La derecha ha desarrollado muy bien sus redes de poder. Expertos en usar el lenguaje, grandes comunicadores, manipuladores de opinión, tienen la “virtud”, por así decirlo o la habilidad de cambiar el foco de las discusiones o modificar la verdad de un modo sutil y efectivo.Pero de tanto hacerlo, el método se empieza a viciar.
Digo todo esto a propósito de la intervención del grupo Penta en el financiamiento de figuras de la política, particularmente de la UDI (aunque puede haber otros) y las declaraciones de los dirigentes. El Mercurio, gran vocero de las políticas de la derecha, da cuenta de la noticia, pero elude transcribir los textos de grabaciones difundidos en el juicio laboral entre el ex gerente Bravo y sus empleadores antiguos. Centra el texto de la información en los descargos de los parlamentarios de la UDI que estarían involucrados quienes sostienen que el financiamiento de su campaña fue “legal”.
Entonces – y con gran habilidad – se distrae la discusión hacia el “financiamiento de la política”, lo que si bien es un tema a tratar y corregir, resulta ser diferente de lo que se discute. Nadie argumenta de que los aportes hechos a través del servicio electoral hayan sido hechos o no en conformidad a la ley. Eso es lo de menos.
Lo que tenemos aquí es la denuncia de un fraude: se gasta dinero de la empresa en actividades que no corresponden ni al giro del negocio ni que estén destinados a favorecer sus actividades propias, sino a solventar actividades y activistas de campañas políticas, lo que es un modo de fraude.
Me explico: contrato a Fulano por la empresa, pero sus servicios consisten en ser colaborador de la campaña política del candidato Zutano, con dedicación de tiempo completo. Eso es un fraude, un engaño y se hace con perjuicio al Fisco (a todos los demás chilenos), pues se pasa como gasto de la empresa para reducir las utilidades.
Además, en la reciente información, queda en claro que hubo entrega de dineros en efectivo, grandes cantidades, a dirigentes políticos que no eran legalmente candidatos. Dinero entregado en secreto con simulación, en algunos casos, de servicios prestados. Dineros puestos en cuentas del extranjero. Habría que precisar si esas entregas de dinero se hicieron cuando estos dirigentes eran ministros de Estado o solamente precandidatos a la presidencia de la República. Porque no podemos olvidar, pese a que la derecha lo acalle, el caso de ese subsecretario de Minería que recibía dineros de una empresa vinculada a la minería durante su ejercicio del cargo.
La guinda de esta torta amarga para la derecha la ha puesto el presidente de la UDI, quien, luego de conocer el tenor de la grabación, centra su respuesta pública contra la Fiscalía Nacional, afirmando que hay una política de “filtraciones”. Notable. Primero, porque la noticia no se “filtró”, sino que la grabación se presentó en un juicio laboral antes de que fuera conocida por la Fiscalía. Yerra el objetivo, pero distrae la atención. Y todos hablarán de la Fiscalía, olvidando el foco central del problema.
Segundo, porque no se trató de una filtración de nadie, sino de una presentación oficial en un juicio. Tercero, porque la UDI no cesa en pedir transparencia para esto o lo otro, pero cuando se trata de revelar las situaciones en las que se le compromete, se habla de “filtraciones” como acciones indebidas.
Daría lo mismo si para obtener transparencia hubiera “filtraciones” de información, siempre y cuando eso no perjudicara el éxito de las investigaciones.
Es el doble discurso, la distorsión de la verdad, la confusión como instrumento de la acción política. Toda una estrategia bien elaborada pero que va quedando al descubierto, se va haciendo transparente, porque el saco de la ambición se está rompiendo. Hay algo de descaro,acompañado de manipulación evidente.
Los chilenos comunes y corrientes, que no tenemos cargos ni recibimos dineros públicos ni privados para dedicarnos a la política, tenemos el derecho de pedir, de exigir, que los que han actuado de modo incorrecto dejen de esconderse en si acaso se les prueba tal o cual delito y se hagan un lado de la política. La ética es más exigente que la ley penal y ésa debe ser la medida de la responsabilidad de los políticos.
Y esto vale no sólo para la UDI, sino también para RN, PDC, PPD, PS, PRSD, PC, hasta el PRO, el PRI y quien quiera que esté en esta tarea que debiera ser ni más ni menos que servir al pueblo.