07 sep 2012

La oportunidad de Chile en Colombia

Chile ha sido invitado como acompañante a uno de los procesos que podrían marcar la historia de América Latina de esta década. El proceso de negociación de la paz en Colombia marca un hito en un país marcado por más de cuatro décadas de violencia guerrillera, pero también es un hecho significativo para nuestro continente.

La letra chica del proceso esta aún por descifrarse. No hay mucha claridad sobre lo que implica el rol de acompañante en un proceso que tendrá turbulencias y posiblemente larga duración.  Más allá de los detalles que deberán ser aclarados, la invitación que hace el gobierno colombiano debe ser entendida en Chile como un reconocimiento de su liderazgo regional.

En política internacional los equilibrios son siempre el mejor escenario. Es por esto tal vez que se buscó un país que está lejos de apoyar el proceso revolucionario o las reivindicaciones iniciales de las fuerzas guerrilleras colombianas.

Muy por el contrario, Chile ha demostrado su distancia frente a estas acciones no sólo en el actual gobierno de centro derecha sino que a lo largo de las dos décadas de gobierno concertacionista.

La negociación por la paz, es una conversación entre dos que requieren llegar a acuerdos donde las declaraciones insultantes, la creatividad en la reflexión y la falta de información no tienen cabida.  Chile tiene la oportunidad de mostrar al mundo que más allá de sus declaraciones internas, puede levantarse a la altura de un hecho histórico para aportar en la solución de un conflicto que desangra a un país hermano.

Venezuela, en medio de un escenario electoral  complejo, jugará su rol de acompañante de formas posiblemente variantes. Ya salieron los anuncios del candidato Capriles diciendo que si gana no aceptará guerrilleros en su territorio. Así, es posible que su participación se politice y genere algunas fricciones en el camino.

Chile debe mostrar su liderazgo haciendo lo contrario. Mostrando que la convicción de la paz está presente en todos los sectores políticos y que en ningún caso se apelará a esta participación para tratar de generar ganancias electorales.

El proceso será largo y tendrá retrocesos  esporádicos. Eso es lo único claro y evidente. Las expectativas deben ser mesuradas y las posibilidades de un cese al fuego completo, una desmovilización total y el ingreso de las FARC a la arena electoral no pueden estar en la agenda del corto o incluso mediano plazo.

Sin embargo, el Presidente Santos ha demostrado con certeza que como en la mayoría de casos similares en el mundo, terminar con la violencia no se logra con enfrentamiento y violencia.  Ha mostrado que el camino de la conversación y la negociación es importante incluso cuando uno enfrenta un ejército que se logra rearmar constantemente.

Santos ha reconocido que la fuerza de los acuerdos podrían permitir que Colombia siga en su ruta de crecimiento económico y desarrollo de políticas sociales. El Presidente ha puesto en claro que para luchar contra la injusticia, la desigualdad y la pobreza se debe terminar con el conflicto.

Acompañar este proceso podrá generar en la élite política chilena una reflexión sobre estos últimos puntos, que bien vendrían para mirar hacia adentro y definir cuales son los mejores mecanismos para integrar, validar, reconocer y construir un país integrador.

Así, la invitación de Colombia no sólo permitirá reconocer el liderazgo regional y las fortalezas institucionales de Chile en América Latina, tal vez aún más importante permitirá que Chile reconozca que los caminos del diálogo son los más productivos cuando se enfrentan procesos de desencuentro nacional.  Las lecciones por tanto pueden ser muy valiosas.

4 comentarios
07 sep 2012

No podemos equivocarnos otra vez

Nunca deberíamos los chilenos haber elegido a Piñera como presidente. ¿En qué minuto ocurrió, que dejamos que esa llamita de nombre Concertación se apagara? ¿Cómo no fuimos capaces de atisbar que un futuro con la derecha no era futuro? Éramos todos culpables, pero de dos males era el menor el que debería haber sido apuntado y no esta catástrofe, que los más lúcidos intuían.

Hoy comienza todo de nuevo por la carrera presidencial. Y los candidatos de la derecha, que son todos ministros se pasean dando cátedra de cómo usar y abusar de sus cargos en provecho personal de sus aspiraciones políticas con dinero y materiales, propiedad de todos los chilenos.

Dos pequeñas muestras de lo que se avecina, que nos enojan y nos indignan:

El Sr. Golborne, quiere una bandera chilena en cada punto del país, que le cuesta al fisco la friolera de 5.700 millones de pesos. El ministerio de Lavín se opuso, pero Golborne se las arregló para que la licitación fuese de todas maneras. ¿Cual es el objetivo? Nadie lo sabe.

El Sr. Golborne, se pasea por la China en busca de ideas para el puente de la Isla de Chiloé con una comitiva de 40 personas. Según este ministro se comenzará a construir en el 2019 a pesar que todo su costo dice que NO. Y él lo sabe ¿demagogia? ¿Quién pagó esto, lo adivinan?

Sr. Allamand, ¿qué hacía un ministro de Defensa en la búsqueda de un infortunado pequeño perdido? El caso del niño Dides, que lamentablemente resultó fallecido producto de una caída al mar, desde un barranco, luego de salir desde su casa sin que nadie lo notase. Este pequeño sufría de autismo.

Sr. Allamand, algunas semanas atrás hubo una ceremonia oficialista por el cierre de un campamento en Talcahuano. Ello en el marco de entrega de viviendas a los damnificados por el terremoto de febrero. La ceremonia encabezada por Piñera y el titular de vivienda Rodrigo Pérez. También estaba Allamand. ¿Que hacía el ministro de Defensa allí?

Es sabido que Piñera pidió a las cartas presidenciales de la derecha no asomarse sino después de las municipales. Pero también es sabido que Piñera tiene escaso poder frente a su conglomerado, sobretodo a la UDI, que al parecer tiene preferencia por Golborne.

En días pasados (surge una contradicción) Piñera fue frontal en la proclamación de Allamand. “Lo quiero ver como presidente” palabras del propio mandatario. No es ciencia ficción. Cerremos la boquita, porque nos la dejaron abierta. Quedamos exigiendo una explicación.

Mi reflexión es de una tremenda impotencia e intranquilidad por el panorama que estamos viviendo. La CEP nos mostró una Bachelet disparada. Que gana en 1era vuelta. La derecha y el gobierno están con un desespero, que raya en lo patológico.

Mi intranquilidad es por lo peligroso, que se esta volviendo la existencia cotidiana de este país. Desde mi humilde prisma de ciudadana común. Abro los ojos y prendo la radio.Tomas. Carabineros reprimiendo con violencia. Explicaciones. Marchas. No hay permiso de la intendencia. Carabineros reprimiendo con violencia y desnudando a las estudiantes. Caos. La Intendenta sólo aparece para los partidos de fútbol. Casos de abusos en colegios en el barrio alto de niños pequeñitos. En otros barrios también.

Protestas de Arica a Punta Arenas. Carabineros reprimiendo con violencia, desnudando y toqueteando a estudiantes. Barricadas de la propia gente porque el Transantiago no funciona. Entonces “se tomaron la calle” y como  consecuencia, un taco gigantesco.

Piñera diciendo, encontramos un país en decadencia. Pues bien, este gobierno de derecha apaga en definitiva los incendios con gasolina de la buena. La impotencia surge porque muy sonriente el portavoz de la Moneda Sr. Chadwick dice “es una bromita” por la intervención electoral de Piñera sobre Allamand: “No, está todo bien. La oposición crea conflictos donde no los hay”. Y punto. Nuevamente cerramos la boquita que siempre nos queda abierta y exigimos una explicación.

La sensación es que este gobierno nos mete el dedo en la boca. Dudando de nuestros raciocinios. E importándole muy poco si le creemos o no a las terribles inverdades que manifiestan en cada intervención sobre cualquier cosa.

¿Por qué tengo la sensación, que en cada uno de estos gestos y palabrería son como los patrones y dueños de fundos con sus inquilinos y peones?

¿Porqué tengo la sensación, que les importa un bledo que aceptemos sus explicaciones siempre expresadas sonrientemente y con algo de ironía?

¿Porqué tengo la impresión, que cada accionar esta enfocado a la lógica de propaganda Goebbelista? Machacar, mentir, meter ideas, que de tanta repetición se vuelven verosímiles y creíbles.

Finalmente y con un suspiro de resignación: por ahí un estudio reveló que este país es feliz. ¿Ud. lo cree?

9 comentarios
06 sep 2012

Calidad de vida

La revista The Economist, un semanario reverenciado por la derecha chilena -y además por la izquierda, la centro izquierda y en general todos los institutos de estudio influyentes- viene publicando hace tiempo un listado con las mejores y las peores ciudades del mundo.

Esa fascinante preocupación no es privativa del prestigioso rotativo, el cual se limita a repetir como loro cifras y datos elaborados por una agencia privada, la Economist Intelligence Unit (EIU), que desde 1946 asesora a empresarios, financistas y gobiernos para entender “cómo mañana será diferente a hoy”.

La EIU también nos regala, de manera periódica, apasionantes informaciones en torno a muchos asuntos, resaltando los países que poseen las urbes más atractivas y las más horripilantes. Los criterios para dictaminar lo bueno y lo malo son, en ambos casos, prácticamente idénticos: disponibilidad de bienes y servicios, niveles de seguridad e infraestructura.

Este año, The Economist coronó a Melbourne como el emplazamiento urbano más habitable del planeta. Australia es el país líder en cuanto a metrópolis de lujo, pues Adelaida, Sydney y Perth destacan en los primeros lugares de la lista. Le sigue Canadá con Vancouver, Toronto y Calgary. En Europa, solo Viena y Helsinki caben en el selecto club de los puestos superiores.

La gente que lee este tipo de artículos –y que es mucha más de lo que se piensa-, así como los pontífices del bienestar, enseguida proclaman las maravillas de semejantes paraísos.

A nadie se le ocurre pensar que Australia, el sexto estado más grande del orbe, con apenas 20 millones de habitantes, tiene un ingreso per cápita sideral –ahí hasta los pobres son ricos- y que, para conseguir visa de turista, hay que presentar incluso el ADN de los tatarabuelos. Así, resulta facilísimo exhibir tales milagros.

Y pocos de quienes se arroban ante esta propaganda turística toman en cuenta que Canadá es la segunda nación de la tierra en tamaño, tiene 30 millones de almas, uno de los más altos desarrollos económicos del planeta y un clima infernal (muy ventajosas serán Vancouver o Toronto, pero el invierno ártico dura 10 meses).

Detrás de todo esto, y a pesar de que The Economist es inglesa, está una de las más perversas formas de manipulación de la mente humana que se conocen, originada en la sociología estadounidense de las estadísticas y después utilizada para lo que sea.

En su expresión académica –o burocrática- se manifiesta en las encuestas: las encuestas nos dicen quien pierde una elección, de lo que se deduce por quién hay que votar, qué objetos adquirir, cuales son las tendencias políticas predominantes, el grado de aprobación de los dirigentes, con qué se está de acuerdo o en desacuerdo, midiendo, inclusive, hasta el nivel de felicidad individual. Su rasgo más burdo consiste en los hits, los rankings, los récords, los Top 10, el concurso Miss Universo, la mayor metedura de pata…

Tampoco salta de inmediato a la vista la obscenidad de calificar poblaciones idílicas en un mundo en el que hay más de mil millones de seres humanos en condición de indigencia extrema y una cantidad aun más elevada en el umbral de la pobreza.

Si ignoramos eso, que es lo que hacen casi toda la prensa y todas las organizaciones encuestadoras, resulta que Helsinki es la gloria, aunque posea el índice de suicidios más elevada del globo.

O que Calgary y Sydney son fabulosas, aun cuando lo que nos ofrecen sea un ideal de existencia sanitizado, robótico, pasteurizado.

Ni qué decir tiene, París, Madrid, Berlín, Roma, Estambul, Atenas, cuyo aporte cultural es incalculable, figuran en sitios muy secundarios cada vez que se trata de los sublimes valores que propician la EIU, The Economist o rotativos semejantes.

Con todo, lo verdaderamente escandaloso, lo decididamente repugnante, es la clasificación de las peores capitales del planeta. A la cabeza está Dhaka, de Bangladesh y le siguen Lagos (Nigeria), Harare (Zimbabue), Argel, Karachi (Pakistán), Teherán y Abiyán (Costa de Marfil).

Tanto el eminente magazine que hemos citado, como los genios que calculan cuál es el detergente más vendido, pasan olímpicamente por alto el desastroso pasado colonial del Indostán legado por Gran Bretaña y la intervención francesa en África.

En el subcontinente indio, la retirada inglesa condujo a la Partición en dos estados por presuntos motivos religiosos (Pakistán e India) y a una de las guerras civiles más cruentas de que se tenga memoria, que culminó con la independencia de Bengala, hoy Bangladesh.

¿Es concebible que Dhaka, asediada por el hambre, las enfermedades, el fanatismo, la explosión demográfica incontrolada, sea un espacio placentero para vivir?

¿Es imaginable que Karachi, dominada por la violencia, el negocio de los sicarios, el mercado negro del agua potable, el terrorismo, pueda mostrar el ambiente plácido y esterilizado que fomentan The Economist y los intelectos que analizan cuántas tazas de café se beben a diario en Milán?

Lagos, sumida en la inestabilidad y la corrupción, Harare, donde persisten desigualdades inconcebibles, Argel, convulsionada por el caos del poder y el integrismo islámico o Abiyán, presa de explosivos disturbios raciales, por supuesto que tienen aeropuertos inseguros, son muy peligrosas e insalubres, padecen de represión gubernamental, en suma, merecen bajas notas por parte de la EIU y los medios que calcan sus aciagos diagnósticos.

Hay un concepto que preside todo este despliegue de porcentajes e indicadores acerca de lo bueno y lo malo: la calidad de vida. Ya está tan arraigado en la conciencia colectiva, que puede parecer inútil cuestionarlo. Y podría significar desde la manera de sobrellevar una operación, hasta la cantidad de autos, televisores, celulares, computadores o artefactos que se puedan comprar, desde las horas de sueño, hasta la práctica de algún deporte.

Pero, sobre todo, es la nomenclatura favorita de la ideología del consumo y de quienes la llevan a cabo por doquier, o sea, los organismos encuestadores.

Aparte de que el término mismo es una aberración -¿se puede cuantificar, calibrar, regular, tasar, arquear, la vida humana?-, ahora todo se reduce a saber cómo es la calidad de vida en tal o cual situación, entre ciudadanos de diversas procedencias, en cualquier parte.

Los habitantes de Toronto poseen una calidad de vida sensacional, a juzgar por su transporte, mientras que los de Teherán exhiben una calidad de vida horrenda, tal vez porque los precios del petróleo han bajado.

De algo sí que podemos estar seguros: Toronto es aburridísima y Teherán entretenidísima, en la primera no pasa nada y en la segunda a cada rato hay novedades. Claro que estos factores carecen de relevancia para The Economist y consortes, así como para los mercaderes de la opinión pública.

Desde luego que un monje budista, una activista en derechos humanos, un profesor mal pagado, pero que hace clases con gusto y ganas, tienen una pésima calidad de vida.

Y un empleado público de Helsinki sepultado todo el año en la nieve, una ejecutiva de Vancouver con sueldo estratosférico y muerta de hastío o un empresario de Adelaida con depresión endógena detentan, sin excepción, una óptima calidad de vida.

237 comentarios
06 sep 2012

Acercamiento al acuerdo de vida en pareja

Desde hace varios años que los instrumentos de estadística descriptiva (el más importante entre ellos, el Censo de Población) han demostrado que la convivencia es una realidad creciente.

Mientras que en 1992 (según los datos censales de la época) un 6% de la población convivía, ya en 2002 esa cifra se elevó a un 9%. La encuesta CEP de 2004 fijó a la población conviviente en un 9,6% y las estimaciones actuales indican que un 15% de la población preferiría esta categoría de asociación afectiva.

Es cierto que estos datos son ilustrativos en el sentido de argumentar a favor de la necesidad de establecer un estatuto que regule los efectos jurídicos de la convivencia; sin embargo, tampoco debe estimarse que son concluyentes, pues esta materia no puede ser juzgada netamente con criterios cuantitativos, sino -¡y enhorabuena!- lo que debe primar son las razones cualitativas, ante todo, porque se trata de establecer un ámbito de protección para las familias.

Y sí, ¡familias! El sustantivo en su variante plural está empleado para poner de manifiesto que el concepto de familia no es unívoco ni que tampoco corresponde (necesariamente) al ideal propugnado por los sectores integristas, esto es, la familia nuclear.

También debe estimarse que la regulación de la convivencia a través de la suscripción de un acuerdo determinado no obsta a la introducción del matrimonio igualitario. En efecto, se trataría más bien de regulaciones complementarias llamadas a coexistir por razones sociales e ideológicas.

Es en este sentido que la introducción de la figura del “acuerdo de vida en pareja” se aleja del concepto “unión de hecho”, justamente, porque los convivientes a través de una manifestación de voluntad aceptan regular, como ya se ha dicho, los efectos patrimoniales de su vida en común.

En tanto, como realidad sancionada por la ley, esa unión informal y meramente fáctica entra, por decisión de los contratantes, al ámbito jurídico, pasando a ser una “unión de derecho” con consecuencias bien determinadas.

La necesidad de regular la convivencia se entiende, en buena parte, por la mutabilidad de las instituciones humanas. En este sentido, la asociación afectiva y la formación de una comunidad de vida entre dos personas ha dejado de reducirse simplemente al concepto de matrimonio. Si fuera de otra manera, ¿qué sentido tendría la primera parte del artículo 1º de la Ley de Matrimonio Civil que plantea a éste como la base principal de la familia, pero no la única?

Y la evolución ya descrita también ha redundado en la valoración social de la convivencia.

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta de 3 de abril de este año realizada por Cooperativa e Imaginacción, el 86,7% de la población consultada está a favor de regular las uniones de hecho. Las voces detractoras podrán argumentar que en relación a la misma encuesta del año 2011 se reportó una baja en este nivel de aprobación, que en tal entonces llegó al 90,6%.

Si algo se ha aprendido en los últimos días, es que para llegar a una conclusión estadística -sobre todo a la hora de comparar resultados de diversos períodos- se debe tener en cuenta el margen de error; en consecuencia, esta aparente baja no es tal, pues justamente se enmarca dentro de ese ámbito que es de 5,4%.

En refuerzo de lo anterior deben considerarse los datos obtenidos en relación a la posibilidad de adoptar o criar hijos de parejas anteriores por homosexuales. Mientras que en el sondeo de 2011 la posición positiva llegó a un 40, 5%; la respuesta afirmativa en este año se elevó a un 52,6%, lo que está muy por encima del margen de error.

Por otro lado, también debe tenerse en consideración el porcentaje de aprobación del matrimonio igualitario que llegó a un 54,9%, de acuerdo a los resultados de la misma encuesta dados a conocer a fines del mes pasado.

Estos datos que demuestran una visión más ponderada y positiva en torno a las demandas propias de la comunidad LGBT -como otorgar un reconocimiento legal a la convivencia, establecer un estatuto homoparental y llegar a la consagración igualitaria del matrimonio-, pueden explicarse, en parte, por la mayor visibilización mediática que ha tenido esta causa. Lo que ha redundado, en definitiva, en la aminoración de prejuicios relacionados con nociones patologizantes y criminales de la comunidad homosexual.

La tramitación del proyecto de ley sobre acuerdo de vida en pareja se inició hace más de un año y aún no se supera el primer trámite constitucional.

La única actuación sustantiva que se ha realizado en este proceso legislativo ha sido tomar en cuenta la opinión de la Corte Suprema en torno a las consideraciones procesales del proyecto, que otorgan competencia para conocer de las controversias que puedan suscitarse en este ámbito a los tribunales civiles y no a los de familia como sería deseable.

Esperemos que el gobierno cumpla con su programa y otorgue urgencia a este proyecto que solo implica mayor protección para las familias.

Deja un comentario
06 sep 2012

Chile: La Moneda en llamas

Hay días que marcan a fuego a las sociedades humanas, fechas inscritas para siempre en la memoria de los pueblos. Archivos, documentos y monumentos registrarán aquel acontecimiento para las nuevas generaciones. Cada pueblo conoce y reconoce esa calendariedad que constituye, ni más ni menos, su propia historia.

El once de septiembre de 1973 pertenece, por derecho propio, a aquellas fechas trágicas de nuestro país. Una fecha que vive todavía en la memoria viva de muchos, víctimas y victimarios.

La Moneda en llamas mientras los jets revolotean sobre el centro de Santiago y la radio transmite marchas militares. El presidente Salvador Allende se dirige a los trabajadores por una de las últimas radioemisoras libres, cuatro generales inician un Golpe de Estado contra el gobierno constitucional. La soldadesca se despliega en todo el territorio, lo que se empezó en Valparaíso se convierte en un férreo control de patrullas y destacamentos en cada ciudad. Se inauguran muchos centros de detención: estadios deportivos, regimientos, escuelas. Se instituye una voz única a través de los medios de comunicación, la voz de los triunfadores.

En muchas esquinas de la ciudad se repiten dantescas escenas, cadáveres de jóvenes estudiantes apilados en el suelo salpicados de rojo sangre, como si unas flores brotaran de sus camisas, cientos de libros incinerados ante la risa de algunos, muchos cuerpos cubiertos de hojas de periódicos dispersos en calles céntricas, otros cuerpos flotan a orillas del río Mapocho.

La ciudad está prohibida, un “toque de queda” precede la noche en que serán allanados los barrios populares. Un silencio sepulcral se apodera de las ciudades de Chile, apenas interrumpido por ráfagas de ametralladoras o algún lejano helicóptero.

La televisión nos muestra a los cuatro uniformados que pusieron fin al gobierno de la Unidad Popular. Con marcado tono militar, acusan, justifican, amenazan.

El presidente de la Corte Suprema ha declarado que el golpe ha sido un acto de legalidad ante un gobierno inconstitucional y varios ex presidentes celebran el Golpe de Estado.

Esa misma noche, los “Huasos Quincheros” cantan entre risas en alusión a las últimas horas del presidente Allende. Chile recibe a los vencedores de la jornada con casas embanderadas obligatoriamente. Los estadios, muchos regimientos y escuelas están repletos de detenidos a través de todo el país. Ha comenzado una dictadura militar.

La Moneda en llamas ha sido una metáfora de lo acontecido en nuestro país desde aquel triste día de septiembre. Un edificio en ruinas, tal como todo el andamiaje democrático republicano que enorgulleció a Chile durante gran parte del siglo XX.

Un edificio que años más tarde sería reconstruido con la misma fachada como una “simulación” casi perfecta de lo que fue, tal como nuestra propia “democracia” que guarda las formas de antaño, pero sin poder disimular su mentira, su carácter degradado de “pastiche” o remedo de aquella forma histórica que conoció nuestro país.

Surge una sospecha todavía más inquietante y tenebrosa. Tras lo acontecido hace casi cuatro décadas cabe preguntarse si acaso La Moneda ha dejado de arder.

A primera vista la interrogante puede parecer ociosa, sin embargo, la cuestión es radical y quiere subrayar el hecho de que el asedio y la usurpación al poder de la soberanía popular representado en la casa de gobierno no ha cesado desde entonces. Seguimos bajo el “estado de excepción”, la Moneda sigue ardiendo entre volutas de humo desde entonces y sus llamaradas alcanzan a los movimientos sociales en Araucanía y a los movimientos estudiantiles en las calles de nuestras ciudades.

Las llamas de La Moneda no son solamente la imagen de un espeluznante pasado. Se trata más bien de un presente, un “ahora de Chile”, en que las llamas de ese averno siguen calcinando nuestra vida cotidiana.

Todavía, entre nosotros, un “toque de queda” nos impide recordar; todavía muchos desaparecidos no encuentran su tumba; todavía la impunidad de tantos; todavía la ley escrita por el general prescribe nuestra vida, todavía tanto olvido y tanta mentira.

La Moneda arde todavía en el dolor que permanece obstinado en el corazón de muchos compatriotas.

2 comentarios
06 sep 2012

Ley Hinzpeter, mordaza a la expresión ciudadana

La democracia implica, como requisito ineludible, disponer de ciertas garantías fundamentales. Además del elemental derecho a elegir a nuestras autoridades y ser elegido, con que todos la identificamos, este sistema de gobierno nos asegura a todos, entre otras, las libertades de pensamiento, de expresar opiniones, de asociarnos y reunirnos con otros ciudadanos que compartan nuestras ideas.

Masivamente, ello implica la posibilidad de manifestarnos, utilizando los espacios públicos y hacer llegar así esos planteamientos a los poderes del Estado para que sean atendidos.

Evidentemente, es necesario que el ejercicio de esos derechos se haga en forma pacífica, sin cometer delitos que afecten a otros. En caso que ello no ocurra y se vulneren derechos de terceros o se dañen bienes públicos o privados, los autores de estos hechos deben ser identificados, juzgados y sancionados, de acuerdo a la ley, por los tribunales.

Sin embargo, el actual Gobierno en lugar de aplicar la ley como corresponde y como ha ocurrido ya desde el retorno a la democracia en 1990, ha propuesto reemplazarla por una iniciativa que persigue fortalecer el resguardo del orden público, pero a costa de limitar gravemente los derechos fundamentales.

Tras fracasar en el diálogo y en la búsqueda de soluciones a la educación y a otras demandas sectoriales y locales, como los conflictos en la pesca o los generados en Freirina, Aysén y Magallanes, intenta sofocar el descontento con un proyecto claramente represivo, que atenta contra los fundamentos mismos de la democracia.

La llamada “Ley Hinzpeter” busca criminalizar la protesta social agravando las sanciones por desórdenes públicos, que ya no sólo se castigarían con multa, sino eventualmente con cárcel. Del mismo modo, se penalizarían las tomas y los hechos que entorpezcan el tránsito o el libre desplazamiento por las ciudades, como ocurre con cualquier marcha o manifestación no autorizada.

No nos equivoquemos ni nos dejemos engañar. No es que en Chile no haya leyes para sancionar los hechos de violencia. Las hay. Éstos están castigados en el Código Penal y en otras normas. Tampoco es que falten medios ni mecanismos para detener a los infractores. El Estado cuenta con servicios policiales, los que incluso muchas veces se exceden en sus atribuciones desatando golpizas inexcusables.

Desde esta perspectiva, el texto es sumamente cuestionable. Penalizar a los convocantes y asistentes a legítimas movilizaciones que demandan más derechos para evitar disturbios aislados resulta desproporcionado.

También es erróneo intentar crear una cortina de humo que hace parecer que en nuestro país no tenemos normas para castigar a los vándalos. Por último, no corresponde considerar los derechos de quienes se expresan como opuestos a los de quienes concurren a sus trabajos o simplemente transitan por las calles.

Quienes protestan, opinan, ejerciendo así el más elemental derecho en una democracia.

Quienes protestan están haciendo un uso del espacio público tan legítimo como el de las personas que transitan por sus calles. Si hay excesos, sus autores deben ser identificados, juzgados y sancionados de acuerdo a las leyes que ya tenemos, pero no podemos tratar de impedir estos actos eliminando la posibilidad de disentir y manifestarse.

Lo peor que puede ocurrir es que por enfatizar excesivamente en el orden se conculquen los derechos de petición, expresión y reunión.

11 comentarios
05 sep 2012

El Gam debe ser para John Malkovich

Si los ejecutivos del GAM hubiesen pensado cuál sería el mejor regalo para celebrar sus primeros dos intensos años, seguro no se les habría ocurrido algo mejor: traer a John Malkovich a la Arena de Santiago y demostrar así que hace mucha falta una sala acondicionada para dos mil personas que reciba con dignidad, música, canto, teatro y otras presentaciones. Así fue y ocurrió el mismo día del festejo: el tan esperanzador 4 de septiembre chileno.

Más que mil argumentos, portada de Artes y Letras y otros desvaríos con que se ha intentado reponer la “detenida y en reevaluación” obra de la segunda etapa del GAM -un teatro para dos mil personas, aforo exacto que tuvo la Arena para La Comedia Infernal- la presentación de ese actor de culto en una infraestructura que mereció sus propias críticas desde el escenario, es una vergüenza para Santiago y para un público que está capacitado para apreciar y pagar lo que un espectáculo como éste vale.

Entre otras cosas por el esfuerzo que el GAM y otros centros culturales hacen por formar audiencias, las que no pueden convertirse en público ”sin casa”.

Las cifras de público del GAM, que crecen en número, y lo más importante, derraman hacia nuevos grupos sociales de menores recursos, demuestran que las cosas se hicieron bien en términos de evaluar -estudio de audiencias mediante- las potencialidades del centro cultural que imaginó Salvador Allende, construyó Michelle Bachelet, inauguró Sebastián Piñera, y debiera finalizar un (a) próximo (a) presidente (a).

Las curvas de crecimiento de asistencia de grupos de menores recursos son muy similares a las de los inicios del Centro Cultural Estación Mapocho, con la expectativa que estas últimas se han consolidado y mantenido en el tiempo, sin que la aparición de otras salas la hayan afectado.

Es decir, se están creando audiencias específicas de cada espacio, de la mano de una suerte de especialización que deriva grandes conciertos a la Arena, prolongadas exposiciones de artes visuales al Centro Cultural de La Moneda y ferias culturales de gran público al Centro Cultural Estación Mapocho. En este escenario -literalmente- es del todo injusto que los públicos que debiera atender un centro nacional de artes escénicas y musicales como es el GAM, queden estrechados en dos salas de 300 butacas cada una.

Presentaciones recientes, como la Gala del Ballet de Santiago, que desarrolló con maestría piezas clásicas y contemporáneas, lamentablemente ante un público menor y menos satisfecho que el de la ópera y los conciertos del Teatro Municipal, revelan que la formación de audiencias amplias para la danza es urgente y no se puede seguir atribuyéndola sólo al BANCH y los dirigidos de Marcia Haydée. La misión del GAM en ese terreno es ineludible.

Cuándo sólo con dos años de vida se está entre los imprescindibles, es señal de buenos resultados. Feliz aniversario al GAM y  buenos deseos que “más temprano que tarde” pueda recibir en su nueva sala a los John Malkovich que chilenas y chilenos merecemos.

www.arturonavarro.cl

4 comentarios
05 sep 2012

La mentira como arte de gobierno

Probablemente lo que mas ha afectado la credibilidad de la política, entre los ciudadanos y particularmente entre los jóvenes, tiene que ver con la percepción que, demasiadas veces, lo que dicen las autoridades no se condice con lo que sucede en la realidad.

En el último tiempo parece que eso se ha hecho más recurrente.

Dos casos reflejan lo afirmado: por una parte los datos entregados por el gobierno en torno a la encuesta CASEN y, por la otra, el informe de la Contraloría respecto a las listas AUGE.

La primera situación es de extrema gravedad, pues pone en cuestión la tradición del país de contar con estadísticas sociales validadas por todos, independientemente de los gobiernos. Incluso ello ha sido siempre señalado como un activo del país en el concierto internacional.

La negativa del gobierno a liberar las bases de datos con que se construyeron las conclusiones de la encuesta y la no desmentida aplicación de dos encuestas, una antes y la otra después de otorgar un bono a las familias de más bajos ingresos, afectando el resultado de la toma de datos, pone en cuestión la credibilidad del instrumento, como ha sido señalado por toda la comunidad dedicada al tema.

Esto simplemente es un engaño a la fe pública, con un objetivo muy espurio y demasiado burdo. Hay que recordar que esta trampa se realiza en el período en que se aplicaba la encuesta CEP, verdadero oráculo nacional, que arrojó malos resultados para el gobierno, pese a este engaño.

El segundo caso dice relación con la patética actuación del ministro Mañalich, en presencia del Presidente Piñera, afirmando, con algo de tono circense, haber “cumplido” con el compromiso de terminar con las listas de espera del plan AUGE.

La Contraloría General de la República no tardó mucho en señalar que ello era falso y, en su empecinamiento comunicacional, el gobierno y sus partidarios apuntan entonces, como siempre, contra el cartero que trae las malas noticias, intentado desacreditar al órgano contralor, sin reparar en el daño que ello produce a toda la institucionalidad del país.

El peligro aquí radica en la predisposición de un gobierno que no repunta y empieza a actuar, como fiera herida, sin medir las consecuencias, que a esta altura no es de su propia credibilidad, difícilmente rebajable, sino de toda la institucionalidad, a la cual los ciudadanos le toman creciente distancia. Ello no es bueno para el país.

Sobretodo no es bueno porque pareciera ser parte de la compulsión de un gobierno debilitado. A los ejemplos dados se pueden agregar un gran conjunto de compromisos que solo fueron retórica; como la disposición de recursos a las regiones, de la misma magnitud que los asignados a la región metropolitana por el Transantiago; la duplicación de la subvención escolar o la modificación del sistema binominal.

Es relativamente aceptable que, en época de campañas, la excitación permita determinados excesos de promesas de difícil realización, Probablemente el extremo haya sido “el fin de la puerta giratoria” para “terminar la fiesta de la delincuencia”.

Hoy los ciudadanos castigan esa falacia señalando al tratamiento de la delincuencia como el principal problema mal abordado por el gobierno. Ello coincide con las cifras objetivas que señalan que la delincuencia ha aumentado y no al revés, en el actual gobierno, pese a los vanos intentos por señalar lo contrario.

Sin embargo, lo que no es aceptable, es que la autoridad, una vez constituida en gobierno de la Nación, crea que puede seguir actuando con promesas que sabe no podrá cumplir.

Aunque el Presidente haya tenido la soberbia de decir, a los 20 días de gobierno, que habían “hecho más que la Concertación en 20 años”

Ya sabemos, “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.

4 comentarios
05 sep 2012

De mal en peor

Se anunció el 3 de septiembre un acuerdo en la comisión mixta de diputados y senadores sobre la reforma tributaria enviada por el gobierno el 4 de mayo y reformulada el 2 de agosto. Fue aprobada el 4 de septiembre por ambas cámaras.No se honra mucho, en un día simbólico, las tradiciones de nuestra República.

Por el lado de los aumentos de ingresos, el ministerio de Hacienda los cifró en su momento por concepto de incremento del impuesto a las utilidades de las empresas en 1796 millones de dólares en 2013 (nótese la precisión, bastante curiosa pues está basada en supuestos aproximativos, pero todo sea por la imagen de seriedad tecnocrática), para luego descender en principio a 1358 millones de dólares en 2017.

En realidad, dado que este pago constituye un crédito para la cancelación de impuestos personales de los dueños de las empresas, el efecto neto en el largo plazo va a depender de la política de retiro de dividendos, pero en fin esas son precisiones técnicas.

Otras medidas incrementarían la recaudación en 130 y 535 millones de dólares adicionales en 2013 y 2017 respectivamente, a lo que se agregaría 35 millones de impuesto adicional al tabaco previsto en el acuerdo de la comisión mixta y una estimación de 400 millones más por aplicación de factura electrónica, que en realidad rebaja la evasión.

Luego el gobierno, con la aceptación de la mayoría de la oposición (tengo una problema con esa expresión: a esta altura uno se pregunta a qué se opone en realidad), introdujo una serie de rebajas tributarias por 696 millones de dólares en 2013, las que llegarían a 1017 millones de dólares en 2017.

En el caso del impuesto a los ingresos de las personas, la rebaja es muy precisa: los que ganan más de 6 millones de pesos al mes, el 0,3% de los contribuyentes más ricos, tendrán una disminución promedio del impuesto a la renta del orden de un millón de pesos al año.

En la parte baja de la escala de los que tributan a la renta, el 12% de contribuyentes que ganan menos de 1,2 millones de pesos al mes, tendrán una rebaja anual de 27 mil pesos al año. Un millón contra 27 mil pesos: así va la equidad en Chile.

Por cierto, el 81,2% de los chilenos que por tener ingresos inferiores a 500 mil pesos al mes no pagan impuesto a la renta, pero sí mucho IVA, que nadie pensó en rebajar, no tendrán beneficio alguno.

Claro, los representantes del realismo pedestre dirán que han obtenido una gran victoria, porque originalmente el gobierno iba a rebajar en 1,5 millones el impuesto anual de los más ricos y ahora solo en un millón. Así, los adalides de la “gobernabilidad” van legitimando y profundizando una y otra vez las desigualdades en Chile en acuerdo con la derecha, como ya lo habían hecho con el royalty minero, en el que prolongaron condiciones inaceptables para el Estado chileno en materia de renta minera que pertenece a todos hasta el año 2024.

Cabe recordar que la reforma tributaria del 2010 propuesta por el Gobierno para enfrentar la reconstrucción incluyó alzas transitorias y rebajas permanentes.

El resultado tributario neto de largo plazo de esa reforma fue una caída en la recaudación del orden de 400 millones de dólares. Esto implica que las dos reformas del gobierno, la aprobada en 2010 y la del proyecto aprobado ahora en el parlamento, generarían del orden de 0,2% del PIB de 2015 en adelante.

Se necesitan, hay que decirlo,  recursos por al menos diez veces más sólo para abordar las necesarias reformas en educación.

La reforma de 1990 aumentó la recaudación en 2% del PIB. Diez veces más. Así va nuestra dirigencia política actual respecto a los grandes desafíos del país. De mal en peor.

2 comentarios
04 sep 2012

Un “supremazo” florido

Las responsabilidades no pueden traspasarse, así de claro y mucho menos en materias tan sensibles y claves para el país como su futuro desarrollo energético.

Para ello,  se requiere de una mirada con enfoque integral, que permita  reflexionar sobre el tipo de desarrollo que el país quiere emprender, tomando la opción del desarrollo con energía sustentable, con un claro rol rector del Estado.

No podemos quedarnos sólo con la preocupación de viabilizar grandes inversiones en algunos proyectos de generación de energía, pues ello implica una mirada acotada de un desafío integral que debemos asumir.

El fallo de la Corte Suprema en contra de la Central Castilla implica que Chile debe modificar claramente la política energética asumida en las últimas décadas, el desierto florece y esperamos que con este “Supremazo” algunas cosas comiencen a cambiar.

El Estado ha renunciado a jugar un papel de definiciones estratégicas de lo que quiere como desarrollo energético. No cabe duda que debe dejar el histórico paradigma de neutralidad tecnológica, donde le da lo mismo qué tipo o fuente de generación se quiere desarrollar. Esto último permite que sea el sector privado quien establezca qué tipo de proyectos energéticos se presentan, dónde y con qué tipo de fuente de generación.

Necesitamos realizar una estimación ajustada de la demanda energética para el desarrollo sustentable, lo que lleva a establecer como prioridad nacional un programa de ahorro energético y otro de eficiencia energética, que son la punta de lanza de las políticas energéticas de la UE, donde el gobierno ha hecho muy poco, pese a existir un plan elaborado en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, que implica un 20% menos de consumo de energía eléctrica.

El Estado debe dar señales de que no quiere seguir carbonizando nuestra matriz energética, y en eso Castilla era todo lo contrario.

En esta misma línea, es urgente legislar y normar el funcionamiento en Chile de redes inteligentes de electricidad que mejorarían la eficiencia en forma significativa y permitiría que toda la población aporte al mejor uso de la energía eléctrica, especialmente el sector productivo.

Asimismo, es clave que se termine con proyectos que se presentan separados a evaluación ambiental, debiendo hacerlo en una sola presentación, ya que esto sería una señal potente.

Junto con optar por las energías renovables y con los incentivos y exigencias pertinentes, debemos regular el funcionamiento del mercado de generación de energía eléctrica, permitiendo la participación de nuevos actores, ojalá con generación de energías renovables, pero ello implica modificar el actual modelo de cálculo marginalista que no ha permitido innovar tecnológicamente y tampoco ha garantizado bajos precios en generación y provisión de energía eléctrica.

Para avanzar en esta línea, y dado que las exigencias de huella de carbono serán mucho más explícitas para nuestros productos de exportación en muchos mercados del mundo, debemos establecer, como país, un período de transición para ir migrando desde proyectos de generación eléctrica con fuentes sucias hacia los de generación más limpia, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, donde es clave definir plazos realistas pero con una clara opción por descarbonizar nuestra matriz energética.

Es la única forma de concretar un compromiso real con el desarrollo sustentable para las futuras generaciones.

2 comentarios