El día de ayer será recordado por todos los españoles, quiéranlo o no, como el día de la vergüenza judicial o el día del “sueño del pibe” de todo delincuente.
Ver sentado en el banquillo de los acusados a un juez por el “delito” de develar una de las tramas corruptas más escandalosas de los últimos años en este país, que involucra directamente al actual partido de gobierno, el derechista Partido Popular (PP).
Algo no solo incomprensible, si reparamos en los detalles y méritos de este escandaloso juicio, sino que, además, algo absolutamente impresentable para cualquier democracia sería y madura.
En concreto se le acusa de desarrollar grabaciones “ilegales” a uno de los detenidos de la “Trama Gürtel” (cinturón o correa en alemán, por el apellido de uno de los principales implicados) ante evidencias fundadas de que continuaba dirigiendo la trama corrupta, de la mejor forma en que lo hacen los mafiosos, desde la misma cárcel. Cuando en realidad no lo son y, más aún, fueron debidamente autorizadas, para mayor asombro.
Como es de suponer, la ley que regula estos procedimientos judiciales, no obstante la manifiesta ambigüedad de los textos legales expresada en la consabida dicotomía letra y espíritu, señala claramente que este tipo de grabaciones pueden ser efectuadas “por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.
Y por si fuera poco, la jurisprudencia emanada de los tribunales (Constitucional y Supremo, en este caso) manifiesta que “se pueden intervenir estas conversaciones para investigar cualquier delito, siempre que sea con una orden judicial que argumente debidamente la medida.” Más claro echarle agua.
Ahora bien, al margen de todo lo abigarrado y absurdo de esta verdadera comedia de equivocaciones, cuyo inequívoco título podría ser “El(los) ladrón(es) detrás del Juez” -nunca mejor dicho- toda España sabe que hay sentada jurisprudencia suficiente al respecto. ¡Qué hay otros casos!
Uno muy reciente con motivo del bullado crimen y desaparición de una menor, el caso “Marta del Castillo”, dicho sea de paso, al más puro estilo del caso “Matute Johns”, un grupo de jóvenes implicados se ha reído todo este tiempo, no solo de la justicia sino también de la policía, los medios de comunicación y toda la opinión pública española.
En honor a la justicia, en este caso, valga la redundancia, la justicia andaluza ha dado pena, risa y rabia.
Es cierto, insisto, han habido otros casos, otros tantos jueces que han espiado telefónicamente a los delincuentes aquí y en el mundo entero, la diferencia, claro está, en que no se llaman Garzón, que no son víctimas de las envidias leguleyas, ni objeto de deseo de un brutal linchamiento corporativo por parte de una decrépita y vetusta institución como es la (in)justicia española.