Cuando Colbún decidió hacer un gesto- que algunos denominaron como “huelga de brazos caídos”- respecto al tendido de HidroAysén, más que alegría ante la suspensión del proyecto históricamente más rechazado por los chilenos, despertó nuestra alerta y cautela.
Y esto porque la acción de difundir profusamente “un hecho esencial sobre suspensión de inversión” no fue gratuita, sino un acto político y comunicacional de molestia y presión al gobierno, que vino a coronar el conjunto de declaraciones públicas del presidente de la CPC, gerentes, consultores y técnicos vinculados al tema eléctrico a defender las inquietudes del sector, bajo la premisa de dar seguridad al sistema y entregar “mayor certeza” a proyectos como HidroAysén, Castilla y Río Cuervo.
Con ello, urgieron al gobierno a resolver el problema de normas insuficientes para facilitar la inversión y la existencia de una incómoda “judicialización” de los proyectos.
Dejando de lado el tema técnico, en el se apela al argumento del terror que amenaza con dejar al país a oscuras si no duplicamos la actual matriz energética; vale la pena destacar uno de los razonamientos que usó el director de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, en La Tercera: “el peligro del gobierno de ser populista y ceder ante los grupos de poder”.
Igual que Orwell y la más famosa frase del decálogo de la Granja de los Animales—eso de que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros – la opinión del director de ese Instituto no es más que el sentir de un grupo pequeño, pero muy influyente de la población que le pide -más bien le exige – al Presidente Piñera que no escuche a los millones de chilenos que han salido a reclamar en las calles durante los últimos años, so pena de ser populista.
Al revés, conmina al Presidente a actuar respecto de lo que unos pocos, pero muy ricos, le han solicitado por la prensa y en persona -durante el reciente almuerzo en el palacio de Gobierno- y sin tapujos, bajo la premisa de que “es lo que el país necesita”.
Estos hechos han sincerado frente al país los deseos del oligopolio eléctrico: hacer los proyectos que quieren, cuando quieren, donde quieren y cómo los quieren, contra la voluntad de las personas, sin importar los impactos sobre la gente, los ecosistemas, las economías locales o los legítimos proyectos de desarrollo regional, vulnerando con ello la igualdad de derechos y el interés público (es decir, de la mayoría) que es rol del Estado cautelar y defender.
Se ha explicitado así un grave problema en nuestra democracia: se pretende seguir imponiendo los intereses de una pequeñísima minoría que ha concentrado lucro y poder utilizando una Ley Eléctrica del año 1982 (cuando no había Congreso Nacional) que les favorece.
Ante esta presión del poder y dinero, el Gobierno ha respondido en tiempo record: almuerzo en la Moneda y anuncio de leyes inmediatas.
A diferencia de como lo ha hecho ante las demandas de Aysén, o en los casos de Puchuncaví, Petorca y Freirina –donde han pasado semanas y meses antes de que el gobierno envíe a ministros o emisarios para resolver los problemas– ante las demandas de las empresas eléctricas, la administración Piñera dispone en pocas horas proyectos de ley que bajo el manto de “proyecto público” buscará cambiar franjas, concesiones, servidumbres y, en general, dar más derechos a unos pocos a costa de los derechos de los chilenos que habitan en 7 o 10 regiones, dependiendo si la “carretera pública” para atender a unos “pocos privados” se diseñe hasta Santiago o Antofagasta.
Así las cosas, resulta muy preocupante, por no decir desmoralizador, constatar cómo la presión de una elite sí ejerce sus frutos, mientras las demandas de la ciudadanía son estigmatizadas como populismo o protestas desestabilizadoras.
Esto revela un profundo y grave problema de nuestra democracia y no sólo respecto de la desigualdad económica, sino en el caso de la toma de decisiones, lo cual pone hoy nuevamente al país en una disyuntiva donde el sistema político y el gobierno continúan perdiendo legitimidad.
Desde hace años ya los chilenos están demandando a los gobiernos cambios en el desarrollo eléctrico; encuestas, consultas, seminarios, manifestaciones, las propuestas del CADE y la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria (CCTP) además de mociones parlamentarias, han expresado la urgencia de priorizar las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética y han urgido sobre la necesidad de descarbonizar la matriz y desconcentrar el mercado eléctrico, además de compatibilizar el desarrollo eléctrico con el ordenamiento territorial y las justas aspiraciones de desarrollo de las regiones.
Nada de ello ha sido escuchado.
Al contrario, el gobierno a inicios de mayo envió al Congreso una proyecto de ley para acelerar las concesiones eléctricas. A mediados del mismo mes llamó a licitación para un trazado eléctrico entre Cochrane en Aysén, hasta Calbuco, al sur del Sistema Interconectado Central y a inicios de junio invitó al empresariado eléctrico a la Moneda. Todas son malas las señales que da a sus ciudadanos el gobierno.
El Presidente Piñera debe recordar que gobierna para 16 millones de chilenos y chilenas, no para una decena de grupos empresariales. El país necesita una estrategia de desarrollo eléctrico clara y de largo plazo, pero que respete los derechos e interprete las aspiraciones de la mayoría.