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La institucionalidad económica laboral, tributaria, comercial, financiera, medioambiental, de seguridad social, y de patentes municipales ha sido diseñada como si en Chile hubiese sólo 2 categorías de actores económicos: los empresarios y los trabajadores y como si cada grupo fuera homogéneo.
La letra chica de la mayor parte de las leyes y normas asume que los empresarios son propietarios de una gran empresa con varios gerentes, jefes de personal, contador, asesor tributario, asesor jurídico, especialista en riesgos, etc. Por otra parte asume que los trabajadores están todos sindicalizados y hacen valer sus derechos a través de la negociación colectiva. Ambos supuestos totalmente incorrectos.
La realidad muestra que las empresas concebidas con las características antes reseñadas, aunque muy importantes macroeconómicamente, aportan menos del 30% del empleo y son menos del 5% del total de las unidades económicas. Por otra parte, el 70% de los trabajadores tienen una realidad laboral no cubierta por el código del trabajo. En efecto, no tienen ni sindicato, ni negociación colectiva, ni derecho a huelga, no se les paga la indemnización por años de servicio, no se capacitan, no cumplen los horarios establecidos en el contrato, etc.
El Estado, a la hora de legislar y aplicar la ley, ha asumido que todas las Empresas – sean micro, pequeñas, medianas o grandes – son iguales. Y cuando por momentos se da cuenta que no es así, introduce tímidas correcciones de parche. La consecuencia inevitable de esta negligente conducta es que la legislación vigente discrimina negativamente en contra de las empresas de menor tamaño o PyME y crea ventajas competitivas para las grandes empresas públicas y privadas, ventajas que no debieran existir para que el mercado funcione como asignador eficiente de los recursos.
Sería largo enumerar los múltiples ejemplos que demuestran lo anterior. El Estado, al tratar de manera igual lo que por su propia naturaleza es desigual, además de causar inequidad, induce a la ineficiencia de los mercados. La Reforma Tributaria y el consiguiente Protocolo de acuerdo no es la excepción de lo anterior.
La Reforma Tributaria tiene como objetivo recaudar los recursos adicionales que el Estado necesita para las profundas reformas que se requieren en educación, las que en términos generales fueron aprobadas por la mayoría de los votantes en la última elección presidencial.
Por ello, parece un despropósito el que algunas autoridades quieran presentar el actual proyecto de reforma tributaria como pro-PyME. Tampoco pareció muy serio que los principales detractores del proyecto hubiesen querido sacar las castañas con la mano de la PyME para hacer sus críticas. Finalmente se firmó un Protocolo de acuerdo y la mayor parte de las PyME quedaron donde mismo, ignoradas.
Sin duda el elemento más controversial de la reforma fue el impacto sobre la PyME de la eliminación del FUT; sin embargo, sólo un 6% de los $250 mil millones que se espera recaudar por esta medida provienen de micro y pequeñas empresas y otro 6% de la mediana empresa. De hecho la recaudación provendrá en un 38% de las normalmente esotéricas y elusivas sociedades de inversión y un 50% de la gran empresa. ¿No resulta un poco absurdo poner a la PyME como la gran afectada por la eliminación del FUT? Algunos especialistas han señalado una PyME se verá afectada sólo si su empresario hace un retiro anual por sobre $75 millones.
A la gran mayoría de la PyME tampoco le afecta el aumento de la tasa impositiva del 20% al 25%, ahora al 27% producto del Protocolo. Como ha de saber el país, las PyME destinan en promedio cerca del 70% de sus ingresos al pago de remuneraciones; si a eso se le suman los costos de producción y de ventas y gastos administrativos, las ganancias resultantes no dan para muchas utilidades, por ende menos del 10% de la PyME paga normalmente impuesto a la renta.
Buenas y Malas Noticias.
La reforma tributaria trae buenas y malas noticias para la PyME. Entre las buenas se encuentran la depreciación automática, la posibilidad de depreciar activos fijos comprados de segunda mano y la ampliación de la recuperación inmediata del 8% del valor de los activos comprados y el Protocolo corrigió el problema de las boletas de supermercados.
Entre las malas noticias del Protocolo está la reposición de la anacrónica ley de timbres y estampillas. ¿Que justifica que hoy, con la tecnología disponible, esos sectores tengan ese privilegio?
Sin embargo, la peor noticia que la Reforma Tributaria y el Protocolo traen para la PyME es que el sistema tributario chileno sigue sin darse cuenta que hay 700.000 empresas formales que tienen 5 ó menos trabajadores (¿podrían tener un gerente de Finanzas y/o un contador interno?) y que, por lo tanto, no tienen ni la estructura ni la capacidad para entender y aplicar la compleja institucionalidad tributaria en su beneficio.
No tienen ninguna posibilidad de evaluar si acogerse al 14 bis, al 14 ter (ahora 14 PyME, ¡uf…que avance!) o al 14 quater, o si le conviene acogerse al 27bis o al 33 de la renta, o si dado su nivel de pérdidas le conviene utilizar gastos rechazados o aumentarse el sueldo de él y su familiares que trabajan con él, o si tributariamente le conviene financiarse con leasing o con crédito, acogerse o no a la Ley 19.749 (MEF), a la ley Nº 18.985 del sueldo empresarial, si acogerse a renta presunta, si utilizar contabilidad simplificada, y como utilizar la ley 19.518 de capacitación, si le conviene hacer operaciones de leasing o de lease-back, etc. etc.
En definitiva, la peor noticia de la reforma tributaria para la PyME es que el Estado mantiene una estructura tributaria absurda e innecesariamente compleja para ellas. Tan compleja que sólo un 3% de las PyME se acoge a alguno de los cerca de 50 beneficios tributarios que se han creado para favorecerlas.
Al parecer el Estado concluye que el 93% de los empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas son tan altruistas y generosos y le tienen tan poco apego a las utilidades que prefieren pagar impuestos y no acogerse a la mayoría de los beneficios tributarios que “generosamente” el Estado ha puesto a su disposición. Más allá de la ironía, es innegable que el Estado ha fallado en hacerse cargo que “el conjunto” de la fronda tributaria criolla es demasiado compleja e ineficiente para las empresas pequeñas.
A lo anterior se añade un hecho aún más grave, la tremenda inequidad de la actual carga tributaria para las PyME en comparación a las empresas más grandes, que no reiteraremos en este artículo. Ver el artículo de esta misma sección, PyME y equidad Tributaria.
Firmado el acuerdo de Protocolo, posiblemente sea el momento de anunciar una verdadera Reforma Tributaria Pro-PyME en la que el Estado demuestre que finalmente se da cuenta que las PyME son pequeñas empresas, que han estado muy cerca de las autoridades en el discurso, pero muy lejos de la cabeza y del corazón de los dirigentes políticos y económicos chilenos, estén en el gobierno o en la oposición.
No tiene sentido seguir poniendo nuevos parches en una institucionalidad que abruma a las PyME y no les permite acceder a los parches puestos anteriormente.
Es necesario diseñar una Reforma Tributaria pro-MiPyME, sin complejos, como lo han hecho la mayor parte de los países desarrollados.
