29 may 2015

La OIT, reforma laboral y libertad sindical

Por Juan Manuel Sepúlveda Malbrán
Juan Manuel Sepúlveda Malbrán
Juan Manuel Sepúlveda Malbrán
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Hace pocos días atrás una misión de alto nivel de la OIT encabezada por su Directora en Normas Internacionales del Trabajo estuvo en Chile, pasando desapercibida al menos para los medios de comunicación. Esta misión respondía a una solicitud de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) en la cual pedía a la OIT que estudie la coherencia del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales con los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados y no ratificados. Durante su estadía en Chile la misión se reunió con autoridades del trabajo, con representantes de las tres centrales sindicales, CAT, CUT y UNT y con representantes de los empresarios.

Chile tiene 51 convenios internacionales del trabajo en vigencia. Recién en febrero de 1999, Chile adhirió a los convenios fundamentales sobre la libertad sindical y negociación colectiva que fueron adoptados internacionalmente en 1950 y 1951. Desde el año 2000 hasta el presente, Chile ratificó solamente cuatro convenios.

En el 2000, ratificó los Convenios 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública y el 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En 2008, ratifica el Convenio169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En abril de 2011, luego del muy conocido accidente minero en el norte se registró la ratificación del Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

Probablemente en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrollará en Ginebra del 1 al 14 de junio, los delegados representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores conozcan el resultado de esta misión de OIT.

Las recomendaciones que OIT emita tendrán que ser tomadas en cuenta en las propuestas del proyecto, tanto por el gobierno como del parlamento, sin olvidar que aquellos convenios ratificados por Chile son vinculantes y obligatorios de cumplimiento.

Independientemente de lo que pueda señalar el informe de la OIT, hay aspectos que el proyecto no recoge o trata de manera puramente formal, como la promoción de la participación social, el diálogo social y la autorregulación directa entre los involucrados, como base de la estabilidad económica y social. Que responda al mundo actual. Que abra espacios de libertad para lograr acuerdos que comprendan compromisos compartidos por las partes y una mejor distribución de los resultados.

Porque en nuestro país son muy pocos los trabajadores/as que efectivamente pueden ejercer sus derechos. Los niveles de cumplimiento de las normas laborales disminuyen, afectando severamente la dignidad de las personas que trabajan y la propia sostenibilidad de los sistemas productivos.

Los fenómenos que hoy vivimos han liberado al capital de muchas restricciones pero, a la vez, han impuesto nuevas cargas y presiones para los trabajadores/as y sus organizaciones.

Este panorama ha resultado especialmente adverso para el derecho de libertad sindical y para el sindicalismo en nuestro país. Ampliar las libertades para la circulación de los capitales ha demandado al Estado la reducción de sus niveles de protección laboral, lo que ha permitido a las empresas disponer más fácilmente de trabajadores/as con menos derechos.

La reducción de los niveles de protección laboral ha implicado el debilitamiento de los mecanismos de tutela de la libertad sindical, la inacción estatal en lo que se refiere al fomento de la negociación colectiva y la agudización de una visión patológica de la huelga y la protesta laboral y ciudadana. Junto con ello, la generación de diversas formas de empleo precario (informal, encubierto, temporal o en régimen de subcontratación) ha afectado la afiliación y la potencia de la acción sindical, sumándose el impulso y la difusión, por parte de algunos, de una visión interesada de la competitividad y el desarrollo, que considera a la organización sindical como un obstáculo al crecimiento económico.

Esta situación es aún más grave debido al predominio de una cultura democrática deficiente, que circunscribe la democracia y la participación a los procesos políticos pero que las limita severamente en los ámbitos social y económico. La libertad sindical y el sindicalismo, como expresiones del pluralismo y como vías hacia la democratización social y económica, no suelen contar con el reconocimiento y la aceptación estatal y empresarial necesarios. En la realidad están severamente restringidos en muchas empresas, y se niega a las organizaciones sindicales el desarrollo del rol institucional que están llamadas a desplegar en un sistema auténticamente democrático.

Como ningún otro derecho, la libertad sindical desmercantiliza el trabajo y devuelve centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical dignifica el trabajo cuando convierte a la persona en ciudadano, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

La libertad de los trabajadores/as para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y por el país.

Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

El enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores/as, empleadores/as, gobiernos y sociedad en su conjunto nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático.

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29 may 2015

Ahora es hora de nuestro color del cristal

Por Ismael Llona
Ismael Llona
Ismael Llona
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Todo es según el color del cristal con que se mira.

Ese viejo adagio ha venido a coincidir con el resultado de “el punto de vista” o de “la subjetividad” descubierta en los últimos respiros.

El discurso de Bachelet el 21 de Mayo, al que se le ha dado una importancia exagerada e inmerecida, ha sido interpretado por políticos, columnistas y periodistas rasos, como la Biblia o la palabra de Dios, esto es confusa, polivalente, incomprendida, por momentos dicha o balbuceada en lenguas pronunciadas detrás de un vidrio oscuro.

Si la palabra de Dios fuera clara no habría gnósticos y agnósticos, espiritualistas, budistas, hindúes, musulmanes, cristianos, ateos, sunitas, chiítas, católicos, protestantes, testigos de Jehová y hasta mormones, ni se necesitarían monjes, intelectuales ateos, padres de la iglesia y oficiales formados y uniformados en Utah por los discípulos de Joseph Smith.

Si la “palabra” existe (yo no creo que exista, porque, además debería repetirse y no escribirse, desde hace unos 3 ó 7 millones de años) ella ha sido atrasada, incomprendida para los pocos sabiondos que la leen y han leído y muda para los demás.

Veamos el caso de la referencia de Bachelet a la nueva Constitución, que habrá según ella, y a la Asamblea Constituyente o no a la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución, según ella.

Para los antisistémicos partidarios de una Asamblea Constituyente el discurso de Bachelet ha sido un fiasco porque la jefa de Estado y de gobierno no anunció una política suicida de autodestrucción y de renuncia a su estado de derecho.

Para los opositores de la derecha extrema, la Presidenta no dijo nada nuevo, como si fuera obligación decir algo nuevo cuando se da cuenta al país de lo hecho en el primer año de gobierno y se habla, en breve, del plan del segundo.

Para los opositores de  centro derecha, de dentro y fuera de la Nueva Mayoría, las palabras del Mensaje dejaron fuera irremediablemente a la Asamblea Constituyente.

Para los opositores y partidarios del centro, de la Nueva Mayoría, sigue la nebulosa, que es perjudicial cuando ya debería existir la luz encendida por la Presidenta.

Para los partidarios de izquierda está claro que la Presidenta dejó abierta o entreabierta la puerta para llamar a una Asamblea Constituyente, como si ella sola tuviera la manija o varita mágica para hacer ese llamado, imponerlo, y conseguir, además, que la nueva Constitución contenga los principios democráticos, populares y cuasi socialistas que a ellos aún los mueven.

En vez de quejarse estos últimos de la ausencia de claridad del Mensaje, deberían considerar la reciente votación nacional de 2013 y  el hecho de que, por primera vez, desde fines de los años sesenta, se está hablando de este tema desde la máxima tribuna del Congreso Pleno, y entender que ahora es hora de empujar concienzudamente la constitución de un movimiento democrático, no fascista, partidario de abrir paso a una nueva Constitución, borroneada durante meses por múltiples instancias ciudadanas, y estudiada por representantes de la ciudadanía, elegidos en base a los listados del Servel, en una fecha conocida con una anticipación suficiente (por ejemplo en diciembre de 2017, dos años más), en elecciones de constituyentes con candidatos y candidatas que no puedan recibir platas de las empresas y que sean elegidos con un sistema proporcional con discriminación positiva a favor de las mujeres, las regiones extremas y las comunas con alta proporción de etnias indígenas, como algunas de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Santiago y la llamada Araucanía. Y que, después, si hay alternativas, se plebiscite.

Hay que ciudadanizar la nueva Constitución.

Y darle a los elegidos constituyentes un nivel aún mayor que el de los actuales congresistas, con sus respectivos equipos de constitucionalistas.

Como no se hizo nunca en la historia de Chile, ni en 1833 y sus reformas posteriores, ni en 1925 ni en 1980 y sus reformas posteriores.

Que los ciudadanos opinen, que la mayoría ciudadana mande y que la minoría ciudadana, como corresponde, acate.

No existen las Constituciones de consenso. Esta no será la primera.

Esta proposición, por cierto, no es palabra de Dios ni de pastor ni de cura ni de “Padre” ni de oficial militar. Es sólo una palabra apenas humana fundada en la historia que podemos aún comprobar. Para discutir.

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28 may 2015

Equidad sin exclusión

Por Jorge Baeza
Jorge Baeza
Jorge Baeza
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Chile es un país que a pesar de sus importantes avances mantiene una profunda desigualdad. En este sentido, el camino de la gratuidad en la educación superior es una opción necesaria para reparar las injusticias. Debemos avanzar en romper las inequidades que dejan afuera de la educación superior a numerosos jóvenes con talento, sólo por su imposibilidad de cubrir los costos de ella porque esto es un daño, desde luego a dichos jóvenes, pero también a la sociedad chilena que renuncia a apoyar el desarrollo de estos talentos que están repartidos por igual, entre los estudiantes de colegios de clase alta y los de sectores pobres.

Resulta lamentable que una medida que va bien encaminada, se distraiga y agregue a la inequidad anterior una segunda e innecesaria barrera: que sólo los jóvenes que estudien en el mundo universitario de las instituciones agrupadas en el Consejo de Rectores puedan tener este importante apoyo de gratuidad. No hay razón para ello, ya que la medida busca saltar la barrera de los costos y ayudar a los más desfavorecidos por la sociedad.

Si bien, resulta comprensible que el Estado vele por la calidad de la inversión que realiza, solicitando cumplir a las instituciones que reciban este beneficio un conjunto de medidas, tales como acreditación de la calidad, no existencia de lucro, inclusión de sectores vulnerables e incluso participación de la comunidad en instancias colegiadas que aseguren su representatividad, no es posible entender del todo por qué instituciones de educación superior como la nuestra, la Universidad Católica Silva Henríquez, quedan afuera de dicho beneficio.

La Universidad Católica Silva Henríquez, tiene una acreditación institucional por sobre la media (4 años) y una acreditación de sus carreras, en varios casos, ubicadas en el segmento más alto (6 a 7 años); es una corporación privada de la Congregación Salesiana (antes de la Conferencia Episcopal de Chile) que no tiene lucro alguno y que es una de las cincos universidades en el país que no posee empresas asociadas (lo que no es signo de lucro, pero es el mecanismo utilizado por algunos para obtenerlo).

Su carácter social se manifiesta en que del total de estudiantes que ingresaron a sus aulas el 2015, el 47,5% pertenece a los quintiles más bajos de la escala social (se sube a un 73,8% si se agrega el tercer quintil); acoge un alto porcentaje de jóvenes de primera generación de estudiantes universitarios en sus familias; desarrolla un significativo trabajo en sectores populares, en cárceles y en nivelación de estudios básicos y medios; y cuenta con uno de los más antiguos propedéuticos de Chile, que facilita el ingreso al mundo universitario (no necesariamente a nuestra universidad) de estudiantes con alto rendimiento en sus colegios, pero bajo puntaje en la PSU.

Por último, es una universidad católica, orgullosa de ello y de su identidad salesiana, pero abierta a todos a quienes respeten sus principios, que no son otros, que los que guiaron al Cardenal Raúl Silva Henríquez: el sueño de un Chile cada vez más justo. De aquí que, en sus 32 años de historia, siempre la comunidad académica tiene y ha tenido espacios formales para hacer valer su opinión y con ello, representar la pluralidad de las ideas presentes en la nación.

Nos alegramos por los anuncios que nos hablan de mayor justicia, pero no podemos dejar de manifestar nuestro desconcierto por la marginación de nuestros estudiantes de los beneficios que la sociedad quiere entregar a los que más lo requieren; más aún, siendo una universidad que cumple con creces lo que se esgrime como justificación para entregar a otros estos beneficios.

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28 may 2015

En busca de soluciones para la crisis de confianza

Por Rabindranath Quinteros
Rabindranath Quinteros
Rabindranath Quinteros
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El proyecto de probidad en la función pública, cuyo texto fue aprobado en particular esta semana por el Senado, constituye -junto a las recomendaciones de la comisión Engel y a la agenda de probidad y transparencia impulsada por la Presidenta de la República- un punto de inflexión para enfrentar la crisis de confianza que afecta al sistema político chileno.

Se trata de una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de control social y transparencia para asegurar la probidad pública en el ejercicio de la función pública, la prevención de conflictos de intereses y la separación tajante entre negocios y política.

El deterioro de la confianza hacia la actividad política y la función pública viene arrastrándose desde hace tiempo.

Las instituciones y el sistema político tardaron mucho tiempo en reaccionar frente a signos que hace años se venían presentado y que fueron horadando la legitimidad del sistema, dañando su imagen y levantando barreras difíciles de franquear entre la política y la ciudadanía.

El retroceso de lo público en función de lo privado –propiciado desde la década de los 70- generó en Chile un tipo de acción política que construyó una relación indebida con el sector empresarial, lo que decantó en una crisis general de cuyos efectos hemos sido testigos directos en los últimos meses. Y si bien los casos de corrupción conocidos han sido aislados, la gente ha perdido confianza en el sistema y reclama una nueva forma de relacionarse con el poder político y económico.

La mejor manera de enfrentar los males de la política es con más y mejor política.Ese es el verdadero desafío que enfrentamos. En ese sentido, a los esfuerzos en materia de transparencia y probidad conocidos en las últimas semanas, se suman otras leyes –ya aprobadas o en proceso de discusión- que apuntan a fortalecer nuestro sistema democrático, como el término del sistema electoral binominal y su reemplazo por uno de carácter proporcional o la iniciativa que establecerá límites a la reelección de autoridades.

Así, los partidos políticos e independientes representados en el Congreso Nacional están haciendo su trabajo, mejorar la política desde la política.

Pero al final del día, éste no es un problema que afecte sólo a los políticos. Es un problema de la sociedad chilena en su conjunto. Por lo tanto, los cambios legales por sí solos no bastan para resolver el nudo crítico en el que nos encontramos. Es necesario un cambio de conducta general, con una ciudadanía más formada e informada y con actores políticos capaces de fijar con claridad y energía sus posiciones personales y colectivas.

Quienes nos dedicamos a la actividad política desde cargos de elección popular, estamos conminados a representar los intereses de la comunidad, no a formar una elite cerrada que espera a que pase el temporal para seguir haciendo lo mismo de siempre.

Nuestro imperativo, entonces, apunta a tener la humildad para reconocer lo que somos, el coraje para defendernos de las acusaciones injustas y la voluntad para cambiar aquellas prácticas que nos alejan de las personas.

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28 may 2015

El Cartel del Cruch

Por Sergio Velasco
Sergio Velasco
Sergio Velasco
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El sacerdote Fernando Montes, sj. Rector de la Universidad  Alberto Hurtado no se anda con chicas. Dice lo que piensa  y piensa lo que dice. Su molestia aflora por todos sus poros. Reclama  lo que a su legítimo parecer es una gran injusticia. Discriminar abiertamente con los estudiantes universitarios, de los Institutos Profesionales y  de los Centros de Formación Técnica, que no están contemplados en el anuncio presidencial  de  gratuidad, es un despropósito.

Siente  que ha sido engañado, utilizado, por su amigo el ministro de Educación  y la propia Presidenta de la República, la que contó siempre con su total  adhesión a la reforma educacional, impulsada por la actual administración.

El profundo dolor, lo manifiesta en sus declaraciones públicas, a tal punto llega su indignación que inclusive ya no tiene para él sentido  seguir  a la cabeza de una Universidad privada, sin fines de lucro, con calidad y excelencia académica.Respaldada, nacional e internacionalmente, por una congregación jesuita, con más de 500 años de existencia, al servicio preferente  por los pobres, en el campo educacional  cultural y social.

Gratuidad para el 2016  fue el aplaudido anuncio,  en la cuenta del 21 de mayo en el Congreso Pleno, sólo para el  60 % de los estudiantes más vulnerables que asistan a las Universidades del Consejo de Rectores Cruch, los IP y CFT. Acreditadas y sin lucro.

Está bien como principio, para emparejar la cancha, pésimo cuando se trata, de no discriminar ante la ley, lo que convierte esta controvertida normativa en inconstitucional, como así lo manifiestan, algunos expertos, que ya han declarado que presentaran recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.

El cartel del Cruch, pasó la aplanadora, los lobistas  que según Montes tienen oficina en el propio ministerio de Educación, hicieron muy bien su trabajo, dejando fuera a muchas instituciones de nivel superior, que siendo algunas de calidad y acreditación, muy  superior, en algunos casos, que las propias estatales, no podrán postular con sus alumnos de escasos recurso a estos beneficios que se anuncian.

La excusa es que no existen los suficientes fondos para todos los que merecen la gratuidad. Se trata de justificar lo injustificable. Es una disposición provisoria, que, por la experiencia histórica sabemos que al fin se  transforma en perpetua.

Nuevamente los pobres padres tendrán que cargar una mochila de deudas impagas, por los estudios superiores de sus hijos, sobre todo cuando se insiste que, con la educación  preferente del Estado Docente , eliminaremos las enormes brechas de desigualdad.

El rector Montes, no está predicando en el desierto. Desde ya muchos otros colegas manifiestan  su absoluto rechazo a la medida inconsulta. Incluso el rector de la Universidad de Chile, ha manifestado, en sus declaraciones no estar de acuerdo.

Siendo un poderoso miembro del cartel del Cruch, él no quiere ser cómplice de una aberración, de tal magnitud, que traerá insospechadas consecuencias.

Aclaro que aquí no se trata de lanzar un salvavidas a las instituciones educacionales, que por años han transformado, la educación en un pingüe negocio, donde los sostenedores se han enriquecido ilícitamente a costa de los aranceles que les cobran a sus alumnos.

Los dos últimos estudiantes asesinados en Valparaíso, por un alienado, o los que brutalmente fueron golpeados, por fuerzas especiales de Carabineros, uno que está  entre la vida y la muerte, no debe ser en vano, por el contrario debe ser un ejemplo, para que los verdaderos cambios se materialicen en el país.

La lucha dada por el movimiento estudiantil, con sus movilizaciones de carácter nacional, son precisamente para conseguir una mayor igualdad, basta ya de tanta incoherencia, lo que se escribe hoy, y se ratifica con las manos juntas en La Moneda, como un acuerdo sobre reforma educacional integral, mañana se borra con el codo, a vista y paciencia, de toda una nación que queda perpleja.

El debate continuará, la prestigiada voz del sacerdote seguirá encontrando  cada día mayores adeptos. Sobre todo en regiones, donde existen escasas ofertas de educación superior. Un tema no menor, cuando se despacharon por ley, la  creación de dos nuevas universidades estatales regionales, que por obvias razones  no tienen los requisitos previos para que sus futuros estudiantes puedan postular a la gratuidad anunciada.

Es de esperar que los actuales legisladores, cuestionados algunos por las famosas boletas ideológicamente falsas, que les permitieron financiar sus onerosas campañas electorales, se pongan de acuerdo,  ya que no son pocos los involucrados en la red de corrupción entre el dinero y la política, para buscar una salida salomónica a este grave desatino.

Podrán  limpiar su imagen, en la ley de presupuesto, para el  próximo año, donde se discutirá este  financiamiento. Tarea para el ministro de Hacienda, los estudiantes  se lo merecen.

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28 may 2015

La institucionalidad de la ciencia para el desarrollo sustentable

Por Laura Gallardo
Laura Gallardo
Laura Gallardo
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Con alegría hemos escuchado a la presidenta Bachelet anunciar en su discurso del 21 de mayo la creación de un ministerio de Ciencia y Tecnología. Este es un paso crucial para potenciar nuestra inteligencia y capacidad de enfrentar los desafíos de un desarrollo sustentable, particularmente ante un clima cambiante.

La actividad de investigar y generar nuevo conocimiento ha ido avanzando hacia niveles competitivos de excelencia, relevancia y pertinencia en nuestro país. Sin embargo, el número de científic@s y los recursos invertidos en investigación aún distan mucho de lo que quisiéramos. Por ejemplo, en el área de ciencias del clima no somos más de 100 especialistas en Chile, esto equivale aproximadamente a 0,1 por cada 1000 km2.

Nuestros grandes fondos concursables palidecen frente a los disponibles en los grandes centros de generación de ciencia a nivel global. Las escalas son más o menos así: aunque estamos felices porque el segundo computador más poderoso de Latinoamérica está en Chile, la realidad es que este equipo es 1000 veces más lento que el más rápido de su tipo del mundo.

Por otra parte, nuestras universidades son capaces de integrar sólo a una pequeña parte del capital humano formado en Chile y a la creciente diáspora de talentos nacionales que viven allende los Andes y el mar. Un caso representativo ocurre en el propio (CR)2, donde se incorporó un nuevo investigador a una unidad con cinco investigadores de jornada completa en ciencias atmosféricas.

No obstante, puedo pensar en al menos otros cinco científicos chilenos residentes en el extranjero que podrían integrarse a nuestro equipo y así contribuir a la investigación del cambio climático en un territorio privilegiado para su estudio. Y allí surge otro obstáculo, nuestra capacidad observacional es todavía mínima, pues los capitales de inversión son insuficientes y el personal técnico apropiado es escaso.

Un ordenamiento institucional como el requerido por un Ministerio de Ciencia y Tecnología es un paso necesario para optimizar el uso de los recursos y darnos la independencia intelectual que se requiere para enfrentar los desafíos de hoy y mañana.

El fortalecimiento de la capacidad científica de Chile no es un capricho baladí de quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a la investigación, sin este desarrollo seguiremos siendo exportadores de “palos, piedras y frutas”, sujetos a los vaivenes de la moneda que esté de moda y con pasivos ambientales y vulnerabilidades que corroen las bases económicas y sociales.

En centros como el que lidero hemos logrado hacer más y mejor ciencia, atraer nuevos investigadores y hasta incidir en la toma de decisiones. Pero se requiere más, mucho más.

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28 may 2015

Es hora de flexibilizar las metas en educación parvularia

Por María Victoria Peralta
María Victoria Peralta
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Entre los diversos anuncios que realizó la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo, hubo una noticia que poco han valorizado los medios de comunicación y que es importante destacar. Ello, por su incidencia no sólo para el nivel de educación parvularia, sino para atender las verdaderas necesidades de las familias y aportar mejor al desarrollo y a la siempre tensionada economía del país.

La Presidenta expresó que la meta inicial planteada en el programa de Gobierno de crear 4.500 Salas Cunas se flexibilizó: “Quiero reconocer que nos hemos encontrado con más dificultades de las que esperábamos al plantear esta meta. La principal, es que las familias nos piden más cupos en niveles medios que en salas cuna. Y no podemos ignorar esta realidad. Por eso, en adelante, tal como hemos comprometido, seguiremos avanzando en reducir el déficit de cobertura en el nivel parvulario, pero ajustándonos a la demanda y necesidades reales, sea en salas cuna o en niveles medios. Porque lo que no puede ocurrir es que habilitemos espacios que no se usen, o que un niño o niña que empiece a ir a una sala cuna no tenga garantizada su continuidad en niveles medios” concluyó.

Nos alegramos mucho de este cambio, el año pasado diversos estudios e investigadores (U.D.P., U. Central, C.P.U. , entre otros), plantearon la necesidad de revisar la exigente meta inicial, que al parecer, se hizo desde un escritorio analizando cifras de población no atendida de 0 a 2 años, sin tomar en cuenta importantes antecedentes de la realidad como la disminución de la natalidad, la extensión del posnatal y la resistencia cultural de las familias de llevar a los bebés a Salas Cuna, como permanentemente lo ha señalado la encuesta CASEN a lo largo del tiempo.

A ello se agregan los estudios de demanda de JUNJI e Integra, que muestran que las familias requerían más que tantas Salas Cunas, jardines infantiles con nivel medio (2 a 4 años) para atender tanto a la  población infantil existente como a aquellos que egresarían de las potenciales nuevas Salas Cunas.

Por ello esta flexibilización es una buena noticia, que esperamos sea una señal respecto a otras revisiones que pensamos que deben hacerse, como las referidas a la incorporación de las educadoras de párvulos al Plan de Carrera Docente. Ha llamado la atención que a pesar que reiteradamente se señala la importancia del nivel de educación parvularia, dicho en palabras de la propia Presidenta, se dejó para el final (2019) su incorporación a los beneficios que implicaría esta medida. Se señalan una serie de razones que pueden ser válidas, como que los jardines infantiles no están reconocidos como establecimientos educacionales con las exigencias que ello conlleva, pero todos sabemos que superar estas limitaciones es un tema de voluntad política y de recursos.

La educadora de párvulos es la docente peor pagada de todo el sistema (promedio $500.000), es la única que trabaja frente a niños 44 horas, que no tiene horas no lectivas y que puede aún tener en su sala un coeficiente de 45 niños de 5 a 6 años. Demás está decir que en estas condiciones no se puede esperar un trabajo de calidad, a pesar que traten de hacerlo.

Por lo expresado, si se quiere mejorar la calidad del nivel y fortalecer su aporte en áreas de alta importancia para el país como la formación valórica, las habilidades sociales, la creatividad, la indagación, apuntando a los objetivos de un desarrollo integral, hay que revisar estos plazos y prontamente ir cambiando las condiciones laborales de educadores y técnicos del nivel.

Esperamos que las propuestas anunciadas sean una señal de esa voluntad política de revisión, de la disposición de hacer los cambios legales necesarios y de poner los recursos financieros para que las educadoras de párvulos se las valoricen como profesionales que son para no descansar más en su vocación y entrega desinteresada.

El Chile del siglo XXI y la Reforma Educacional en curso, requieren de un trabajo de calidad desde la base del sistema educativo lo más pronto posible, ya que en los párvulos el tiempo es siempre  “ahora”, como decía la gran Gabriela y no se puede esperar para mañana. Los niños y niñas, sus educadoras y técnicos  se lo merecen.

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27 may 2015

El Transuniversitario

Por José Bengoa
José Bengoa
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Habría que decir que la capacidad de enredar las cuestiones educacionales  y universitarias, crear (se) enemigos, guerras cuasi religiosas, provocar enojos, que salen de la Alameda con Teatinos, es exquisita. El inquilino del edificio de  la Alameda, se ha transformado en el mejor aliado de los movimientos sociales; los estudiantes de la Universidad de la que soy coyunturalmente Rector, se fueron todas y todos a paro indefinido.

Las razones son diversas, confundidas posiblemente , pero fundamentalmente justas. Si le dan gratuidad solamente a las así llamadas Universidades Estatales, no quedaría ni uno probablemente en la Academia. Digamos que es un anuncio del tipo de “rocket con ventilador”, una especie de dron de la sobre modernidad.

Le decíamos a un joven asesor del inquilino de la Alameda con Teatinos que lo que no había podido hacer la Dictadura, acabar con la Academia, lo que no habían podido hacer los de la Concerta, ignorar a la Academia, lo que no hizo la derecha, hacerse los neutrales con la Academia, lo harían nuestros amigos; ¿con estos amigos para qué tener enemigos?, me digo.

Y lo notable del caso es que se ha logrado unir a la privada y entusiastamente privada derecha católica, liberal, laica y tecnocrática, universitaria, liderada por un, como le decían los mapuche, “Curri Patiru”, también amigo y respetado sacerdote de la Compañía de Jesús;  “Ay Jesús que Compañía” decían los antiguos. Porque una vez que levantó la guaripola el domingo, en el Decano de la Prensa Nacional, se pusieron en línea y en desfile, las más diversas especies y colores de la flora y fauna nacional e internacional.

“Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma…”Hoy en la mañana salió que el asunto era “anticonstitucional”, y que “violaba” a la “sagrada señora” como decía groseramente Diego Portales, que a pesar de todo tiene estatua, edificios, e incluso Universidad también…. Aunque estoy más bien de acuerdo con Carlos Peña su  portaliano rector.

Si se declara este asunto anti constitucional se acaban todas las reformas, ya que para esta Señora, nacida del pecado por cierto, todo es anti constitucional y sus guardianes son muy celosos en su cuidado. La cuidan como hueso de santo…En esta vuelta no me sacaré ni una foto con ninguno de los nombrados, a penas una foto carnet en solitario.

Mala cosa, muy mala. Con mis colegas profesores y académicos hoy día hemos sacado algunas conclusiones, raras para ser una entidad privada, como por ejemplo que estamos por la educación pública y que para que ésta sea efectiva hay que favorecer a las Universidades del Estado; pero eso con cuidado y razón.

Si no hay mínimos controles de desempeño la plata “basal”, palabrota casi infecta, que se le dé a esas Universidades puede llevar a situaciones muy curiosas y totalmente contrarias al espíritu y letra de las reformas. Porque no todas las Universidades del Estado son las que dirige el Rector Vivaldi, con su teléfono que suena como las Cuatro Estaciones, de su musical ancestro. Y eso que también allí se cuecen habas.

Pero hay estatales y estatales. En eso estoy de acuerdo con nuestro “patiru”. Porque hay que decir que las Universidades menos reguladas, las de peor calidad, comprobadas en todas las evaluaciones y acreditaciones, son las sedes de las Estatales de Regiones en Santiago. Hay sedes que tienen dos, tres, cinco y diez veces más  estudiantes que nosotros y no tienen ni Bibliotecas, ni edificios, ni profesores estables, ni nada de nada. Son entidades de negocios privados dirigidos por entidades del Estado.

Talca  dicta en Santiago carreras maulinas, Arturo Prat sugiere desiertos salitreros, Los Lagos navega por calle República y así  Valparaíso con entusiasmo ha llegado a la capital, aunque se enoje su Rector. Me puedo imaginar que si estas sedes capitalinas son gratuitas, como ha dicho el Ministro, se van a subir de alumnado como la leche hirviendo, y allí se van a ir los jóvenes que con toda razón quisieran estudiar gratis. Los más pobres de Santiago, van a ir a estudiar en las Universidades más malas y más pobres.

Por cierto que en esa perspectiva, sin apoyo ni gratuidad nosotros, la Academia,  que fundó hace casi 40 años don Raúl Cardenal Silva, Don Cárdenas como le decíamos, se acaba. Muchas gracias habría que decir, por los favores prestados a los inquilinos de la Alameda con Teatinos. Quedará en la ya larga Historia Universal de la Infamia.

Afirmemos en cambio, el sistema público estatal, con cuidado y serenidad. Esa es una condición para construir un país democrático y bajar un poco que sea la desigualdad, la discriminación, la odiosa sociedad en que estamos subsumidos. Pero háganlo bien; hagámoslo si invitan, cosa que no han hecho de manera formal.

Les dijimos a los inquilinos susodichos que antes de ir a Valparaíso con propuestas artificiosas debían haber convocado a los actores, a los que estamos en las Universidades desde que nacimos, casi, a los jóvenes estudiantes, que tienen mucho que decir, y nadie les ha consultado nada, a todas y todos. Y creemos que no es tan difícil ponerse de acuerdo. Que se firmen, por ejemplo, contratos de desempeño con cada Universidad Estatal y del CRUCH, y en cada caso, que digan, la capacidad que tiene cada una de esas  Universidades para asumir la gratuidad, la estimación seria de gratuidad progresiva, que se diga con claridad a cuánto y cómo se calculará el arancel para que esa gratuidad sea efectiva y no una mentira, que haya un sistema de transición y no se repita en la educación superior el Transantiago, que es lo que tememos muchos, entre ellos quien acá escribe. Las fórmulas no son difíciles.

En primer lugar decir cuánto dinero hay para esta operación y para cada año. Si se es transparente los estudiantes lo comprenderán sumamente bien; lo que produce el enojo es la ausencia de transparencia como el 26 de Mayo, en que nos hemos enterado que hay una cantidad de Universidades “en la mira”, y que no sabíamos, entre ellas la Central por ejemplo, y que por esa razón, absolutamente novedosa no podrían siquiera acercarse a uno de estos programas de gratuidad.

Establecer en segundo lugar las condiciones en que las Universidades del CRUCH van a ir accediendo a esas cuotas sucesivas de gratuidad. Porque nadie puede mentir más. Todo el mundo sabe que ingresar a la Universidad Católica en San Joaquín, no solo es difícil por el puntaje de la PSU, sino que hay que tener plata para moverse, normalmente deben tener auto,  comprar los útiles escolares que en algunas carreras son cuantiosos, en fin…Y la gratuidad es una parte solamente del gasto. Decir el 60 % de estudiantes gratuitos en la Católica me suena a  falsedad y casi a bofetada.

Veo en Internet un mapa que dice ¿dónde viven los estudiantes? Y hay un puntito rojo puesto en el mapa de Santiago. La Católica es una mancha roja en la pre cordillera, la de Los Andes, UDD, y otras una mancha compacta, entre Las Condes y La Dehesa. Y los inquilinos de la Alameda con Teatinos nos dicen que no le darán oportunidad de gratuidad a las que como nosotros se dispersan los puntitos rojos por todos los barrios de la capital.

Pero y eso es también heterogéneo, no todas las llamadas despectivamente privadas son iguales, entonces hay que tener Convenios de Desempeño para que la gratuidad sea también efectiva en algunas de las privadas, que firmen con el Estado compromisos. Y si no alcanza  para el sesenta por ciento, habrá que hacerlo el primer año para el treinta por ciento. Y todas y todos vamos a entender que pasar del neo liberalismo educativo fundamentalista a un sistema de gratuidad no es un asunto fácil.

¿Se recuerdan las colas del Transantiago? ¿Se acuerdan lo que sufrió la gente que esperaba micros? ¿Alguno de los planificadores había andado alguna vez en las micros amarillas? ¿Creen por acaso que el joven esperanzado que va a una de esas Universidades despreciadas y despreciables es un imbécil, un pobre infeliz que además de pobre hay que castigarlo?

¿No se dan cuenta que hay miles de muchachas y muchachos que van a estudiar enfermería  y que son la primera persona que ha estudiado en una genealogía  curtida de “labradores, peones y proletarios”? Y a todas esas personas los inquilinos de la Alameda con Teatinos los están tratando de lo peor. Vámonos con cuidado chiquillos.

Otra cosa pero importante. Si le decimos a los que vienen que van a estudiar gratis, es una ofensa decirle a los que vinieron antes que deben pagar hasta las ganas por un crédito Corfo. Fui aval de uno de esos créditos y era de casi un millón de pesos. El muchacho no pudo más, abandonó la Universidad en que estaba, que no era la Academia, y no pudo pagar  más. Llevamos exactamente 14 años pagándole al Banco del Estado. Me olvido de la cuota y me llaman de manera insistente a las horas inimaginables. Les grito ladrones. El  crédito va en más de seis millones y falta mucho por terminarlo. Es un escándalo.

Lo mínimo que tiene que hacer el inquilino de la calle Alameda que sabe de números es acabar con este sistema, condonar las deudas y toda esa pérdida será un moco de pavo frente a los millones que vemos bailar en el escándalo económico y político nacional. Lo mismo debe hacerse con los CAE y los Créditos Fiscales, a lo menso repactarlos. Es un asunto ètico.

Quiero decir responsablemente que hay caminos para avanzar en forma sustantiva a la gratuidad universal de la educación Universitaria y superior chilena; que hay caminos adecuados para que esta educación esté articulada por las Universidades estatales, que sea democrática en su acceso y en su contenido, pero, que si  se prefieren atajos vamos a tener la mayor catástrofe universitaria de nuestra historia y muchos querrán volver a la LOCE firmada por mi General viajando a Valparaíso en su Mercedes Benz blindado, a entregar el mando hace ya unos años.

Las Universidades del barrio alto, no perderán un día de clase este año, mirarán desde la cota mil del Padre Berríos, curri patiru también, como “los de abajo” se sacan la mugre peleando por la gratuidad en la calle, y los Carabineros en un enfurecimiento increíble y renovado, les golpean con sus porras y guanacos de manera brutal. La gran heterogeneidad de la educación universitaria hay que mirarla con lupa y de ese modo evitar que estemos a las puertas de un gran “Transuniversitario”.

 Si alguien quiere informarse sobre los detalles de esta propuesta, ver www.academia.cl

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27 may 2015

67 años de holocausto palestino

Por Daniel Jadue
Daniel Jadue
Daniel Jadue
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El 15 de mayo se cumplieron 67 años del inicio del holocausto palestino, que coincide con la creación del Estado de Israel, que a su vez constituye la causa directa de dicha tragedia.

En efemérides como esta, los defensores de Israel pretenden, como siempre, engañar al mundo planteando que éste es la única democracia del Medio Oriente, que es factor de progreso, pionero  en empresas de vanguardia tecnológica y que su creación y desarrollo representan virtualmente un milagro moderno.  Como guinda de la torta, afirman además, que cuentan con “el ejército más moral del mundo” (sic).

En resumen, cada 15 de mayo tratan de instalar la idea de un país modelo. Reconocen, eso sí, que tienen sólo una tarea pendiente: la consecución de la paz, hecho que por supuesto no sería de su responsabilidad, ya que enfrentan a enemigos irreconciliables, con un odio gratuito e irracional hacia Israel y con una tendencia patológica hacia la práctica del terrorismo.

Al respecto, me parece que vale la pena señalar que si se pregunta a los palestinos, tanto a los que viven en Israel, bajo su ocupación militar en los territorios ocupados ilegalmente, a los que viven en la diáspora o como refugiados, su opinión será diametralmente opuesta: los primeros viven como ciudadanos de categoría inferior a los judíos israelíes, con la excepción de los falashas o judíos etíopes, pues se les discrimina negativamente en sus derechos por no ser judíos.  De hecho, más de 50 leyes a favor de estos últimos consagran dicha discriminación.

Por otra parte, quienes viven en los territorios ocupados militarmente en Cisjordania, saben que en cualquier momento pueden ser encarcelados indefinidamente, sin derecho a juicio, humillados, agredidos, expropiados, expulsados o asesinados por el ejército de ocupación.

Los habitantes de Gaza viven desde hace más de 8 años bajo un bloqueo inhumano por aire, mar y tierra y expuestos periódicamente a ser masacrados por los bombardeos del ejército israelí que dentro de toda su moral no han aprendido a diferenciar un hombre armado de un bebé.

Como si fuera poco, 7 millones de refugiados palestinos son testimonio viviente de la tragedia desatada en 1948 con la creación del Estado de Israel, fecha en que la mitad de la población palestina fue expulsada por la fuerza o se vio obligada a huir para salvar sus vidas y no quedar bajo los escombros de las más de 500 aldeas arrasadas por estos prodigios democráticos.

Cabe destacar que hasta el día hoy, la potencia ocupante no les permite retornar a la tierra a la que han pertenecido…desde siempre.

Así  las cosas, desde la perspectiva de los palestinos y de los hombres y mujeres amantes de la libertad, la democracia y los derechos humanos, aplicar el apartheid, la limpieza étnica, violar sistemáticamente los derechos humanos y el derecho internacional, colonizar territorios ajenos y masacrar población civil cada cierto tiempo, no son atributos propios de una democracia.

Decenas de condenas de la ONU por ignorar sus resoluciones y por sus políticas contra los palestinos, dan cuenta de estas transgresiones. Jamás en la historia conductas de ese tipo han conducido a la paz y menos aún, cuando se pretende obligar al pueblo ocupado a negociar un territorio que el ocupante cercena cada día con nuevas colonias ilegales.

De más está decir que, en estas condiciones, no podemos compartir la visión de los agentes de Israel esparcidos por toda la tierra, ya que sabemos de sobra que ninguna democracia puede levantarse sobre el genocidio y la expropiación, como es el caso de este milagro occidental.

Estamos convencidos que más temprano que tarde tendremos paz, pero solamente cuando el mundo logre percibir y se convenza que las políticas que se han aplicado en Palestina, en nada se diferencian, tanto en su inspiración, su ejecución y sus resultados, de la aplicada contra los judíos por la Alemania Nazi.

Si a alguien aún le quedan dudas, basta con que se remitan a parte de las declaraciones de la actual ministra de Justicia de Israel, durante el ataque a Gaza en 2014, Ayalet Shaked, en referencia a la población civil de Gaza:  “Todos son combatientes enemigos, y su sangre debería estar en todas sus cabezas. Ahora, esto también incluye a las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Deberían seguir a sus hijos, nada sería más justo. Deberían ir, como deberían irse los lugares físicos en donde criaron a las serpientes. De otra manera, criarán más pequeñas serpientes ahí”.

Nadie puede negar que declaraciones como ésta, incluso podrían llegar a opacar por débiles, las imágenes de perversidad de que gozan Joseph Goebbels y Adolf Hitler.

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27 may 2015

Presidenta, tenemos que hablar de educación parvularia

Por Catalina Estévez Figueroa
Catalina Estévez Figueroa
Catalina Estévez Figueroa
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Sí, de cierta manera es absurdo imaginarse a las guaguas, niñas y niños más pequeños marchando, balbuceando, entre mamaderas y pañales desechables, consignas por el derecho a una educación gratuita, equitativa y de calidad. ¿Es que acaso la única posibilidad de visibilizar y dar prioridad en la agenda pública y mediática a la educación parvularia sería imaginando una escena de realismo mágico?. Porque convengamos que, si bien las palabras necesidad e importancia se repiten en cada discurso sobre la Reforma Educativa, los hechos –o la ausencia de éstos- demuestran que no es un tema prioritario para el país.

No es antojadizo afirmar que en la educación inicial está la clave para combatir la vergonzosa desigualdad entre los niños y niñas más pobres y los más ricos, que se hace tan evidente en la educación escolar. Los niños nacen iguales, tienen las mismas posibilidades de desarrollarse, pero la segregación social y la tremenda inequidad que existe en nuestro país tempranamente afectan sus vida y truncan sus expectativas de futuro; a los tres años de edad ya se puede distinguir una brecha –que se irá acentuando con el correr de los años- en el desarrollo cognitivo y socioemocional, entre los niños y niñas de los primeros y últimos quintiles.

La educación inicial es, entonces, la mejor arma para luchar contra la desigualdad, en el momento propicio, antes que la brecha se convierta en abismo.

Conociendo esto ¿por qué nos quedamos en las buenas intenciones, los discursos políticamente correctos y en las declaraciones de voluntad, y no pasamos a los hechos concretos?

Los anuncios en la cuenta pública del 21 de mayo son positivos pero insuficientes. Celebramos el aumento de cobertura en educación parvularia de 124 mil nuevos cupos y la reorganización de éstos en base a la demanda que se estima para cada nivel educativo en los próximos años.

Pero ¿y qué hay sobre la calidad? Echamos de menos en el discurso presidencial anuncios orientados a la mejora sustantiva de la calidad en todos los establecimientos de educación parvularia. En este sentido, es categórica la premisa que afirma que una educación sin calidad puede llegar a ser perjudicial para los niños y niñas.

¿Y qué se entiende por una educación parvularia de calidad? Una educación que tenga como objetivo principal el bienestar del niño y se sustente en el enfoque de derechos. Además, abarca múltiples dimensiones como los tamaños de los cursos, la formación docente, la infraestructura y mobiliario adecuado, marcos curriculares flexibles, material didáctico amigable e innovador y acciones orientadas al involucramiento con las familias. En esta oportunidad relevaremos dos fundamentales: los coeficientes técnicos y la formación docente.

La primera dice relación con la proporción de adultos por niños en una sala. En la actualidad esta proporción está normada por el decreto 115, que establece estándares para los jardines infantiles muy por debajo de lo que se podría considerar un programa de calidad. Sólo para que se hagan una idea, la norma vigente señala que en un establecimiento de educación parvularia, en promedio, debe existir una educadora cada 37 niños.

¿Qué impacto puede tener el desarrollo, aprendizaje y bienestar de un niño un modelo que contempla estándares de guarderías? La respuesta es obvia, se requieren coeficientes técnicos muchos más exigentes, que en promedio no supere la proporción de 19 niños por educadora.

Adicionalmente, si cambia la normativa, por otra de mayor exigencia, aumentaría la demanda de educadoras, a lo menos en 15 mil, y como anualmente egresan alrededor de 1.500 educadoras de carreras de educación parvularia, tomaría casi diez años cubrir la necesidad de nuevos profesionales que se genere.

No obstante, este déficit podría ser cubierto antes del tiempo que estimamos. Depende, en buena parte, de la existencia de una carrera docente atractiva y desafiante que contemple formación continua y sustantivas mejoras laborales- como remuneraciones y aumento de horas no lectivas- que incentive a más jóvenes a estudiar pedagogía en educación parvularia. En este punto, es un avance significativo la incorporación al proyecto que crea un Sistema de Desarrollo Profesional Docente a las y los educadores que se desempeñan en colegios subvencionados por el Estado. El punto preocupante de la iniciativa es que posterga hasta el 2020 el ingreso de las y los educadores que trabajan en jardines infantiles y salas cuna Junji e Integra.

Presidenta, tenemos que hablar. Es urgente la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en una educación parvularia de calidad que sea equitativa e inclusiva. No podemos esperar a que las guaguas marchen por sus derechos para darle la prioridad que requiere. Ya no bastan los consensos sobre su importancia, ni los discursos sobre lo bueno y lo bonito. Es el momento de actuar.

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