Los conflictos en la Araucanía, vinculados al tema indígena no son nuevos. Han transcurrido 13 años desde que comienzan las primeras ocupaciones de terrenos y hasta que culmina el período en que gobierna la Concertación.
Hubo, durante ese tiempo, un comportamiento que yo denominaría estándar: cortes de camino, quema de camiones y quema o daños a la propiedad privada en general.
Los delitos que se cometieron en ese período fueron definidos, en algunos casos por la Concertación y, hoy por la Alianza Por Chile, como hechos de carácter terrorista y así el concepto se extendió, desde mi punto de vista, insisto, erróneamente.
Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre lo que ocurrió durante esos 13 años en que la Concertación gobernó y lo que ha ocurrido ahora cuando gobierna la Alianza por Chile?
Muy simple, lo que tenemos es una diferenciación del actor que hace la noticia y que efectivamente comete la falta.
Durante 13 años, ocurridos los hechos mencionados, se daba inicio a una investigación judicial y se definían, por el Poder Judicial, las responsabilidades y circunstancias de lo investigado. Por lo tanto, había un procedimiento de investigación.
Pero hoy, el sujeto noticioso es otro, el – increíblemente – surge del mismo sector al que pertenecen aquéllos que antaño elevaron sus voces defendiendo la imagen de La Araucanía y su producción en todos los ámbitos.
Hoy, es el ministro del Interior quien realiza acusaciones gravísimas invocando la Ley Antiterrorista e inculpando a un grupo específico, sin tener en sus manos ningún argumento coherente que avale esas acusaciones y, lo peor, las hace públicas estigmatizando inmediatamente a la totalidad del pueblo mapuche que busca desesperadamente construir un país que elimine la segregación, el racismo y la pobreza.
Transcurrieron menos de 24 horas desde la trágica muerte de 7 brigadistas forestales para que el ministro del Interior tuviera resueltos dos aspectos fundamentales referidos a los incendios: el incendio había sido intencional y, la responsabilidad era de la coordinadora Arauco Malleco.
Estoy profundamente convencido que no existe camino alternativo al diálogo para enfrentar la situación que afecta a nuestros pueblos indígenas; pero, con la misma fuerza rechazo cualquier intento de imponerse por medio de la fuerza, la que se origina desde la propia demanda por reivindicaciones indígenas, y la que- desproporcionadamente – aplica el Estado para reprimirlas.
Y, sobre estas demandas, hay que recordar innumerables intentos fallidos de mesas de diálogo que fracasaron por la impericia, la ineptitud, el desconocimiento, la ignorancia o simplemente por la falta de perseverancia en el intento de quienes han tenido- en representación del Estado de Chile-la responsabilidad de liderarlas.
Pues bien, han transcurrido ya 30 años desde que comenzaron las manifestaciones indígenas en nuestro país y pareciera ser que ya es momento de hacerse algunas preguntas fundamentales:
a) ¿Ha tenido el Estado de Chile la capacidad para percibir que la temática de nuestros pueblos indígenas es fruto de una deuda histórica respecto de la cual no ha habido voluntad de avanzar?
b) ¿Ha habido una mirada, desde la investigación científica para ver lo que ocurre en un mundo integrado económicamente y atomizado política y socialmente y así, a la luz de esa realidad reconocer que la diversidad es un valor y no un obstáculo para avanzar en estas demandas?
c) ¿Alguien podría seriamente sostener que por la vía de la violencia social y la represión policial será posible reencontrarnos en nuestra Araucanía?
d) ¿No será momento de hacer un esfuerzo mayor para intentar “comprender” y no solo “escuchar y acallar” las demandas indígenas, cualquiera sea el territorio desde donde emerjan?
e) ¿Podrá nuestra región de La Araucanía resistir indefinidamente la presencia de un conflicto que se eterniza y que con tanta falta de rigor y proligidad se maneja por parte de este y otros Gobiernos?
Pues permítanme decirle Ministro Hinzpeter que La Araucanía no es el Far West como muchos han intentado desde siempre presentarla. Y, por el contrario, hay deudas pendientes que el Estado no ha logrado asumir.
Después de todo lo vivido y de las declaraciones que el Ministro Hinzpeter deberá aclarar en la Corte de Apelaciones, lo único que me queda por pensar es que la arremetida comunicacional del ministro, utilizando el dolor y la tragedia, es una estrategia de quien ha hecho las cosas muy mal en materia de Seguridad Pública.
Ya sabemos cuáles son por ejemplo, los resultados de la Encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, donde la victimización aumentó de un 33% en el 2010 a un 39,3% en 2011 y el ministro tiene el descaro de atribuir estas cifras a la protesta social, cuando en realidad una correlación correcta de variables permite leer que son efectivamente las instituciones encargadas de la seguridad las que han fallado, y esas instituciones las representa él.
Después de su fracaso como Ministro del Interior y Seguridad Pública, donde ha faltado a una promesa de campaña de su Gobierno destinada a terminar con la delincuencia, prepara el camino para que, con esta sensación de inseguridad y tragedia, parezca razonable aprobar su proyecto de ley que condena la protesta social.
No logrará confundirnos. No contará por lo menos con mi voto para sancionar criminalmente la protesta social.