La asignación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las universidades constituye una discusión que data de muchos años y que ahora ha vuelto a ponerse en tela de juicio a propósito de la implementación de la gratuidad en la educación superior. Tanto para algunos rectores como para algunos parlamentarios, su eliminación permitiría reasignar esos recursos y así cubrir la brecha económica que se les generará a las instituciones que decidan adscribirse a esta nueva política, a partir del año 2016.
Como universidad que acoge mayoritariamente a estudiantes provenientes de sectores desfavorecidos, siempre hemos considerado que el AFI es un sistema de financiamiento regresivo y discriminatorio, que hasta antes de la implementación del Ranking de Notas, se sumaba a los mensajes desesperanzadores que se le entregaban a todos esos jóvenes, que teniendo mérito académico, no tienen la posibilidad de lograr en las pruebas de selección universitaria un alto puntaje, tanto por su capital cultural de base como también por la calidad de su proceso formativo.
Premiar a las universidades que reciben a los estudiantes de más altos puntajes en la PSU, sólo ayuda perpetuar las diferencias de cuna, como también a la imposibilidad de romper el círculo de escasez socioeconómica asociada a pobreza educacional.
El AFI no es algo que impacte directamente la proyección presupuestaria de instituciones como la nuestra, que no recibe a los mejores puntajes PSU y donde el ingreso de recursos por esa vía resulta marginal.
Sin embargo, seguir manteniéndolo tal como está, puede interpretarse como una contradicción, ya que lo que hoy se busca es favorecer a los que menos tienen y no continuar financiando a las universidades que reciben a los estudiantes de más altos puntajes, que sabemos que en su mayoría, provienen de familias de altos ingresos.
Por lo mismo, la eliminación del AFI hoy se convierte en una doble oportunidad: terminar con un mecanismo que no favorece la equidad y la posibilidad de ofrecer mejores condiciones a los planteles que decidan implementar la gratuidad el 2016, reasignando dineros en el presupuesto nacional para cubrir la brecha económica que ocasionará en algunos de ellos.
Ya lo hemos señalado anteriormente, la gratuidad va en beneficio de los jóvenes por sobre cualquier otro interés institucional. Su inminente implementación es una excelente noticia para los estudiantes, pero también requiere estudiar y revisar con responsabilidad los cambios que esto generará al interior de los planteles de educación superior para que puedan ofrecer gratuidad a los alumnos, sin alterar su funcionamiento ni los estándares de calidad de la formación que entregan.
No podemos desconocer los avances que se han alcanzado en materia de equidad y los esfuerzos que ha hecho y sigue haciendo el Gobierno en la búsqueda de una educación más justa para todos los chilenos.
La gratuidad es un enorme paso en esa línea, sin embargo, el cambio será realmente significativo, si esta nueva política no sólo no perjudica el normal funcionamiento de las instituciones, sino que al contrario, suma conjuntamente a la equidad y calidad.