Ya pasando el trauma del mundial de fútbol, me enfoco en la política nacional y me doy cuenta que desde asumido el nuevo gobierno, en materia de infancia no ha habido cambio alguno.
Lo anterior es preocupante dada la importancia de esta materia.Los hogares del SENAME siguen siendo los mismos, se siguen cometiendo graves atropellos a los derechos de los menores y aparecen como un ente siniestro al momento de que un juez deba determinar si enviar o no a un menor para allá.
El pasado 14 de marzo, la Presidenta Bachelet, firmó el decreto que crea el Consejo Nacional de la Infancia. Dicha entidad tendría como principal preocupación el ocuparse de la protección de los menores, dando una figura normativa más sólida para proteger los derechos de ellos y además, se ocuparía de fiscalizar al SENAME y sus respectivos hogares.
Lamentablemente, lo dicho por el gobierno pareciera ser un mar de buenas intenciones y en la medida que pasa el tiempo no se visualiza una pronta implementación de la tan mentada Comisión, ni menos una pronta solución a los problemas de los derechos de la infancia en Chile.
La clase política ha dado muestras claras de su desinterés por el derecho de la infancia. En ese sentido, el hecho que en la ley de presupuesto última nuestros parlamentarios no otorgaron mayor porcentaje a las materias que tienen que ver con la infancia y a los tribunales de familia, da muestras claras de esa indiferencia y el hecho de que el propio gobierno aún no encuentra un inmueble para arrendar y establecer la sede de esta comisión, no hace más que confirmar lo mal que se está manejando esta materia.
Este gobierno ha priorizado lo mediático versus lo urgente; aceleró una reforma tributaria señalando que sería en pro de la educación, situación que la ciudadanía solicitaba de forma muy persistente. A mi entender el problema de la protección de la infancia es mucho más prioritario que los proyectos más mediáticos y requiere que la clase política le tome el peso y se hagan cargo de ella.
Al día de hoy siguen los abusos a los niños en hogares del Sename. La poca cantidad de profesionales idóneos que operan en dicho servicio (solo hay tres abogados que ven materia de adopciones en SENAME) hacen inviable que éste cumpla con su función y por otro lado la estructura de tribunales para atender estos casos está colapsada. El no contar con los suficientes profesionales idóneos tanto en tribunales como en organismos de apoyo, hace que muchas veces se tomen decisiones equivocadas.
En el proyecto inicial de tribunales de familia se esperaba que el juez contara con el apoyo de un grupo de profesionales para cada materia determinada, psicólogos, psiquiatras, etc.,situación que en la actualidad se da en forma muy precaria.
Por otro lado, el 90% de los peritajes para determinar el estado de salud mental de padres e hijos, su grado de vulneración, y otros aspectos, son proporcionados por el estado. Este factor influye en que el nivel de esos peritajes y la profundidad con los cuales se informa sea escaso, producto de que tanto el Servicio Médico Legal, los Dam, como los Cosam, están absolutamente colapsados, sin poder dar abasto a la demanda de nuestros tribunales.
Desde la reforma e implementación de los tribunales de familia, cuestión que claramente no recibió los recursos suficientes para su óptimo funcionamiento, hasta el actual intento de implementación de la Comisión Nacional de la Infancia, nos podemos percatar que no hay ni interés ni recursos en dar un giro para la protección de los derechos de la infancia.
Requerimos y exigimos al poder estatal mayores recursos y mejores políticas que en concreto se deben traducir en la creación de más centros de medidas cautelares especializados en materias de protección de los derechos de niño y violencia intrafamiliar, y entregarle a esos centros un mayor número de profesionales que puedan atender las problemáticas urgentes que generan dichos casos, de forma rápida y autónoma, sin depender de una OPD, DAM o COSAM, para que se entreguen informes de situación de vulneración de derechos, informes sociales, o pericias psicológicas.
Es urgente contar con una entidad que fiscalice de forma externa a los hogares del SENAME. No es posible que en marzo de 2013, se haya entregado un informe a la Corte Suprema denunciando una serie de vulneraciones graves a los niños residentes de dichos hogares y no se hayan tomado las medidas necesarias. Se necesita una institucionalidad jurídica que garantice los derechos de nuestros niños.
No queremos más niños abusados, no queremos más explotación laboral infantil, no queremos más niños violentados, no queremos más niños discriminados.