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Las chilenas y chilenos viven una angustiante crisis del sistema de salud, que es mucho más profunda que los episodios que una vez más nos recuerdan el problema.
Hoy son el cierre de la UCI del Hospital Padre Hurtado y la advertencia de renuncia masiva de médicos del Hospital de Puerto Montt, los episodios que ponen nuevamente la crisis de la salud en boga. Ayer fueron grandes protestas en Aysén, Tocopilla y Chiloé, las que instalaron el tema. Seamos claros: el problema se viene arrastrando hace tiempo y hemos hecho muy poco como país por solucionar las causas que lo generan.
De acuerdo a un estudio recientemente entregado al Congreso Nacional, por la Subsecretaría de Redes Asistenciales (MINSAL), la lista de espera en los hospitales alcanza a un millón 878 mil personas. Un millón seiscientos mil de estos, aguardan una consulta con un médico especialista y otros 226 mil esperan por una operación.
En sencillo esto implica que más de una décima parte de la población de Chile lleva un tiempo desproporcionadamente largo esperando por una hora al médico o por una operación.
El 88% de quienes esperan una consulta médica lo ha hecho por más de cuatro meses.Según destaca La Tercera –en nota publicada el miércoles 3 del presente- este tiempo aguardando atención ha crecido levemente desde la asunción del nuevo gobierno en marzo pasado, momento en que los tiempos de espera superiores a 120 días representaban el 86% de los casos.
Una de las razones inmediatas de este fenómeno dice relación con la falta de médicos especialistas en el sistema público. Según el MINSAL se requieren cerca cuatro mil especialistas en todo el país para acabar las carencias del sistema público.
Aquí no cabe ser autocomplaciente, la realidad es mucho peor que lo que muestran estas cifras y que lo que aparece en la prensa. Por todas partes el sistema muestra síntomas de colapso. Pero no apuntemos mal, la culpa no es de los trabajadores y trabajadoras, que son los sostenes de un sistema que si no fuera por ellos, ya se habría derrumbado por completo.
En el artículo Cómo se ha desmantelado la salud pública, de los investigadores Matías Goyenechea y Danae Sinclair (Ciper, 27 de mayo de 2013) se subraya que según un informe de la OCDE de 2008, en el que se analizó cuán “efectivo” era el gasto público en Salud, se concluyó que ‘(…) la proporción de trabajadores de la Salud (médicos y enfermeras) y camas de hospital para la población son muy inferiores a la media de la OCDE. Sin embargo, los resultados (esto es, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasas de inmunización) son comparables al promedio de los países OCDE”.
Es decir, concluyen los investigadores: “El sistema de atención de Salud chileno se las arregla para conseguir resultados relativamente buenos usando comparativamente menos recursos”.
La razón fundamental del colapso de la salud en Chile es la destrucción del sistema público, fundamentalmente debido a la conversión de la salud en una mercancía.Un negocio más.
Duro pero cierto. El Estado de Chile se ha dedicado en los últimos 25 años a potenciar el negocio privado antes que el bienestar sanitario de la población. Ha hecho esto por diversas vías, como –por ejemplo- mediante la implementación de la Modalidad de Libre Elección (MLE) que supone la derivación de pacientes del sistema público a clínicas privadas, las que reciben jugosos pagos por esto. Según cifras oficiales del Minsal el año pasado el Estado destinó 1.105 millones de dólares a pagar prestaciones entregadas por clínicas privadas.
La perversión del sistema se evidencia en otro dato (citado en el informe de Goyenechea y Sinclair). Fonasa paga por un día cama básico en la Clínica Las Condes 827 mil pesos, mientras que a un hospital público cancela por el mismo concepto $60 mil. Fonasa paga 126 mil pesos el día de cama en Unidad de Tratamiento Intensivo a los hospitales públicos. Sin embargo el costo real de esta prestación asciende a cerca de 300 mil pesos. En estas condiciones no nos puede extrañar que la deuda de los hospitales públicos supere largamente los cien mil millones de pesos.
Otra dimensión de las malas políticas en la que nos hemos embarcado tiene que ver con la concesión de hospitales. De acuerdo al citado informe publicado en Ciper “el Estado deberá pagar aproximadamente US$600 millones por dos hospitales (Maipú y La Florida) que cuestan menos de US$300 millones (los que ya ha pagado en gran parte)”. Esto implica que hay US$300 millones de los invertidos por el Estado que quedan ganancia para el concesionario, y que se derivan del subsidio a la construcción y a la operación.
Como país hemos distorsionado severamente el gran sistema público de salud que hace no muchas décadas fuimos capaces de construir y cuyo objetivo no era otro que brindar salud a la población. El sistema actual está demasiado contaminado por el objetivo de entregar ganancias a los operadores del sistema (clínicas, Isapres, cadenas de farmacias).
Ya no basta con poner un parche aquí y otro por allá. Debemos apostar por reconstruir un sistema político, económico y cultural que conciba la salud como un derecho universal en el que todas las políticas y programas tengan como norte ese objetivo.
Para que ello ocurra es necesario implementar un sistema de salud preventivo, que vele por mejorar la alimentación de la población, cuidando que las fuentes de agua y los alimentos estén libres de contaminación y sean saludables, e incorpore la noción de soberanía alimentaria como parte estructural de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.
De nada nos sirve ser un país minero, forestal, salmonero, si como resultado de estas actividades contaminamos el agua y el territorio que da vida a nuestras comunidades y medio ambiente.
Debemos impulsar una noción de medicina preventiva que evite el desarrollo de enfermedades antes que estas se propaguen. Para eso se deben potenciar los Cesfam con el fin que allí realmente se resuelvan la mayoría de las dolencias, para que lleguen a hospitales sólo los pacientes que lo necesitan.
Para avanzar debemos denunciar la hipocresía: de nada sirve constatar que somos uno de los países con mayor tasa de alcoholismo juvenil en el mundo, si por otro lado llenamos caminos y medios de comunicación de propaganda de licores, haciendo ver su consumo como una irremplazable fuente de placer.
Por otra parte, para acabar con las carencias de médicos y especialistas, se hace urgente incentivar el retorno de algunos de los muchos médicos chilenos que residen en el extranjero.También urge contratar médicos extranjeros, eliminando todo tipo de trabas injustificadas –como el examen Eunacom- que impidan su llegada.
¿Sabía usted que en Cuba hay especialistas disponibles para atender nuestras necesidades y que el costo de traerlos es muy inferior que el que ofrece el Estado chileno sin conseguir llenar las vacantes? ¿En qué topamos? ¿Por qué no actuamos si la crisis ya está en nuestra puerta?
Debemos aumentar el gasto en salud –que hoy representa el 3,5% del PIB, apenas la mitad de lo recomendado por organismos internacionales- y destinar los nuevos recursos al sistema público, mejorando la remuneración de los trabajadores, contratando más personal, mejorando la capacitación de los funcionarios y aumentando la cantidad de hospitales y centros de atención primaria.
Necesitamos mejorar la formación de profesionales de la salud, perfeccionando el enfoque curricular allí donde haya falencias. Seamos objetivos, en Chile hay universidades que forman muy buenos médicos y especialistas en otras disciplinas de salud, pero hay otras que tienen notables carencias.
La medicina es una ciencia pero también es un arte. Las y los profesionales de la salud no sólo tienen que saber sólo de síntomas y remedios, sino que requieren de una formación integral y multidimensional.
Como sociedad debemos recoger el aporte de las terapias alternativas y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios, especialmente el relativo al uso de las hierbas medicinales y su visión holística de la salud.
Debemos implementar una política de salud dental, dado que la que existe es absolutamente insuficiente. Ya hemos señalado en otros escritos lo crítico que es el estado de la salud mental en Chile, subrayando la necesidad de una ley en la materia.
Es urgente acabar con el abuso de las cadenas de farmacias y con el absurdo que nuestros viejos y enfermos deban viajar a otros países para conseguir remedios que en Chile, por su alto precio, resultan inalcanzables.
Chile necesita una revolución en salud. No hay tiempo que perder, de ello depende nuestro presente y futuro.
