06 ene 2012

15 preguntas a los pre-precandidatos presidenciales

Por Leonel Sánchez Jorquera
Leonel Sánchez Jorquera
Leonel Sánchez Jorquera
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Es increíble que desde la oligarquía criolla se estén levantando tantas candidaturas presidenciales, como si en Chile no hubiese pasado nada durante el año 2011.

Pero es una realidad que todo actor político debe considerar y, antes que el tema tome otros ribetes, permítanme elevar algunas interrogantes, dirigidas especialmente a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a asumir tan alta responsabilidad.

Para enfrentar la proliferación de candidaturas a la Presidencia de la República, en medio de las movilizaciones y de la grave crisis política-institucional que enfrenta el país, se hace necesario clarificar el contexto de dicho proceso que – a mi modo de ver las cosas – debería comenzar con aclarar y visibilizar las propuestas que hay detrás de cada candidatura.

Puede ser una miopía personal o tal vez una mal formación política pero, todavía no configuro una matriz de pautas, ideas fuerzas, propuestas, plataformas programáticas, o como queramos llamarlas, detrás de las diversas aspiraciones presidenciales para el 2013.

Soy uno de los convencidos de que el proceso electoral presidencial de 2013 será en un entorno de discusión, definición y debate que no se veía, en los campos y ciudades de nuestra patria, desde el año 1970, elección en la cual el centro del debate estaba señalado en el modelo de desarrollo para Chile.

Ni siquiera la elección presidencial de 1989 tuvo esa característica, pues estaba la convicción del triunfo de las fuerzas políticas que ganaron con el NO, un año antes, y la gran duda era el cómo se desarrollaría la vuelta a la democracia y la consiguiente transición.

Para entrar en terreno sobre el proceso electoral presidencial que se avecina y que se desplegará con toda su fuerza a partir de la misma noche de la elección municipal, tenemos que plantearnos cuales serán los ejes temáticos del próximo gobierno.

En lo personal, me gustaría preguntarle a los/as aspirantes a Presidente/a de la República sobre 15 interrogantes, sólo para ver si tiene sentido seguir conversando con dichas personas un proceso de mayor convergencia.

Son mis interrogantes. Usted estimado/a lector/a, está invitado/a a elaborar su propio decálogo. Estas son las mías:

1. ¿Estás dispuesto/a a impulsar una Asamblea Constituyente que elabore una Nueva Constitución?

2. ¿Te puedes responsabilizar en buscar fórmulas para Renacionalizar el cobre chileno y proteger nuestros recursos naturales como el litio y el agua?

3. ¿Te puedes comprometer por una educación pública gratuita y de calidad para todos y todas los que quieren acceder a ella?

4. ¿Puedes impulsar una reforma tributaria más equitativa, con incentivos a la pequeña y mediana empresa y una mayor carga tributaria a la gran empresa?

5. ¿Estás en condiciones de buscar políticas públicas que fortalezcan la salud pública y se regule la exagerada ganancia de las Isapres?

6. ¿Tienes la fuerza para iniciar un proceso de regionalización y descentralización, con poderes ejecutivos y legislativos regionales elegidos por votación popular?

7. ¿Puedes plantear la dictación de un Nuevo Código del Trabajo que considere la negociación colectiva interempresas, el fortalecimiento de la organización sindical y la eliminación del remplazo de las y los trabajadores después de 15 días de huelga legal?

8. ¿Puedes impulsar un nuevo trato hacia nuestros hermanos de los pueblos originarios preocupándose de su marginación cultural, considerando su autonomía organizacional y su real incorporación al desarrollo nacional?

9. ¿Puedes profundizar una reforma a nuestro sistema de AFP, en la cual sean los verdaderos dueños de los fondos, es decir las y los trabajadores, los que definan los destinos de sus ahorros y no los grandes grupos económicos, y permitiendo la creación de una AFP Estatal?

10. ¿Te puedes comprometer con verdaderas políticas de igualdad de género?

11. ¿Puedes impulsar una modernización del Estado?

12. ¿Estás dispuesto/a a cambiar la matriz energética, buscando energías alternativas y sustentables con el medio ambiente?

13. ¿Estás dispuesto/a a impulsar las reformas necesarias para terminar con el sistema monopólico de los medios de comunicación social y masivos?

14. ¿Estás disponible para realizar las modificaciones necesarias para reimpulsar una profunda participación comunitaria?

15. Finalmente ¿Estás disponible para someterte a un mecanismo de primarias abiertas para definir la o el candidato presidencial de la oposición y un proceso participativo para definir una plataforma programática?

Sólo si hay voluntad de converger en estas y otras preguntas tiene sentido continuar el diálogo político y social para construir una candidatura presidencial.

De lo contrario estaremos hablando de farándula política, discutiendo las características individuales de cada candidato/a.

Para lo cual – no sé usted – en lo personal, no estoy disponible.

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06 ene 2012

¿Qué fue el gobierno de Pinochet?

Por Ismael Llona
Ismael Llona
Ismael Llona
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Pongámonos serios.

La derecha dura, que está en el gobierno, dirá que no fue una “dictadura”. Sí, que se trató de un “régimen de excepción”, de un “régimen militar”. Siempre, mientras dure.

La derecha blanda, que también está en La Moneda, más oportunista, dirá que eso no tiene importancia y que, bueno, se le puede llamar dictadura o régimen militar.

La democracia cristiana –ahora y desde 1980- dirá que sin duda fue una dictadura.

Y la izquierda, blandengue en sus posiciones ideológicas, insistirá en que el gobierno de Pinochet fue eso, una “dictadura”.

Y la gente, educada por los medios de comunicación, la escuela y la universidad, y de alguna manera por la tradición de los últimos 30 años, aceptará que se trató de una dictadura, y punto.

Como de lo que se trata hoy es que un gobierno electo en el período posterior a la dictadura sugiera u oriente la educación de los niños y jóvenes chilenos del siglo XXI, los libros de clases del ministerio de Educación, pongámonos aún más serios.

Los gobiernos de Carrera, O’Higgins, Freire, Prieto o Portales en 1831 e Ibáñez en 1927 fueron dictaduras o regímenes militares.

También lo fueron los gobiernos de los Coroneles griegos, el de la Primavera Portuguesa, el de Nasser en Egipto, el primer gobierno de Perón, el de Torrijos en Panamá, el gobierno de Velasco Alvarado en el Perú.

Los de Hitler, Mussolini y Franco. Y los de Mao, Lenin, Stalin, Ho Chi Minh y Kim Il Sung.

¿Nadie ve diferencias entre estos gobiernos y entre esos gobiernos y la dictadura de Pinochet? ¿Nadie ve similitudes? ¿Nadie ve identidades del de Pinochet con alguno o algunos de ellos?

Cuando fue elegido – cuando aún no gobernaba- el gobierno de izquierda del Presidente Allende, en 1970, el gobierno de derecha de los EEUU – Nixon, Kissinger- decidió “apretar a ese hijo de puta” y orientó en tal sentido a sus organismos de inteligencia, a su diplomacia y a sus entes económicos. También a sus fuerzas afines en Chile.

Esto está históricamente registrado, lo ha reconocido el propio gobierno de los EEUU y los documentos pueden ser hoy revisados, si se quiere.

En octubre de 1970 fue asesinado el Comandante en Jefe del Ejército chileno para propiciar un golpe de Estado que impidiera el ascenso de la izquierda al poder.

Convivieron dos estrategias de derrocamiento del gobierno de Allende hasta marzo de 1973: una, que propiciaba abiertamente el golpe de Estado, y otra que buscaba alcanzar los dos tercios del Congreso para sacar “legalmente”, y sin duda con apoyo militar, al gobierno de Allende.

Desde las elecciones de marzo de 1973, en que la izquierda alcanzó el 44 % de los votos, el centro freísta y la derecha llevaron adelante la estrategia del golpe de Estado.

Ella fructificó en septiembre de 1973.

Se estableció una dictadura militar de derecha, encabezada por Pinochet y, en un inicio, apoyada por la mitad de los chilenos, la burguesía en su conjunto, la dirección de la DC y la derecha.

Desde antes de llegar a La Moneda y con el bombardeo a ésta, se estableció un sistema ilegal y criminal de derecha, siempre de derecha.

Ese régimen echó para atrás las conquistas democráticas de todos los chilenos, desnacionalizó la economía del país, ultimó al Estado democrático construido desde 1920 en adelante y reprimió de manera brutal a todas las fuerzas sociales, de izquierda y a sectores del centro demócrata cristiano.

Ese gobierno dictatorial de derecha pretendió, infructuosamente, que se le considerara emparentado con el de O’Higgins pero no lo consiguió.

En el mundo, Pinochet fue entendido como un pequeño y repulsivo Franco, un nazi y un fascista. Por eso, hasta en su viaje a Filipinas le tiraron caca.

Esa es la imagen imborrable que aún tiene.

No saca nada el nuevo ministro de Educación con hacerse el que “da lo mismo”.

Menos sacan los diputados Moreira y Cardemil. Que, cuando salgan en viaje al extranjero, pregunten a cualquiera cómo califican.

Los libros del Chile democrático van a calificar al gobierno de Pinochet como lo que fue: una dictadura de los ricos de Chile y el mundo para los ricos de Chile y el mundo.

Podrá haber algunos que lo nieguen. Como los que niegan el Holocausto o la Revolución Francesa.

La de Cardemil, Moreira y otros fue una dictadura de derecha.

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06 ene 2012

Oposición a la igualdad: torcer la democracia

Por Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
Sebastián del Pino
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Recientemente, fue anunciado en los principales medios de comunicación que se interpondrá un requerimiento ante el Tribunal Constitucional –suscrito, en su mayoría, por diputados de la UDI– con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación.

Tal requerimiento de inconstitucionalidad se basa en dos ideas subsidiarias: por una parte, se plantea que este proyecto de ley corresponde a una reforma constitucional, pues, determina el sentido y alcance de la garantía fundamental de “igualdad ante la ley” (artículo 19 Nº 2 de la Constitución); para el caso en que el Tribunal no considere que se trata de una reforma, se argumenta que se trata de una ley interpretativa constitucional, en tanto, debe respetarse un quórum de aprobación mucho más alto del requerido por una ley ordinaria.

Por otra parte, el diputado Gonzalo Arenas –designado como representante en la tramitación de este requerimiento– ha expresado, a través de una columna publicada en un medio electrónico, las siguientes aseveraciones en torno al proyecto de ley antidiscriminación:

1. Hoy en día, quizás como nunca, se está utilizando el derecho como campo de batalla cultural. Es así como varios derechos que se reclaman de la legislación, más que solucionar un problema concreto y real, sólo buscan impulsar un reconocimiento social y moral para determinadas posturas ideológicas.

2. Es esto lo que se puede decir perfectamente del proyecto de ley contra la discriminación, actualmente en trámite en el Congreso Nacional y por el cual se intenta imponer conceptos sumamente imprecisos desde el punto de vista del derecho.

3. Las opiniones de la Corte Suprema dejan en evidencia que no existe necesidad de una ley de este tipo, porque todos los casos que se puedan plantear se encuentran suficientemente asegurados por el artículo 19 N° 2 de la Constitución y el recurso de protección.

Hecha esta contextualización, paso a responder al honorable diputado:

1. Desde que el derecho sobrepasa su carácter netamente patrimonial, tal como se le concebía durante la época clásica, se le ha utilizado como herramienta de lucha cultural. El derecho posee un carácter simbólico de suma importancia, puesto que en las sociedades democráticas es producido por organismos de representación popular. Tal significación simbólica indica el paradigma de desarrollo anhelado por la sociedad que lo produce.

En este sentido, el diputado Arenas parte de un supuesto que cada vez es más difícil de sostener: la inmutabilidad de las instituciones.

La sociedad humana presenta problemáticas distintas de acuerdo al contexto temporal y espacial en el que se desarrolla, por esto mismo, no es extraño que el derecho actúe como un elemento de equilibrio, a fin de establecer la plena igualdad, sobre todo, cuando se trata de grupos que históricamente han sido discriminados.

2. El diputado manifiesta que a través de este proyecto de ley se trata de introducir conceptos “imprecisos” a nuestro derecho, pero, lamentablemente, no identifica tales elementos. No obstante, es obvio que se refiere a la orientación sexual e identidad de género.

Es falso que la orientación sexual sea un concepto que no reconozca límites claros, ya que, recurriendo a la historia de la ley, se utilizó los Principios de Yogyakarta, para dar sustancia a esta categoría normativa.

Estos principios definen a la orientación sexual como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo (heterosexualidad), o de su mismo género (homosexualidad), o de más de un género (bisexualidad), así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”.

Por su parte, la identidad de género es definida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Los senadores Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Isabel Allende y Lily Pérez, fundamentaron sus votos a favor del Proyecto citando este documento internacional –Los Principios de Yogyakarta–, por lo que se encuentra incorporado a la historia de la ley.

En consecuencia, nadie podría pretender justificar la pedofilia o cualquier otro acto de carácter punible al invocar la ley antidiscriminación, en primer lugar, porque los conceptos orientación sexual e identidad de género son bastante claros y, en segundo término, porque el proyecto no es modificatorio del Código Penal, excepto en lo que respecta a la agravante por cometer un acto delictivo motivado en la discriminación.

3. Existen estudios que demuestran que el recurso de protección ha sido insuficiente para resolver situaciones de discriminación. En este sentido, el libro “Derechos Fundamentales y Recursos de Protección”, del profesor Gastón Gómez Bernales (UDP), da cuenta de la escasa recepción de esta acción constitucional en materia de derecho a la igualdad.

Durante el 2005, de los ochenta y tres recursos presentados por menoscabo a la garantía de igualdad ante la ley, sólo cincuenta y nueve fueron acogidos,en cambio, se presentaron más de dos mil cuatrocientos dos recursos para tutelar el derecho de propiedad

Además, debe tenerse en consideración que el rechazo expresado por la Corte Suprema al proyecto no es unánime, de hecho, en relación al primer oficio despachado por el máximo tribunal en mayo de 2005, siete de los ministros expresaron su opinión de acoger favorablemente el proyecto, por estimar que la iniciativa resultaría un complemento fundamental al principio constitucional de no discriminación.

Personalmente, lamento estos esfuerzos para hacer mella a una ley que es absolutamente necesaria, desde la perspectiva de la profundización de la democracia y la extensión de las libertades públicas a todos los miembros que componen nuestra sociedad.

No es posible justificar, aunque sea veladamente, la legitimidad de un sistema discriminatorio, cualquier acto en este sentido, no es más que un atentado a la libertad humana.

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05 ene 2012

El valor de la palabra en la vida pública

Por Ricardo Hormazábal
Ricardo Hormazábal
Ricardo Hormazábal
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En los últimos meses hemos constatado que miembros destacados del actual gobierno no respetan la palabra empeñada y se desdicen, sin explicaciones de sus anteriores promesas o posiciones.

Reconozco el derecho a cambiar de posición, pero como dice el célebre filósofo Condorito: “Exijo una explicación”.

Creo que el Presidente Piñera y su ministra del Trabajo le deben una explicación al país en el tema de los despidos arbitrarios y en el drama de los pensionados por AFP.

Frente a la ya inocultable crisis y fracaso del sistema de AFP, los dueños de ellas perseveran en emitir publicidad engañosa para ocultar sus excesivas ganancias y su arbitrario manejo de los fondos de los trabajadores.

Es preciso informar para superar el 92% de desinformación que existe entre los 9 millones de afiliados. Los cerca de 500 mil que ya vieron bajar sus pensiones este año han aprendido bruscamente el engaño de que han sido objeto.

Pero hay un elemento más grave que la legítima divergencia de pareceres o ideas.

El Presidente de Chile comprometió su palabra que no habrían persecuciones políticas y ya van más de 12 mil victimas, como lo recuerda el Senador Mariano Ruiz Esquide.

También el 17 de abril de 1996, el actual Presidente, entonces senador, criticó la norma que exigía un 70% de la renta promedio de los últimos 10 años para jubilar anticipadamente.

Expresó entonces: “Si un trabajador determina pensionarse anticipadamente, no es por flojo, no es por gusto. A la gente no le agrada tomar esta resolución. La mayoría de los chilenos quiere seguir trabajando”. “Si la persona pierde su empleo y no encuentra otro, le conviene tener la posibilidad, en lugar de vivir tres o cuatro años en la miseria absoluta por no contar con trabajo ni pensión, de anticipar esta última”.

En ese tiempo, integrando el Senado, voté junto al senador Ruiz Esquide en contra de esa disposición tan injusta. El Presidente Piñera se abstuvo.

En una entrevista que tuvimos el 3 de enero en Valparaíso el senador Ruiz Esquide y yo, le pedimos a la ministra del Trabajo que acogiera esa propuesta, a lo que se negó enfáticamente. Total era sólo la palabra del Presidente.

Cuando le pedimos que ayudara a resolver el daño previsional, cuestión que ella había planteado en numerosos discursos como parlamentaria, se negó, afirmando que no estaba dispuesta a realizar lo que la Concertación se había negado a hacer.

Le preguntamos: ¿Y su palabra, Ministra? Tras la negativa, nada. ¿Por qué la gente no cree en la mayoría de los políticos? ¿Por qué perdió la Concertación? Entre otras cosas, por no cumplir sus promesas con la clase media y la justicia social.

Por suerte el Senado, con los votos de la Concertación y tres senadores de derecha, aprobó el 04.01.2012 pedir al ejecutivo abrir la opción de retorno al sistema del ex INP a los funcionarios públicos antiguos y formar una Comisión senatorial para estudiar la situación actual del sistema de AFP.

Cuando todos los signos actuales confirman que estamos viviendo lo que la Iglesia Católica definió en la Conferencia de Aparecida como un Cambio de Época, en la que se cuestionan los paradigmas existentes religiosos, políticos, culturales, económicos, personales, entre otros elementos del período, el valor de la credibilidad de los líderes y las instituciones es clave.

Por mis convicciones religiosas y políticas, sumadas a la experiencia adquirida en los 65 años de vida trato de enfrentar estos desafíos con alegría, ganas de aprender y de aportar soluciones.

Las personas que me conocen saben que no tengo ya ambiciones políticas personales, que no he sido ni soy un teórico. Soy sólo un luchador que pelea con argumentos, cada vez menos con los puños, para lo cual estudio, me informo y aprendo de los que saben.

Difundo lo que aprendo y puedo cambiar de opinión, si conozco buenos argumentos de personas que respeto moralmente. He aprendido desde pequeño el valor del pluralismo y el respeto por los que tienen posiciones u opciones diferentes.

Tengo buenos amigos entre ellos, aunque he perdido amistades de algunos con los que antes coincidíamos. Siguiendo las enseñanzas de Maritain, enfrento cosmovisiones valóricas distintas con los valores a los que adhiero y siguiendo al gran filósofo católico francés, practico la amistad cívica con los “Herejes políticos”.

Pero con los que usan la violencia, el terror, siguiendo una vez al maestro, promuevo la más firme y enérgica respuesta de la sociedad democrática, que tiene más legitimidad que cualquier otra para perseguir con medios lícitos a los que vulneran nuestras instituciones, valores y prácticas.

Por la necesidad de superar los graves problemas que afectan a la mayoría de los chilenos el clima de polarización que vivimos, espero que la palabra empeñada se respete y las instituciones democráticas cumplan su papel.

En todo caso, estoy convencido que el 2012 será un año de grandes movilizaciones tras un tríptico que supera barreras partidistas o de otra índole:

A luchar por el fin del lucro en la educación, la salud y la previsión.

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05 ene 2012

Eufemismo e Historia

Por Mariano Ruiz-Esquide
Mariano Ruiz-Esquide
Mariano Ruiz-Esquide
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En la prensa de ayer aparece una intervención del nuevo ministro de Educación Sr. Harald Beber B., señalando que se ha resuelto “para los estudiantes de básica llamar a la dictadura civil militar de 1973 hasta 1990 Régimen Militar porque es una expresión más amplia que la primera”.

Esto es un eufemismo en sí mismo pero es también una ridícula intervención en la historia de Chile para suavizar un período de dolor y horror en nuestro país.

Es también una eufemística manera de culpar del golpe sólo a los militares en circunstancias que en el período mencionado, participaron también muchos civiles que siguen actuando en política y en cargos de dirección pública.

Precisemos los términos

Dictadura: Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país

Eufemismo: Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.

Podemos analizar estas declaraciones del Ministro desde dos puntos de vista:

Un punto de vista histriónico, simpático, liviano, cómico e intrascendente.

Pero podemos también tratarlo en forma seria dado el objetivo subrepticio, oculto, furtivo, secreto, escondido, cauteloso, discreto de cambiar la historia, lo que sería el triste comienza de prácticas totalitarias o si se quiere poner con cierta ironía “prácticas de una dicta blanda”.

Más allá de estas disquisiciones y en lenguaje directo dictadura es “El abuso de poder, el término de las libertades públicas, el término de los partidos políticos y del Congreso Nacional, la abolición de la justicia en su libertad para decidir.

Lamentablemente es también la libertad para matar, exiliar, o permitir la desaparición de las personas”. En Chile ocurrió exactamente eso en magnitudes aún superior a otras dictaduras y tratar de borrar su nombre verdadero es un acto lamentable y peligroso, porque podría ser la iniciación de un modelo que busca torpemente cambiar la historia detrás de un simple acto administrativo.

Tres cosas me preocupan:

Que se llegue a estos extremos en un gobierno democrático.

Que caigamos en el ridículo internacional.

Que esto sea responsabilidad de un Ministro de Educación.

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05 ene 2012

Parques Nacionales: dos urgencias

Por Soledad Alvear
Soledad Alvear
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El impacto y conmoción pública que ha provocado el grave incendio que afecta al Parque Nacional Torres del Paine en la Región de Magallanes, no sólo reafirma la creciente sensibilidad social por el medio ambiente, sino también, la especial riqueza que posee dicho lugar, como una de las zonas de Chile con mayor reconocimiento internacional dada su belleza natural y su biodiversidad.

Por esto, me parece importante detenernos en dos aspectos que debiesen concentrar la atención de la autoridad ambiental y que apuntan al fondo del problema.

Por una parte, el financiamiento público para el cuidado del valioso patrimonio
natural que nuestro país se ha propuesto conservar, como también, la compleja relación que existe entre ese cuidado y el legítimo uso recreacional y turístico que debe darse a ese insustituible patrimonio.

Una forma transparente de expresar la importancia que el país le asigna al cuidado de este territorio tan especial,es el monto anual que el Presupuesto de la Nación le asigna a la institución actualmente responsable de su administración, CONAF.

En este sentido, hace poco más de un mes, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto 2012 planteado por el Gobierno, asignando un total de $ 5.847 millones para el Programa CONAF 04 de Áreas Protegidas, que representa el 11.3% del presupuesto total de CONAF y que significa un gasto de $ 401 por cada una de las 14.569.895 hectáreas, que constituyen las 100 unidades del actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y que a su vez, equivale al 19.2 % del territorio continental del país.

Al año 2011 las mismas cifras corresponden a $ 5.194 millones de igual valor, 11.1% y $ 356 por cada hectárea protegida.

Por esto, parece absurdo pensar que con recursos tan escasos, sea posible administrar un conjunto tan amplio de territorio, que por su gran valor ambiental ha sido destinado a la conservación de su biodiversidad y paisaje, que provee servicios ambientales valiosísimos y que permite el uso sustentable y la recreación de todos quienes lo visitan.

En la misma dirección, resulta imposible imaginar que en tales condiciones, se pueda prevenir o combatir los múltiples riesgos asociados a sus características naturales y a los dos millones de visitas anuales que los recorren.

Por otra parte, la relación entre la conservación de este valioso patrimonio natural y los usos recreacionales y turísticos es una materia de vital importancia.

Así, de los dos millones de visitantes anuales que ingresan a las Áreas Protegidas del SNASPE, 150 mil ingresan a Torres del Paine.

Sus visitantes, son atendidos, guiados y controlados por un número reducido de guarda- parques que, según las fuentes consultadas, va desde 22 guardaparques permanentes y 14 transitorios al 31 de diciembre recién pasado.

Considerando los turnos que deben que cumplir estos funcionarios, nunca puede haber más de 15 o 18 en servicio en toda la extensión del Parque.

Por esto, ¿es posible pensar que se pueda ejercer un control efectivo en un área que tiene cientos de kilómetros de caminos y más de 200 kilómetros de senderos?

Por otra parte, en una Área Protegida tan visitada, una parte muy importante de los servicios turísticos y recreacionales para esos miles de visitantes son provistos por concesionarios privados.

Me pregunto: ¿cómo están distribuidos los costos de la prevención de los riesgos normales asociados al lugar y a su alta tasa de visitas?

¿Cuánto aportan al presupuesto público las concesiones privadas de hoteles, algunos de lujo extremo, hosterías, camping, refugios, servicios de cabalgatas, navegación, etc., todas instaladas en terrenos de todos los chilenos?

¿Quién se hace cargo de los costos de prevención y mitigación de los riegos asociados necesariamente a la alta afluencia de visitantes?

¿Sólo el Estado a través del decreciente presupuesto de CONAF?

Creo que sería muy ilustrador iniciar una conversación al respecto,conociendo cuánto aportan en total dichas concesiones,para luego conocer el uso que el Estado destina a esos ingresos.

De esta manera, si queremos conservar nuestros espacios naturales, para que puedan seguir generando para siempre los servicios ambientales y de recreación y esparcimiento que los han hecho famosos, tenemos que reconocer el valor y la necesidad de invertir en ellos, asignando los recursos públicos necesarios y establecer un régimen público transparente y eficiente de administración, donde el objetivo central sea la conservación del recurso que da origen a la riqueza.

Que este drama que vivimos hoy en el Parque Nacional Torres del Paine y que ha conmovido a todo un país, nos obligue a levantar la mirada, a detenernos en lo importante y no en lo espectacular y en lo que verdaderamente nos permitirá transformarnos en una nación  que entiende el valor profundo que posee su biodiversidad.

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05 ene 2012

La educación como un derecho fundamental

Por Juan Pablo Letelier
Juan Pablo Letelier
Juan Pablo Letelier
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El movimiento social por la Educación que remeció al país durante 2011, marcó las prioridades que apuntan a superar el actual sistema educacional del país, impuesto en la década de los 80 en un marco autoritario.

La discusión que se ha establecido en torno a la educación reflejan las dos posiciones que están en juego; por un lado, hay sectores que consideran la educación como un bien de consumo y basan su postura en la necesidad de la libertad y diversidad educativa, que tienen su correlato en la existencia de la educación privada.

La posición contrapuesta, es aquella que sustenta que la educación es un derecho fundamental, que debe ser garantizado por el Estado.

Modelo de Educación de Mercado

Chile, desde los años 80 implementó un modelo educacional orientado por el mercado, que se basa en la competencia, la libertad de elección, la subvención de la demanda, el financiamiento compartido en escuelas financiadas por el Estado, el financiamiento estatal en infraestructura, servicios de equipamiento, y el uso de fondos estatales de mejoramiento para establecimientos educativos privados.

El modelo impuesto en educación obedece a una concepción liberal, que consolida la más coherente teoría de la primacía de lo privado sobre lo público, el tema de la libertad de enseñanza reaparece como en el siglo XIX, como un derecho de defensa frente al Estado, que preconiza la supremacía de la libertad para la creación de instituciones educacionales y la libertad para enseñar determinados contenidos o libertad de cátedra, contraponiéndolo, a la obligación y responsabilidad del Estado de garantizar una educación pública, gratuita, laica, plural y de alta calidad.

Al retirarse el Estado y ceder responsabilidades a manos de las instituciones privadas, dejando que el mercado imponga sus reglas, solo reduce al Estado a un rol subsidiario del quehacer privado, es decir, cuando el privado no se interesa en participar, el Estado lo sustituye.

Esta privatización de la educación impuesta por el modelo mercantil, lejos de resolver o corregir la desigual distribución de los bienes educacionales, tiende a profundizar las condiciones históricas de discriminación y de negación del derecho a una educación de calidad a que se ven sometidos los sectores populares y de menores ingresos.

La actual estructura del sistema educacional, ha generado escuelas ricas para niños ricos y escuelas pobres para niños pobres. O lo que es lo mismo, ha generado escuelas de alta calidad para las elites y escuelas de baja calidad para niños del mundo popular.

De acuerdo al modelo imperante, Chile es el único país en el mundo que subsidia instituciones educacionales que persiguen fines de lucro.

Más de un millón de estudiantes del sistema escolar asisten a Establecimientos Educacionales con fines de lucro (31%). El Sistema municipal (público) representa una matrícula del 46% de los alumnos del sistema y la matrícula en los Establecimientos con fines de lucro ha aumentado en un 80% desde 1992.

No obstante, lo más complejo de este modelo es que está ausente el factor de la “calidad”, ya que según las evidencias, cada año egresan de Educación Media cien mil jóvenes que no comprenden lo que leen, con una tasa de deserción (65% en los dos quintiles más pobres), y los que logran egresar, son captados por un sistema de educación superior absolutamente desregulado, o por un precario mercado laboral.

En la educación superior, el lucro está legalizado para los centros de formación técnica e institutos profesionales. La mayoría son instituciones con fines de lucro: (83%) y sólo un 17% no tienen fines de lucro. Esta situación es un factor de segregación, ya que son los sectores de menores ingresos los que generalmente acceden a los centros de formación técnica y no a las universidades.

Modelo de Educación como un Derecho

Frente al modelo de educación de mercado, se presenta otro modelo, que considera la educación como un derecho fundamental.

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

El derecho a la educación es simultáneamente un derecho fundamental individual, social y político, constituyéndose en un prototipo de la indivisibilidad de los derechos, fundado en la dignidad humana.

El derecho a la educación está integrado tanto por normas constitucionales como por los principios consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos, ratificados y vigentes para Chile.

Por lo tanto, el Estado tiene obligaciones inmediatas respecto del derecho a la educación, como la “garantía” del ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, respecto de la cual le asiste la obligación de adoptar medidas para lograr su plena aplicación.

El derecho a la educación en Chile, está consagrado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 10 del capítulo III, otorgándoles a los padres la responsabilidad primera de educar a sus hijos,… “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”. Pero, además sostiene que es deber de la comunidad “contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”, lo cual implica que el Estado cumple un “rol subsidiario” en educación, es decir, que reconoce constitucionalmente su impedimento de hacerse cargo de la tarea educativa en su totalidad, desempeñando un rol complementario, privilegiando a los padres como principales responsables de la misma, junto a la comunidad en general.

Por otra parte, el Artículo 11 de la Constitución, admite que los establecimientos escolares son formas de organización intermedia de la sociedad que actúan bajo el principio de la libertad de enseñanza. Por consiguiente, se afirma el derecho de los particulares a “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, teniendo como únicas limitantes “las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

Tanto la Constitución, como la normativa actual, no reconocen la existencia de un Estado “Garante” y “Responsable”, única forma de asegurar el derecho a la educación de los niños y jóvenes, y que a la vez pueda regular la calidad de la educación privada.

Por otro lado, no garantiza una focalización de recursos financieros y educativos en los sectores más vulnerables, ya que ni los Municipios ni los sostenedores privados que reciben subvención del Estado, han demostrado en forma fehaciente tener las capacidades para gestionar una educación de calidad e inclusiva.

Finalmente, el actual modelo no prohíbe el lucro, y los sostenedores, a través de sociedades de derecho privado – con fin de lucro-, con giro único educación, pueden obtener importantes utilidades que no siempre se reinvierten en el mismo proceso educativo.

El desafío que enfrentamos es ser capaces de rescatar la educación pública, deteniendo su dramática caída, lo cual va más allá de un cambio de institucionalidad, también se requiere crear capacidades desde el Estado y la sociedad para garantizar que la educación sea un Derecho fundamental.

Sólo así estaremos avanzando a ser una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y más democrática, ejes fundamentales para aspirar a ser una sociedad desarrollada.

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05 ene 2012

Sueño de unos días de verano 2021 (II)

Juan Pablo Letelier
Juan Pablo Letelier
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Un atento y amable lector me señala por e-mail que a él le parece que falta más material de las entrevistas futurológicas a que me referí en una columna anterior

Y tiene razón, pero estaba sujeto a una cierta confidencialidad, que ha sido levantada. Por eso ahora puedo agregar en esta segunda columna algo más sobre la misma materia.

Georges me confidenció que el diseño del modelo de un régimen político de una República Indignada, Movilizada y Encuestológica fue de su autoría intelectual.

Agregó que él fue su mentor luego que estudiara dos meses Derecho y se especializara, en la última semana, y un día más -para repasar, dijo- en Derecho Constitucional. Citó enseguida lo que él consideraba un aforismo jurídico genial: “el derecho es coser y cantar” – o en este caso encantar o más bien encuestar, digo yo.

Con cierta humildad me señaló que en realidad diseñar el modelo fue un asunto simple y que, además, contó con la asesoría de dos grandes colegas constitucionalistas.

Uno, que otorgó su apoyo entusiasta al nuevo régimen, fue designado ministro de Justicia; y el otro, quien no estaba muy convencido, quedó como el nuevo Director de Asuntos Públicos y Legales de Gendarmería.

Camille a su vez agregó que la explicación de William de por qué el PC en masa emigró a China y Cuba –en el 2021 los únicos países capitalistas y de mercado abierto al lucro incesante- no la convenció a ella ni a Camilló y otros dirigentes de la Oh J.

Por eso, dijo, están citando a William a una reunión en un día, hora y lugar que no especifica, para llamarlo al orden (no al orden y patria, explica, por si acaso, y despliega una sonrisa misteriosa, que me recuerda a aquella de la Mona Lisa).

Por otra parte, estaba presente también Joseph Antoine quien parecía algo ausente y confundido respecto del nombre de su partido. Así, en ocasiones se refirió al Partido Radical (“PR”), en otras al Partido Radical y Social Demócrata (“PRySD”), en otras al Partido de la Rosa y el Clavel Rojo (“PR&CR”) y aún en otras al Partido Laico Estatista de la U de Chile (“PLEUCH”).

En suma, reconoció que el partido estaba algo desestabilizado. Agregó que muchos militantes habían optado por la Universidad de Chile – y no se fueron a cursar estudios universitarios sino que a otro partido, pero de fútbol.

Él mismo estaba más bien dedicado a la minería y a la política.

Específicamente andaba de pirquinero político en el norte del país, actividad en la que está teniendo bastante éxito.

Agregó que, sin embargo, estaba preocupado porque entre los militantes mineros norteños del partido ha surgido una facción denominada Partido Radical Independiente de la República Minera del Norte o Chile 2 (“PRIRMINOROCH-2”). Dijo que no compartía y le preocupaban sus pretensiones separatistas y, especialmente, su espantosa sigla.

Todo aquello me recordó un ex político, que no estaba presente en las entrevistas: Lorenzo Gold Born. Él también se dedicó después a la minería de oro, en el retail, ya que regresó a esa área luego de reconciliarse y asociarse con un exitoso empresario “retailero” (sic).

Al respecto Lorenzo me explicó, telefónicamente, que los mineros expertos dicen que en el rubro del retail se puede encontrar más oro que en las exploraciones mineras de Pascua Lama. Citó como ejemplo el caso de La Polar. Y, a propósito de esto último, me confidenció que el retail es tan peligroso como la minería misma.

A última hora se incorporó también Andrews Alla Mando, quien venía de regreso de otra travesía por el desierto, del cual fue desalojado por unos malandrines que no lo querían ver ni en pintura rupestre – o sea, de esas antiguas, pintadas precisamente en las paredes de cavernas desérticas, que son apropiadas para alojamientos temporales durante las travesías a las que él se dedica.

Expresó Andrews que estaba cansado y con mucha sed de poder – tomar agua, se subentiende. Luego se quedó dormido y no dijo ni pío porque estaba aguardando otra oportunidad de desalojar a alguien, el que fuera.

Ahora recuerdo que solamente alcanzó a musitar: díganme de quien se trata y yo lo desalojo.

Por último, estaba presente –aunque también ausente porque estuvo leyendo todo el tiempo- otro Georges, de apellido Arreté, e hizo una interesante reflexión acerca del sentido de estar o ser de izquierda en un mundo que casi siempre va a la derecha (“to be or not to be” dijo, citando al inmortal bardo inglés).

Explicó Georges A. que la más conocida excepción a la aludida regla general era Inglaterra, en que todos van por la izquierda, para confundirnos dicen algunos pero, según él, son los únicos que tienen claro el deber ser y estar: la izquierda, por la izquierda, siempre por la izquierda.

¿Me explico? preguntó y sin esperar respuesta volvió de inmediato a su libro, bajo el entendido que después de su intervención nada más podría decirse que tuviese sentido (de izquierda, claro).

Por mi parte, habiendo transitado de izquierda a derecha, pasando por el centro y luego nuevamente a la izquierda, cierro estas dos columnas sobre el sueño de unos días de verano 2021.

Al concluir sugiero a los lectores que consideren aquello de que los sueños sueños son y que, de ser posible, conviene de vez en cuando, en la tensa y dura política nuestra de cada día, leer algo más liviano.

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05 ene 2012

Un nuevo escándalo en la educación

Por Clarisa Hardy
Clarisa Hardy
Clarisa Hardy
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Si en algún momento estuvo amenazado el peso del ramo de historia en el contenido curricular de nuestra educación, lo que se ha concretado ahora es la tergiversación de la historia en los programas dirigidos a los estudiantes de nuestro sistema escolar.

Y ello ocurre con la responsabilidad directa del Consejo Nacional de Educación (CNED), entidad que, dada su expresa misión de cautelar y promover de manera prioritaria la calidad de la educación, debe decidir sobre las propuestas del ministerio de Educación referentes a las bases curriculares para la enseñanza parvularia, básica, media y superior.

Si ya es sorprendente que un miembro del CNED, Alejandro Goic, admita arrepentido que no advirtió que dicha instancia había aprobado modificar el término “dictadura” por “régimen militar” en los programas de historia de 1° a 6° básico, inexcusables son las expresiones de otra consejera, Elizabeth Lira.

Aun cuando ambos incurren en falta, sea porque advertida o inadvertidamente participaron de una decisión que atenta contra la calidad curricular que están mandatados para proteger, en el caso particular de la consejera Lira se agregan agravantes.

A diferencia de Goic, que en un esfuerzo por reparar su error, declara que en su opinión el término adecuado es “dictadura”, la consejera Lira justifica la decisión adoptada por el CNED de la peor manera posible, como veremos a continuación.

Requerida por los medios de comunicación por tan controvertida decisión, parte por  afirmar que tal modificación no la encuentra relevante. A continuación señala -como si en vez de ser parte de la decisión adoptada fuera comentarista o analista externa- que no la sorprende que en el gobierno exista la intención de promover visiones que corresponden a partidarios de Pinochet. Y culmina sentenciando, textualmente, “me parece que eso es completamente legítimo”.

Aunque el consejero Goic admita que a pesar de no compartir la modificación, ésta se produjo con su anuencia involuntaria, ello no lo exime de responsabilidades. Ni a él, ni a ninguno de los consejeros que, advertidos o inadvertidos, concurrieron a tal cambio en los programas de historia para los educandos de nuestro país.

Todos ellos son responsables de lo que aprenderán nuestros estudiantes.Más grave todavía en quienes concurrieron a una decisión sin darse cuenta, comprometiendo gravemente sus funciones por abandono u omisión.

“No sabíamos“, “no nos dimos cuenta“, fue la defensa que argumentaron varios de los que hoy están siendo inculpados por el caso de La Polar.

Bien sabe Elizabeth Lira, de quien hay que reconocer una impecable y comprometida trayectoria hasta este lamentable episodio, cómo se ampararon tantos en la historia contemporánea de violaciones humanas, con el consabido “yo no sabía” o “no me di cuenta”.

La modificación del término “dictadura militar” por “régimen militar” no es un mero cambio de palabras, como bien lo podría fundamentar un historiador o un cientista político.

Dicho cambio es una reinterpretación de la historia del país, tal como lo admite en sus explicaciones la propia consejera Lira, cuando declara que no la sorprende que el cambio responda a una “intencionalidad de mostrar la historia de esa forma, con formas de decir que identifican a quienes promueven esa visión de las cosas”.

Reinterpretación que se produce más de dos décadas después del fin de la dictadura en Chile y cuando no se justifica su revisión, cualquiera sea el signo político del gobierno democrático de turno.

Todos los consejeros nacionales del CNED, incluidos Goic y Lira, son responsables de la tergiversación histórica que deberán aprender nuestros estudiantes. Y ello amerita una seria discusión por parte de nuestra sociedad y parlamentarios, pues el CNED -que integran pluralmente las distintas orientaciones valóricas y políticas del país- es responsable de la calidad curricular de nuestro sistema educativo.

Si la consejera Lira, según sus expresas palabras, estima que la modificación aprobada es legítima entonces entramos a un debate de opciones ideológicas o políticas. Pero si, además, agrega que dicha modificación no es relevante, entonces el problema es de ignorancia.

Grave es que la decisiones que se adopten en la entidad pública responsable de velar por la calidad educacional y los contenidos curriculares, se asienten en la ignorancia.

Y no soy yo quien lo afirma. El historiador Alfredo Jocelyn-Holt, de reconocido mérito académico, trayectoria democrática y declarada orientación política de derecha, ha escrito una reciente columna para abordar las tentaciones de los gobiernos de imponer sus visiones históricas. Y, en este caso particular, destina su reflexión a sostener que no es inocuo usar indistintamente los términos “dictadura militar”, “régimen militar” o “gobierno militar“.

Tras una disquisición sobre el significado del término “pronunciamiento militar” y la diferencia con el uso del término “golpe militar“ para el caso chileno, el columnista concluye -citando a Ortega y Gasset- que los golpes militares dan origen a dictaduras.

Capaz que sin saberlo todavía nosotros, los consejeros del CNED también hayan decidido precisar que el término correcto en nuestros programas de historia ya no sea “golpe militar” y hayan decidido adoptar de nuevo el término favorito que se usó en plena dictadura, “pronunciamiento militar“.

Claro, no habiendo golpe, tampoco hay dictadura.En cuyo caso, ni siquiera Ortega y Gasset podrá salvar la enseñanza de la historia en Chile.

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05 ene 2012

Si Bachelet volviera

Por Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
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Todos los sondeos revelan que la ex Presidenta Bachelet cuenta con un gran aprecio de los ciudadanos. La última encuesta del CEP reveló que su evaluación positiva llega a 82% y la negativa sólo a 5%, de lo que se deduce que hay una disposición favorable hacia su figura que supera las barreras partidistas.

La posibilidad de que ella postule de nuevo a la Presidencia es real. Así lo entienden no pocos candidatos a alcalde de la centroizquierda, que ya han decidido asociar sus campañas a la imagen de la ex Mandataria.

Es muy probable que la elección municipal, que se efectuará dentro de 9 meses, tenga un marcado sello de alineamiento respecto de la elección presidencial del año próximo.

En todo caso, la candidatura presidencial de la centroizquierda debe surgir de una elección primaria abierta, que genere una poderosa corriente de participación popular.

Con cuanta mayor razón cuando se incorporarán 4,7 millones de nuevos votantes a los registros electorales.

Más vale no sacar cuentas alegres. No debe confundirse la aprobación o la desaprobación al gobierno de Piñera con la intención de voto a favor de los partidos de derecha o su posible candidato presidencial.

Lo más probable es que la elección de noviembre de 2013 sea muy disputada, tal como han sido las últimas tres elecciones presidenciales, las cuales han obligado a una definición en segunda vuelta.

De nuevo podría presentarse un postulante que no tenga posibilidades propias, pero que en los hechos ayude a la derecha, tal como sucedió en 2009.

Los electores actúan cada día con mayor independencia y deciden su preferencia poniendo en la balanza múltiples factores.

Aunque lo decisivo es la confianza que inspire el candidato o candidata a la Presidencia, también influye la buena o mala opinión sobre las fuerzas políticas que le acompañen.

De alguna manera, los ciudadanos tratan de imaginar si la persona elegida contará con un equipo cohesionado y coherente para enfrentar los difíciles retos que impone la tarea de gobernar. Y en este punto, la centroizquierda muestra un enorme déficit.

Salvo contadas excepciones, sus parlamentarios, que son los controladores de los partidos, opinantes cotidianos de cualquier cosa, prácticamente dueños de los cupos en el Congreso, generan inmensos recelos en la población.

Por lo tanto, es válido preguntarse si quienes hoy muestran simpatía hacia Michelle Bachelet, la respaldarán lealmente mañana si ella vuelve a La Moneda.

No es gratuito plantearlo si recordamos que durante su mandato anterior, el entonces presidente de la DC, Adolfo Zaldívar, se convirtió en opositor a su gobierno y se asoció con la derecha, seguido por un grupo de diputados que renunció a ese partido; o que varias figuras del PPD se fueron con Piñera y con ME-O; o que dos senadores, un diputado y un ex ministro abandonaron el PS, y dos de ellos se convirtieron en candidatos presidenciales al margen de la Concertación.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Michelle Bachelet se exacerbó esa forma de veleidad política que encarnan los “díscolos”, esto es, los francotiradores en busca de fama instantánea, dispuestos a subirse a cualquier micro que vaya en la dirección que les conviene.

Esa nociva tendencia podría volver a expresarse en el futuro debido al predominio de las agendas personales de algunos parlamentarios.

Ojalá que en 2013 se produzca una profunda renovación de los miembros del Congreso, donde han hecho escuela diversas formas de oportunismo.

“Ya es suficiente”- habría que decirles a numerosos diputados y senadores-, “dejen su escaño libre, por favor”.

Precisamente por eso es crucial el fin del sistema binominal, que en la práctica ha hecho surgir una casta parlamentaria que sólo vela por sus intereses. El Congreso requiere aire fresco con urgencia.

Cuando llegue la elección presidencial, los ciudadanos sopesarán las garantías de gobernabilidad y estabilidad que pueda dar Michelle Bachelet en el caso de volver a la Presidencia, y naturalmente juzgarán la calidad de sus colaboradores, la unidad de propósitos del gobierno, la eficiencia de la gestión, pero también el desempeño de los partidos que la apoyen.

Es mejor hablar claro: sería lamentable que algunos que hoy proclaman su adhesión a Bachelet, mañana no vacilen en volverle la espalda a la primera dificultad.

Y, como sabemos, ningún gobierno está libre de problemas, para los cuales rara vez hay soluciones óptimas.

Nadie espera que los partidos actúen con disciplina militar o incondicionalidad, sino con un elemental sentido de la lealtad y del interés nacional.

El país necesita perfeccionar la democracia y elevar la calidad de la política. Un eventual nuevo gobierno de centroizquierda deberá cumplir altos estándares morales y políticos. En tal sentido, los partidos de la Concertación tienen la ardua tarea de recuperar la confianza de los ciudadanos.

Si postula, Michelle Bachelet tiene una opción clara de ganar. Pero el camino no está pavimentado. Sus adversarios actuarán probablemente sin contemplaciones, recurriendo incluso a métodos vedados.

Y si gana, el país esperará que ella gobierne de manera fructífera. Lo decisivo no es tanto cómo empieza un gobierno, sino cómo termina.

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