Opinión en Cooperativa

Gonzalo Boye

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Transcurridos los primeros cien días del gobierno de Mariano Rajoy, España comienza a comprender que sus dichos y promesas no eran más que una demagógica estrategia electoral que no tenía sustento alguno en sus auténticos planes de gobierno; la culpa, como en toda ruptura, no es solo de una de las partes y aquí tan culpable es quién engañó a millones de españoles como esos muchos que se dejaron engañar seducidos por unos cantos de sirena que, a todas luces, sólo pretendían ese efecto embaucador al que tan aficionados son algunos políticos.

La campaña electoral, ya largamente analizada, consistió en un ominoso silencio sobre las medidas que se adoptarían y, también, en una crítica despiadada hacia la gestión del gobierno de Zapatero; lo que callaron era más importante que lo que dijeron pero en cien días ya todo ha quedado aclarado.

Rajoy no venía para realizar una política distinta a la de Zapatero sino para perfeccionar la aplicación de un modelo determinado que ha sido preestablecido fuera de España, más bien desde Berlín, y para lo cual se requieren una serie de medidas restrictivas en lo social y económico; de cosecha nacional sólo son las restricciones a la libertad personal y que se asientan en una visión ultraconservadora de la realidad.

Tal cual ha pasado con otros gobiernos de derechas en Europa, el desgaste que está comenzando a sufrir Rajoy le pasará factura no sólo a él sino, especialmente, a su propio partido y el mejor ejemplo lo han tenido en las recientes elecciones regionales de Andalucía en las cuales no han logrado la tan cacareada mayoría absoluta con la que contaba el Partido Popular.

Seguramente esta será la primera de muchas derrotas electorales, de ámbito autonómico y municipal que tendrá que soportar Rajoy en los próximos cuatro años, si es que su gobierno dura tanto.

Lo que no se puede negar es que estos primeros cien días han sido una auténtica vorágine legislativa, siempre mediante la utilización de los sistemas más expeditos y menos democráticos que prevé el ordenamiento jurídico: los reales decretos.

Entre los más sonados “logros” de este gobierno está la reforma de las normas laborales, dicen que se reforma el mercado laboral cuando, en realidad, lo que se hace es abaratar el despido.

Una auténtica reforma del mercado de trabajo pasaría por abaratar la contratación, siendo un eufemismo que un país con cinco millones de desempleados denomine reforma laboral a aquello que sólo generará más desempleo.

Como si lo anterior no fuese poco, en los planes ya anunciados por el Gobierno de España están otra serie de reformas que nos llevarán, si nada lo impide, a unas tasas de desempleo nunca antes vistas y, cuyas consecuencias sociales y políticas, no parecen preocupar a un mandatario que confía ciegamente en la abultada pero engañosa mayoría absoluta con la que cuenta.

Los planes, ambiciosos como pocos, pasan por desarrollar una ley de estabilidad presupuestaria “para que todas las Administraciones cumplan los objetivos de déficit público y no gasten lo que no tienen”, es decir estrangular más el gasto público para que este sector sea incapaz de tirar de la economía como se necesitaría en los tiempos actuales dejando todo en manos de los empresarios que, por cierto, a duras penas llegan a fin de mes como para ser los encargados de la reactivación económica.

Una de las más preocupantes tareas que dice tener pendiente Rajoy sería la de “culminar el proceso de saneamiento y reestructuración del sistema financiero” sin más pistas pero que nos recuerda, mucho, a una suerte de rescate de dicho sector, siempre a cargo de las escuetas arcas públicas: socializar las pérdidas una vez que se privatizaron los beneficios.

También se pretende “poner en marcha el proceso de reforma de los servicios públicos”, que seguramente pasará por la reducción de los mismos hasta niveles propios de otra época en España y, sobre todo, trasladando a los usuarios el costo de las prestaciones y privatizando la gestión de estos servicios, privatización que, seguramente, será asignada a las empresas de siempre.

Se realizará un esfuerzo para eliminar las “muchas” duplicidades que existen “en todas las Administraciones” y, para ello, Rajoy ha pedido a las comunidades autónomas (regiones) y las corporaciones locales (municipalidades) “que le den la máxima importancia a este asunto capital”. Lo que ni dice ni se atreve a decir es que eso es casi tanto como destruir la estructura constitucional de división territorial y política de la que en su día España se dotó.

Junto con lo anterior pretende, ya para terminar con el sistema de autonomías que rige en España, adoptar decisiones en materia de unidad de mercado, porque “no puede haber 17 normas (las mismas que Comunidades Autónomas), decretos, reglamentos, que lo único que hacen es confundir y ponerle las cosas mucho más difíciles a los emprendedores”.

Obviamente este es un guiño al sector más nacionalista de España que pretende recuperar la indivisibilidad de la nación española de la que tanto presumía Franco.

A pesar de haber realizado ya la mal llamada reforma laboral, entre sus desafíos se plantea el poner en marcha en este trimestre la ley de emprendedores, “con el objetivo de apoyar a las pymes y a los autónomos y estimular la creación de empleo”, es decir adoptar medidas que se desconoce en qué consisten, pero que suenan bien, y que, sin duda, son ocurrencias de último minuto para satisfacer, aun cuando sea temporalmente, a aquellos sectores económicos más perjudicados durante esta ya larga crisis económica.

Dentro de este catálogo de “ocurrencias” que no de medidas orientadas a superar la crisis, no podemos olvidar la pretensión de aprobar un plan de lucha contra el fraude fiscal, el fraude en la seguridad social y en la percepción del seguro de desempleo.

En este punto, ha recalcado Rajoy que su Gobierno va a intentar “que todo el mundo cumpla con sus obligaciones; y, si no lo hace, tendrá la sanción que a cualquier persona normal y a cualquier demócrata le parece razonable”.

Pues bien, al respecto y dentro del plano de lo jocoso, la primera “ocurrencia” en materia de prevención del fraude fiscal ha sido el anuncio de una “amnistía fiscal” para que aflore el dinero negro que genera la economía sumergida en España; esto es algo así como un “perdonazo” a todo aquel empresario que en los últimos años se ha “olvidado” de cumplir con sus obligaciones tributarias: el premio al defraudador.

Toda este desaforado esfuerzo reformista está comenzando a verse contestado por la ciudadanía y el mejor ejemplo ha sido la reciente y masiva huelga general y las manifestaciones multitudinarias realizadas en toda España; la efervescencia social es algo que sólo parece estar comenzando y que, sin duda, amargarán esa sensación de absolutismo, por la mayoría con que cuenta, que impregna no sólo la actuación de Rajoy sino, incluso, su nefasta política comunicacional.

En resumidas cuentas, estos primeros cien días han sido un buen ejemplo de lo malo que resulta ir a votar en contra de alguien en lugar de hacerlo a favor de un determinado proyecto así como de lo largo que se nos harán los años que aún quedan de gobierno del Partido Popular.

España votó en contra de Zapatero sin pensar que con Rajoy no había proyecto, al menos no propio, sino una profundización de aquello que en algún medio como la revista “Mongolia” se ha dado en llamar “hacer un Zapatero”, que no es otra cosa que entrar al gobierno como socialdemócrata y salir como liberal.