La Región de Atacama es uno de los casos críticos de la realidad del país en materia de aguas: una zona donde confluyen la escasez, la necesidad de la industria minera por contar con recursos hídricos, la mala calidad del servicio a las personas, los cortes frecuentes de suministros y una especulación desatada de los derechos.
Junto a ello, una mala regulación que inhibe al Estado e impide una acción integral, articulada y moderna sobre las aguas. El corazón de este esquema es el Código de Aguas del año 1981.
Este código tiene una serie de características que no compartimos y que son consideradas como centrales en las dificultades para enfrentar los problemas y los desafíos en materia de aguas. En primer lugar, solo se ocupa de la función productiva del agua, minimizando y olvidándose de las funciones ecológicas, sociales y culturales del recurso: el agua se ha cosificado.
A pesar que el agua es un bien nacional de uso público -que pertenece a todos los chilenos- el Código lo privatiza al otorgar propiedad sobre el derecho de aprovechamiento, perteneciendo a un grupo reducido de dueños.
Son ellos mismos quienes están a cargo de la gestión del elemento, que se entrega a las asociaciones de usuarios y dueños, excluyendo al resto de la ciudadanía, a pesar que es esencial para la vida y sustentabilidad de la misma. Y es el mercado, entregados los derechos de una cuenca, quien distribuye el agua.
De este modo, el Estado chileno no tiene facultades de gestión ni administración del agua, y solo tiene facultades menores. Mientras que en todo el mundo la gestión integrada de recursos hídricos es la forma aceptada de gestión del agua, donde el Estado juega un rol fuertemente planificador y regulador, como ocurre en Australia, que al igual que Chile es un país minero.
Luego de 30 años de vigencia, este código ha demostrado ser fallido y es uno de los principales nudos a desatar para enfrentar la crisis que vivimos.
Y dentro de ese período durante nuestros 20 años de gobiernos de la Concertación no contamos con los votos suficientes para cambiar el Código de Aguas, frente a la tenaz oposición de la derecha y su defensa de intereses corporativos.
Hubo muchos intentos de parlamentarios por modificarlo, a través de varias mociones de reforma constitucional, acompañadas de un fuerte debate al interior de los gobiernos de la Concertación para abordar el tema de manera profunda. Sin embargo, sólo se pudo acordar y aprobar una pequeña modificación el año 2002 y contar con el proyecto de reforma constitucional enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet.
Es hora de retomar esta iniciativa -retirada por este gobierno- discutiéndola seriamente y partiendo por eliminar las concesiones a perpetuidad. Tal como el proyecto lo planteaba: “Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares”.
Luego, promover la gestión integrada de recursos hídricos, incluida la planificación hidrológica. Esto supone, en gran medida modificar ampliamente el modelo de mercado del Código, y dentro de ello, se deben incorporar las dimensiones ecológicas, sociales y culturales en la gestión del Agua.
Esto es, que el Código no se haga solo cargo del caudal ecológico mínimo y de los bofedales, sino que también de la gestión ambiental de riberas, lecho del río, bosques, sobre los que se debe invertir para asegurar calidad y cantidad de agua.
En el ámbito institucional debemos reforzar las asociaciones de usuarios, considerando las asociaciones de canalistas, las juntas de vigilancia, y las comunidades de agua, entre otras, y promover una reforma completa al sistema institucional, partiendo por la Dirección General de Aguas (DGA).
Dadas las situaciones críticas en varias regiones del país es imperioso incorporar la gestión de desastres, partiendo por la sequía. El Código solo considera medidas por seis meses, plazo que alcanza para ganar tiempo, pero no para diseñar soluciones reales, como ha ocurrido con la declaración de escasez hídrica de la cuenca del río Copiapó.
Finalmente, es necesario mejorar los sistemas de información hídrica, tendiente a reforzar una mayor educación sobre el tema y a promover un cambio cultural sobre el agua.
Estas propuestas son resistidas para los que gozan de los beneficios del Código pues constituyen nuevas reglas del juego y sobre todo, un cambio radical en función de devolver el agua a sus verdaderos dueños y recuperar su función pública para el desarrollo sustentable del país.