A propósito del debate limítrofe con Perú, son muchos los actores públicos que hoy se preocupan de la soberanía sin atender aquella que se juega en el control del uso de nuestros recursos naturales y estratégicos, algo que sigue siendo una arista pendiente y de creciente gravedad para los intereses del país.
Un tema que de vez en cuando asoma débilmente en la agenda pública es el planteamiento de una nacionalización o renacionalización de los recursos hídricos, en virtud de que el sistema se basa en el derecho de propiedad privada sobre el uso de las aguas, tal como lo dicta el Código de Aguas elaborado en 1981. No obstante, el mismo instrumento legal declara este recurso como un bien nacional de uso público.Curiosamente al carácter privado recae sobre el uso y no sobre el recurso propiamente tal, una verdadera trampa legal.
De este modo, el debate se alimenta de variadas opiniones y en el mundo político no son pocos los que se cuelgan de esta materia para lanzar sus discursos panfletarios y buscar sintonía con un sentir ciudadano que pareciera estar de acuerdo con un ejercicio real de la calidad de bien nacional de uso público que tiene el agua y erradicar todo indicio de mercado que tenga el sistema.
Lo desagradable es que independiente de estar o no acuerdo con este tipo de planteamientos, lejos de ayudar a resolver el problema sólo consiguen contaminar ideológicamente el debate y polarizarlo de forma innecesaria y contraproducente.
El mismo mercado que como institución gozó de una legitimidad casi irrebatible en los años 90, hoy está sufriendo los embates de múltiples cuestionamientos. Los hechos demuestran que la introducción de este modelo en la asignación de bienes públicos ha fracasado, quedando en evidencia que existen aspectos de su gestión en los cuales el rol del Estado es insustituible. Hoy hay ciertos consensos en los que se puede avanzar sin tener la necesidad de extremar el discurso.
Los problemas en el sistema hídrico no sólo constan de una ausencia del Estado en materias de regulación del mercado de aguas, también hay inoperancias en aspectos de planificación, participación y coordinación entre las acciones del mundo público y privado, lo cual deriva en pérdida de oportunidades y mermas en la legitimidad del modelo. Esto se suma a un marco institucional incapaz de otorgar bases para un aprovechamiento sustentable del recurso hídrico, que incorpore variables como la equidad social, protección al medio ambiente y desarrollo económico participativo con arraigo local.
Plantear una renacionalización del agua significa que el Estado debe recuperar los derechos de propiedad que asignó a privados gratuitamente y a perpetuidad en décadas pasadas. Los caminos para lograrlo no son claros ni fáciles, la pancarta y el panfleto aguantan mucho pero la realidad institucional refleja un sistema muy bien amarrado y difícil de desatar sin generar costos importantes en la sociedad.
Incluso se ha planteado como alternativa una compra masiva de derechos de agua por parte del Estado, algo que significa un elevado costo para el país y también un regalo para los sectores que han gozado de éstos gratuitamente por más de 20 años. Otro camino mencionado es la reforma legal, que en términos simples significa una expropiación masiva de derechos de propiedad, algo de casi nula viabilidad política, social y económica.
De cualquier forma el camino es engorroso, costoso y con un final poco claro, a la vez que los objetivos o lineamientos generales no están definidos ¿cuál sería la estrategia de país para proyectar en el largo plazo los usos del recurso hídrico?
¿Será una estrategia a nivel nacional o que incorpore un nivel de detalle suficiente para dar cuenta de la diversa realidad geográfica, social y económica que presenta nuestro país? Preguntas sin respuestas hasta el momento.
Son muchas las definiciones previas, son muchos los caminos a recorrer antes de un planteamiento tan políticamente rentable como el de la “Nacionalización del recurso hídrico”.
Por su parte, no cabe duda que el mercado de aguas no ha otorgado respuestas a problemas actuales como la concentración, la inequidad y la baja sustentabilidad de su uso, y será difícil prever que las tenga hacia el futuro.
Sin embargo, en Chile no existe institucionalidad de aguas con la autonomía suficiente para garantizar visiones y políticas de Estado que sean independientes del gobierno de turno. Hay una infinidad de pasos previos en la búsqueda de darle un equilibrio al sistema, no debe pretenderse pavimentar una carretera que aún no está construida.
Las pancartas en esta materia sólo contaminan el debate, traban las discusiones, ocultan las verdaderas propuestas serias que se han elaborado desde diversas asociaciones del mundo académico, social y técnico. Cuando el mercado impacta sistemas públicos los problemas parecen irreversibles, pero recuperar el rol planificador del Estado es una tarea que es posible realizar de manera incremental, responsable y debatida.
La creciente demanda de agua, los efectos adversos que ya está viviendo el país producto del cambio climático y un modelo de desarrollo fuertemente basado en la explotación de recursos naturales, fundamentan la necesidad de cambios urgentes en materia de aguas, pero el mundo político debe estar a la altura de la discusión, empaparse de conocimiento en estos temas, escuchar a los expertos y a la base social, y así poder construir un debate con arraigo social pero a la vez con certeza técnica y mirada seria de largo plazo.
Es hora de dejar los panfletos y hablar seriamente un tema que es serio por definición.