14 jun 2012

El colega Camilo, periodista y mucho más

“Quitadme todas las libertades, pero dejadme las de pensar y escribir”. Esta exigencia retrata fielmente al Fraile de la Buena Muerte, el primer periodista chileno.

Doscientos años después de “La Aurora de Chile”, el periodista Fernando Otayza, nos presenta la “Biografía y Escritos de fray Camilo Henríquez”, en tres volúmenes que contienen su azarosa existencia, emociones, encuentros y desencuentros, ráfagas de alegría y largas penurias, procesos, prisiones, exilios, censuras, relegaciones, conflictos y polémicas. Fray Camilo, el hombre, el pensador, el periodista, el médico y el político-ideólogo de la Independencia de Chile.

En Lima la Inquisición lo procesó en tres ocasiones. Seis meses permaneció encarcelado en las mazmorras limeñas. Finalmente se probó que el libro que había escondido bajo su colchón no atentaba contra los dogmas de la Iglesia.

Fray Camilo siempre fue un católico sincero, desde cuando profesó en Lima. Jamás negó dogma alguno de la Iglesia. Tenía sí dudas acerca de las políticas temporales y contingentes ordenadas o aplicadas por Roma.

No concibió jamás la divinidad de la monarquía. Creyó inflexiblemente en las ideas republicanas. Mantuvo distancia con aquellos que se oponían a otorgar educación al pueblo y negarla a las mujeres. Redactó en 1811, el decreto que declaró la libertad de vientre y eliminó la esclavitud en Chile. Logró la abolición de la pena de azotes en la justicia ordinaria y la de palos en los recintos militares.

Fue el fundador de la primera revista del país, el primero en reclamar por el escuálido pago que recibían los profesores. Fue autor del plan de estudios del Instituto Nacional, redactor del decreto que ordenaba a los conventos de monjas abrir escuelas para mujeres.

Creó y redactó el decreto que dispuso de un vehículo para trasladar gratuitamente a enfermos sin recursos a los hospitales. Y no es todo, Henríquez planteó por primera vez la “chilenización” de la minería del cobre y del hierro.

El colega Camilo, sembrador de ideas y despertador de inquietudes, piedra de escándalo para los timoratos, índice de orientación para los comprometidos, muralla contra las injusticias, fiel defensor de los desamparados y de los pueblos originarios.

Otayza nos da a conocer los centenares de artículos publicados por el colega Camilo en “La Gaceta Ministerial”, “El Censor” de Bs. Aires, la “Aurora de Chile”, “El Monitor Araucano”, el “Mercurio de Chile”, el “Diario de la Convención” y “El Nuevo Corresponsal” en Santiago.

El 16 de marzo de 1825, expiró el ideólogo de nuestra independencia.

“El esquilón del viento dispersa las tristes campanadas de la Catedral y de la Merced anunciando el deceso. Una calesa se detiene en el N° 33 de la calle Teatinos. Descienden el Director Supremo, Ramón Freire y su ministro Francisco A. Pinto. En la modesta cama yace amortajado con el sayal de los Monjes Camilos, el padre del periodismo chileno. El Congreso ha rendido homenaje a uno de sus parlamentarios. A la hora de los funerales, desde el Santa Lucía, se escuchan las salvas ordenadas por el Gobierno. Todo ha terminado.”

Descansaba en paz el tenaz defensor de la libertad en todas sus expresiones, orgullo de los periodistas y de todos los chilenos.

2 comentarios
14 jun 2012

¿Democracia o provocación?

El homenaje que algunos grupos pro Pinochet le rindieron el domingo pasado al ex dictador de Chile ha sido discutido básicamente en un punto. ¿Es obligación de la democracia permitir los homenajes cualquiera que fuese el perfil del homenajeado? ¿O es más bien una simple provocación de minorías a sabiendas de la reacción que podría provocar en la población chilena?

Mi respuesta a la primera pregunta es positiva porque, efectivamente la formalidad de la democracia debe cumplirse en torno a la demanda del grupo de chilenos que así quiere representar su respaldo a una figura política en la historia de Chile.

Sin embargo, en la perspectiva ética de los Derechos Humanos y en el respeto a la historia chilena, es absolutamente legítimo, también, considerar este acto como una provocación porque se sabía de antemano que iba a incitar una reacción airada en grandes multitudes de chilenos que sufrieron la muerte o desaparición de sus familiares en el período de la dictadura de Pinochet.

¿Cuál de los dos valores prima para juzgar el acto?

No entregar el permiso correspondiente podría interpretarse como un atropello a los Derechos  que el Estado debe resguardar en democracia, pero mi percepción y en la visión humanista cristiana de los derechos fundamentales y del rechazo absoluto a los actos de violencia cometidos en 17 años, mi respuesta es que debe primar el valor ético de los Derechos Humanos.

Esta es la concepción tradicional de la doctrina cristiana y es también la doctrina clásica de los grandes humanistas a través de la historia.

Los derechos de la libertad, el respeto a la vida, el resguardo del bien común, el sentido de vida y el rechazo a la muerte ominosa son valores de primera categoría porque sin ellos la democracia tampoco podría existir. Es por lo tanto un tema de lógica elemental y de exigencia para el propio comportamiento democrático.

En la solemnidad que significa el recordar la dura realidad de esos años uno de mis nietos me dijo: “¿Sabes? Hacer este homenaje es como matar por segunda vez a los que murieron por la dictadura”. Eso que es real y de lógica rotunda desnuda de toda lógica positiva para calificarlo como un nuevo crimen atroz como sucedió en tantos años.

Quedan dos aspectos que bien vale la pena mencionar.

El primero es la conducta de los contra manifestantes que fue de una inusitada violencia, que la puedo entender y comprender en el profundo dolor lleno de ira cuando se ven manifestaciones de apoyo a quien como gobernante totalitario, ordenó golpear y matar si era necesario a su juicio; torturar o hacer desaparecer a los que no pensaban como él y que han visto homenajear al autor intelectual y material de las masacres de chilenos. Salir a expresarse de esa manera era también correr riesgos pero como dice el escudo de Pedro de Valdivia: “la muerte menos temida da más vida”.

Pero también debo reconocer que en la perspectiva larga de nuestra historia y desprecio por la dictadura, la violencia espontánea y la destrucción sin causa únicamente ayuda a los defensores de Pinochet porque su recuerdo lo asocian al Orden y como insuperable expresión de terminar con el Desorden.

Finalmente el coletazo político más fuerte y como consecuencia del homenaje al dictador  han sido las declaraciones del ministro Secretario General de Gobierno don Andrés Chadwick, que señaló específicamente su rechazo a los actos y crímenes de la dictadura. Si bien es cierto ha manifestado su aprobación al Gobierno de Pinochet, ha mantenido su rechazo a los actos de barbarie. Lo han seguido también otros ministros en la misma línea.

Estas expresiones han tenido, por supuesto, respuestas variadas. Algunos las rechazan por tardías. Otros las rechazan por no creíbles.

Otros las recogen positivamente porque todo aquello que sancione el horror de la dictadura debe conducir necesariamente a construir el perfil verdadero de la historia y de Pinochet. Porque en esta materia la memoria y la pasión no siempre son fáciles de conjugar.

Por mi parte, políticamente, las considero valiosas y desde el punto de vista personal, en mi perspectiva humanista cristiana no puedo sino recogerlas positivamente.

¿Podría no creerle? Evidentemente que sí. ¿Qué ganaría con eso? Nada. Solamente perder una oportunidad de volver a creer en el Hombre y su capacidad de arrepentimiento o no creer en nada y seguir atrapado en la profunda decepción que significó para mí la adhesión al golpe militar de muchos que jamás debieron estar en esa posición.

Poco a poco se van dando los hechos necesarios para que podamos llegar a una reconciliación nacional, que es una manera de mirar el mundo más que resolver asuntos, en donde no hay caridad sino justicia porque sólo una vez aplicada ésta podemos perdonar.

Nuestra demandada frase de NUNCA MAS debe ser hoy nuestro grito de esperanza, por eso negarse a hablar es una de nuestras tantas insensateces. Menos aún después del domingo.

6 comentarios
14 jun 2012

Un antojo presidencial

En la edición del domingo 10 de junio pasado El Mercurio publicó el editorial ¿Extensión o densificación de la ciudad? refiriéndose a estas dos distintas formas existentes para abordar el crecimiento de la megalópolis de Santiago, inserta en una de las regiones más contaminadas del país, la que por ese motivo cuenta desde el año 1997 con un fracasado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

En esa editorial se decía que “recientemente 63 organizaciones ciudadanas requirieron a la Contraloría que no tome razón de esa resolución”, aludiendo a un acto administrativo de la Intendenta, mediante el cual se le daba curso a un intento del gobierno en orden a seguir expandiendo la ciudad a extramuros. Para que sea realidad la tentativa presidencial la Contraloría debería tomar razón de tal acto, lo que creemos no sucederá por lo que diremos más adelante.

Recordemos que la Cámara de la Construcción, interesada en la materia, basada en un informe de una universidad privada que recibe cuantiosos recursos del Estado, pregona a través de la prensa con inusitada insistencia que en el Gran Santiago quedarían solo 1.800 hectáreas para construir viviendas, lo que nos trae a la memoria pretéritas campañas del terror.

Ahora bien, vía la modificación PRMS-100 del Minvu, se desea transformar 10.000 hectáreas agrícolas a urbanas, localizadas en 8 comunas periféricas, contemplándose en estos nuevos territorios la ejecución de proyectos inmobiliarios que tendrían una insignificante exigencia para construir viviendas sociales.

El gobierno para satisfacer las ansias de los especuladores con el recurso suelo, sin escuchar al Colegio de Arquitectos de Chile ni a esas 63 organizaciones ciudadanas, está empeñado en sacar adelante su proyecto que modifica los límites urbanos regionales para que en estas 10.000 hectáreas se puedan ejecutar negocios inmobiliarios llamados condicionados por sus avispados promotores.

Como es una falacia  lo  que plantean los interesados en los cambios de usos de suelo, en cuanto a que quedarían solo 1.800 hectáreas para construir casas o edificios residenciales, traemos a colación lo que afirma Pablo Trivelli, editor del “Boletín del Mercado del Suelo en Santiago”, documento que es utilizado recurrentemente por aquellos que se desenvuelven en estos negocios y por los propios funcionarios del Minvu.

Utilizando una entrevista que le hizo el lunes pasado una radio al especialista mencionado, transcribo lo siguiente para que los lectores saquen sus propias conclusiones : “Las áreas urbanas ya ocupadas tienen como 83 mil hectáreas en la Región Metropolitana y las áreas normadas con uso urbano tienen 123 mil, eso significa que quedan 40 mil hectáreas. Hay un informe del año 2010 que dice que el consumo de suelo urbano en la Región Metropolitana es de 700 hectáreas, nos quedan 40 mil, son como casi 60 años. Hay terrenos de sobra”.

Trivelli, que no está en el juego de la especulación, porque es un reconocido académico dijo lo que muchos saben, pero que lo callan. Luego está claro que la propaganda comunicacional para distorsionar los hechos ha quedado al descubierto.

Es del caso señalar que el proyecto PRMS-100, ya fue rechazado en su oportunidad por la Contraloría por motivos de forma y fondo, pero majaderamente después de ciertos arreglos cosméticos, fue ingresado de nuevo por el gobierno en la Contraloría y por ello la campaña desinformativa.

Pero el gobierno, para evitar la necesaria nueva votación en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, ingresó directamente en la Contraloría su proyecto regalón, para así evitarse el riesgo del rechazo; tampoco contó con la forzosa Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), exigida por la nueva legislación ad hoc, y hasta estos días la opinión pública desconoce los nombres de aquellos particulares que obtendrían las plusvalías patrimoniales derivadas de los nuevos usos de suelo; no existió un adecuado proceso de participación ciudadana y se vulneró la restrictiva legislación que tienen los predios rústicos de 0,5 ha (parcelas de agrado) acogidos al DL 3.516 de 1980, habida consideración que en esas 10.000 hectáreas hay un cierto porcentaje de esas subdivisiones que se deben mantener como agrícolas.

En síntesis, estamos ante una situación absolutamente surrealista, propia de los países en donde las cosas se hacen de acuerdo a la decisión del jefe supremo y por ello estaremos atentos al desarrollo de los hechos.

En todo caso, El Mercurio diario que orienta al gobierno en sus políticas públicas, terminaba su editorial con la siguiente expresión: “el mercado no puede resolver por sí solo este dilema, por lo que se requiere una dosis de planificación prudente y consensuada con la población en cuanto a estética, calidad de vida, transporte y contaminación, y una institucionalidad eficaz que vele por un futuro urbano sustentable”.

Compartiendo plenamente lo que dice el decano, ahora esperamos que prime la racionalidad y sana práctica por parte de Piñera, con lo cual pronto se debería iniciar un abierto proceso democrático para establecer las reglas del juego urbanístico en esta colapsada región metropolitana.

4 comentarios
14 jun 2012

Empleo, beneficios y reforma tributaria

De acuerdo al mensaje enviado al Congreso Nacional por el Presidente de la República, los objetivos de la nueva Reforma Tributaria son generar los recursos necesarios para financiar mejoras en el sistema educacional, fortalecer la generación de empleos, el crecimiento económico, velar por el medio ambiente, y aliviar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y de la clase media.

En lo que se refiere a la generación de empleos y el crecimiento económico, estimo que se podría modificar el régimen de tributación que contempla el artículo 14 Quáter de la Ley de la Renta.

Este sistema simplificado de tributación fue agregado por la Ley N° 20.455, y favorece a los contribuyentes de primera categoría que tributen con renta efectiva y contabilidad completa, eximiéndolo del impuesto de la citada categoría hasta el límite de 1.440 UTM siempre y cuando cumplan con los requisitos legales.

Pueden acogerse al sistema todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, y que siguen sujetos a todas las obligaciones de régimen general del art. 14 de la Ley de la Renta, entre ellas la determinación de la renta líquida imponible que establecen los arts. 29 y siguientes de la citada ley.

Entre dichos requisitos se encuentra que los ingresos totales del giro no superen en cada año calendario un monto equivalente a 28.000UTM; no poseer ni explotar, a cualquier título, derechos sociales o acciones de sociedades, ni formar parte de contratos de asociación o cuentas en participación, y que en todo momento el capital propio del contribuyente, no supere el equivalente a 14.000 UTM.

Para acogerse a lo anteriormente descrito, existen dos alternativas:

1.- En la declaración de inicio de actividades. En este caso, el contribuyente quedará acogido al nuevo sistema por el año comercial siguiente al de inicio de sus actividades.

2.- Al momento de efectuar la declaración de impuestos anuales a la renta, (formulario 22), caso en el cual la exención a que tenga derecho se aplicará a partir del año calendario en que se efectúe la declaración.

Si se deja de cumplir alguno de los requisitos establecidos por la ley, dicha circunstancia deberá ser comunicada al SII durante el mes de enero del año calendario siguiente, y no podrá aplicar la exención.

En cuanto a los objetivos de que da cuenta el discurso del Presidente relativo a la Reforma Tributaria, específicamente en lo referido a la generación de empleos y el crecimiento económico, estimo que podría aumentarse el requisito que permite acogerse al sistema, a una cifra mayor a las 28.000 UTM a determinar, por ejemplo, al doble de ésta, lo que permitiría que más contribuyentes de un tamaño pequeño, pudieren tributar de acuerdo a este sistema.

Deja un comentario
13 jun 2012

Las dudas presidenciales del oficialismo

Las presiones por la salida del gobierno de los presidenciables se multiplican. Mientras unos piden que la salida sea “más temprano que tarde”, otros afirman que ello debe ocurrir después de las municipales.

Ese es el dilema: antes o después de octubre. Sin embargo, pareciera que se consolida la tesis de que ello ocurriría en enero; sobre todo, después de la “proclamación oculta” de Allamand y de las exigencias del ejecutivo.

A fines de marzo Longueira planteó la tesis de la primera vuelta con los tres postulantes del oficialismo.Desde ese momento, el debate presidencial se desató y comenzaron las definiciones sobre el mecanismo y los tiempos. Con ese impulso los actores del oficialismo fueron definiendo sus preferencias y poniendo en la mesa sus opiniones.

La dinámica está en ascenso y no hay como detenerla. De hecho, el “discurso de Allamand” a principios de junio en el Consejo de RN no hace más que abrir una nueva etapa en la carrera presidencial de la Alianza. De hecho, se espera –para las próximas semanas- la respuesta de la UDI y Longueira. Por su parte, todo indica que La Moneda ha optado, definitivamente, por Golborne.

El tema es muy complejo dadas las lealtades en juego y las dudas instaladas. Medio año más de incertidumbre y de lucha latente es insostenible. ¿Por qué?

Hay cuatro razones que aconsejan que las definiciones presidenciales del sector deban comenzar. En esa dirección, el oficialismo tiene que definir el mecanismo y el momento en que los presidenciables salgan del gabinete.

En primer lugar está el hecho de que mientras no exista definición ni claridad sobre el candidato no habrá crecimiento en las encuestas. No saben quién va ser el candidato, cómo lo van a definir, cuando lo van a definir y que programa van a impulsar. ¿Cómo se puede crecer en ese escenario?

Segundo. El Gobierno necesita tranquilidad y unidad para terminar su mandato de manera digna y poder remontar –lo que más se pueda- en sus niveles de aprobación. El ejecutivo y sus apoyos políticos necesitan certezas; los ministros deben jugar.

En el actual escenario todos saben que este gabinete tiene “fecha de vencimiento” y que está contaminado por una lucha presidencial latente que no sólo contribuye a que el gobierno siga cometiendo errores, sino también motiva a que otros Ministros se involucren. ¿Cómo es posible que el Presidente no pueda ordenar la mesa y deba navegar en un mar de incertidumbre?

En tercer lugar, está el hecho de que los presidenciables también requieren certezas y equipos. Seguir en el marasmo de la indefinición, cuando deben remontar muchos puntos, sólo los debilita. Deben trabajar por su opción de manera tranquila, sin miedos ni culpas.Para acortar distancia hay que apurar el paso. Competir con freno, no tiene sentido.

Finalmente, en cuarto lugar, surge la posibilidad de participar de la campaña municipal como pre candidato. De lo contrario, habrá que mirarla desde la ventana de la oficina ministerial y ponerse un “parche en la boca”. Cómo un presidenciable se va perder esta oportunidad de recorrer Chile haciendo campaña.

Y dadas las circunstancias por las cuáles deben comenzar a competir hoy de manera transparente, ¿por qué, no lo hacen?

En primer lugar, surgen las dudas. Ellas tienen que ver con la manera de relacionarse con el gobierno, con el mecanismo para elegir al abanderado, con los contenidos programáticos, con los equipos a diseñar, con las posibilidades reales de ganarle a Bachelet –o a la oposición- y con los tiempos del cronograma presidencial.

También están las sensibilidades, lealtades y compromisos para no debilitar al gobierno.Como candidatos deben definir la distancia que tendrán con el ejecutivo y su obra.

Además, surge la política del espejo; es decir, moverse en función del otro. Hay dos posibilidades: que se haga una salida programada y consensuada de los presidenciables o que uno de ellos use el “factor sorpresa”.

En el primer caso, hay dos alternativas: que se vayan “los tres” o “solo dos”. El escenario de los tres fuera del gabinete no es prudente para la UDI ya que la competencia entre Longueira y Golborne sólo generará tensiones y los debilitará. Surge, por tanto, la posibilidad de que salgan del gabinete dos presidenciables,Allamand y Golborne o Longueira. Esta fórmula también pasa por una definición del gremialismo.

Y finalmente, puede surgir el “factor sorpresa”. En este escenario uno debe salir y comenzar su carrera presidencial sin avisarle a nadie. De un día para otro el panorama cambiaría de manera radical. Al mismo tiempo, las tensiones aumentarían fuertemente.

Por último, surge el inmovilismo del gremialismo por la tensión que genera la competencia latente entre Golborne y Longueira. La directiva juega con el tiempo político y define como fecha tope enero del próximo año. Se esperan para las próximas semanas novedades.

Ha llegado el momento de pasar de la competencia latente a la manifiesta. La indefinición del oficialismo responde a los tiempos políticos de la coyuntura, a sus propias confusiones y a una política defensiva.

En ese escenario sólo busca ganar tiempo y esperar el devenir de los acontecimientos sin atreverse a torcer la historia.

Todo, finalmente, termina formando parte de la política defensiva y confusa en la que cayó la derecha desde el primer día de su tan esperado gobierno. Por lo menos, tienen a su favor un escenario presidencial lleno de virtualidades.

2 comentarios
13 jun 2012

La reforma al Código de Aguas

La Región de Atacama es uno de los casos críticos de la realidad del país en materia de aguas: una zona donde confluyen la escasez, la necesidad de la industria minera por contar con recursos hídricos, la mala calidad del servicio a las personas, los cortes frecuentes de suministros y una especulación desatada de los derechos.

Junto a ello, una mala regulación que inhibe al Estado e impide una acción integral, articulada y moderna sobre las aguas. El corazón de este esquema es el Código de Aguas del año 1981.

Este código tiene una serie de características que no compartimos y que son consideradas como centrales en las dificultades para enfrentar los problemas y los desafíos en materia de aguas. En primer lugar, solo se ocupa de la función productiva del agua, minimizando y olvidándose de las funciones ecológicas, sociales y culturales del recurso: el agua se ha cosificado.

A pesar que el agua es un bien nacional de uso público -que pertenece a todos los chilenos- el Código lo privatiza al otorgar propiedad sobre el derecho de aprovechamiento, perteneciendo a un grupo reducido de dueños.

Son ellos mismos quienes están a cargo de la gestión del elemento, que se entrega a las asociaciones de usuarios y dueños, excluyendo al resto de la ciudadanía, a pesar que es esencial para la vida y sustentabilidad de la misma. Y es el mercado, entregados los derechos de una cuenca, quien distribuye el agua.

De este modo, el Estado chileno no tiene facultades de gestión ni administración del agua, y solo tiene facultades menores. Mientras que en todo el mundo la gestión integrada de recursos hídricos es la forma aceptada de gestión del agua, donde el Estado juega un rol fuertemente planificador y regulador, como ocurre en Australia, que al igual que Chile es un país minero.

Luego de 30 años de vigencia, este código ha demostrado ser fallido y es uno de los principales nudos a desatar para enfrentar la crisis que vivimos.

Y dentro de ese período durante nuestros 20 años de gobiernos de la Concertación no contamos con los votos suficientes para cambiar el Código de Aguas, frente a la tenaz oposición de la derecha y su defensa de intereses corporativos.

Hubo muchos intentos de parlamentarios por modificarlo, a través de varias mociones de reforma constitucional, acompañadas de un fuerte debate al interior de los gobiernos de la Concertación para abordar el tema de manera profunda. Sin embargo, sólo se pudo acordar y aprobar una pequeña modificación el año 2002 y contar con el proyecto de reforma constitucional enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Es hora de retomar esta iniciativa -retirada por este gobierno- discutiéndola seriamente y partiendo por eliminar las concesiones a perpetuidad. Tal como el proyecto lo planteaba: “Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.

Luego, promover la gestión integrada de recursos hídricos, incluida la planificación hidrológica. Esto supone, en gran medida modificar ampliamente el modelo de mercado del Código, y dentro de ello, se deben incorporar las dimensiones ecológicas, sociales y culturales en la gestión del Agua.

Esto es, que el Código no se haga solo cargo del caudal ecológico mínimo y de los bofedales, sino que también de la gestión ambiental de riberas, lecho del río, bosques, sobre los que se debe invertir para asegurar calidad y cantidad de agua.

En el ámbito institucional debemos reforzar las asociaciones de usuarios, considerando las asociaciones de canalistas, las juntas de vigilancia, y las comunidades de agua, entre otras, y promover una reforma completa al sistema institucional, partiendo por la Dirección General de Aguas (DGA).

Dadas las situaciones críticas en varias regiones del país es imperioso incorporar la gestión de desastres, partiendo por la sequía. El Código solo considera medidas por seis meses, plazo que alcanza para ganar tiempo, pero no para diseñar soluciones reales, como ha ocurrido con la declaración de escasez hídrica de la cuenca del río Copiapó.

Finalmente, es necesario mejorar los sistemas de información hídrica, tendiente a reforzar una mayor educación sobre el tema y a promover un cambio cultural sobre el agua.

Estas propuestas son resistidas para los que gozan de los beneficios del Código pues constituyen nuevas reglas del juego y sobre todo, un cambio radical en función de devolver el agua a sus verdaderos dueños y recuperar su función pública para el desarrollo sustentable del país.

10 comentarios
13 jun 2012

¿Populismo o presión de elite?

Cuando Colbún decidió hacer un gesto- que algunos denominaron como “huelga de brazos caídos”- respecto al tendido de HidroAysén, más que alegría ante la suspensión del proyecto históricamente más rechazado por los chilenos, despertó nuestra alerta y cautela.

Y esto porque la acción de difundir profusamente “un hecho esencial sobre suspensión de inversión” no fue gratuita, sino un acto político y comunicacional de molestia y presión al gobierno, que vino a coronar el conjunto de declaraciones públicas del presidente de la CPC, gerentes, consultores y técnicos vinculados al tema eléctrico a defender las inquietudes del sector, bajo la premisa de dar seguridad al sistema y entregar “mayor certeza” a proyectos como HidroAysén, Castilla y Río Cuervo.

Con ello, urgieron al gobierno a resolver el problema de normas insuficientes para facilitar la inversión y la existencia de una incómoda “judicialización” de los proyectos.

Dejando de lado el tema técnico, en el se apela al argumento del terror que amenaza con dejar al país a oscuras si no duplicamos la actual matriz energética; vale la pena destacar uno de los razonamientos que usó el director de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en La Tercera: “el peligro del gobierno de ser populista y ceder ante los grupos de poder”.

Igual que Orwell y la más famosa frase del decálogo de la Granja de los Animales—eso de que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros – la opinión del director de ese Instituto no es más que el sentir de un grupo pequeño, pero muy influyente de la población que le pide -más bien le exige – al Presidente Piñera que no escuche a los millones de chilenos que han salido a reclamar en las calles durante los últimos años, so pena de ser populista.

Al revés, conmina al Presidente a actuar respecto de lo que unos pocos, pero muy ricos, le han solicitado por la prensa y en persona -durante el reciente almuerzo en el palacio de Gobierno- y sin tapujos, bajo la premisa de que “es lo que el país necesita”.

Estos hechos han sincerado frente al país los deseos del oligopolio eléctrico: hacer los proyectos que quieren, cuando quieren, donde quieren y cómo los quieren, contra la voluntad de las personas, sin importar los impactos sobre la gente, los ecosistemas, las economías locales o los legítimos proyectos de desarrollo regional, vulnerando con ello la igualdad de derechos y el interés público (es decir, de la mayoría) que es rol del Estado cautelar y defender.

Se ha explicitado así un grave problema en nuestra democracia: se pretende seguir imponiendo los intereses de una pequeñísima minoría que ha concentrado lucro y poder utilizando una Ley Eléctrica del año 1982 (cuando no había Congreso Nacional) que les favorece.

Ante esta presión del poder y dinero, el Gobierno ha respondido en tiempo record: almuerzo en la Moneda y anuncio de leyes inmediatas.

A diferencia de como lo ha hecho ante las demandas de Aysén, o en los casos de Puchuncaví, Petorca y Freirina –donde han pasado semanas y meses antes de que el gobierno envíe a ministros o emisarios para resolver los problemas– ante las demandas de las empresas eléctricas, la administración Piñera dispone en pocas horas proyectos de ley que bajo el manto de “proyecto público” buscará cambiar franjas, concesiones, servidumbres y, en general, dar más derechos a unos pocos a costa de los derechos de los chilenos que habitan en 7 o 10 regiones, dependiendo si la “carretera pública” para atender a unos “pocos privados” se diseñe hasta Santiago o Antofagasta.

Así las cosas, resulta muy preocupante, por no decir desmoralizador, constatar cómo la presión de una elite sí ejerce sus frutos, mientras las demandas de la ciudadanía son estigmatizadas como populismo o protestas desestabilizadoras.

Esto revela un profundo y grave problema de nuestra democracia y no sólo respecto de la desigualdad económica, sino en el caso de la toma de decisiones, lo cual pone hoy nuevamente al país en una disyuntiva donde el sistema político y el gobierno continúan perdiendo legitimidad.

Desde hace años ya los chilenos están demandando a los gobiernos cambios en el desarrollo eléctrico; encuestas, consultas, seminarios, manifestaciones, las propuestas del CADE y la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria (CCTP) además de mociones parlamentarias, han expresado la urgencia de priorizar las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética y han urgido sobre la necesidad de descarbonizar la matriz y desconcentrar el mercado eléctrico, además de compatibilizar el desarrollo eléctrico con el ordenamiento territorial y las justas aspiraciones de desarrollo de las regiones.

Nada de ello ha sido escuchado.

Al contrario, el gobierno a inicios de mayo envió al Congreso una proyecto de ley para acelerar las concesiones eléctricas. A mediados del mismo mes llamó a licitación para un trazado eléctrico entre Cochrane en Aysén, hasta Calbuco, al sur del Sistema Interconectado Central y a inicios de junio invitó al empresariado eléctrico a la Moneda. Todas son malas las señales que da a sus ciudadanos el gobierno.

El Presidente Piñera debe recordar que gobierna para 16 millones de chilenos y chilenas, no para una decena de grupos empresariales. El país necesita una estrategia de desarrollo eléctrico clara y de largo plazo, pero que respete los derechos e interprete las aspiraciones de la mayoría.

10 comentarios
13 jun 2012

El diálogo

Nadie que tenga confianza en sus convicciones puede negarse al diálogo, sobre todo si se considera protagonista de la institucionalidad democrática. En dicho escenario no existe el aplastamiento del adversario, eso ocurre en un enfrentamiento bélico y en las dictaduras.

Por el contrario, lo que vale en democracia es la capacidad de convencer, de intercambiar opiniones, entregar argumentos y persuadir; asimismo, presupone el coraje cívico de aceptar los puntos de vista del interlocutor en el caso que ellos muestren coherencia y sean potentes.

De ese modo, se van configurando las posibilidades de llegar a acuerdos o no en el caso que las diferencias sean insalvables. En tal circunstancia, finalmente, la soberanía popular, el voto ciudadano, es el que debe decidir. La renuencia a este ejercicio democrático no es fortaleza sino que debilidad.

Con estos criterios propuse instalar un diálogo entre gobierno y oposición.

Primero, para el debido reconocimiento de las opiniones de cada cual y luego, establecer si pueden haber acuerdos o si ellos no son posibles.

Segundo, este esfuerzo es necesario por el ensimismamiento de los actores políticos, por su retórica autorreferente, por la distancia que se ha producido entre ellos y la sociedad civil.

Tercero, porque esa lejanía debilita al sistema político en su conjunto y fortalece el poderío de las grandes corporaciones económicas que ante el entrabamiento político ven acrecentadas las posibilidades que sus intereses prevalezcan.

Se ha comentado mucho que mis motivaciones son un “blindaje” a la ex Presidenta Bachelet. Vuelvo a repetir, ella no necesita inmunidad alguna y los ataques o maquinaciones en su contra se caen solos y se desploman por su propio peso.

Entonces, en esta situación de desgaste y falta de perspectivas, de lo que se trata es de dignificar la política, es un esfuerzo de auto exigencia, de “ponerse las pilas”, de instalar aquellos grandes temas que son auténticas demandas nacionales como la reforma educacional, la política energética y la reforma tributaria, la ampliación de la democracia y el cambio del sistema electoral binominal, es decir, aquellos que nos pueden permitir responder a las demandas ciudadanas o constatar que las diferencias son de una envergadura de tal dimensión que no es posible acuerdo alguno.

Pero, haciendo un ejercicio en función del interés nacional y  el trabajo de abrir, aunque sea un paréntesis, en las recriminaciones mutuas de todos los días que no hacen más que socavar la legitimidad de las instituciones democráticas.

Lamento no haber logrado convencer al conjunto de los actores involucrados respecto de la necesidad de hacer este esfuerzo. Lo siento profundamente, creo que era lo justo y que valía la pena.

6 comentarios
13 jun 2012

Frenar la corrupción: prioridad uno para China

Cada vez con mayor frecuencia, hechos de corrupción están ocupando titulares en los medios que se editan en la República Popular China y en sus dos regiones especiales administrativas, Hong Kong y Macao. A través de la prensa, blogs, televisión satelital e incluso por mensajes SMS, la gente en la calle está teniendo acceso a información en tiempo real, sobre actividades que son severamente sancionadas por la Ley.

Ya en el 2008, el devastador terremoto que azotó la provincia de Sichuan, de alguna manera energizó el trabajo de fiscalización por parte del Estado en materia de seguridad en la construcción de caminos, viviendas e industrias, puesto que no es posible mantener en silencio o esconder una falta que esté vinculada con el pago de favores o, simplemente, un trabajo mal hecho que pudo haberse evitado si acaso se hubiese ejercido un adecuado control.

Y, con mayores ingresos sobre la mesa, la corrupción se presenta como una lacra que debe ser eficazmente extirpada principalmente desde las esferas del poder, sea éste político o económico..

La población ha estado tomando nota del aumento en la cantidad de escándalos de índole administrativo o financiero que – si acaso no son resueltos de manera ágil y eficiente – tienen el potencial de gatillar un descontento y resentimiento mayor, amenazando con ello la convivencia y la estabilidad alcanzada que les ha permitido con los años a ese país y aquellos dos territorios, avanzar a paso firme en cuanto a su apertura económica, comercial e inserción en numerosas actividades a nivel regional e internacional.

El ciudadano común y corriente – por ejemplo la Sra. Zhu, en lugar de nuestra Sra. Juanita – exige hoy con mayor audacia, el respeto de sus derechos y también espera que la autoridad de turno sepa aplicar la norma a tiempo y con rigor, cuando se presentan hechos delictuales producto de una sed por más dinero o poder.

Ello también ha sido interiorizado por quienes tienen la responsabilidad de velar por la transición político/administrativa que ya se comienza a palpar en Hong Kong y Beijing, la cual tendrá su momento cúspide en julio y octubre respectivamente, cuando Donald Tsang haga entrega del cargo de Chief Executive de Hong Kong a C.Y. Leung y en el momento que Hu Jintao traspase las riendas de la Presidencia – todo indica que así será – a Xi Jinping.

Ahora bien en el último tiempo, la opinión pública en China, Hong Kong y Macao ha sido sacudida por varios hechos de corrupción que han ido gradualmente deteriorando la confianza entre sectores de una ciudadanía, la cual apoyada por medio del empleo de blogs y otros sistemas de comunicación social, está opinando con mayor libertad en torno a hechos que le incomodan o mas bien, molestan del todo.

Así, la gente está exigiendo con mayor vigor e ingenio, mayor transparencia, accountability y el sancionar con el máximo rigor de la Ley, hechos delictuales en donde aparecen involucrados reconocidos dirigentes políticos, empresariales o de opinión. Ante ello, la autoridad ciertamente no puede aparecer inmóvil y su proactividad busca no solo recuperar un grado de mística entre la población y sus representantes, sino que velar por el estricto apego a la Ley por quienes tienen la responsabilidad de servir a la comunidad.

Así, al menos 83 altos oficiales y funcionarios de empresas estatales han sido sancionados en lo que va corrido el presente año, por sus vínculos a actividades ilegales o impropias de sus cargos públicos.

En el 2010, la entidad responsable de investigar actos de corrupción – la Comisión Inspectiva de Disciplina del Partido Comunista chino – revisó más de 119,000 casos, siendo sancionados unos 100 mil funcionarios con algún tipo de medida disciplinaria.

Está claro que la política que se busca imponer desde Beijing es una de tolerancia cero a la corrupción, pues ésta es vista como una lacra que atenta en contra de la armonía social que necesita un país conformado por más de mil milones de personas, con más de 50 etnias legalmente reconocidas y decenas de millones que aspiran a una vivienda digna, educación que les permita acceder a un mejor empleo, en fin, una oportunidad en igualdad de condiciones.

A la virtual excomunicación del ex ministro de Comercio y Secretario General del Partido en el municipio de Chongqing, el otrora carismático Bo Xilai (su cónyuge, la abogada Gu Kailai, enfrentaría la justicia frente el homicidio de un socio suyo de origen británico, Neil Heywood), en el último tiempo se han ido generando otros casos que han traído consigo el arresto del presidente de uno de las principales instituciones financieras en China, el Postal Savings Bank (institución financiera top 7 en ese país), del vicepresidente ejecutivo del Agricultural Bank of China (banco top 4 en ese país); del subsecretario del Partido de la localidad de Yongcheng, en la provincia de Henan, acusado de haber perpetrado aproximaciones indecentes a una decena de menores de edad; el juicio en contra de la empresaria Wu Ying, conocida en círculos empresariales como “hermana grande”, quien sin mayor educación llegó a manejar un sistema de préstamos informales, acumulando riquezas que le significaron 100 propiedades, 40 automóviles y una sentencia a muerte que posteriormente ha sido conmutada a una de vida tras las rejas, como una medida ejemplarizadora frente a los abusos que una persona puede llegar a provocar, en contra de la gente común y corriente que aún en materia de negocios, confía; los hermanos Thomas y Raymond Kwok, co-presidentes de una prestigiosa firma inmobiliaria hongkonesa, Sun Hung Kai, con una fortuna de más de US$18 mil millones y, en días recién pasados, el empresario Joseph Lau, presidente de China Estate Holdings, quien ha sido identificado en Macao de haber estado asociado a pagos illícitos que se le hicieron al ex Secretario de Transportes y Obras Públicas de esa Región Especial Administrativa, Ao Man-Long.

Ao ha sido sentenciado el pasado viernes por un tribunal macaense, a 29 años tras las rejas por lavado de dinero y otros delitos vinculados a terrenos emplazados en una zona que es hoy sumamente atractiva, por ser sede de casinos y hoteles. Los casinos en Macao generan ingresos superiores a la totalidad de los casinos que operan en los Estados Unidos (Las Vegas, Atlantic City y otras localidades, conjuntamente). Es demasiado el dinero que se transa cada hora, en las mesas y máquinas tragamonedas que operan en un territorio de 29,2 kilómetros cuadrados.

Claramente el tema de la corrupción es un lastre para la autoridad en China, Hong Kong y Macao.

Noticias tales como la prohibición por parte del Banco Mundial, para que la empresa china Zhonghao Overseas Construction Engineering pueda participar en licitaciones para contratos internacionales, ante hechos de fraude y corrupción supuestamente perpetrados mientras intentaba obtener licencias para la construcción de caminos en Sudán y Nigeria, en nada contribuyen a la imagen que desea mostrar una China cada vez mas activa y protagonista en el trabajo empresarial mundial. Desde enero del 2009 a la fecha, unas 14 empresas chinas han sido blacklisted por el Banco Mundial, incluyendo a la firma Tianjin Alstom Hydro, en febrero pasado.

Tanto el presidente Hu Jintao pasando por el premier Wen Jiabao y, más recientemente, uno de los principales asesores de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el economista y secretario general de la misma, Zhang Yansheng, han subrayado que el país se encuentra en presencia de un momento histórico crítico. Uno que requiere de profundas reformas institucionales, entre las cuales se encuentra el apego irrestricto a la Ley, como uno de sus ejes principales de acción.

La prioridad gubernamental número uno hoy es mantener una necesaria estabilidad social y económica, sustentada sobre la base de normas y leyes claras e informadas, las cuales deben estar muy por sobre el poder o intereses momentáneos. “Si acaso esas reformas no logran tomar vuelo pronto en China, tendremos muchos y grandes problemas”, alertó Zhang recientemente a una audiencia que se congregó en Asia Dialogue 2012, en la ciudad de Shenzhen, localidad ubicada a poco distancia geográfica de Hong Kong.

El desafío mayor de mantener a raya a la corrupción en China, Hong Kong y Macao no es una tarea fácil. Es una obra titánica, que requiere de un trabajo en equipo, coordinado, serio y metódico, desde el nivel del colegio hasta los mas profundos rincones del poder, considerando que la forma de demostrar el éxito personal en estas latitudes se concreta a través de la adquisición de propiedades, vehículos y artículos de lujo, para qué mencionar el lucir atuendos diseñados por reconocidas casasde moda europeas o mostrarse portando relojes, lapiceros o un celular cubierto de brillantes.

El incremento en la cantidad de droga que está siendo decomisada en China y en ambas regiones especiales administrativas, permite suponer que ésta forma parte de la ecuación que envuelve a quienes se sienten cómodos con la corrupción.

Ardua tarea por delante para la autoridad en China y para sus agentes fiscalizadores, mas cuando la juventud y la población en general, son literalmente bombardeados por avisos y programas de televisión que en ocasiones se alejan de los principios, tradiciones y ejemplos de vida que, con el paso del tiempo, han contribuido a marcar el curso del desarrollo histórico, económico y social que hoy se busca proteger y potenciar por el bien de la mayoría.

2 comentarios
13 jun 2012

Que se empareje la cancha

El gobierno se encuentra en fase de preparación de iniciativas legales que buscan modificar el sistema de financiamiento y acreditación de las instituciones de educación superior. En este marco, versiones de prensa señalan que el ministro Harald Beyer habría anunciado que la autoridad desea establecer “mano dura” en este proceso, a través de la instalación de un sistema en que los establecimientos deben acreditarse por a lo menos seis años o no serían acreditados.

Como autoridad de una universidad del Estado aplaudo toda medida que implique subir los estándares de calidad de la educación superior chilena.

Los sistemas de acreditación hoy vigentes han demostrado ser perfectibles, al igual que las medidas tendientes a lograr una mayor igualdad en cuanto a acceso y resultados. No obstante esto último, cualquier aumento en las exigencias hacia las instituciones de educación superior, especialmente las pertenecientes al Estado, deben ir acompañadas necesariamente de mayores aportes directos por parte de éste hacia aquellas.

El Estado no puede desentenderse de la situación y el destino de las entidades que el mismo vía legislativa creó. Para cumplir su misión y su rol social particular, las universidades estatales requieren un aporte fiscal sin condicionamientos.

Rescato en este punto las conclusiones del documento de Convergencia elaborado en conjunto por el Consejo de Rectores y la CONFECH durante el año pasado. En el, como resultado de un intenso trabajo, se establecieron una serie de propuestas y condicionantes, entre los que se destacaba la necesidad de robustecer los aportes basales por parte del Estado.

Las universidades estatales, particularmente las más jóvenes, cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico en regiones y en el logro de movilidad social real de sus titulados.

Ellas buscan la calidad y la excelencia, tal y como lo han hecho históricamente, pese a la permanente disminución de los aportes del Estado, y están llanas a alcanzar esos estándares exigentes de los que habló el Ministro; sin embargo para hacerlo, es necesario “que se empareje la cancha” y que el Estado asuma su responsabilidad.

Finalmente es importante destacar, que las comunidades educativas de las universidades estatales a lo largo de todo Chile (sus académicos, sus funcionarios administrativos, sus estudiantes y las familias de éstos, y por supuesto, sus titulados) son personas de esfuerzo y excelencia, que están dispuestas a desenvolverse en marcos de calidad más rigurosos diseñados sobre la base del diálogo entre todos los actores del sistema.

Sin embargo tales marcos no pueden generar como efecto indirecto, el estrangulamiento de las universidades estatales y la concentración del “mercado” educacional superior en unas pocas universidades, muchas de ellas de carácter privado.

4 comentarios