A través de medios de prensa nos hemos enterado que el gobierno pretende realizar licitaciones para la explotación del recurso litio, por medio de los denominados Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).
Declaro mi desacuerdo con la forma en que el Gobierno del Presidente Piñera, está intentando privatizar la explotación de este recurso natural.
No podemos permitir que le suceda a Chile con el litio, lo mismo que ocurrió con el cobre, que finalmente para “no perder nuestro liderazgo en el mercado internacional”, lo entreguemos sin discusión mediante su extracción a privados y no aprovechemos al máximo para nuestro país los beneficios provenientes de este mineral.
En el año 1983, durante la dictadura militar, se impuso un código de minería que entregó nuestras riquezas minerales a inversionistas privados, principalmente extranjeros, además de asegurarles invariabilidad tributaria vía Decreto 600.
El año 2006, 23 años después y luego que la derecha hiciera fracasar un proyecto de Royalty, logramos imponer un Impuesto Específico al Cobre (IEC) y, recién el año 2010, conseguimos un aumento de este impuesto para abordar las tareas de reconstrucción pos terremoto.
Este Impuesto -si bien no es todo lo que la Concertación aspiraba para Chile y su desarrollo- permitió crear el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que distribuye US$ 400 millones anuales entre las regiones del país, lo que ha significado un aumento relevante para su presupuesto anual.
La legislación vigente en Chile, establece al litio como recurso estratégico, lo que en la práctica se traduce -a diferencia del cobre- en un recurso no concesionable.
Si bien la razón que motivó esta clasificación tuvo que ver con su eventual utilización en armas nucleares, la razón ética, económica y política que hoy reviste al litio como recurso estratégico para nuestro país, dice relación con su utilización para el crecimiento y desarrollo sostenible de Chile y del mundo. Por ello, no puede ser objeto de políticas públicas guiadas exclusivamente por una visión de mercado.
La Comisión de Minería y Energía del Senado inició el 2011 un programa de sesiones para analizar el futuro del litio para Chile. En dichas sesiones se ha invitado a diversos actores y se ha constatado las dificultades y falencias del país en la materia, quedando clara la necesidad de establecer -entre otros temas- un modelo de negocio para el litio que garantice su aporte al Fisco, aproveche las ventajas comparativas de nuestro país y nos mantenga como líderes mundiales en la explotación de este recurso.
Me parece completamente inadecuada la forma de proceder de este gobierno, al anunciar los citados CEOL, obviando la discusión que se está llevando a cabo en el Parlamento de la República y, además, desconociendo lo que la Ley establece explícitamente, utilizando un artilugio jurídico-administrativo que nos compromete por los próximos 20 años.
Los CEOL no son los únicos instrumentos posibles de utilizar para proyectar a Chile en el mercado del litio. También es necesario discutir la posibilidad de un joint venture o la explotación directa de Codelco.
El litio se reconoce como la energía del futuro. En la última década su precio ha crecido exponencialmente y los analistas esperan que llegue a US$ 7.000 la tonelada.
Es un mercado en expansión y Chile es la segunda reserva más grande del mundo después de Bolivia, por ello no es razonable ni deseable la urgencia que la industria quiere poner en la discusión.
Nuestras riquezas no pueden terminar en manos de unos pocos, y el rol que el Estado debe tener es para utilizar los recursos naturales en forma sustentable y que los beneficios –sus rentas- lleguen a todos.
Eso es ser eficiente, y no presentar propuestas de esta envergadura en temporada estival, de un tema relevante para el futuro de Chile como para pasar “por secretaría”.
Los chilenos y las chilenas no nos merecemos esto del gobierno.
