A las ya numerosas heridas abiertas y aun purulentas que muestra la institucionalidad del sistema de Educación Superior chileno se ha sumado otra, tan esperable y predecible como todas las anteriores, se trata de la vulneración de la Ley de Acreditación que no fue hecha precisamente con el objetivo de certificar (acreditar) calidad ni nada cercano y eso todos lo sabían.
La derecha no cree en nada que signifique obstáculos o restricciones (así les dicen) a la libertad de emprendimiento y al funcionamiento del libre mercado. Esto es un dogma de fe. Creen que el mercado mientras menos regulado mejor funciona: fanatismo que no tiene expresión real en ninguno de los países capitalistas más desarrollados del mundo. Y esto es otro ejemplo.
Por años se negaron a cualquier sistema que pudiera involucrar una evaluación externa que entregara a los eventuales usuarios, el mercado, información objetiva y comparable respecto a las cualidades de las universidades, porque no todas son iguales y porque hay algunas mejores que otras y porque el mercado por sí mismo no es capaz de discriminar, porque no es ese su objetivo.
De esta forma y dada la participación parlamentaria que les entrega el sistema binominal, ejercieron en este tema el poder de veto que les permite bloquear las mayorías.
La actual oposición optó en este como en otros temas por concordar una ley profundamente insatisfactoria que no iba al fondo del problema pero que como ya sabemos “es mejor que nada”…y pareciera que “nada” puede resultar mucho mejor que “algo”.
Bienvenida y bendita sea la alternancia en el poder, una vez más la democracia jodiendo los negocios, el actual gobierno ha debido enfrentarse sucesivamente a sus propios dogmas de fe que como el buen sentido común lo indica no resisten la menor ventolera.
Ridiculeces que se desprenden del sistema imperante (inoperante) es que todas las carreras de Medicina hayan sido acreditadas y que los estudiantes ingresen a estudiar una carrera acreditada y puedan egresar de una carrera no acreditada. Y todo por la misma plata.
Este caso además tiene aristas judiciales al descubrirse ciertos elementos que podrían configurar soborno o coima en la obtención de la tan anhelada certificación, pudiendo llegar a involucrar nada más ni nada menos que al actual ministro de Justicia. ¿Podría el señor Ribera dueño de un instituto de educación superior no saber que en el mismo período en que se encontraba en el proceso de acreditación, su institución (de él) contrataba al Sr.Eugenio Díaz? A la justicia le debiera corresponder determinarlo.
La corrupción que la derecha quiso instalar durante años en el sector público ha puesto en evidencia el más elemental de todos los principios: para sobornos y coimas se requieren siempre al menos dos.
Desde el punto de vista de la credibilidad del sector privado corresponde preguntarse cuántas otras cosas no saben los dueños de las empresas y también cuántas sí saben.
A la derecha le costó mucho tiempo valorar los derechos humanos, cuánto falta para que empiecen a valorar el rol regulador del Estado, que pueda hacer la diferencia entre más business y más mercado que no solo no son lo mismo sino que pueden en algún momento aparecer en contradicción, como en este caso.
El exceso de ideologización de la derecha nuevamente les juega una mala pasada.
Sin embargo demuestran poco arrepentimiento y menos proactividad, van detrás de la justicia y la opinión pública, ¿no sería del todo razonable una nueva ley que ataque de verdad el problema y para la que sí se use con razón la urgencia en el trámite?
