19 ene 2012

¡Qué horror! La DC y RN están de acuerdo

Hemos conocido un acuerdo entre la DC y RN para proponer un cambio al Régimen Político y de Gobierno.Los resultados no sólo fueron sorprendentes, sino que dieron cuenta de acuerdos sustantivos más allá de lo esperado: la creación de un régimen semipresidencial, la descentralización del Poder Administrativo a través de los Gobiernos locales y la existencia de un sistema electoral proporcional corregido.

El acuerdo más profundo que se ha alcanzado en los últimos 20 años.

Las reacciones han sido extrañas en la política: desde el respaldo hasta una especie de ataque de pánico de varios.

Lo que para unos es una tragedia, muchos lo vemos como un requisito esencial de toda democracia que espera mantenerse sana: nunca las estructuras y las formas deben colocarse por sobre la búsqueda del bien común.

Con este acuerdo se vuelve a recuperar una vieja tradición democrática de este país: se puede llegar acuerdo sobre puntos fundamentales, sin necesidad de cambiar de domicilio político.

Y en eso, la voluntad de mayorías y minorías de construir acuerdos y consensos pasa a ser esencial para la calidad de la democracia.

Lo que la DC y RN hacen es simplemente recuperar para la democracia la libertad de los partidos políticos para alcanzar acuerdos específicos. No es nuevo para nadie, así fue en los 90 cuando se alcanzaron acuerdos sobre la reforma tributaria y laboral. Así también se acordó la primera composición de las mesas del Senado y la Cámara de Diputados (¿o ya lo olvidó la UDI?).

No es difícil descubrir que la principal trampa del sistema binominal, es su dinámica que tiende al empate permanente: es decir al inmovilismo.

Cuando 66% es igual a 33%, obliga a estar empatados eternamente. Y los quórums puestos a las reformas políticas impiden que la voluntad de unos pocos de cada lado, logren quebrar la barrera de las “supra minorías”.

Para esto se necesitan acuerdos institucionales. Claro, el sistema es  aún más perverso, les plantea a los partidos el dilema de seguir pactando con sus aliados para todo y en todo, o pasan a ser minoría.

Y esto se lleva al paroxismo con el efecto más nocivo del binominal y la gran falacia de que tiende a la moderación: lo que provoca es a competir a los aliados, ergo los que más crecen son los partidos de los extremos pues es más fácil diferenciarlo de sus socios de centro (miren el crecimiento de la UDI en este periodo)

Y entonces, quienes son los aterrorizados por este acuerdo: primero, los amantes de las estructuras. Aquéllos que creen que más importante que la democracia misma, es el cuidado de la cultura institucional que han formado.

Para ellos éste acuerdo significa casi un pecado: significa en su lenguaje pactar con el “enemigo”, aunque lo que consigan sea lo deseado. Y a eso le tienen pánico: a la posibilidad de “corromperse” con el que piensa distinto.

El riesgo para los fanáticos es perder su posición cuando el resto se ponga de acuerdo. Ya no podrán marchar por lo que tanto han luchado: su pureza estructural.Estos horrorizados son los que más mal le han hecho la democracia, pues han aniquilado el dialogo entre mayorías y minorías.

Son las viejas barras del fútbol ahora tratando de controlar la militancia de los partidos.

No por el fondo o las ideas (pocos han levantado la voz contra las reformas propuestas) sino porque no han respetado la estructura que ellos mismos han consagrado y los ha premiado.

Pero los más horrorizados, son los conservadores que están en todos lados. La reacción de varios UDI es paradigmática, su exitosa teoría pragmática del poder ha fracasado: hay otros que pueden lograr acuerdos que electoralmente los afectan. Ya no los pueden tener controlados.

Y sus reacciones de estos días no han hecho más que delatarlos. Lograron mantener cautivo el sistema por más de 20 años con la amenaza de la estabilidad.Después de lo pasado el 2011 ya nadie se lo cree.

Todos saben que nuestra democracia necesita oxígeno y el acuerdo DC-RN es un importante primer paso. Y los conservadores que se resisten a estos cambios se van quedando en el pasado.

El argumento más ridículo de estos días ha sido el de Coloma refrendado por el ministro Chadwick: una especie de antes hay que pedirle permiso a tu alianza. La gran duda es ¿por qué?

¿Desde cuándo un acuerdo político entre dos partidos necesita ser previamente refrendado por sus aliados? Eso implicaría renunciar a su rol y asumir que la lógica binaria del binominal ha triunfado.

Cuál es el pánico entonces hoy: que acuerdos como este que demuestran que el dilema del prisionero se ha acabado. Siempre puede haber alguien con quién pactar del otro lado. Ya nadie se encuentra atrapado. Ahora la pelota está en el Gobierno: tiene un acuerdo en sus manos para cambiar la historia. Al parecer su tentación es seguir estando atrapado.

Acordar hoy día reformar el sistema electoral es prioritario.

Y a los nerviosos…tranquilos, que es imposible que dos partidos con pasado tan distinto y futuro tan diferenciado, puedan acordar llegar en estas condiciones a una alianza electoral.

Espero que no sea esto lo que los haya horrorizado.

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19 ene 2012

Las armas de Camila

Son su inteligencia, su consecuencia política, su lealtad al colectivo, su sencillez, su amplitud y su voluntad y valentía para luchar. Esas son sus armas verdaderas, y en ellas radica el encanto y la belleza que desespera a los momios y a los políticos de medias tintas.

Por eso tratan de golpearla donde creen que se puede, no importa el pretexto. Por eso las movidas que se conoce para evitar su relección como presidente de la FECH. Por eso la tergiversación de sus dichos y por eso, finalmente, las brutales amenazas de violencia en su contra.

Fachos y cercanos saben además que Camila es símbolo de los tiempos, que no es una estrella solitaria y que la inmensa mayoría de la juventud chilena de hoy siente que todas y todos son Camila.

Uno de los ataques recientes tuvo que ver con su respuesta a la corresponsal del diario “El País” de España acerca del tema de la lucha armada.

En rigor, fue la periodista la que, con todo derecho, al formular su pregunta recuerda que el PC no descartó esa forma de lucha en tiempos de la dictadura y la dirigente contesta – hago la síntesis – que en efecto las formas de lucha del pueblo responden al momento histórico concreto que se viva en una sociedad dada, pero que eso no es lo de hoy en Chile.

Su afirmación es absolutamente correcta y sólo ignorantes o mal intencionados pueden deformarla.

¿O se olvida que la propia Iglesia Católica reconoce el derecho a rebelarse contra el tirano?

¿O pretende la derecha, la misma que gobernó con Pinochet y ahora con Piñera, que a la brutalidad represiva se le respondiera sólo con declaraciones acordadas en cómodos salones como hizo buena parte de la llamada “clase política”?

No está en discusión la justeza de la política de rebelión popular, sin la cual las FFAA y Carabineros habrían continuado muchos años más en el gobierno, violaciones, torturas y degollamientos incluidos.

Fue precisamente el temor del gobierno norteamericano a una salida realmente popular en nuestro país, lo que aceleró la presencia de sus representantes en Santiago, las reuniones en la embajada y la claudicación final del centro político para pactar una vía de escape a Pinochet y esta transición inacabada.

Camila agregó que no llamaría a votar por Michelle Bachelet. Tiene toda la razón, desde luego porque la ex mandataria no es candidata y aparece como más probable que no lo sea. Enhorabuena.

Pero es que además la izquierda, captando el poderoso mensaje de las movilizaciones del 2011, concluye que ya no más de lo mismo, que no se puede seguir jugando con el pueblo, que basta del monólogo de la alianza y la concertación y que urge un nuevo referente capaz de hacer realidad las aspiraciones mayoritarias de chilenas y chilenos que exigen nueva constitución, reforma tributaria, renacionalización del cobre, como camino para lograr su derecho pleno a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la previsión social.

El diputado Guillermo Teillier, máxima autoridad del PC, respaldó públicamente los dichos de Camila.

Otros en cambio han tratado de llevar agua a su molino.

Desde luego la derecha y los sectores más conservadores de la desconcertada concertación.

Se ha llegado a decir que se ve “una reflexión muy precaria y confusa en Camila Vallejo” y que se reconoce “elementos del viejo Partido Comunista chileno en el actual” para concluir que la dirigente de la FECH “tiene un libreto tradicional en un mundo donde éste no existe”.

Hay que recordar también que más de alguno de los que ayer llamaron a avanzar sin transar y que luego transaron sin avanzar, también se molestaron y deformaron los dichos de Camila.

Se ha dicho que hasta una figura pública del propio PC habría tratado de dar lecciones a la dirigente; desconozco realmente el hecho pero si así fuera, con su pan se lo coma.

Pasaron pocos días para que los temas de la consecuencia y las inconsecuencias quedaran más claro. Me refiero al acuerdo RN – DC y los abrazos entre Larraín, Walker y Zaldívar.

Buena foto de la realidad chilena. Esta vez los detractores de Camila callaron. No tienen sus armas.

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19 ene 2012

“La Araucanía no es un Far West”

Los conflictos en la Araucanía, vinculados al tema indígena no son nuevos. Han transcurrido 13 años desde que comienzan las primeras ocupaciones de terrenos y hasta que culmina el período en que gobierna la Concertación.

Hubo, durante ese tiempo, un comportamiento que yo denominaría estándar: cortes de camino, quema de camiones y quema o daños a la propiedad privada en general.

Los delitos que se cometieron en ese período fueron definidos, en algunos casos por la Concertación y, hoy por la Alianza Por Chile, como hechos de carácter terrorista y así el concepto se extendió, desde mi punto de vista, insisto, erróneamente.

Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre lo que ocurrió durante esos 13 años en que la Concertación gobernó y lo que ha ocurrido ahora cuando gobierna la Alianza por Chile?

Muy simple, lo que tenemos es una diferenciación del actor que hace la noticia y que efectivamente comete la falta.

Durante 13 años, ocurridos los hechos mencionados, se daba inicio a una investigación judicial y se definían, por el Poder Judicial, las responsabilidades y circunstancias de lo investigado. Por lo tanto, había un procedimiento de investigación.

Pero hoy, el sujeto noticioso es otro, el – increíblemente – surge del mismo sector al que pertenecen aquéllos que antaño elevaron sus voces defendiendo la imagen de La Araucanía y su producción en todos los ámbitos.

Hoy, es el ministro del Interior quien realiza acusaciones gravísimas invocando la Ley Antiterrorista e inculpando a un grupo específico, sin tener en sus manos ningún argumento coherente que avale esas acusaciones y, lo peor, las hace públicas estigmatizando inmediatamente a la totalidad del pueblo mapuche que busca desesperadamente construir un país que elimine la segregación, el racismo y la pobreza.

Transcurrieron menos de 24 horas desde la trágica muerte de 7 brigadistas forestales para que el ministro del Interior tuviera resueltos dos aspectos fundamentales referidos a los incendios: el incendio había sido intencional y, la responsabilidad era de la coordinadora Arauco Malleco.

Estoy profundamente convencido que no existe camino alternativo al diálogo para enfrentar la situación que afecta a nuestros pueblos indígenas; pero, con la misma fuerza rechazo cualquier intento de imponerse por medio de la fuerza, la que se origina desde la propia demanda por reivindicaciones indígenas, y la que- desproporcionadamente – aplica el Estado para reprimirlas.

Y, sobre estas demandas, hay que recordar innumerables intentos fallidos de mesas de diálogo que fracasaron por la impericia, la ineptitud, el desconocimiento, la ignorancia o simplemente por la falta de perseverancia en el intento de quienes han tenido- en representación del Estado de Chile-la responsabilidad de liderarlas.

Pues bien, han transcurrido ya 30 años desde que comenzaron las manifestaciones indígenas en nuestro país y pareciera ser que ya es momento de hacerse algunas preguntas fundamentales:

a) ¿Ha tenido el Estado de Chile la capacidad para percibir que la temática de nuestros pueblos indígenas es fruto de una deuda histórica respecto de la cual no ha habido voluntad de avanzar?

b) ¿Ha habido una mirada, desde la investigación científica para ver lo que ocurre en un mundo integrado económicamente y atomizado política y socialmente y así, a la luz de esa realidad reconocer que la diversidad es un valor y no un obstáculo para avanzar en estas demandas?

c) ¿Alguien podría seriamente sostener que por la vía de la violencia social y la represión policial será posible reencontrarnos en nuestra Araucanía?

d) ¿No será momento de hacer un esfuerzo mayor para intentar “comprender” y no solo “escuchar y acallar” las demandas indígenas, cualquiera sea el territorio desde donde emerjan?

e) ¿Podrá nuestra región de La Araucanía resistir indefinidamente la presencia de un conflicto que se eterniza y que con tanta falta de rigor y proligidad se maneja por parte de este y otros Gobiernos?

Pues permítanme decirle Ministro Hinzpeter que La Araucanía no es el Far West como muchos han intentado desde siempre presentarla. Y, por el contrario, hay deudas pendientes que el Estado no ha logrado asumir.

Después de todo lo vivido y de las declaraciones que el Ministro Hinzpeter deberá aclarar en la Corte de Apelaciones, lo único que me queda por pensar es que la arremetida comunicacional del ministro, utilizando el dolor y la tragedia, es una estrategia de quien ha hecho las cosas muy mal en materia de Seguridad Pública.

Ya sabemos cuáles son por ejemplo, los resultados de la Encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, donde la victimización aumentó de un 33% en el 2010 a un 39,3% en 2011 y el ministro tiene el descaro de atribuir estas cifras a la protesta social, cuando en realidad una correlación correcta de variables permite leer que son efectivamente las instituciones encargadas de la seguridad las que han fallado, y esas instituciones las representa él.

Después de su fracaso como Ministro del Interior y Seguridad Pública, donde ha faltado a una promesa de campaña de su Gobierno destinada a terminar con la delincuencia, prepara el camino para que, con esta sensación de inseguridad y tragedia, parezca razonable aprobar su proyecto de ley que condena la protesta social.

No logrará confundirnos. No contará por lo menos con mi voto para sancionar criminalmente la protesta social.

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19 ene 2012

Sobre consensos y secretos

Lo propio de un régimen plenamente democrático es la capacidad de llegar acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que, al menos de modo aparente, representan a amplios sectores de la comunidad nacional.

Esto, a propósito del acuerdo revelado recientemente por los presidentes de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional. Aunque podríamos decir “vivan los acuerdos y los consensos”, especialmente si apuntan a la modificación del régimen impuesto por la dictadura (de la derecha y de los militares) en 1980, esta revelación nos merece algunos comentarios.

¿Por qué las conversaciones se llevan en secreto? Porque así como es propio el consenso, también lo es la capacidad de conversar sobre todos los temas, pero hecho ello con transparencia, salvo que lo que se pretenda es generar estupefacción o sorprender a los que no estaban enterados y debieran haberse enterado.

Por ejemplo, los aliados políticos, con quienes se pretende restablecer alianzas para alcanzar el gobierno, haciendo programas propios. Con el secreto, ocultando las maniobras de entendimiento con parte de la coalición rival, se profundizan las desconfianzas y las rivalidades que ya estaban mellando las relaciones internas de la Concertación y de la Alianza.

Nada costaba advertir a los aliados respecto de las conversaciones, estableciendo así una especie de punta de lanza para lograr lo que todos han dicho buscar con ahínco: el cambio del sistema electoral y modificaciones importantes del régimen político.

Tampoco parece aceptable que el anuncio sea hecho por los presidentes de los partidos que llegaron al acuerdo ante los medios de comunicación, sin antes haber informado (y tal vez pedido la ratificación) a los organismos internos de sus Partidos, porque entonces no es un entendimiento de fuerzas políticas, sino de personajes que quieren llevar a sus partidos tras acuerdos conseguidos sin discusión amplia.

Si se hubiesen reunidos técnicos de ambos partidos y ellos proponen sus consensos a los organismos políticos a quienes corresponde lograr los entendimientos, las cosas se percibirían de un modo distinto.

Cuando asumió Walker en la DC, fuimos varios los que sostuvimos que, en el discurso sostenido en el tiempo por él, se anunciaba una concordancia con ciertos sectores de la derecha, lo que hacía prever la construcción de una política de entendimiento y de alianza con RN – o parte de ella – para aislar a la UDI y disputar un electorado popular que se fue cargando a favor del partido pinochetista, hasta llevarlo al primer lugar.

Eso puede estar bien o mal, según el punto de vista de cada cual, pero jamás debe ser hecho de este modo principesco, donde los dirigentes creen que tienen todos los derechos en su propia persona y olvidan los verdaderos valores de la democracia con el pretexto de querer mejorar el sistema político.

Sutilmente se está diseñando una estrategia que conduce a la reconstrucción de un marco político. Los liberales de RN, los despechados de RN, los descontentos de RN con el poder de la UDI al interior del gobierno de Piñera, todos ellos, buscan un entendimiento con los liberales de la DC, partidarios no sólo del capitalismo sino de mecanismos que permitan a los partidos asegurar poderes más allá de la voluntad popular.

La proposición de un sistema similar al semi parlamentarismo que hace cien años y algo más afectó severamente la vida democrática chilena; los intentos semi federalistas que hace casi doscientos años fracasaron en Chile son algunos elementos de la puesta en escena que pueden dar a los partidos un grado de manipulación de la voluntad popular más allá de lo conveniente para el desarrollo de Chile y sus habitantes.

Tal vez porque la auto denominación de príncipes por algunos, el convencimiento de ser patrones de otros, van generando ilusiones que lleva a una especie de iluminismo que hace creer que basta que algunos sepan lo que se debe hacer, mientras a las mayorías les toca sólo obedecer. Arrogancia, soberbia, vanidad.

Busquemos acuerdos en el seno de la sociedad y no de espaldas al pueblo (o la gente, como se dice ahora).

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19 ene 2012

Garzón en su laberinto

Mientras se van celebrando las distintas sesiones del primero de los juicios a los que se enfrenta el Juez Garzón lo único que va quedando claro es el trasfondo de estos procesos que, sin duda, más parecen una persecución que actos de investigación y enjuiciamiento de conductas que pudiesen ser delictivas.

Como el propio Garzón afirma, cuando dice que está ante el pelotón de fusilamiento y que ha pedido que le quiten la venda, no cabe duda que será condenado en uno, dos o los tres procesos a los que se enfrenta y con su condena lo que se conseguirá es deteriorar, más si cabe, la maltrecha imagen de la Justicia española pero eso no parece ser lo realmente relevante sino la condena del Juez incómodo.

Comprender la actual situación de Garzón no es sencillo, estamos ante una telaraña judicial que, sin el mapa adecuado, parecería justamente lo que se ha pretendido presentarnos: que estaríamos ante un Juez corrupto, ante un prevaricador y, así, que todos estuviésemos conformes con su lapidación.

Garzón ni es perfecto, ni siempre ha acertado pero, qué duda puede caber, se le lleva al paredón por su trayectoria, para respaldar a los corruptos y, sobre todo, para seguir manteniendo bajo la alfombra que todo lo cubre, las inmundicias de la dictadura de Franco.

Todo comenzó con una querella de un pseudo-sindicato ultraderechista denominado “Manos Limpias”, el cual le acusó de prevaricación por arrogarse la competencia para investigar los crímenes del franquismo.

Para unos, esa competencia, en base a la cual actuó Garzón, es cuestionable jurídicamente hablando y, para otros – algunos jueces relevantes – no lo sería y el lapidado Juez habría actuado correctamente.

En todo caso, la sanción más ajustada a derecho que correspondería por haber actuado sin la adecuada competencia sería la nulidad de las actuaciones pero, jamás, estaríamos ante una prevaricación porque allí donde caben diversas interpretaciones es imposible que entre el dolo propio de un delito tan específico como el que se le imputa.

Luego, y aprovechándose del tirón que tuvo la primera de las causas contra Garzón, se presentó una segunda querella, esta vez por unos supuestos delitos de cohecho y prevaricación: según los querellantes, el Juez habría archivado un procedimiento en contra de Emilio Botín, dueño del Banco Santander, a cambio de un patrocinio de dicho banco a unos cursos que el propio Juez impartió en la Universidad de Nueva York.

La realidad dista mucho de tal ficción: Garzón acordó el sobreseimiento de Botín a requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dicha resolución se produjo varios años antes de que la Universidad de Nueva York pidiese a Botín, y a otros muchos empresarios más, el patrocinio necesario para una serie de conferencias en las cuales el defenestrado Juez fue uno de los ponentes.

Finalmente, los abogados de un grupo de imputados, por el mayor caso corrupción que se investiga en España, interpusieron una querella en contra de Garzón, ya el tercero de los procesos abiertos y justamente el primero en enjuiciarse, por un presunto delito de prevaricación por haber ordenado escuchar y grabar las conversaciones, en prisión, entre los imputados y sus abogados.

Una vez más la realidad supera a la ficción jurídica creada para imputarle.

El Juez sí ordenó la intervención de las comunicaciones de unos determinados presos, medida que se practica en España con bastante más asiduidad de la deseada, y entre esas comunicaciones había algunas con determinados abogados que, según se ha podido saber, implicaban hechos que excedían el ámbito del derecho de defensa.

Para la intervención de estas comunicaciones el Juez contaba con un amparo legal, constitucionalmente cuestionable pero plasmado en la legislación vigente, que permite dos o tres distintas interpretaciones.

Lo que realmente importa en este caso es que esas escuchas afectaban a relevantes miembros del Partido Popular (la derecha española) e, incluso, podían aportar datos sobre una supuesta financiación irregular de dicho partido. Estas escuchas fueron avaladas no sólo por la propia fiscalía sino que, además, fueron luego prorrogadas por otro Juez en contra del cual ningún proceso se ha seguido.

Los últimos serán los primeros, parece ser que han dicho los Magistrados del Tribunal Supremo y han recorrido diversos vericuetos legales para conseguir que el último de los procesos en contra de Garzón sea el primero en llegar a Juicio Oral.

Motivos no les faltan pero parecería que el principal es tratar de minar la reputación de Garzón y así restarle apoyos sociales de cara al próximo juicio, el que se inicia este 24 de enero, por los crímenes del franquismo. Se ha dejado para el final aquel denominado “los cobros del Santander” y eso, siendo malpensados, podría ser porque carece de cualquier sustento probatorio y, si se le absuelve, ya daría lo mismo estaría previamente condenado y rematado con dos sentencias previas.

Para los dos juicios que se celebran en este mes de enero el Tribunal Supremo, en un alarde de lo que es el poder sin autoridad, le ha denegado de forma sistemática todas las pruebas que ha presentado Garzón y su defensa, dejándole desprovisto de cualquier medio que le permita acreditar su inocencia.

Alguno de mente calenturienta podría pensar que son las reminiscencias de la inquisición española o actos propios de un grupo de jueces que se formaron en el tardo-franquismo y que para acceder a la carrera judicial juraron respeto a las leyes del movimiento nacional.

De este laberinto judicial Garzón saldrá mal parado, será condenado y eso significará el fin de una dilatada carrera judicial en la cual ha hecho grades cosas y ha cometido errores también de calado.

Sin ir más lejos recuerdo uno muy directamente: cuando me procesó por unos hechos que no cometí, en todo caso errar es humano y sin romper huevos no se hacen tortillas.

Entre sus aciertos está la consolidación de los principios de jurisdicción universal y las implicaciones que ello tuvo tanto en el caso de Pinochet como en el de las dictaduras militares de Argentina. Sin su trabajo hoy la Historia sería distinta.

Ahora bien, en estos juicios contra Garzón lo que realmente estamos defendiendo no es a la persona, ni tan siquiera lo que ésta representa, aquí se defiende la necesidad de una renovación integral e íntegra del sistema judicial español, la consolidación de los valores y principios democráticos al interior de uno de los poderes del Estado y, sobre todo, la exigencia de responsabilidades por los crímenes más graves, como los del franquismo, para que a través de un proceso justo de búsqueda de la verdad y exigencias de responsabilidad se pueda llegar a la deseada reparación para las miles de víctimas que dicha dictadura generó y a las cuales, los vencedores, siempre han tratado de ignorar.

La gran paradoja de todo esto es que, en España, primero se enjuicia a quien investiga la corrupción pero no a los corruptos, luego a quien investiga los crímenes del franquismo pero no a los que los cometieron y, finalmente, si nada de eso da resultado entonces se enjuicia a un Juez que ha cobrado por dar unas conferencias, es decir lo mismo que hacen cada semana quienes le enjuiciarán.

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19 ene 2012

La objetividad de las palabras

¿Son las palabras objetivas? Nos preguntamos si acaso las palabras mantienen una relación clara con los objetos o acontecimientos que ellas nombran.

En estos días en que nos hemos enterado que el ministerio de Educación ha decidido cambiar en los textos escolares el modo de nombrar el período político posterior al golpe de estado, vale la pena preguntarse si acaso las palabras “dictadura” y “gobierno militar” son objetivas, es decir, si ellas guardan alguna relación con los acontecimientos que poblaron la vida política de los chilenos durante ese período.

Aristóteles pensaba que las palabras eran diferentes dada la existencia de diferentes idiomas y culturas, pero que en cuanto ellas eran fiel reflejo de las modificaciones del alma, que eran en todos los hombres las mismas, y éstas, a su vez, eran expresión del orden de las cosas, que también era sólo uno, se podía esperar objetividad de las palabras.

Hoy ya no estamos tan seguros de que las modificaciones de nuestra alma sean las mismas en todos (ni siquiera estamos seguros de tener un alma), y tampoco estaríamos dispuestos a aceptar fácilmente que el orden de las cosas sea sólo uno, de modo que el hilo de Ariadna que debería conducirnos desde las palabras hacia la objetividad expresada en las cosas, por decir lo menos, está algo roto.

¿Significa esto entonces que no podemos pedir objetividad a las palabras y que da lo mismo hablar de “gobierno militar” que de “dictadura”? Parece que no y las razones son tan simples como evidentes.

Pese a las transformaciones en el modo en que nos representamos el mundo, nuestra alma (o conciencia) y el orden de las cosas, no obstante seguimos, mal que mal, comunicándonos y entendiendo lo que nos decimos.

Este hecho en ocasiones nos permite llegar a acuerdos y hasta hacer algunos proyectos en conjunto y, en otras, el mismo hecho nos ayuda a descubrir nuestras diferencias, disensos y a veces podemos comprobar, por medio de las palabras, la existencia de distancias insalvables con algunos de nuestros pares.

Y si dieran lo mismo unas palabras que otras tampoco tendría explicación la enorme polémica que ha generado la iniciativa del actual gobierno por intervenir los programas de estudios, así como la propia voluntad de llevar adelante estas modificaciones, empeño en el que no han estado ausentes hasta los argumentos más insólitos.

Entonces, ¿en qué radica la objetividad de las palabras? Ocurre que las palabras no son un mero instrumento y mucho menos sólo un signo que usamos para significar cosas, hechos o acontecimientos.

Las palabras son la forma específicamente humana de presentarnos ante los demás, de revelarnos como seres únicos y capaces de pensar; por medio de las palabras que usamos decimos a los demás quiénes somos, qué valoramos, qué posiciones tenemos, a quién amamos y quiénes son nuestros enemigos.

En tal sentido las palabras no son inocentes, ellas constituyen la forma en que estamos con otros, una forma que siempre tiene intención, valor, posición y por la que nos presentamos ante los otros dibujando así los contornos del mundo que habitamos. En esto radica precisamente la objetividad de las palabras.

Sin duda, entonces, cuando el ministerio de Educación decide denominar con las palabras “gobierno militar” al período político en que el poder estuvo de forma total en manos del general Pinochet, el cuerpo de militares que lo secundaron y un grupo de políticos de derecha y economistas de reconocida militancia neoliberal, nuestros actuales gobernantes se revelan ante nosotros, enseñan su posición y sus valores, y muestran sus simpatías hacia aquel régimen en el que se exilió del país a más de 200.000 personas, más de 28.000 ciudadanos fueron víctimas de tortura, entre ellos 2.279 ejecutados políticos, y hay constancia de 1.209 ciudadanos cuyo paradero es aún desconocido, es decir, detenidos desaparecidos.

Y es que las palabras las usamos en la medida en que podemos usarlas, es decir, esta forma en que nos revelamos ante los demás y dibujamos los contornos del mundo está vinculada con las relaciones de poder en que habitamos.

Si hubo un momento en que pudimos denominar aquel período político de Chile con la palabra “dictadura”, ocurrió porque quienes fueron contrarios a ese régimen, perseguidos por sus ideas, amenazados y atemorizados en cada instancia de sus vidas cotidianas, consiguieron, mediante el apoyo de la ciudadanía a través de un proceso democrático, hacerse con las condiciones de poder necesarias para hablar y revelarse a los demás, denunciar las injusticias y hacer pública su crítica a esa forma de concentración del poder total en pocas manos, sin oposición y sin el ejercicio de instituciones democráticas que permiten el control del mismo.

A esa forma de poder le llamamos dictadura y así quisimos que fuera recordada por las siguientes generaciones cuando tuvieran que dibujar los contornos del futuro mundo político de nuestro país.

Que ahora les sea posible a algunos cambiar en los textos escolares esa palabra por la de “gobierno militar” nos pone ante los ojos, es decir, nos hace objetivos, al menos tres acontecimientos que no es conveniente ocultar.

Primero, que aquellos que se opusieron al régimen que gobernó el país entre los años 73 y 90, y que lucharon por construir las condiciones de una verdadera democracia para Chile, han perdido el poder, y sería sano reconocer que esa pérdida de poder no es sólo responsabilidad de los que lo han conseguido, sino también de quiénes extraviaron de vista aquello por lo que se luchó, y que, por ende, es un proceso que comenzó antes de que se celebraran las últimas elecciones presidenciales.

Segundo, que quienes ahora gobiernan e imponen su discurso se nos revelan, en sus palabras, como partidarios y simpatizantes del ideario que dibujó los contornos del mundo político y económico de Chile en las décadas del setenta y ochenta, ideario que está plasmado en la actual constitución inamovible que nos rige y en el sistema económico que nos asfixia.

Y tercero, que con el uso de la palabra “gobierno militar” (por centrar en este suceso una metamorfosis mucho más amplia a la que estamos asistiendo) lo que el actual gobierno se propone es transformar los contenidos de la memoria de un país para dibujarlo, una vez más (¿cuántas veces hemos asistido ya a este proceso en nuestra historia?), a su propia medida, la medida que nos imponen los de siempre, los propietarios del país… porque, efectivamente, hay objetividad en las palabras.

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19 ene 2012

No al impuesto a los combustibles

Diversos economistas y políticos se han mostrado en contra de la reducción o eliminación del impuesto a los combustibles, siendo una de las razones más recurrentes el que éste sería un impuesto eficiente (su recaudación es de bajo costo y hay poca evasión), progresivo y justo porque afecta principalmente a las personas de más altos ingresos. Sin embargo, esto es cuestionable.

El impuesto específico a los combustibles afecta de manera importante a la clase media de nuestro país.

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Jaime Guzmán, el 79% de la población siente que este impuesto afecta su situación económica, percepción que es más alta en nuestra clase media. Esto no puede ser de otra forma si consideramos que para ese grupo el gasto en bencina significa un 11% de sus ingresos, mientras que para el quintil más alto sólo representa el 2,7%.

Evidentemente las familias de más altos ingresos, que en su mayoría tiene al menos un automóvil, tiene un consumo mayor de gasolina que una familia de clase media, pero no podemos comparar lo que significa para una familia que gana 600 mil pesos un gasto de $70.000 en bencina, versus una familia con ingresos de más de un millón de pesos.

Por favor no nos engañemos, para la familia de clase media, que es la más desprotegida en nuestro país, ese gasto es relevante en su presupuesto mensual.

Por otra parte, al hacer este análisis no podemos seguir utilizando datos de hace 5 años.

Nuestra economía ha cambiado y vemos que nuestra clase media accede a una mayor cantidad de bienes y servicios, entre ellos el automóvil, porque en nuestro país tener un auto ya no es un lujo.

Así lo demuestra los datos entregados en septiembre del año 2011 por la Asociación Nacional Automotriz de Chile: los vehículos a los que accede la clase media representan el 45% del mercado, segmento que ha crecido en un 30% durante el año 2011.

Esto se ve reflejado en un estudio realizado por Adimark que señala que el 80% de los grupos familiares con ingresos mensuales de un millón de pesos y el 45% de las familias con un ingreso promedio de 700 mil pesos tienen un vehículo.

Es importante recordar que este impuesto no fue creado con una función redistributiva y tampoco como una forma de paliar las externalidades negativas que origina el uso de vehículos motorizados.

Este impuesto surge en 1985 luego del terremoto que afectara nuestro país, y tuvo por objeto financiar la reparación de la infraestructura pública destruida. Inicialmente este impuesto era de 2 UTM por metro cúbico de bencina y 1,5 UTM por metro cúbico de diesel.

Sin embargo, pese a que la infraestructura fue repuesta y que hoy la mayoría de nuestras carreteras son concesionadas, este impuesto no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado en el caso de la bencina a 6 UTM por metro cúbico, lo cual es absolutamente contradictorio.

Hay quienes buscan sustentar la mantención e incluso el alza a este impuesto por los múltiples costos sociales que conlleva el uso de los vehículos, como lo es la contaminación y la congestión vehicular.

Sin embargo, esto es injusto para todas aquellas personas que viven en lugares donde no hay contaminación o congestión, ¿por qué tendrían que pagar ellos un impuesto específico por una realidad que no es la de ellos?

Además, la congestión no es una externalidad generada por la bencina, sino que se debe a la insuficiente infraestructura vial y el creciente parque automotriz de nuestro país.

Tampoco es correcto recurrir a la contaminación que provoca el uso del automóvil toda vez que, al año 2010, el 86% del parque automotriz correspondía a vehículos motorizados que usan convertidor catalítico –menos contaminantes-, lo que en la Región Metropolitana equivale al 93,7% de los vehículos.

Por lo demás, las autoridades ambientales han señalado que la contaminación de Santiago y otras grandes ciudades se debe al uso de la leña y a las industrias que funcionan en ellas.

Para reducir la contaminación y la congestión existen otras medidas mucho más efectivas y que abordan en concreto el problema que se trata de resolver.

Así, se podrían impulsar los impuestos verdes, y mejorar el transporte público. Sabemos que extender la red de metro disminuye el uso del automóvil. ¿Por qué no avanzar más en una solución como esta que, además, mejoraría sustancialmente la vida de muchas personas?

Tengo la convicción que la reducción o eliminación del impuesto específico a los combustibles tendrá un impacto importante y directo en los bolsillos de la clase media de nuestro país. Avanzar en esto ayudaría a ser de Chile un país más justo.

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19 ene 2012

Recordando el Holocausto

El 26 de Octubre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la designación del 27 de enero de cada año como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

Desde entonces, enero se ha transformado en un mes para recordar ese crimen horrendo que nadie puede ni debe negar.

Los estados que aprobaron dicha resolución, aprovecharon de condenar “sin reservas” toda manifestación en contra de personas o comunidades sobre la base de sus orígenes étnicos o sus creencias religiosas.

A pesar de lo correcto de la medida, resulta increíble que debieran pasar 60 años para que las Naciones Unidas tomaran una medida que habría sido mejor recibida si hubiera llegado el mismo día y año de cometidos los crímenes contra la humanidad a los que se refiere.

Extrañamente, también por estos días se recuerda un año más del genocidio llevado cabo por el Estado de Israel en Gaza durante diciembre de 2008 y enero de 2009 y sin embargo, ningún medio de comunicación ha hecho siquiera una sola mención a lo de Gaza, a tan sólo tres años de ocurridos los hechos.

Lo anterior resulta particularmente extraño si consideramos que lo de Gaza se enmarca dentro de una política sistemática y permanente de exterminio físico y político de un pueblo entero, que dura inexplicablemente casi los mismos 60 años.

De hecho, resulta paradójico que durante los 62 años siguientes al Holocausto, todos los días de cada año y todas las horas de cada día, la comunidad internacional siga siendo testigo mudo y cómplice de otro holocausto similar a aquel que inspiró dicha decisión.

Yo, en lo personal, cada día de cada año de los que tengo memoria, vengo preguntándome hasta cuándo el holocausto nazi servirá de aval al sionismo y al Estado de Israel para perpetuar sus crímenes contra el pueblo palestino, cuyo único delito ha sido estar en el mismo lugar por los siglos de los siglos.

Lo más patético, sin embargo, es que quienes cometen hoy estos crímenes se digan descendientes y herederos de las víctimas de ayer y utilicen sus nombres y su propio dolor, para justificar el mismo patrón de comportamiento, las mismas mentiras y la misma política de exterminio contra otro pueblo, esta vez, más débil que ellos.

Afortunadamente, muchos amigos judíos y anti sionistas me recuerdan a diario que Israel no actúa, por más que lo repita, sin vergüenza alguna, en nombre de los judíos esparcidos por toda la tierra, sino en nombre del sionismo, que ha intentado durante años apropiarse de la historia judía para esconder tras ella, toda la crueldad y la vileza de Israel, de sus autoridades y de sus acciones.

Afortunadamente con ellos, amigos entrañables, nos preguntamos a diario y sin hipocresía de por medio, cuántos años más hará falta para que todos los falsos dioses y sus seguidores en la tierra se convenzan de que no hay nada, ni nadie que justifique lo que los nazis hicieron con los judíos y tampoco lo que Israel hace con los palestinos.

Lamentablemente, no existen por ahora en la comunidad internacional ni en Medio Oriente líderes con cojones y con voluntad de superar esta hora maldita que viven nuestros pueblos, hace ya tantos años.

Lamentablemente, en ambos lados existen más líderes dispuestos a conducir a sus pueblos hacia la solución final que algunas mentes afiebradas proponen, antes que enfocarse decididamente a la tarea de construir una sociedad nueva para todos y todas.

No faltarán quienes levanten su voz horrorizados por mi singular comparación.

No faltarán quienes me acusarán de neonazi y de antisemita por decir que me da pena y vergüenza el solo imaginarme a las víctimas del nazismo revolcándose en sus tumbas al ver lo que los sionistas han hecho en su nombre, con los palestinos.

Mi conciencia, en todo caso, está tranquila, porque no creo en ninguna promesa divina. No creo que bienaventurados sean los que sufren y que luego de muertos serán recompensados. Tampoco creo que una guerra pueda ser santa. Mucho menos, después de ver las atroces consecuencias de las mentiras con que suelen justificarse todas las batallas que solo sirven para enriquecer a los que lucran con la muerte.

Tampoco creo que algún dios haya puesto los bienes en la tierra solo para el 5% de la población mundial mientras el 70% no puede satisfacer sus necesidades básicas ni vivir dignamente.

Es de esperar que más temprano que tarde aparezcan, en ambos bandos, líderes de la talla de aquellos pocos que han sabido conducir a sus pueblos por los caminos de la paz, de la justicia y la libertad, basada en principios y valores y no en el poder del dinero y la subordinación ciega de unos a otros.

No tengo duda que tendrán que venir desde aquellos partidos laicos capaces de entender que el futuro de ambos pueblos está indisolublemente unido y que se requiere avanzar hacia un estado binacional capaz de acoger por igual y sin discriminación a judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos y ateos.

Un Estado verdaderamente humanista, sin discriminación de ningún tipo, en donde el nazismo, el apartheid y el sionismo; donde la pobreza y el hambre; donde la enfermedad, el derroche y la escasez, sean solo un mal recuerdo y un ejemplo de aquello que los seres humanos deben superar como especie para mirar con algo de esperanza el futuro.

En definitiva, un Estado para cualquier hombre o mujer libre de pensar y vivir como quiera, pero en un estado modelo, democrático e igualitario, comprometido con la defensa y el respeto irrestricto de los derechos humanos y capaz de extender la ética discursiva a las relaciones entre la especie humana y entre ésta y el medioambiente del cual es parte.

Solo así tendremos una paz justa y duradera. Solo así generaremos un desarrollo sostenible. Solo así podremos mirar a los ojos con absoluta tranquilidad a las generaciones futuras, partiendo, por supuesto, por nuestros hijos.

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18 ene 2012

El Panul

El último Plan de Descontaminación de Santiago, indica que se debe continuar con la meta de aumentar la dotación de áreas verdes y masas de vegetación que rodean la Cuenca de Santiago de la Región Metropolitana, en 1800 nuevas hectáreas.

Entre los principales criterios para el logro de esta meta, se encuentra el Programa para la gestión de masas de vegetación que rodean dicha cuenca, en el que se señala que “con la finalidad de favorecer la circulación de vientos en la Cuenca de Santiago, se promoverá la mantención y reforestación de las masas de vegetación que la rodean”.

No obstante, hay determinadas iniciativas privadas, que reducen a este tipo de declaraciones de política pública a meras buenas intenciones, y que atentan derechamente contra una estrategia de desarrollo sustentable para la región metropolitana, dado que no responden en el hecho a una decisión de la autoridad, sino al interés de los privados en impulsar determinados proyectos de inversión.

En este sentido, particular preocupación siento por la situación que afecta al Fundo “El Panul”. Hermosa zona emplazada en nuestra pre-cordillera, específicamente en la Quebrada de Lo Cañas, valiosa en biodiversidad y expuesta a ser intervenida por un proyecto inmobiliario.

El Fundo “El Panul”, es un bosque esclerófilo que está compuesto por vegetación nativa y esclerófila, principalmente quillay, algunos de hasta 200 años de antigüedad y litre.

Asimismo, alberga al interior de su vegetación, una especie declarada en “estado vulnerable”, categoría de conservación que posee de acuerdo a lo que establece el Libro Rojo de la Corporación Nacional Forestal. Me refiero al “Guayacán” o técnicamente al “Porlieria chilensis”.

A su vez, los servicios ambientales y sociales que presta este bosque a toda la cuenca de Santiago son de gran trascendencia y es necesario conocerlos.

Entre otros, aporta a la descontaminación del aire, mediante la fijación de dióxido de carbono y la entrega de oxígeno, como también, mediante la captura de material particulado, sobre todo del PM 2.5., que penetra profundamente en los pulmones.

A su vez, con su suelo permeable permite la absorción del agua lluvia, logrando que el 90% del agua lluvia se absorba y alimente los acuíferos y sólo el 10% escurra monte abajo.

Asimismo, este bosque es un regulador natural de la temperatura, ya que donde permanecen grandes superficies de vegetación, las temperaturas son menos altas en verano y menos bajas en invierno, lo que aporta al bienestar de la ciudadanía en general.

En tal dirección, resulta contradictorio que la autoridad haya elaborado planes con respecto a las áreas verdes y la descontaminación ambiental, pretendiendo construir 1800 hectáreas de áreas verdes nuevas con especies nativas, plantar un árbol por habitante y reforestar cerros desprovistos de cobertura vegetal y, que de pronto nos encontremos con proyectos que atentan derechamente contra tales propósitos, en que se pretende urbanizar 100 hectáreas de bosque nativo consolidado que no necesita de riego ni inversión económica para su mantención.

He visitado en distintas oportunidades el Fundo El Panul y he estado presente en el lugar en que se pretende emplazar el proyecto inmobiliario, como también, me he reunido en reiteradas ocasiones con la Red por la Defensa de la Pre Cordillera y he desplegado importantes esfuerzos desde mi oficina parlamentaria para hacer un seguimiento serio de este proyecto.

En dicha dirección, en mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y con el fin de dar cumplimiento a las normas de transparencia de la función pública, me ha parecido necesario recabar la máxima información posible de los servicios públicos evaluadores del proyecto, con el propósito de conocer los fundamentos de las opiniones que emiten en el marco de la evaluación ambiental de éste y con el propósito de hacer un seguimiento serio del mismo.

Así, mientras proyectos de esta envergadura no sean fruto de una planificación ambiental estratégica para la ciudad, me parece relevante conocer las consideraciones que se tendrán a la vista para conocer los impactos reales en nuestra biodiversidad, nuestras áreas verdes y su efectiva contribución hacia la urgente descontaminación de Santiago, como ha sido la voluntad declarada de la autoridad.

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18 ene 2012

El caso Garzón: El(los) ladrón(es) detrás del Juez

El día de ayer será recordado por todos los españoles, quiéranlo o no, como el día de la vergüenza judicial o el día del “sueño del pibe” de todo delincuente.

Ver sentado en el banquillo de los acusados a un juez por el “delito” de develar una de las tramas corruptas más escandalosas de los últimos años en este país, que involucra directamente al actual partido de gobierno, el derechista Partido Popular (PP).

Algo no solo incomprensible, si reparamos en los detalles y méritos de este escandaloso juicio, sino que, además, algo absolutamente impresentable para cualquier democracia sería y madura.

En concreto se le acusa de desarrollar grabaciones “ilegales” a uno de los detenidos de la “Trama Gürtel” (cinturón o correa en alemán, por el apellido de uno de los principales implicados) ante evidencias fundadas de que continuaba dirigiendo la trama corrupta, de la mejor forma en que lo hacen los mafiosos, desde la misma cárcel. Cuando en realidad no lo son y, más aún, fueron debidamente autorizadas, para mayor asombro.

Como es de suponer, la ley que regula estos procedimientos judiciales, no obstante la manifiesta ambigüedad de los textos legales expresada en la consabida dicotomía letra y espíritu, señala claramente que este tipo de grabaciones pueden ser efectuadas “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.

Y por si fuera poco, la jurisprudencia emanada de los tribunales (Constitucional y Supremo, en este caso) manifiesta que “se pueden intervenir estas conversaciones para investigar cualquier delito, siempre que sea con una orden judicial que argumente debidamente la medida.” Más claro echarle agua.

Ahora bien, al margen de todo lo abigarrado y absurdo de esta verdadera comedia de equivocaciones, cuyo inequívoco título podría ser “El(los) ladrón(es) detrás del Juez” -nunca mejor dicho- toda España sabe que hay sentada jurisprudencia suficiente al respecto. ¡Qué hay otros casos!

Uno muy reciente con motivo del bullado crimen y desaparición de una menor, el caso “Marta del Castillo”, dicho sea de paso, al más puro estilo del caso “Matute Johns”, un grupo de jóvenes implicados se ha reído todo este tiempo, no solo de la justicia sino también de la policía, los medios de comunicación y toda la opinión pública española.

En honor a la justicia, en este caso, valga la redundancia, la justicia andaluza ha dado pena, risa y rabia.

Es cierto, insisto, han habido otros casos, otros tantos jueces que han espiado telefónicamente a los delincuentes aquí y en el mundo entero, la diferencia, claro está, en que no se llaman Garzón, que no son víctimas de las envidias leguleyas, ni objeto de deseo de un brutal linchamiento corporativo por parte de una decrépita y vetusta institución como es la (in)justicia española.

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