamente y menos aún cuando Colombia va a entrar en un proceso electoral. Los comicios serán en 2014 y el actual Presidente podría buscar la reelección.

Acusado por el ex mandatario Álvaro Uribe como “blando con los terroristas”, a pesar del distanciamiento, Santos ha mantenido su política militar de línea dura frente a la guerrilla y durante los dos primeros años de gobierno el ejército dio muerte a Alfonso Cano y Jorge Briceño, los dos comandantes más importantes de las FARC.

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09 sep 2012

El binominal y la Asamblea Constituyente

Mis declaraciones “no fumemos opio”, en que fundamento mi opinión sobre que la clave del cambio constitucional está en el reemplazo del sistema binominal y que la idea de una Asamblea Constituyente no es un tema del “orden del día”, provocaron inmediatamente un debate necesario para el país; mas allá de interpretaciones estridentes de escaso valor, espero que el intercambio de opiniones pueda seguir en profundidad, ya que la transformación institucional del país es un factor decisivo de nuestro futuro.

Reitero que la llave para abrir el camino hacia reformas que se hagan cargo de los desafíos del “modelo” concentrador y ultra mercadista, radica en el sistema electoral binominal que sobre representa a la minoría identificada con dicha concepción de la sociedad que se ha deslegitimado por sus elevados niveles de segregación y desigualdad.

La permanencia del binominal es la causa esencial del desconocimiento de la mayoría nacional que requiere nuevas opciones socio-económicas y de la perpetuación de intereses corporativos minoritarios.

Sin embargo, hay que ser categóricos, sin estabilidad democrática el país no podrá progresar y si cayera en un periodo de desgobierno, los intereses que se impondrán serán los de aquellos grupos fácticamente más poderosos y no los de los sectores más humildes.

Las reformas de fondo requieren un escenario de fortaleza institucional que las haga posible. Si no se crean esas condiciones, si se cae en el consignismo y la dispersión, tales objetivos cruciales para el desarrollo social no se alcanzaran.

Asimismo, hay que ser categóricos en señalar, que el bloqueo de cambios que conllevan mayor inclusión social y accesos crecientes a mayor justicia, o sea, la imposición de las concepciones ultra conservadoras, poderosísimas en el escenario actual, significarán estancamiento y aumento de la tensión social. La ausencia de cambios puede devenir de alto costo para el país.

Hay que actuar prontamente, de manera que la estabilidad no pase a convertirse en estancamiento. Ello demanda unidad y no dispersión y un liderazgo nacional a la altura del desafío planteado.

Sacar el binominal del lugar central que hoy ocupa, es parte del proceso para reformar la Constitución y encarar la desigualdad, con vistas a modificar el modelo imperante y frenar una preocupante evolución de una fractura social que deteriora la paz social. Es, precisamente, un avanzado Programa reformador la base que debiese sostener la alternativa presidencial del próximo periodo.

Desde este perspectiva, una mayoría política dotada de un amplio respaldo ciudadano conlleva la capacidad de realizar los cambios necesarios sin efectos institucionales imprevisibles; aquellos de los cuales después de ocurridos sus más entusiastas impulsores se arrepienten.

Dicho directamente, una nueva Constitución es una tarea posible desde la evolución de la propia institucionalidad, consagrando aquellos valores democráticos esenciales de pluralismo y respeto a la dignidad de la persona humana que se han enraizado profundamente en la nación chilena.

Reconstituyendo la mayoría nacional que ha sostenido, desde 1988, la reimplantación de la democracia, es como se repone una alternativa de gobierno que avance en las transformaciones necesarias para el país. Ello no se puede pasar por alto, algunos actúan dejando de lado por completo la realidad, incluso ignorando que quien está hoy, a la cabeza del país, es la derecha.

Mi convicción es que los vaticinios de ultra radicalismo no se sostienen y pasan raudamente al derrotismo, es cosa de ver como se señala que no hay mística ni perspectivas.

La derecha estimula todo aquello que desorganiza a la oposición, sea triunfalista o pesimista, mientras más “puntúa” sea la propuesta mejor, su estrategia apunta a recrear las incertidumbres y temores que distancian a significativos sectores sociales de las fuerzas de izquierda. Aun más, si en un arrebato de maximalismo, la izquierda se auto aislara, el aplauso que esa conducta recibiría desde su poderío mediático, sería estruendoso.

La derecha quiere que nada cambie. Pero, Chile requiere cambios, un inmovilismo político que prolongue un Estado subsidiario impotente ante la desigualdad y sus efectos puede ser altamente riesgoso para la estabilidad democrática futura.

Ese designio es el que debemos derrotar. Con una mayoría nacional potente lo debemos evitar.

Entonces, no hay que desviarse de la tarea fundamental de construir las mayorías necesarias para reemplazar el binominal y abrir paso a las reformas económicas y sociales pendientes.

No hay que rendirse, la transformación progresista de la democracia chilena es posible.

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08 sep 2012

Dolor que estalla

Hemos quedado paralizados ante la noticia de la muerte de los tres niños Ramírez Merchak y posterior suicidio de su padre el doctor Francisco Ramírez en Curicó. Chile entero bajó la guardia, detuvo la carrera de sus actividades y reflexionó en torno a un episodio tan horrible y desquiciado como macabro y monstruoso.

Las noticias, a través de todos los medios nos han tratado de explicar cómo se dieron los hechos, pero mientras más nos adentrábamos en sus distintos aspectos, más nos desconcertaba y no son pocos los que se preguntaban el por qué llegan a suceder estas acciones dejando una estela de sufrimiento, angustia, dolor y miedo.

Muchas comienzan a ser las respuestas que surgen ante episodios de esta magnitud, pero al fin y al cabo, las verdaderas razones que motivaron la reacción del doctor Ramírez, quedarán en la más absoluta oscuridad y nadie, por muy experto que pueda ser, acertará a la real motivación que llevó a cometer este delito.

Quizás no sea lo importante ya detenerse en lo que pudo ser la causa de esta tragedia. Ese conocimiento, si lo supiéramos, no revierte ninguna urgencia, porque el dolor que el doctor llevaba a cuestas en lo profundo de su alma, sea cual fuera, lo encadenó y cegó.

En un momento dado, sin duda, en la noche más oscura de su razón y de su capacidad de amar algo estalló en la profundidad de su ser. Ya no pudo más…la irracionalidad y el odio levantaron esa turbulencia demoníaca que lo condujo a la maquinación mortal.

Doctor perdone mi osadía, que me hace mencionar lo que a Ud. le sucedió. Debemos estar alertas y equipados para no ser atrapados por el mal de la “soledad y el silencio”. Cuando lea esta columna, en el más allá, tal vez me dará la razón, pues tiene que haber llegado un momento en que ya no pudo más con el dolor de su herida.

Le faltó el amigo (a), ese que dice “proverbios”, que el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo (a) que lo hubiera comprendido en su desdicha y melancolía, sabio, un buen consejero, capaz de acompañarlo y aligerar su mochila que por llevarla sin ayuda, se hizo insoportable, arrojándolo fuera del camino, con su tristeza, la maldita desesperación y la peligrosa frustración.

Quizás usted, como hombre prestigioso, buen papá y esposo, profesional querido y admirado no supo cómo expresar ese otro lado de la vida, ese que pensamos vergonzoso y absurdo, pero tan real y verdadero como el del éxito y el de las luces.

Ahora verá que llegamos al mundo como reyes y mendigos, algunas veces el rey se destaca más y otras el mendigo, las más de las veces entremezclados sin que se haga ver ni uno ni otro, pero cuando insiste el mendigo debemos aprender a pedir ayuda, a contar nuestras penas, a mostrar nuestras llagas.Sin pudor porque vean nuestras lágrimas.

Aprendimos una lección, al ponerla en práctica tendremos más herramientas, en la hora de la tribulación, para no matar, ni morir.

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07 sep 2012

Responsabilidad global y nueva ley migratoria

El Gobierno de Chile anunció la tramitación de una nueva ley migratoria. Lo hizo de la peor manera posible: acusando irresponsablemente a los inmigrantes por los bajos sueldos en Chile, al día siguiente de dar por finalizada la discusión sobre el sueldo mínimo.

Pero la nueva ley es necesaria. Ya en 2003 la OIM planteaba que “Chile nunca ha tenido políticas claras de migración. Estas han sido más bien producto de coyunturas sociales y han estado marcadas, según se desprende de documentos oficiales, por consideraciones racistas que tenían como fin dotar al país de una estructura cultural, social y económica superior”.(1)

El paradigma tradicional chileno respecto a la inmigración es que ésta debe ser selectiva según el principio del “beneficio nacional”.(2)

Así, la Ley de Colonización de 1845 se inserta en el esquema “civilizador” de las élites. El “interés nacional” era poblar territorios y algo así como “mejorar la raza” a través de la selección de europeos.

A partir de mediados del siglo XX, con las leyes y decretos de los años 40 y 50, esta política de atraer inmigración para colonizar, convivió con la de permitir otros inmigrantes, pero bajo requisitos raciales, “morales” y económicos. Es interesante ver cómo las políticas de migración son reflejo fiel de los estrechos paradigmas culturales dominantes. Pero la realidad superó la estrechez, y la migración espontánea e informal, por distintos cauces, siempre fue mayor a la planificada.

Desde 1975 la migración está normada bajo el Decreto Ley 1.094 del dictador Pinochet.Este decreto responde también a su contexto: el objetivo principal es mantener a Chile en cuarentena respecto al cáncer marxista internacional. Así, varios de los artículos del decreto refieren a la prohibición de ingreso de determinados extranjeros por motivos de “seguridad nacional”.

Los gobiernos de la Concertación propiciaron medidas y modificaciones para una mayor apertura, intentando responder a la oleada inmigratoria, principalmente de peruanos por motivos laborales.

Sin embargo, habría que decir que la integración humana fue quedando muy atrás, respecto de la integración económica propiciada a través de los Tratados de Libre Comercio. Se acentuó el liberalismo en distintos ámbitos, pero sin reconocer y promover, como plantea el PNUD respecto a la libertad, que la movilidad o desplazamiento humano por el mundo es parte del ejercicio de esa libertad.

En el gobierno de Bachelet destacan el instructivo presidencial para coordinar interministerialmente el tema, bajo el lema “Chile, país de acogida”, y el amplio proceso de regularización que se llevó a cabo. Sin embargo quedó pendiente sacar una nueva ley.

Los analistas concuerdan en que lo fundamental durante la Concertación fue asumir compromisos internacionales, especialmente en 2005 la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

Se destaca en la Convención que los Estados deben asegurar los derechos humanos de todos los habitantes que viven en el país, independientemente de su situación de regularidad o irregularidad. Esto implica no sólo un discurso de apertura, sino eficiencia para eliminar todas las trabas burocráticas y económicas, los incentivos mal diseñados –por ejemplo la Visa sujeta a contrato, que fomenta el abuso patronal–, y las ignorancias de funcionarios públicos, que hasta hoy impiden en Chile que los derechos sociales (educación, salud, previsión) y laborales se ejerzan de manera efectiva.

Por otro lado, si bien la Convención no afecta el derecho de cada Estado a establecer los criterios para la admisión de trabajadores migratorios y sus familiares (Art.79), se plantea que es necesario que los Estados colaboren entre sí, en la promoción de condiciones equitativas y dignas para el fenómeno internacional de la migración.

Más aún, se dice que “se tendrán debidamente en cuenta no sólo las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las consecuencias de tal migración para las comunidades de que se trate” (Art.64,2).

En resumen, como principios fundamentales para la nueva ley de migración, quisiéramos destacar una de las recomendaciones de la OIM a las que refiere el Informe “Conocer para Legislar…” de la Cepal:

“Una buena política migratoria no puede hacer caso omiso al contexto de globalización que tiene lugar en el campo de la economía, la política y la cultura, así como tampoco puede descuidar el respeto de los derechos básicos que protegen a los migrantes.”(3)

Nos parece que el modo tradicional de enfrentar la migración (el beneficio nacional o la seguridad nacional), es del todo insuficiente, propio de una mentalidad provinciana y estrecha del Chile que no queremos. En el siglo XXI, nuestros legisladores deben estar a la altura de los grandes desafíos mundiales, especialmente en temas de tal magnitud e importancia. Creemos que el camino de apertura promovido por la Presidenta Michelle Bachelet debe ser profundizado.

1.Organización Internacional para las Migraciones (OIM=: “Las migraciones internacionales: análisis y perspectivas para una política migratoria”, 2003.
2. Cfr. Cano, Soffia y Martínez: “Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio”. Cepal, 2009.
3.Cano et al, op. Cit. p.57

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07 sep 2012

Llaitul: una cuestión de justicia

Héctor Llaitul, líder de la CAM, es un preso emblemático. Ha sido seis veces detenido y procesado, se le han aplicado las leyes penales comunes, la ley de Control de Armas, la ley de Seguridad del Estado, el Código de Justicia Militar y la ley Antiterrorista.

En el juicio ante el Tribunal Oral de Cañete en 2010 la Fiscalía solicitó 105 años de cárcel, el Tribunal aplicó 25 y la Corte Suprema, finalmente, zanjó en 14. Llaitul no ha sido acusado de cometer delitos de sangre y nunca ha sido condenado por delitos terroristas.

Sin embargo, fue procesado de acuerdo a normas especiales de procedimiento contenidas en la ley Antiterrorista y por eso sus abogados han pedido la nulidad de su condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, Llaitul fue procesado en paralelo, por los mismos hechos, por la justicia militar y la justicia civil. La primera lo absolvió, la segunda lo condenó.

Durante su prisión en Angol, la celda de Llaitul ha sido varias veces allanada. Cada vez la prensa oficialista informó de inmediato y con detalle sobre los supuestos hallazgos: croquis, planes de fuga, tenencia de celulares no autorizados. Los recursos de amparo interpuestos han sido favorables a Llaitul y sus compañeros de prisión  han mostrado la falacia de esas informaciones. El verano pasado, cuando ocurrieron los incendios en Carahue, las autoridades de gobierno y la Fiscalía intentaron a toda costa, sin éxito, involucrar a Llaitul y su organización, con profusa difusión en los medios.

Los hijos de Llaitul, aún muchachos, estuvieron detenidos por rayar paredes con consignas a favor de la libertad de su padre y, hace un tiempo, un fiscal intentó amedrentar a su esposa por ser ella una profesional que trabaja en el sector público. Un hijo de Llaitul acaba de ser suspendido por treinta días del Liceo de Cañete por participar en una toma ejecutada por los estudiantes para sostener sus demandas.

De sus cuarenta y tres años de vida, Héctor Llaitul, ha permanecido, en total, más de ocho meses en huelga de hambre y varios años en la clandestinidad.

En estos días los familiares de Llaitul han denunciado que se quiere agregar a la condena a 14 años una anterior por 541 días. No obstante, agregan, otras personas condenadas por los mismos hechos, a la misma pena, por el mismo tribunal, han sido beneficiadas con la prescripción de esa pena. ¿Por qué no Llaitul?

Pues bien, el pueblo mapuche es discriminado, Llaitul es, por su parte, uno de los mapuche más dicriminados.Su encarcelamiento ha sido un objetivo largamente perseguido por el Estado chileno.

El diario “El Mercurio” luego del fallo del Tribunal de Cañete publicó, el 24 de febrero de 2011, una crónica sobre el proceso. La condena de Llaitul era un triunfo y un alivio para el gobierno y la Fiscalía.

Según una de las fuentes del cronista la prisión de Llaitul les daría“un espacio de varios años de calma, porque los weichafes tendrían que foguearse en el extranjero para ser lo que es Llaitul”. La realidad ha mostrado lo contrario: el conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno va más allá de un liderazgo, por importante que este sea. No ha habido años de calma, aún con Llaitul preso.

Héctor Llaitul es objeto de una discriminación odiosa y víctima de un uso viciado de los instrumentos legales.

Estamos en presencia de una brutal y arrogante manipulación de las normas. El caso de Llaitul es, antes que nada, una cuestión de justicia ante la cual no cabe la indiferencia.

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07 sep 2012

Educación ¿dijo pública)? (I)

Como hemos sido testigos, los estudiantes chilenos, sean escolares, universitarios, de institutos técnicos han venido reclamando al gobierno y a la sociedad, por el estado actual de la educación en el país.

Ese reclamo tiene al menos dos aristas: a favor de una mejor calidad, y de una calidad por decirlo así, adecuadamente repartida en el conjunto del sistema, y una inclusión que no pase por la capacidad de pago de los educandos.

Al mismo tiempo, desde el 2006 en adelante, el movimiento estudiantil y social ha estado bregando insistentemente por la recuperación de un carácter público fuerte y decisivo en educación.

Por ahora los énfasis de aquello que se entiende por público se han puesto en la demanda por gratuidad, no lucro, calidad y no a la segmentación, que sigue generando el actual sistema.

Para muchos de ellos, además, estos signos nada positivos y que no pueden solucionarse con “parches” (o con medidas y leyes decididas entre cuatro paredes), se promueven desde un permanente e inadecuado empuje hacia la privatización de la educación nacional.

De hecho hoy en día menos del 40% de la matrícula está en establecimientos educacionales públicos.

Usted debe saber estimado lector que en el año 1981 los establecimientos públicos representaban el 78% de la matrícula. En 1990 esa cifra baja al 59%. En el 2003 estaba ya en el 51% ¡Y este proceso no se detiene!

En verdad, esto comenzó hace ya muchos años. De la mano con la imposición del ideario neoliberal por la alianza cívico-militar que tomó el poder. La imposición de ese ideario representó un claro desprestigio de lo público y un ensalzamiento fuera de toda medida, cuasi-religioso, de lo privado y sus lógicas.

Desprestigio de lo público en relación a la política, a la economía, a la cultura y sus expresiones. Desprestigio de lo público en relación al Estado visto ahora como institución que actúa como un garante prescindente (ley+represión) de la realización de intereses particularizados, corporativos, privatizados, eventualmente en conflicto.

Es decir, desprestigio del Estado como expresión de una politeia, de una comunidad de vida y cultura; de unos determinados hábitos y valores asumidos crítica y deliberativamente por el sujeto-ciudadano.

Uno de los bienes que, para la mayor parte de los chilenos, ha sido visto como de talante público y social (como la salud o las pensiones), como un derecho que la sociedad a través del Estado tenía que garantizar, era justamente la educación.

Ciertamente, la progresión en la conciencia de la educación como un derecho social no ha sido algo evidente ni fácil, de un día para otro. Ha ido a la par con reivindicaciones de la misma sociedad y de sus actores, y con las mismas necesidades del país inserto en una comunidad mundial que pone también sus exigencias, en particular, desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX.

Todo ello hasta que los neo-liberales (Ud. sabe quienes) se hicieron de los hilos del poder.Entonces se propagó la creencia de que cada cual debe pagarse la educación que desea; que subsidiar a los estudiantes es un mal negocio, y que la gratuidad conduce a resultados contraproducentes. La educación debía convertirse en una mercancía más, ser tratada como tal y era bueno que así sucediera.

Se hace necesario hoy entonces, más allá de las demandas por gratuidad, calidad o no lucro, discutir sobre el proceso de vaciamiento o des-sustantivación de la educación pública (anexada más bien a necesidades y habilidades pragmático-técnicas).

Volver a deliberar entre todos sobre los fines y horizontes que los ciudadanos quisiéramos para ella y nuestros hijos.

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