El recién pasado 4 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad constituir una Comisión Investigadora “sobre el perjuicio que habría causado al Estado el rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades”.
El principal argumento que detonó la aprobación de esta comisión fueron las declaraciones de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, quien señalara recientemente que Fonasa está asumiendo 540 mil licencias médicas que corresponden a enfermedades y accidentes laborales que deberían estar asumiendo las mutuales, por las que el sistema público deben desembolsar cerca de $90 mil millones al año.
Durante el año 2014 se tramitaron en Chile 4,3 millones de licencias médicas, aumentando en un 9,6% en comparación con el año 2013. De estas, el 71% pertenecieron a Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el otro 29% a las ISAPRES. No obstante, tal como lo hemos venido exponiendo desde el año 2013 no todas las licencias que llegan al sistema público de salud tienen causa en enfermedades de origen común, sino que muchas corresponden a enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, que deberían asumir las Mutuales y no Fonasa.
En el caso de las Isapres, estas han establecido mecanismos de defensa, es así como en enero de 2013, casi dos mil millones de pesos fueron devueltos por las Mutuales a la Isapre MasVida, por concepto de licencias médicas que dicho organismo pagó por prestaciones, que en realidad correspondían a accidentes del trabajo que habían sufrido trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley 16.744.
En el caso de Fonasa esto no ocurre, ya que no cuenta con un sistema que permita fiscalizar que las 540 mil licencias médicas que llegan al sistema público correspondientes a enfermedades y accidentes laborales, sean reembolsadas por el seguro de la ley 16.744, por lo que debe cancelar cerca de $90 mil millones que no corresponden, constituyéndose un importante perjuicio fiscal.
Pese a que son miles y miles los casos donde trabajadores denuncian el rechazo de su licencia, la situación ha pasado inadvertida por la opinión pública. Recordemos que en diez años la mutual ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing.
Cabe señalar que entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad realizado por la ACHS superó al monto que resulta de la suma que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes.
Pero esta situación no compete sólo a las Mutuales. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) también juega un rol como organismo fiscalizador. La Suseso, es el organismo del Estado encargado de revisar las apelaciones y reclamaciones cuando la mutual rechaza la calificación de accidente como laboral o enfermedades laborales.
Por otro lado está la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) quien revisa si una licencia corresponde o no ser pagada. Ninguno de estos dos organismos ha establecido los mecanismos para evitar este millonario fraude administrativo.
Cabe señalar que durante el año 2014, el 75.34% de las enfermedades profesionales fueron declaradas de origen común y en el periodo de enero a septiembre de 2015 esta cifra aumentó a 80.4%, debiendo asumirlos Fonasa.
Es el Fisco de Chile, es decir los 17 millones de chilenos, quienes producto de estas operaciones irregulares dejan de percibir 91 mil millones, que fácilmente podrían ser utilizados en el Presupuesto de la Nación en la construcción de hospitales públicos o en brindar una atención adecuada –como corresponde- a los trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley 16.744.
Esperamos que la Comisión Investigadora iniciada en la Cámara de Diputados pueda esclarecer estos y proponer una serie de modificaciones a la ley 16.744 con el fin de detener la sangría, empezando por pedir al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, y otros organismos, actuar sobre esteevidente perjuicio fiscal.