Hace algunos días estuve coordinando una misión profesional periodística que viajó a Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes e influyentes de Honduras. La visita obedeció al deseo de los medios hondureños de prensa que sus periodistas reciban capacitación en medidas de seguridad para el ejercicio profesional, programa elaborado con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Catorce comunicadores sociales fueron asesinados entre 2009 y 2011 en ese país centroamericano y diversas Salas de Redacción han sido blanco de bombas y balas.
El presidente Porfirio “Pepe” Lobo se ha comprometido a profundizar las investigaciones para esclarecer esas muertes de periodistas, pero hasta el momento los crímenes siguen impunes, y más allá de esos asesinatos de colegas, toda la ciudadanía expresa su profundo malestar por la violencia que se desborda frente a la ineficaz Policía Nacional.
Tanto que Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, visitando Honduras, declaró que “esta policía está salpicada por agentes y oficiales implicados en crímenes y otros delitos”.
La prioridad número uno del Congreso Nacional, en palabras de su presidente Orlando Hernández, es la depuración de la Policía, “un proceso irreversible, no negociable y que nadie lo detiene”, afirmación coincidente con la del propio Lobo, convencido también de que nadie cree en la fuerza policial de su nación, sumergida en una podredumbre, por lo que pidió ayuda internacional para rescatarla.
Chile “se cuadró” con la experiencia de Carabineros. Y expertos del FBI y España también asesorarán.
Tres altos oficiales de la policía uniformada chilena llegaron a Tegucigalpa en tarea de rescate. El general (r) Samuel Cabezas, el coronel Juan Carlos Castro y el teniente coronel Sergio Alarcón.
Fueron recibidos en la residencia presidencial de El Chimbo, en el Parlamento, en la Fiscalía General, y en otras instituciones, en donde se les reiteró la necesidad de que investiguen, analicen y diagnostiquen con el propósito de alcanzar la reestructuración exhaustiva de la fuerza policial, limpieza que será apoyada con nuevas leyes en el Estado de derecho que consignen aplicación de una justicia pronta, transparente y equilibrada, “que rinda cuentas, que combata y castigue la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad”, según el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera.
El punto de inflexión para esta marejada nacional de repudio, pidiendo una mejora policial a fondo, fue el asesinato — con ese calificativo– de dos estudiantes universitarios en manos de los agentes, seguido del encubrimiento y corrupción.
La madre de uno de estos jóvenes, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tomó la bandera de la lucha contra la impunidad, remeciendo –y aún remece– a toda la sociedad hondureña.
La Fiscalía de Derechos Humanos determinó que hubo un irregular proceder de las autoridades policiales, jefes y subalternos, permitiendo incluso la fuga de los cuatro uniformados vinculados al doble crimen.
Así las cosas, el Congreso aprobó la semana pasada una ley que permite la depuración tan esperada, creando a la vez una Comisión de cinco miembros (uno de ellos chileno y otro colombiano) para la total reforma de la Seguridad Pública.
La llegada de la misión de Carabineros provocó aplausos en la comunidad, reflejados en la prensa. “Los chilenos tienen un digno ejemplo a considerar en cuanto a fuerza pública de mucho prestigio. El Cuerpo de Carabineros ha sido reconocido como la institución de mayor credibilidad en Chile”, afirmó el presidente del Congreso hondureño en declaraciones reproducidas por los diarios del país.
“El tema de la seguridad es el talón de Aquiles, pese al esfuerzo e iniciativas de los últimos meses, exigidos ante el destape de la corrupción, de la delincuencia y criminalidad en el cuerpo policial”, apunta un editorial de La Prensa, mientras el matutino La Tribuna grafica la noticia al respecto con un elocuente y colorido anuncio publicitario: “No más policías delincuentes. ¡Intervención YA!”
El columnista César Indiano critica en La Prensa al presidente Lobo “por permitir que el pueblo se ahogue entre la incertidumbre económica y la matanza humana”. El Mandatario admitió que no ha podido dar seguridad a los hondureños como lo prometió en su campaña. Pero insiste: “Me dejo de llamar Pepe si no logro tener a Honduras en paz”.
En casa chilena sabemos de los “guanacos” mojando a estudiantes, de los apaleos callejeros más allá de la cuenta, de la represión a pobladores, indígenas, trabajadores; de uno que otro exceso en el campo de Curacaví. Pero está claro que nadie se atrevería a intentar coimear a un carabinero.
La interrogante a resolver está en que si Carabineros de Chile tiene una buena y cristalina formación profesional, goza de credibilidad y confianza, ¿en qué momento y porqué los policías hondureños pierden esas condiciones, considerando que son numerosos los oficiales graduados como subtenientes en la Escuela de Carabineros, en Santiago?
Entre estos últimos está el actual rector de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), comisionado Jorge Armando Carias, compañero de promoción del coronel Castro, integrante del “equipo de rescate”, con quien no se veía desde hacía casi 30 años, cuando estudiaban en el cuartel de la avenida Antonio Varas.