08 dic 2012

En el recuerdo y nunca más

Estamos cumpliendo dos años de la trágica muerte y del dolor infinito de los familiares de las 81 víctimas que murieron calcinadas y asfixiadas por el incendio de la cárcel de San Miguel. Todos esperamos que se hayan tomado las medidas sabias y pertinentes para que no tengamos que vivir otra situación de consecuencias tan horrorosas.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, quedó en el recuerdo de todos los chilenos y quizás de países vecinos esta tragedia, que aún conmueve e impacta.

Esperamos, sin embargo, que no sigan ocurriendo estos hechos, ni por dejación, ni por negligencia, máxime cuando ostentamos una sucesión de situaciones semejantes y que pareciera en ocasiones ya se han olvidado.

En la actualidad se habla de procesar a los funcionarios de Gendarmería, sea por su responsabilidad directa o indirecta. En justicia nos parece que así tiene que ser, cada quien tiene que asumir de acuerdo a sus obligaciones. Con todo creemos que el mayor peso recae en la máxima autoridad gubernamental, que permite y muchas veces silencia cuestiones que atentan directamente contra los derechos de los privados de libertad.

Téngase en cuenta, por ejemplo, el hacinamiento, la infraestructura, en algunos recintos carcelarios colapsados, la falta de atención adecuada, insuficiente capacitación, la violencia cotidiana, la ausencia de atención médica y falta de medicamentos y la nula atención neuropsiquiátrica, entre otras carencias.

Todo lo anterior es una bomba de tiempo en que muchas veces no es responsabilidad directa del funcionario de trato cotidiano, que debe cumplir horarios extenuantes y agobiantes.

En todo caso, alabamos las propuestas gubernamentales que tienden a favorecer las medidas alternativas a la privación de libertad – que todavía conservadoras- pensamos van por buen camino.

Nuevas, mejores, efectivas y prontas decisiones deben ser asumidas a la brevedad, pues el tranco lento que ha caracterizado las voluntades a favor de este segmento, podría hacernos testigo, otra vez, de mayores infortunios con consecuencias impensadas.

Preocupación aparte, especial, directa y fundamental debiéramos tener para con los centros juveniles de privación de libertad, ya que en ellos vemos germinando de manera lenta, pero a paso firme, una explosión social impredecible.

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07 dic 2012

Hay que escuchar a la gente, ¿cuándo será?

Cuando a poco de conocerse los resultados del pasado proceso electoral, donde la alta abstención marcó la jornada y acaparó los titulares noticiosos, el Jefe de Estado manifestó que “es una señal que no debe dejarnos indiferentes, hemos escuchado, con mucha atención el mensaje que significa la disminución de la participación de los ciudadanos en nuestros procesos democráticos”.

El Presidente de la República concluyó advirtiendo que el descontento reflejado en el 60 % de abstención, una de las más altas en Latinoamérica, deberá revertirse escuchando a la gente, atendiendo y entendiendo el mensaje de las organizaciones representativas de la ciudadanía.

Sin embargo, ya pasado el tiempo y en consideración de que cada día tiene su afán, no faltan los motivos para desconocer el llamado de la gente. Como dirigente de la organización más representativa de quienes han jubilado por el Sistema antiguo de pensiones, puedo sostener que da la impresión que no ha hecho efecto la advertencia del electorado que recibió la clase política y en especial, La Moneda, para quienes hay sectores de la ciudadanía que parecieran no existir.

Esa indiferencia gubernamental y de los políticos en general la estamos sufriendo en carne propia como Unión Nacional de Pensionados de Chile. Este sector que trabajó toda su vida activa a favor del progreso de Chile y que en alguna oportunidad representó a la clase media, no ha sido escuchado por el gobierno.

En las oportunidades que le solicitamos audiencia al Primer Mandatario, hemos sido tramitados por los mandos medios sin darnos alternativas de solución. El Gobierno desconoce que hemos solicitado formar parte de una mesa de trabajo para tratar los  problemas que nos afectan, sin que esto haya encontrado respuesta y así, seguimos siendo discriminados.

Por ejemplo, basta ver el reajuste recientemente acordado a los fiscales en servicio activo. Para ellos se determinó un mejoramiento del 5 %, más aguinaldos y otras regalías, mientras que nuestro sector ha quedado marginado de dichos beneficios.

Frente al terremoto electoral, donde se eligieron alcaldes y concejales, alrededor de ocho millones de ciudadanos no sufragaron por cuanto están cansados de esperar que la clase política busque soluciones reales para acortar la gran brecha económica que existe entre los chilenos.

En nuestro análisis de las causas de la abstención electoral, lo expresado tiene como finalidad dejar constancia sobre lo que pensamos que podrá suceder en el futuro, especialmente el próximo año, cuando se contemplan las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso que encontrará en la ciudadanía una total indiferencia, provocándose así una mayor abstención que la ocurrida en octubre pasado.

De ocurrir así, consideramos que sería de suma gravedad para la institucionalidad democrática, puesto que las autoridades políticas necesitan un fuerte respaldo ciudadano expresado en las urnas, para validarse en sus cargos y tener una real representatividad ante el país.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y parlamentarias que consideren nuestra reflexión y escuchen a las organizaciones, no solo en el discurso, sino en los hechos, abriéndose a un diálogo con las organizaciones representativas de la ciudadanía.

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07 dic 2012

Desde una democracia representativa a una participativa

En Colombia se celebran los 50 años de la Fundación Ford. El debate giró en torno a una temática que afecta a toda Latinoamérica, que es, como somos capaces de compatibilizar democracia y participación real, con crecimiento económico y explotación de los recursos naturales que permita asegurar una justa distribución del valor y que sea simultáneamente sustentable.

Las conclusiones que han surgido apuntan a que en la mayoría de los países que tienen sistemas políticos, que si bien son democráticos, poseen altos niveles de desconfianza en la democracia y se instaló una demanda permanente de mayor participación de los ciudadanos.

Los motivos que hacen más latente esta participación son los altos niveles de desigualdad en el continente y ellos perciben que las democracias representativas –como la chilena- son insuficientes para canalizar las demandas ciudadanas en la mayoría de los temas.

Por lo tanto, nuestro país debe avanzar hacia una democracia participativa. Esto implica cambios estructurales a nuestro sistema político, porque la Constitución actual amarra e impide hacer cambios debido a los orígenes de la carta fundamental en dictadura, que contiene elementos que son prácticamente imposibles de modificar por las altas exigencias de quorum que tiene.

Si bien se le practicaron modificaciones, estos cambios no fueron suficientes y la ciudadanía percibe que aún no se han producido las reformas sustanciales que se requieren. Como país de manera responsable, con grandes acuerdos nacionales y de cara a la ciudadanía debemos crear una nueva Constitución.

Esta tiene que contemplar un cambio al sistema binominal para que en el Congreso se expresen todas las visiones que hay en Chile; fijar límite a la reelección de cargos públicos para que las personas no se perpetúen en el poder; primarias obligatorias –la ley actual establece el carácter de voluntarias -para que exista competencia y se genere un recambio interno; establecer los plebiscitos vinculantes y referéndum revocatorio; instaurar las iniciativas populares de ley y llevar a cabo un real proceso de descentralización donde logremos, entre otros puntos, la elección directa de Intendentes y Cores.

En el caso de los plebiscitos vinculantes estos buscan zanjar temas estratégicos y muy relevantes para el país como son por ejemplo, la matriz energética que queremos usar, el royalty, el uso de los recursos naturales, si debe existir el aborto terapéutico, prisión para los delitos económicos, lucro en la educación, grados de descentralización, son algunos de los temas que hoy están en la agenda pública; sin embargo son muchos otros los tópicos que también van surgiendo en nuestra sociedad.

Otro de los temas son los referéndums revocatorios para que la ciudadanía tenga la capacidad de vetar leyes votadas por el Congreso y despachadas por el Presidente de la República, con la cual la mayoría no está de acuerdo.O simplemente, decir no queremos que este Presidente o este Parlamento nos sigan representando.

Además, es clave que los ciudadanos puedan participar de manera propositiva –y no solo consultiva- del proceso legislativo.

Por ello, considero que debe relevarse la idea de establecer la iniciativa popular de ley, que consiste en que los ciudadanos tengan el derecho y la posibilidad de incorporar al debate legislativo, mediante los mecanismos pertinentes, propuestas de leyes que ellos consideren relevantes.

Los ciudadanos deben contar con herramientas que le permitan no solo participar una vez cada cuatro años eligiendo a sus representantes, por lo que debemos profundizar nuestra democracia, de lo contrario corremos el riesgo de que la distancia entre los representados y sus representantes seguirá aumentando, produciendo una desconfianza en las instituciones y dañando la posibilidad de nuestro país de avanzar en la dirección deseada.

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07 dic 2012

Certeza jurídica y además respuesta política

No resulta sencillo pensar en estrategias de integración de mediano y largo plazo con los países vecinos, al calor de los alegatos de estos días en la Corte Internacional de La Haya por la disputa marítima Perú v/s Chile, por una parte,y el anuncio del primer mandatario de Bolivia, Evo Morales,por otra, de que una demanda de salida al mar contra nuestro país ante el mismo tribunal estaría “casi concluida”.

Sin embargo, las proyecciones energéticas, de conectividad internacional, intercambio comercial, tránsito de personas y relaciones culturales bien valen la pena poner la mirada en la integración y la colaboración, más allá de las apuestas de dichas naciones por multilateralizar en el concierto global diferencias que son bilaterales.

Efectivamente, el tono mesurado y la claridad de los argumentos de la exposición de Alberto van Klaveren y de los demás agentes de Chile ante los jueces del tribunal internacional en la pugna con Perú,reafirmó la idea de que la certeza jurídica está del lado de Chile.Aunque ello no basta.

Cuestión que encuentra un fértil terreno en el nacionalismo y chovinismo imperantes en estos momentos en nuestro país, que tuvieron una de sus máximas expresiones en las declaraciones de los ex Presidentes Frei y Lagos a la salida de La Moneda hace unas semanas, que ejercieron una presión política a los jueces al sostener que el fallo debería ser en derecho, en oposición a un “fallo salomónico”como en el caso de Colombia v/s Nicaragua.

El Principio de Equidad aplicado por la corte internacional y el carácter político de su sentencia, que benefició al país más débil –Nicaragua-, preocupan a la postura chilena, que ha basado su argumentacióncontra Perú en criterios técnicos: “el caso versa sobre la interpretación y aplicación de tratados existentes”.

Chile sostuvo en los alegatos que los límites entre ambos países en disputa ya están definidos por la Declaración de Santiago de Perú, Ecuador y Chile de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, como punto central de la defensa.

A ello el ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno anterior que en el actual encabeza la defensa chilena ante el tribunal internacional, sumó la tesis de conducta de ambas partes reiterada en el tiempo:“sesenta años de práctica que confirma la existencia de un límite marítimo para todo propósito completamente delimitado”.

La defensa chilena planteó que ambos países han usado y respetado el paralelo limítrofe para diversos propósitos, en materias tan diversas como instalación de cables submarinos, ejecución de reglamentación pesquera y espacio aéreo. Y citó la Resolución Suprema número 23 del Perú de 1955, que reconoció que su zona de dominio marítima “está limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana”, refiriéndose al artículo IV de la Declaración de Santiago.

En definitiva, la postura de Chile sostiene que las zonas marítimas de Chile y Perú han sido completamente delimitadas por acuerdo; que el límite marítimo entre Chile y Perú es el paralelo del punto al cual la frontera terrestre de los Estados respectivo llega al mar; que ése es el paralelo del Hito número 1 y que Perú no tiene derecho a ninguna zona marítima al sur de ese paralelo.

A pesar de la contundente argumentación jurídica de Chile, la Corte Internacional de La Haya puede fallar salomónicamente (como lo hizo en el caso Nicaragua v/s Colombia), lo que plantea nuevos desafíos para la política exterior chilena, no sólo en términos jurídicos, sino también políticos.

En el caso de Bolivia, la adhesión al Pacto de Bogotá de ambos países -Chile y Bolivia-, impediría a este último demandar a nuestro país por la existencia de un tratado entre ambos anterior a 1948, el de 1904.

Sin embargo, aunque Evo Morales ha tratado sin éxito de multilateralizar su demanda de mar a Chile, asegurando incluso que “los tratados no son la última palabra“, un énfasis “político” de la decisión de La Haya en el caso con Perú podría ser leído por el mandatario boliviano como una oportunidad de presión, dado que los argumentos jurídicos se verían debilitados ante el Principio de Equidad que releva las reivindicaciones de los países menos poderosos.

Si bien el Presidente Morales ha amenazado anteriormente con judicializar el conflicto, pero admitió dificultades para llevar adelante una estrategia jurídica debido a la existencia de un tratado vigente, un escenario desfavorable para Chile en la disputa marítima con Perú podría abrir la puerta, si no a una demanda, a lo menos a una estrategia de presión por reactivar las negociaciones que se vieron interrumpidas con el fin de la Agenda de los 13 puntos, con el que se había avanzado en las conversaciones con Bolivia durante el gobierno de Bachelet.

A la luz de estos antecedentes, seguir sosteniendo el argumento de que nuestro país no tiene temas de límites pendientes con ambos países, parece ya no ser suficiente para enfrentar un escenario en que a Chile se le abren dos flancos simultáneamente en la frontera norte.

También es importante considerar que, como es sabido, en momentos de baja popularidad presidencial no hay un tema que genere más unidad interna que la amenaza externa. Actualmente y en orden decreciente, Morales cuenta con un 59% de apoyo popular, repuntando 11 puntos tras las protestas sociales del primer semestre; Humala alcanza el 51% (con 7 puntos al alza tras los alegatos de los agentes del Perú) y cuenta con el respaldo de un 60% de aprobación a su esposa Nadine Heredia (posible futura candidata presidencial) y Piñera, se ubica al final, con apenas el 32%

El desafío para la política exterior de Chile y el gobierno de Piñera es mayúsculo: en el mejor de los escenarios, Chile no tiene nada que ganar.El fallo caerá a mediados del próximo año, en plena campaña presidencial, lo que puede acrecentar discursos en extremo nacionalistas y exacerbar una reacción xenófoba contra los migrantes peruanos.Del mismo modo, Bolivia seguirá escalando su demanda por salida al mar.

Frente a ese panorama, el Estado de Chile debe explorar una nueva forma de relación con sus países vecinos, los cuales –como se ha dicho hasta el cansancio- siempre estarán ahí.

El norte de Chile, especialmente la decaída Arica, tienen mayor potencial con la integración económica y cultural, que con la tensión limítrofe que si no se enfrenta, cada cierto tiempo volverá a surgir de debajo de la alfombra en forma de demandas en las cortes internacionales u otras.

Seguir una carrera armamentista en que Chile triplique en gasto militar a Perú, por ejemplo, no parece contribuir a generar una nueva estrategia que desarrolle el mejor potencial de los pueblos.

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07 dic 2012

Intentan levantar 2 torres en una zona típica

En una crónica titulada “Antes de 2016 se construirían torres que coronarán el Paseo Bulnes”, publicada recientemente en El Mercurio, refiriéndose al anuncio presidencial sobre el proyecto ganador del concurso Plan Maestro Eje Bulnes, se dice que son “dos torres de 45 pisos al final del paseo y frente al Parque Almagro”.

Si los chilenos midiéramos en promedio 1,40 m. podría ser posible que esas proyectadas torres gemelas de 100 m. de altura tuvieran 45 pisos, pero como medimos algo más, es evidente que la cantidad de pisos de las mismas es bastante menor. Si se considera la medición entre losas que tienen la mayoría de los edificios de oficinas, la cantidad de pisos de esas 2 pretenciosas torres podría ser entre 32 y 35.

Lo inmediatamente anterior fue sólo un error de cálculo del periodista que redactó la nota, que nos llamó la atención, producido por la manifiesta ausencia de un corrector de pruebas. En la actualidad en que todo es express ¿existirán todavía esos profesionales?

Ahora bien, yendo al fondo del anuncio, que es lo interesante, nos parece muy bien que se mejore urbanísticamente este importante sector de la ciudad, declarado hace unos 8 años por el Consejo de Monumentos Nacionales como Zona Típica o Pintoresca, a solicitud expresa de la Fundación Defendamos la Ciudad.

Esta iniciativa popular contó con el apoyo de la municipalidad de Santiago, cuyo administrador municipal de entonces, Patricio Cordero, se comportó a la altura de los acontecimientos, como también los arquitectos de Asesoría Urbana y de la Dirección de Obras, quienes aportaron sus conocimientos técnicos y experiencia para fundamentar la petición ciudadana.

El barrio cívico, tal como está protegido patrimonialmente por la Ley Nº 17.288, se empezó a edificar entre los años 1925 y 1935 con la fuerza impulsora del connotado arquitecto e ingeniero austríaco Karl Brunner, quien se guió por las propuestas anteriores de los profesionales Carlos Carvajal, Josué Smith Solar, José Tomás Smith y Carlos Vera. Un Plan Seccional del año 1937 ordenó el estilo, la escala y la materialidad de las imponentes edificaciones existentes, casi todas orientadas a servicios de la administración del Estado.

Ahí están, entre otros, los edificios del Banco Central, el Ministerio de Justicia, el edificio de las Fuerzas Armadas, el propio Palacio Presidencial, la Contraloría General de la República, el ministerio de Agricultura, el ex y espléndido Hotel Carrera, mal transformado en el ministerio de Relaciones Exteriores, etc.  Y en la esquina sur-poniente de las calles Teatinos y Moneda se está levantando un nuevo edificio que se ciñe 100% a esta zona típica.

No logramos comprender que los miembros del jurado de este concurso público no supieran que el barrio cívico cuenta con una regulación urbana que respeta nuestra memoria histórica, a la luz de la existencia de estas elevadísimas edificaciones posiblemente vidriadas, acorde a la moda imperante, que rompen la homogeneidad de las actuales alturas máximas de 30 m.

Es posible que esos expertos no hayan sabido que el Consejo de Monumentos Nacionales tendrá la obligación legal de conocer y resolver acerca de este proyecto antes de la solicitud del permiso que ingrese a la Dirección de Obras Municipales el titular del mismo, ello teniéndose en cuenta lo que ordena el artículo 30º de la Ley Nº 17.288.

¿Qué dice ese artículo?

“Para hacer construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos presentados.”

De su simple lectura se aprecia que las 2 torres no podrán ser autorizadas por la instancia patrimonial, salvo que a última hora y con la aquiescencia de la mayoría de los parlamentarios se modifique la ley, lo cual, con todo lo que hemos visto en materias de políticas públicas, hasta podría ser posible.

Fuimos invitados a la ceremonia de asunción al cargo de alcaldesa de Santiago Carolina Tohá y de su cálido discurso nos quedó claro que ella ejercerá su función con apego a los valores ciudadanos para mejorar sustancialmente los distintos barrios de la comuna más importante del país.

Se comprometió a congelar, el mismo día jueves 6 de diciembre, los permisos de edificación en el sector Matta Sur para que así los proyectos que vendrán se enmarquen en un nuevo Plan Regulador que será más respetuoso con las edificaciones tradicionales existentes.

Recordemos que esta comuna no tiene en su Plan Regulador la necesaria disposición que define la densidad habitacional para sus diferentes zonas y por ello han proliferado infinidad de torres calcadas unas de otras y por ello es indispensable la mano conductora de una persona con sensibilidad.

Carolina Tohá le expresará a las inmobiliarias que reformulen sus intervenciones para que se ciñan a los nuevos y venturosos tiempos que vienen ya que se acabó el largo recreo de que disfrutaron y para ello les pedirá que se encuadren en lo que las asociaciones gremiales de la construcción llaman Responsabilidad Social Empresarial.

Volviendo a las 2 torres de 100 m. de altura, decididas entre un grupúsculo de conocidos, sin un proceso democrático de participación ciudadana, estamos seguros que la nueva alcaldesa ejercerá su liderazgo para que el gobierno de Piñera entienda que estos antojos desajustados de la realidad son inaceptables, ya que el protegido barrio cívico tiene impronta republicana y nadie en su sano juicio podrá vulnerarla.

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06 dic 2012

Enade: la fiesta de los winners

En ENADE se reúnen los winners, los empresarios exitosos y dueños de casi todo el PIB chileno y fue esa audiencia la que eligieron el Presidente de la República y el ministro de Hacienda para reiterar la danza de indicadores que revelarían el éxito gubernamental como el Imacec, la tasa de desempleo y ahora el incremento del PIB per cápita.

Como el Censo 2012 reveló que somos menos –en relación a la proyección de habitantes que estuvo vigente hasta mediados de año- se adecuó el PIB a esa menor cantidad de chilenos/as y se descubrió ‘un atajo o vía rápida’ hacia el crecimiento mediante este ajuste estadístico afirmando que “Chile puede llegar a un PIB per cápita de US$ 22.000 entre 2016 y 2017”.Una fórmula que sin duda no compartimos.

Mientras en la ENADE hablan de éxito y triunfalismo,tanto en Santiago como en regiones, siguen existiendo ‘desigualdades escandalosas’,que incluso denunciaron los Obispos recientemente; se mantiene la falta de acceso equitativo a bienes públicos como la educación y la salud y subsiste la deteriorada calidad de vida en las ciudades en un país donde el 92% vive en centros urbanos, entre otros problemas sociales.

La tecnocracia derechista reduce el análisis social al PIB per cápita y a la planilla Excel y no asume que la mayoría de los chilenos/as queremos vivir una sociedad distinta con menos desigualdades y que no hayan abusos como los de la Universidad del Mar o los de Agrosuper en Freirina o los de la Polar o las de las ganancias excesivas de Isapres y Bancos.

La demanda ciudadana que persiste, es la lucha por la dignidad, por una mayor y mejor participación; una legítima demanda por igualdad de oportunidades reales para progresar en el futuro y que el PIB per cápita no captura, ni la derecha logra entender.

Sin duda, ese mejor futuro lo lograremos si se hace una Reforma tributaria de verdad, donde los empresarios ricos paguen más impuestos y tengan menos exenciones tributarias y esa mayor recaudación fiscal la invertimos en una Reforma educativa pro calidad donde la mayoría pueda acceder a una educación de excelencia, que no dependa del bolsillo de cada grupo familiar como ocurre hoy.

La mayoría del país no está, ni se siente representado por quienes asisten a ENADE y quieren un futuro distinto, donde hayan nuevas políticas públicas que apunten a tener un Chile más respetuoso de las mayorías, con más inclusión social y donde se respete la dignidad básica accediendo a bienes públicos de calidad como son una educación y una salud de excelencia.

Ese es el desafío que tenemos para el futuro cercano y ello requerirá mayor unidad de quienes queremos vivir en un Chile distinto al actual.

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06 dic 2012

Tan cerca de La Haya, tan lejos de Dubai

El pasado 3 de diciembre comenzaron dos eventos de primera magnitud para nuestro país. Uno recibe, con justa razón, la atención de nuestras máximas autoridades, actuales y pasadas. Es motivo de extensos reportajes en la prensa. Destacados analistas políticos intentan descifrar las consecuencias que tendrá para nuestro futuro.Me refiero al inicio de los alegatos de nuestro país y Perú en la Corte Internacional de La Haya.

El otro evento se realiza a varios miles de kilómetros hacia el este. No he visto información en la prensa.Tampoco me he encontrado con declaraciones de nuestras autoridades sobre el impacto de lo que en esa reunión podría ocurrir.

Probablemente sean pocas las personas en nuestro país informadas –y menos las interesadas- en la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales (WCIT, por sus siglas en inglés) que comenzó el mismo 3 de diciembre en Dubai, convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, organismo dependiente de la ONU).

En La Haya nos jugamos que se refrende nuestro criterio histórico: que no existen litigios fronterizos y de soberanía pendientes con Perú, ya que a través de los acuerdos internacionales de 1952 y 1954 los límites marítimos entre ambos países quedaron fijados. Eso es en Chile política de Estado y recibe el unánime respaldo de todos los sectores.

Pero en Dubai nos jugamos algo que, a mi juicio, es también muy trascendente.Nuestra libertad de expresión y el libre acceso a información en Internet está en discusión. Internet puede cambiar con las decisiones que a contar del 3 de diciembre puedan tomarse –a puerta cerrada- en Dubai.

Un grupo de países, liderados por aquellos que hoy censuran el acceso a Internet, entre ellos China e Irán, están promoviendo se apruebe una norma que entrega a la ITU el control sobre la gobernanza de Internet. Ello significaría que serían los estados que integran la ITU, los que definirían las reglas del juego en Internet, pudiendo por las más diversas razones intervenir en todo los contenidos que se comparten a través de la Red.

Es cierto que su gobernanza actual no es perfecta y que Estados Unidos tiene un rol desproporcionado en ella. Sin embargo, su estructura abierta, su pragmática lógica de crecimiento y su gobernabilidad de abajo hacia arriba han hecho de Internet el formidable espacio de información, conocimiento y ejercicio de nuestros derechos que hoy es.

Los usos sociales de Internet han contribuido a cambiar el mundo en la última década y lo está haciendo para bien, permitiendo construir sociedades más abiertas, fomentando la innovación y colaborando en minimizar las asimetrías de información que están en la base de las desigualdades.

¿Cuál es la postura oficial de Chile en la Conferencia de Dubai? No se sabe.

A diferencia de los alegatos en La Haya, no sabemos cómo se pronunciará en Dubai nuestro representante, en este caso el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton. Más allá de algunas vagas declaraciones, aún no hay un pronunciamiento oficial.

Confiamos que Chile rechace los cambios que se proponen y defienda la Internet que hoy conocemos, una que basa su potencial de cambio no en la tecnología en sí misma, sino en la manera distribuida y descentralizada en la que fluye por ella la información.

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06 dic 2012

El chacal de Nahueltoro y el cura Tato

Algunas personas son condenadas por sus delitos, una porción de ellas van a dar a la cárcel. Al momento de establecer una condena los jueces sopesan muchos factores que tienen que ver con el dolor, las pérdidas y el trauma de las víctimas, el daño social, la persona que delinque y las circunstancias especiales de ese delito.

De allí que ninguna condena sea igual a otra, existe un trabajo intelectual arduo que se basa en escuchar atentamente a los defensores, fiscales, peritos, policías y ofendidos.

Un homicidio en una riña de parte de alguien que no tiene antecedentes penales puede tener una pena de 7 años de cárcel; la violación de un niño 12 años; tráfico de drogas 10 años y un día, sólo por dar ejemplos al voleo.

Luego ¿para qué se condena a un ciudadano (no “porqué” eso está claro)? ¿cuál es el fin o finalidad?

Para responder el para qué se condena a un ciudadano que ha cometido un delito, las teorías son fundamentalmente tres:

a) Teoría Retribucionista. Se resume en el ojo por ojo, es decir se impone al delincuente un castigo o venganza proporcional al mal provocado.Esta teoría es la que normalmente está presente en el imaginario ciudadano que considera que la sanción debe ser tan extensa y martirizante como el mal que se ha provocado. Un buen ejemplo está en la pena de muerte.

b) La Teoría de la Prevención Especial. En esta corriente se considera que la pena o condena tiene una misión, cuál es, hacer desistir al autor de futuros delitos, de modo que no hay un fin de saciar la sed de venganza pública, sino la de resocializar al autor.

Piense en este caso en la crítica contenida en el caso del “Chacal de Nahueltoro”, allí según la versión de Miguel Littin se dio muerte a un ciudadano distinto al asesino, ya que después de una labor de rehabilitación se formó a un hombre nuevo capaz incluso de ser un sujeto útil a la sociedad.

c) La Teoría de la Prevención General. Busca que la pena tenga un fin disuasivo en la comunidad, un aviso para todos de lo que puede acontecer si yo no respeto el derecho penal. Es sencillo, si a mis vecinos que venden droga los han detenido y llevado a la cárcel con largas condenas lo pensaré no una sino cien veces antes de pretender ingresar al negocio ilícito.

En Chile obviamente que nuestro sistema penal ha buscado en su desarrollo mezclar un sistema preventivo especial y general, en que sin afectar el debido respeto (o temor) que la sociedad debe tener hacia el sistema de normas y que sostiene una convivencia pacífica, se tiene en cuenta, además, el fin resocializador de la pena, la condena entonces sólo debe durar hasta que exista convicción de que no es necesaria y que el individuo no volverá a delinquir.

La función de la cárcel es la de re educar y por lo mismo debe reconocer los esfuerzos de los individuos que teniendo un comportamiento sobresaliente dan muestras de tal rehabilitación. Ello siempre ha sido así y personas como el “Cura Tato” o el señor Spiniak tienen el derecho a acceder a beneficios como una libertad condicional si cumplen con los requisitos.

Lamentablemente hay personas con poca o nula información que no comprenden esta mecánica y lo que es peor en su ignorancia las emprenden en contra de los jueces, confundiéndose y perjudicando el juicio de otros aún menos informados.

Por décadas y en gran parte de las legislación de los países civilizados las personas que delinquen y cumplen condena pueden acceder a tales beneficios – esto es – hace muchos años que abandonan la cárcel por esta vía sujetos que cometieron homicidios, tráficos, delitos sexuales, fraudes masivos o robos violentos y muchos de ellos se integraron a la sociedad.

Insisto en la antigüedad de la legislación, porque parece que muchos talibanes de teclado que postean las noticias de los principales diarios creen haber descubierto la pólvora en este tema y sobre una legislación evidentemente humanitaria, razonable y que dignifica a la sociedad frente al condenado que quiere una oportunidad.

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06 dic 2012

La Haya: hacia donde apunta Perú

Escribo estas líneas, mientras en La Haya ya se cumple el día de receso en los alegatos por el diferendo marítimo entre Chile y Perú. Un tema sensible, pero que debe abordarse desde una lógica de Estado basada en la unidad absoluta tras los argumentos de la defensa jurídica de nuestro país, que por cierto tiene un comportamiento histórico de apego y respeto irrestricto a tratados y fallos.

Por ello, es necesario y conveniente analizar los planteamientos de nuestros vecinos, que hasta ahora siguen la línea establecida en la Memoria y Réplica peruanas.

Lo primero que puede deducirse es que hay un intento reduccionista y revisionista de los tratados e instrumentos que dan cuenta de la existencia del límite marítimo. Ello, como quedó claro en el alegato de Tullio Treves, se sustenta en las conclusiones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Nuevo Derecho del Mar.

Sin embargo, el Memorándum Bákula habla, precisamente, del surgimiento de nuevos espacios marítimos y subraya la conveniencia de prevenir las dificultades que se derivarán de la ausencia de una demarcación expresa y apropiada o de una deficiencia en la misma, que pueda afectar las relaciones entre ambos países.

Como se puede apreciar, este histórico documento que Perú insiste en recordar peruano reconoce que hay una línea de demarcación, tal vez no expresa, tal vez no apropiada, tal vez deficiente, pero línea de demarcación al fin y al cabo.

Por eso, el argumento peruano se esmera en realizar interpretaciones restrictivas al texto de los instrumentos. Donde dice “frontera marítima” el país del norte quiere leer “frontera marítima sólo con efecto para los pequeños pescadores que operan cerca de la costa y, además, provisional”.

Otra modalidad de interpretación peruana es apuntar a lo que no se hizo para concluir que no hay límite marítimo. Por ejemplo, decir no hay mapa.

También se ha escuchado a Alain Pellet dedicar varios minutos para explicar que el paralelo no es equitativo. Este argumento está tratando de minar casi un dogma del derecho internacional que consagra que un acuerdo entre las partes no es susceptible de evaluación política por parte de un tribunal.

¿Es lógico pensar que la Corte de la Haya esté disponible para que las partes de diversos tratados comiencen a pedir una evaluación de la equidad de los mismos?

Otro tema en cuestión es el comentado Hito 1. Rodman Bundy, otro jurista de la causa peruana, plantea que “no se puede divorciar el límite marítimo del punto inicial de la frontera terrestre”. ¿Qué persigue este argumento? Que la Corte de La Haya concluya que las partes no podrían haber fijado el límite marítimo en el mencionado hito.

Frente a ello, el argumento chileno es que, con independencia de donde se ubica el punto final de la frontera terrestre, que está fuera de la jurisdicción de la Corte, queda claro que las partes están de acuerdo en que el paralelo de la frontera terrestre es el hito 1.

Eso y mucho más deberá quedar claro cuando nuestro equipo jurídico, con el respaldo de todo el país, exponga ante la Corte.

Sin embargo, y tan importante como el fallo, es el hecho de que ambos países deben concordar una mirada frente a un mundo progresivamente competitivo y globalizado.

Nuestro norte no puede ser ganarle al vecino, por lo que este juicio y sus consecuencias constituyen un punto de inflexión y reflexión respecto a la necesidad de reforzar la integración cultural y económica chileno-peruana, que hoy se materializa en un Tratado de Libre Comercio vigente y vigoroso, que está incrementando cuantitativa y cualitativamente el comercio y las inversiones recíprocas.

Claramente tenemos más argumentos para unir a nuestros países, que para distanciarlos.

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06 dic 2012

Panfletos y nacionalización del agua

A propósito del debate limítrofe con Perú, son muchos los actores públicos que hoy se preocupan de la soberanía sin atender aquella que se juega en el control del uso de nuestros recursos naturales y estratégicos, algo que sigue siendo una arista pendiente y de creciente gravedad para los intereses del país.

Un tema que de vez en cuando asoma débilmente en la agenda pública es el planteamiento de una nacionalización o renacionalización de los recursos hídricos, en virtud de que el sistema se basa en el derecho de propiedad privada sobre el uso de las aguas, tal como lo dicta el Código de Aguas elaborado en 1981. No obstante, el mismo instrumento legal declara este recurso como un bien nacional de uso público.Curiosamente al carácter privado recae sobre el uso y no sobre el recurso propiamente tal, una verdadera trampa legal.

De este modo, el debate se alimenta de variadas opiniones y en el mundo político no son pocos los que se cuelgan de esta materia para lanzar sus discursos panfletarios y buscar sintonía con un sentir ciudadano que pareciera estar de acuerdo con un ejercicio real de la calidad de bien nacional de uso público que tiene el agua y erradicar todo indicio de mercado que tenga el sistema.

Lo desagradable es que independiente de estar o no acuerdo con este tipo de planteamientos, lejos de ayudar a resolver el problema sólo consiguen contaminar ideológicamente el debate y polarizarlo de forma innecesaria y contraproducente.

El mismo mercado que como institución gozó de una legitimidad casi irrebatible en los años 90, hoy está sufriendo los embates de múltiples cuestionamientos. Los hechos demuestran que la introducción de este modelo en la asignación de bienes públicos ha fracasado, quedando en evidencia que existen aspectos de su gestión en los cuales el rol del Estado es insustituible. Hoy hay ciertos consensos en los que se puede avanzar sin tener la necesidad de extremar el discurso.

Los problemas en el sistema hídrico no sólo constan de una ausencia del Estado en materias de regulación del mercado de aguas, también hay inoperancias en aspectos de planificación, participación y coordinación entre las acciones del mundo público y privado, lo cual deriva en pérdida de oportunidades y mermas en la legitimidad del modelo. Esto se suma a un marco institucional incapaz de otorgar bases para un aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, que incorpore variables como la equidad social, protección al medio ambiente y desarrollo económico participativo con arraigo local.

Plantear una renacionalización del agua significa que el Estado debe recuperar los derechos de propiedad que asignó a privados gratuitamente y a perpetuidad en décadas pasadas. Los caminos para lograrlo no son claros ni fáciles, la pancarta y el panfleto aguantan mucho pero la realidad institucional refleja un sistema muy bien amarrado y difícil de desatar sin generar costos importantes en la sociedad.

Incluso se ha planteado como alternativa una compra masiva de derechos de agua por parte del Estado, algo que significa un elevado costo para el país y también un regalo para los sectores que han gozado de éstos gratuitamente por más de 20 años. Otro camino mencionado es la reforma legal, que en términos simples significa una expropiación masiva de derechos de propiedad, algo de casi nula viabilidad política, social y económica.

De cualquier forma el camino es engorroso, costoso y con un final poco claro, a la vez que los objetivos o lineamientos generales no están definidos ¿cuál sería la estrategia de país para proyectar en el largo plazo los usos del recurso hídrico?

¿Será una estrategia a nivel nacional o que incorpore un nivel de detalle suficiente para dar cuenta de la diversa realidad geográfica, social y económica que presenta nuestro país? Preguntas sin respuestas hasta el momento.

Son muchas las definiciones previas, son muchos los caminos a recorrer antes de un planteamiento tan políticamente rentable como el de la “Nacionalización del recurso hídrico”.

Por su parte, no cabe duda que el mercado de aguas no ha otorgado respuestas a problemas actuales como la concentración, la inequidad y la baja sustentabilidad de su uso, y será difícil prever que las tenga hacia el futuro.

Sin embargo, en Chile no existe institucionalidad de aguas con la autonomía suficiente para garantizar visiones y políticas de Estado que sean independientes del gobierno de turno. Hay una infinidad de pasos previos en la búsqueda de darle un equilibrio al sistema, no debe pretenderse pavimentar una carretera que aún no está construida.

Las pancartas en esta materia sólo contaminan el debate, traban las discusiones, ocultan las verdaderas propuestas serias que se han elaborado desde diversas asociaciones del mundo académico, social y técnico. Cuando el mercado impacta sistemas públicos los problemas parecen irreversibles, pero recuperar el rol planificador del Estado es una tarea que es posible realizar de manera incremental, responsable y debatida.

La creciente demanda de agua, los efectos adversos que ya está viviendo el país producto del cambio climático y un modelo de desarrollo fuertemente basado en la explotación de recursos naturales, fundamentan la necesidad de cambios urgentes en materia de aguas, pero el mundo político debe estar a la altura de la discusión, empaparse de conocimiento en estos temas, escuchar a los expertos y a la base social, y así poder construir un debate con arraigo social pero a la vez con certeza técnica y mirada seria de largo plazo.

Es hora de dejar los panfletos y hablar seriamente un tema que es serio por definición.

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