Como hemos sido testigos, los estudiantes chilenos, sean escolares, universitarios, de institutos técnicos han venido reclamando al gobierno y a la sociedad, por el estado actual de la educación en el país.
Ese reclamo tiene al menos dos aristas: a favor de una mejor calidad, y de una calidad por decirlo así, adecuadamente repartida en el conjunto del sistema, y una inclusión que no pase por la capacidad de pago de los educandos.
Al mismo tiempo, desde el 2006 en adelante, el movimiento estudiantil y social ha estado bregando insistentemente por la recuperación de un carácter público fuerte y decisivo en educación.
Por ahora los énfasis de aquello que se entiende por público se han puesto en la demanda por gratuidad, no lucro, calidad y no a la segmentación, que sigue generando el actual sistema.
Para muchos de ellos, además, estos signos nada positivos y que no pueden solucionarse con “parches” (o con medidas y leyes decididas entre cuatro paredes), se promueven desde un permanente e inadecuado empuje hacia la privatización de la educación nacional.
De hecho hoy en día menos del 40% de la matrícula está en establecimientos educacionales públicos.
Usted debe saber estimado lector que en el año 1981 los establecimientos públicos representaban el 78% de la matrícula. En 1990 esa cifra baja al 59%. En el 2003 estaba ya en el 51% ¡Y este proceso no se detiene!
En verdad, esto comenzó hace ya muchos años. De la mano con la imposición del ideario neoliberal por la alianza cívico-militar que tomó el poder. La imposición de ese ideario representó un claro desprestigio de lo público y un ensalzamiento fuera de toda medida, cuasi-religioso, de lo privado y sus lógicas.
Desprestigio de lo público en relación a la política, a la economía, a la cultura y sus expresiones. Desprestigio de lo público en relación al Estado visto ahora como institución que actúa como un garante prescindente (ley+represión) de la realización de intereses particularizados, corporativos, privatizados, eventualmente en conflicto.
Es decir, desprestigio del Estado como expresión de una politeia, de una comunidad de vida y cultura; de unos determinados hábitos y valores asumidos crítica y deliberativamente por el sujeto-ciudadano.
Uno de los bienes que, para la mayor parte de los chilenos, ha sido visto como de talante público y social (como la salud o las pensiones), como un derecho que la sociedad a través del Estado tenía que garantizar, era justamente la educación.
Ciertamente, la progresión en la conciencia de la educación como un derecho social no ha sido algo evidente ni fácil, de un día para otro. Ha ido a la par con reivindicaciones de la misma sociedad y de sus actores, y con las mismas necesidades del país inserto en una comunidad mundial que pone también sus exigencias, en particular, desde fines del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX.
Todo ello hasta que los neo-liberales (Ud. sabe quienes) se hicieron de los hilos del poder.Entonces se propagó la creencia de que cada cual debe pagarse la educación que desea; que subsidiar a los estudiantes es un mal negocio, y que la gratuidad conduce a resultados contraproducentes. La educación debía convertirse en una mercancía más, ser tratada como tal y era bueno que así sucediera.
Se hace necesario hoy entonces, más allá de las demandas por gratuidad, calidad o no lucro, discutir sobre el proceso de vaciamiento o des-sustantivación de la educación pública (anexada más bien a necesidades y habilidades pragmático-técnicas).
Volver a deliberar entre todos sobre los fines y horizontes que los ciudadanos quisiéramos para ella y nuestros hijos.