25 jul 2012

Encuesta Casen y pymes

Por Pedro Davis Urzúa
Pedro Davis Urzúa
Pedro Davis Urzúa
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Hemos asistido como gente de la calle una vez más al despreciable espectáculo del uso de las estadísticas para mostrar logros del gobierno de turno.

Sin mostrar el margen de error y aduciendo que no se conoce (¿?) el gobierno de la Alianza al igual que los gobiernos de la Concertación “demuestra” con cifras estadísticas que sus políticas sociales son efectivas para reducir la indigencia y la pobreza, y esto se da la misma semana que el mismo gobierno, por primera vez por la vía del Veto presidencial(es decir por la vía de la imposición), aprueba un salario mínimo de 193.000 brutos mensuales , en circunstancias que si en una familia con 3 integrantes solo uno trabaja, esa familia está bajo la línea de pobreza (en pesos del 2009, el límite para esa familia está en 192.402, o sea una cifra superior a los 205.000 del 2012)

Las pymes no somos ajenas a esta situación, en datos del año 2009, un 8% de las “microempresarios” estaba bajo la línea de pobreza existiendo una fracción importante de ellos que estaba bajo la línea de indigencia.

Y no es de extrañar, el emprendimiento y las empresas de menor tamaño en Chile es tan precario, que no es anormal que los niveles de ingreso de los trabajadores por cuenta propia, de los llamados microempresarios y de los pequeños empresarios sean muy bajos.

De hecho encuestas realizadas a micro y pequeños empresarios donde se les pregunta si aceptarían un empleo asalariado, porcentajes muy importantes de ellos afirman que sí aun cuando los salarios sean bajos (inferiores a $400.000)-

Es hora ya que el tema de los salarios y los ingresos mínimos considerados como dignos por entidades como la iglesia y los organismos internacionales especializados (OIT, Cepal, BID), sea asumido por la sociedad en su conjunto, representada por el Estado.

Basta ya de usar a las pymes como los responsables de que no suban los salarios mínimos, cuando su fijación es una responsabilidad y obligación del Estado, el cual, debe además generar las condiciones para que esa alza sea virtuosa y no viciosa (para lo cual, el Estado puede por ejemplo, subsidiar a las pymes que tengan dificultades para subir el salario, y/o subir considerablemente las cargas familiares lo que beneficia en forma directa a los trabajadores de menor ingreso).

Basta también de cargar a los trabajadores el costo del “crecimiento”, si se crece, argumentan los economistas del éxito, no se deben subir los salarios para no desincentivar a los inversionistas, si no se crece y hay amenaza de recesión, tampoco se deben subir los salarios para no “correr el riesgo” del aumento del desempleo, o sea, los salarios de los trabajadores son la única llave de ajuste de la economía, los grandes capitales, la banca, los grupos económicos, son los que se cuidan ¿a costa de quién?, a costa de los más débiles (ver como se aplicarán los fuertes recortes a los ingresos de trabajadores activos y pasivos en la España de Rajoy).

La sociedad civil y todas sus expresiones debemos hacer valer nuestras opiniones y derechos, no podremos construir un país que crezca en forma sustentable, con paz social y con desarrollo armónico si no disminuimos de manera importante las inmensas brechas que existen entre el 2% más rico y el 98 % más pobre del país (sobre todo el 70% de ingresos medios bajos y bajos) , no más justificaciones estadísticas, la ciudadanía exige soluciones reales.

No queremos más aspirinas, queremos ingresos dignos, no sujetos a la voluntad de “darnos” bonos del gobierno de turno.

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25 jul 2012

La duda que deja la CASEN 2011

Por Andrés Palma
Andrés Palma
Andrés Palma
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Por fin se puede encontrar en la Web del Ministerio de Desarrollo Social una información más completa sobre la CASEN 2011, cuyos antecedentes preliminares dio a conocer el gobierno el viernes pasado.

Hasta ahora las cifras que se han entregado han sido positivas, aún cuando esconden la realidad más profunda de la pobreza y de la distribución del ingreso en nuestro país, que es que la pobreza es aún importante y que la distribución del ingreso es muy mala.

Ambas situaciones, especialmente la última, es percibida claramente por la sociedad. La pobreza está más oculta porque hoy hay muchos menos pobres que hace veinte o treinta años, muchos menos campamentos que entonces y mejores servicios sociales que los que la memoria trae a comparación.

Sin embargo un 14% o 15% de pobreza representa cerca de dos y medio millones de personas, poco menos de la mitad de las que había en esta situación a fines de la dictadura, pero un número demasiado importante como para que no se considere como central en las políticas públicas.

Cabe recordar, como lo han señalado diversos especialistas en estos días, que una familia promedio de Chile cuyo único ingreso sea el Ingreso Mínimo fijado recientemente está en condición de pobreza y muy cercana a la indigencia de acuerdo a las cifras que nos entrega la Encuesta, ya que su ingreso monetario disponible redondea los $160.000, lo que da un valor cercano a $40.000 por persona si el grupo familiar lo componen cuatro personas, y la línea de pobreza por persona es algo superior a $72.000 y la de indigencia la mitad de esta, es decir poco más de $36.000.

Pero el indicador con el que medimos los cambios en la situación de las familias y la sociedad,  que nos sirva para ello es su mérito; nos dice que ha habido un cambio positivo entre 2009 y 2011, y ello es bueno, más oculta esta mirada un problema de mayor magnitud: estamos estancados en la lucha contra la pobreza desde mediados de lo que va de este siglo ya que hoy tenemos más pobreza relativa y absoluta que hace seis años atrás.

Podemos distinguir hoy tres fases en la lucha contra la pobreza. Entre 1990 y 1996 la pobreza y la indigencia cayeron aceleradamente en nuestro país, luego, entre 1996 y 2003 la pobreza cae más lento y la indigencia prácticamente se mantiene, aunque baja también este último año.

La mantención de la indigencia y la menor baja de la pobreza llevaron a los gobiernos de Frei y Lagos a impulsar Programas importantes para enfrentar esta dimensión de nuestra sociedad: Chile Barrio, Chile Solidario, AUGE, entre otros.

El 2006 tuvimos el mejor resultado en reducción de pobreza hasta ahora (13,7%), pero desde entonces se ha estancado, lo que es una mala noticia en general. Es cierto que esta vez se redujo la indigencia, lo que es bueno por cierto, pero esos indigentes pasaron a ser pobres y, si analizamos las cifras en detalle, pobres muy vulnerables.

Más, la CASEN también se usa para analizar la distribución de los ingresos, y el gobierno ha señalado que ésta ha mejorado entre 2009 y 2011, lo que ha despertado suspicacias respecto de si la información está bien producida o no. Creo que en este punto es razonable sostener una duda fundamentada en la metodología, que se ve respaldada por las cifras publicadas recientemente.

El asunto es el siguiente. La CASEN, con su importante muestra, permite detectar con bastante exactitud las condiciones de la población pobre, incluidos sus ingresos, más no lo hace igual con los ricos, tanto por las características de la muestra como por la reticencia de esta parte de la población a responder consultas que reflejan su exacta condición material. Esto determina que cada vez que se realiza una Encuesta se le solicite a CEPAL que realice un ajuste de las cifras de ingresos a partir de información sobre producción efectiva que entrega el Banco Central, estableciendo un monto que se imputa a los ingresos de las familias siguiendo una metodología razonable.

El examen de los datos ajustados entregados por el ministerio de Desarrollo Social nos dice que los nueve primero deciles de ingreso, es decir el 90% más pobre de los hogares, aumentó de manera absoluta sus ingresos entre 2009 y 2011, y que el décimo decil, es decir el decil más rico, disminuyó de manera absoluta sus ingresos.

Esto es difícil de creer en un contexto económico en que la economía ha crecido y no ha habido cambios estructurales significativos. Tampoco es lo que el buen juicio y la información disponible sobre la evolución de los ingresos nos señala. Por lo demás es primera vez que esto ocurre.

Pienso que esa reducción de los ingreso absolutos de los más ricos no es real, y por lo tanto estamos ante una duda razonable sobre los resultados que se puedan deducir a partir de esta información, y que esta reducción aparente se debe a defectos metodológicos en la toma de antecedentes, en la asignación de esa brecha de ingresos que he señalado, o en la estimación del producto, o a un efecto conjunto de ellos, que nos obliga a relativizar los resultados.

Es lógico que ante una reducción de la pobreza y de la indigencia, principalmente motivada por la universalización de la Pensión Básica, hubiera una mejora en los indicadores distributivos de razones (10/10 principalmente), ya que un pequeño cambio en los ingresos de los más pobres hace crecer el denominador del indicador demostrando una reducción en la desigualdad.

Pero las mejoras que presentan los indicadores que se han publicado vienen más afectadas por la reducción absoluta del ingreso de los más ricos que por este efecto en los ingresos de los más pobres.

Si no hay una explicación racional, como la Pensión Básica y los mayores empleos para explicar los menores ingresos de los más pobres, para explicar la caída de los ingresos absolutos de los más ricos, entonces la duda sobre el resultado de distribución del ingreso de la CASEN 2011 es más que razonable.

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25 jul 2012

Algunas consideraciones sobre la “Ley Hinzpeter”

Por Yohanna Villablanca
Yohanna Villablanca
Yohanna Villablanca
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Esta semana se han puesto en tabla de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, dos proyectos de ley que buscan proteger el orden público. El primero, conocido como la “Ley Hinzpeter”, el cual tiene por principal objeto modificar el delito de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. El segundo, busca establecer el ocultamiento del rostro como agravante en los delitos de desórdenes públicos, lesiones corporales y el de daño.

Estas propuestas obedecen a un fenómeno bastante común dentro de la práctica legislativa, cual es, la presentación de proyectos de ley en medio de contingencias políticas, situaciones de emergencia, accidentes u otros acontecimientos de gran impacto en la comunidad, como una manera de reaccionar frente a los errores detectados, o simplemente, con el propósito de judicializar conflictos de otra índole o criminalizar nuevas situaciones.

El movimiento estudiantil si bien, a alcanzó a fines del año 2011 una aprobación del 70% a sus demandas , no logró concitar el mismo apoyo a las formas de protesta utilizadas (cierre del año con un 50% de desaprobación).

Es importante precisar esto, porque el cuestionamiento de la eficacia del delito de desórdenes públicos, surge a propósito de estas movilizaciones. Si revisamos las propuestas legislativas presentadas durante el año 2011, identificaremos diversos proyectos destinados a controlar los hechos de violencia en las manifestaciones públicas.

¿Existe la necesidad de discutir y legislar sobre el delito de desórdenes públicos?¿Las modificaciones propuestas en estos proyectos son racionales en atención a los principios formativos de las ciencias jurídicas penales?

Cuando hablamos de orden público en este delito, debemos entenderlo como sinónimo de tranquilidad pública. La necesidad de delimitar este bien jurídico no es baladí, ya que posee una función normativa limitadora de otros derechos de trascendencia, a saber, el ejercicio del derecho a manifestarse o protestar en espacios públicos y el derecho a la libertad de expresión, los cuales se ejercen generalmente en el límite de la legalidad (intensificación del reclamo social por vías no institucionales) y constituye un importante fundamento de la estructura democrática.

Esto implica a contrario sensu un deber del Estado a respetar el derecho a disentir y a reclamar de manera pública sus derechos, reconociendo en ello la dignidad y libertad de los individuos. Este deber cobra fuerza si consideramos que la protesta social surge generalmente, no como una forma de manifestar complacencia hacia el poder central, sino como un mecanismo para expresar descontento frente a un actuar u omisión de la autoridad.

Esto, lleva muchas veces a los gobiernos centrales a caer en la tentación de criminalizar y utilizar el poder punitivo del Estado para reprimirlas y/o disuadirlas. Por ello, es necesario tener claro, como primer aspecto, que trasladar la resolución del conflicto al ámbito penal, sólo debe estar reservado para situaciones de extrema violencia que hagan intolerable la convivencia social.

Ahora bien, ¿Cuánta libertad está dispuesta a sacrificar la sociedad para proteger la tranquilidad pública? La respuesta es política.

Lo primero que llama la atención en ambas propuestas, es la ausencia de fundamentos político-criminales que justifiquen una intensificación del poder punitivo del Estado, lo cual es sumamente grave si se considera que ambas buscan aumentar las penas asociadas.

De las seis conductas que enumera el proyecto, vale la pena detenerse en algunas a fin de analizar sus implicancias. Una de ellas viene a tipificar como delito las conocidas “tomas”.

Hoy en Chile no es posible sancionar a quienes ocupen un edificio público o privado de manera permanente. Se han utilizado otras figuras del Código Penal para perseguir a los ocupantes, tales como la usurpación, hurto, daños, sin resultados satisfactorios porque no es posible asimilarlo.

Será importante la decisión que se tome respecto de esta conducta, porque las consecuencias penales serán de trascendencia. Se sancionará penalmente (de 541 días a 3 años), una forma de manifestación o protesta que era atípica hasta ahora en nuestro país.Por lo demás, los imputados serán en su gran mayoría adolescentes menores de edad.

Asimismo, la propuesta sanciona “a quienes hubieren incitado, promovido o fomentado los desórdenes u otro acto de fuerza o violencia”.

Este artículo ha sido fuertemente cuestionado incluso por Amnistía Internacional, quienes han mostrado su preocupación de que se persiga a los que convocan y organizan manifestaciones. Desde un punto de vista constitucional y legal, presenta varios reparos.

Se busca condenar a personas que no han participado directamente en el desorden, sancionándolos con la misma pena que aquellos que hayan cometido directamente el delito. Puede ser interpretado como una infracción al derecho a la libertad de opinión e incluso como la legalización de acciones de persecución penal a los líderes u organizadores de una marcha. La norma tiene por objeto reprimir la comunicación, expresión o difusión de una idea o un pensamiento que podría ser apto para crear un ambiente criminógeno con consecuencias delictuales, lo cual es excesivamente vago.

Las propuestas legislativas en cuestión responden a una reacción apresurada frente al importante fenómeno social ocurrido en 2011. La decisión de modificar un delito y aumentar sus penas es una decisión política de Estado, que se debiera determinar a través de un proceso de diálogo social.

No obstante, a base de lo sucedido el año pasado, es prudente generar cambios que terminen, finalmente, en una decisión legislativa tendiente a actualizar los aspectos penales que pudieren resultar obsoletos a la luz de las nuevas necesidades de consenso social.

El ámbito de estudio ha sufrido importantes cambios en los últimos años que ameritan un debate. Urge una regulación eficiente que permita proteger el derecho a protesta de aquellos grupos que deseen expresar demandas legítimas, en armonía con los intereses de los ciudadanos que se encuentren en una posición pasiva en el reclamo. Lo anterior, no lleva necesariamente a concluir que la respuesta es más derecho penal.

La necesidad de reformar el delito estudiado se encuentra más que justificada. Una modificación debiera estar dirigida a reformular el delito sin aumentar sus penas, sino más bien clarificando las acciones sancionadas. En este sentido, podría ser considerada la regulación española.

El actual artículo 269 es una disposición de textura abierta que por su vaguedad e imprecisión, ha dificultado su aplicación efectiva por parte de los tribunales de justicia.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/07/el-reguardo-del-orden-publico-en-chile-algunas-consideraciones-legislativas-a-la-ley-hinzpeter/

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25 jul 2012

¡Que se jodan!

Por Sergio Canals
Sergio Canals
Sergio Canals
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Por el centro de la calle, mientras las cámaras de televisión los muestran en directo, avanza la marcha de los ¡Que se jodan!

En primer lugar, avanzan en perfecta formación, y con la mano derecha levantada, apretando firmemente sus camas de cartones, y al compás de una marcha fúnebre, los “Muertos de frío”, (por supuesto, en condición de calle).El problema es que como ya están bien muertos, son pocos los que los pueden ver, salvo otros muertos, que les arrojan pétalos de flores.

Algunos observadores cuidadosos, notan que muchos beben alcohol para paliar el frío bajo cero, porque a ellos les gusta desfilar a las cinco de la mañana, cuando la mayoría duerme en sus hogares calefaccionados.

Luego, en esta magnífica y multitudinaria manifestación, les siguen “Los de los guetos”, y “Vivimos en campamentos”. Madres con sus hijos, algunos consumidores de drogas, alcohólicos, cesantes, marchan envueltos en rejas y alambres de púas, para protegerse de los posibles delincuentes, que también marchan más atrás.

En tercer lugar, mientras los comentaristas de T.V. lanzan emotivas y alborotadas reflexiones como -¡que fuerte!-, marchan “Las almas perdidas”, es decir, todos los niños y adolescentes muertos por balas perdidas en las poblaciones de peor calidad de vida, según una encuesta recién publicada en un diario de la capital. Marchan llorando sin lágrimas, con las cuencas de sus ojos vacíos, no porque es lo primero que se pudre en los ataúdes, sino porque están cansados de mirar la indiferencia silenciosa y vacía.

A ellos no les arrojan flores, sino juguetes de papel hechos con los diarios de mañana, aquellos con los cuales, nunca alcanzarán a jugar, ni menos leer.

Algunos metros más atrás, marchan bulliciosos, contentos, y vestidos con “ropas de marca”, (pero falsificadas), los pobres de la CASEN.Llevan un termo con té, y una bolsa de plástico con el logo del supermercado más cercano, llena de bonos, mezclados con tallarines con salsa recién hechos, más una marraqueta, por si la marcha se demora mucho en terminar.

Les siguen muy cerca, “Los nuevos pobres”, y la “Nueva clase media”, o (“Los grandes deudores”), tan mezclados entre ellos, que no se sabe quien es quién. Todos enarbolando muy orgullosos, sus tarjetas de créditos, muy llenas, y uno que otro sus chequeras, porque por suerte, ya están “bancarizados”, y “retailizados”.

A cierta distancia, marchan miles de presos, todos desnudos y engrillados, obligados a hacerlo en sólo cien metros cuadrados, porque es el único lugar que les dejaron para hacerlo, especialmente a los que sólo son restos carbonizados y humeantes de incendios carcelarios. Estos últimos, sólo se lamentan, por lo que los otros los hacen callar a golpes.

Mientras que los organizadores hablan de millones, obviamente exagerando, los comentaristas hacen ver que las cifras oficiales, también exagerando, hablan de sólo algunos miles.

Todo perfecto, hasta que aparecen los encapuchados, hijos del mal y del caos, que en pocos minutos, destruyen, como Atila, todo a su paso, sin respetar la ley ni el orden.

Y en el noticiario de la noche, las noticias se inician con “el lumpen se tomó las calles”.

Muchos asiduos tele-videntes, sólo piensan, “¡que se jodan!”, antes de comenzar a ver un buen y entretenido “docu-reality”, esos de verdad.

(Por eso, no alcanzaron a ver las noticias del cierre, que informaron sobre otra marcha, una pequeña y alegre “Marcha de la esperanza”).

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25 jul 2012

¿Habrá medallas para Chile en Londres 2012?

Por Juan Aguad Kunkar
Juan Aguad Kunkar
Juan Aguad Kunkar
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Solo con grandes atletas y campeones se pueden anticipar Medallas. Una quimera con la que Chile tiene para soñar. En los Juegos Olímpicos están los mejores del mundo y subir al podio es estar entre los tres mejores. Una proeza.

Chile llevó 27 deportistas a Beijing 2008, el mayor número de competidores que participaban en los Juegos Olímpicos y terminó ganando una medalla de bronce con Fernando González. Todos los demás fueron eliminados, o no pasaron las clasificaciones.

La mejor ubicación después de González fue de la debutante pesista Elizabeth Poblete en el 22° lugar. González había estado durante todo el año dentro de los 15 mejores y el 2007 había llegado al 5° puesto.Con todo los que jugó, ya lo había hecho una vez o los había visto jugar, sin duda una ventaja, lo que no ocurría con los otros de quienes se esperaba medalla, que solo habían tenido confrontaciones Sudamericanas y Panamericanas, pero excepcionalmente con los mejores del mundo.

El buen resultado en Río 2007 con 6 preseas de oro, 5 de plata y 9 bronces, entusiasmó a la dirigencia nacional y la afición se sintió defraudada, cuando Kristel Kobrich candidata a una medalla dorada, fue solo 20° en 800 metros, el ciclista Marco Antonio Arriagada, oro en persecución de equipos, fue 19 en puntuación, así como cuando la triatleta Bárbara Riveros llegó 25° y el “laserista” Matías del Solar terminó 26°.

Beijing fue considerado un fracaso. Todo el país reclamó, incluso con injurias y mofas en las críticas. No se escapó nadie de hacerlas. No hubo recibimiento para González en La Moneda y en el Congreso se creó una Comisión de Deportes (sic) para investigar los recursos y pedir que estos disminuyeran “¿a que van quienes no tienen opción?” fue la pregunta recurrente, que hoy nuevamente se la hacen muchos y la repiten increíblemente hasta con el hoy candidato a medalla, Tomas González.

A Londres el número de participantes que lleva Chile aumentó a 36, entusiasmados los dirigentes por un desempeño aceptable en los Panamericanos de Guadalajara 2011.Asimismo, las esperanzas de medallas ahora se han triplicado, partiendo de un supuesto equivocado, el buen resultado en esos Panamericanos.

Se dice “el dinero debe darse a los que tienen opción”. Y se olvidan que para llegar al primer plano, hay que tener trayectoria, acumular experiencia y que sólo pueden competir quienes hacen marcas mínimas para clasificarse. Uno de los 3 medallistas de oro de Chile en los Panamericanos, Daniel Pineda, en salto largo, no fue a Londres, porque nunca logró la marca mínima. El éxito de una medalla con el entusiasmo que provocó en la afición merecía un premio mayor.

Medalla en Juegos Olímpicos significa ser uno de los 3 mejores del mundo y para estar en ese nivel hay que por lo menos haber competido con ellos. Y eso, significa mucha preparación y mucho dinero. Por eso el resultado de Chile en estos Juegos.

En las 21 participaciones que ha asistido Chile en la que han competido 539 deportistas, se han conseguido 13 medallas. Estadísticamente significa 00,2 medalla por participante…Es nuestra olímpica realidad.

Afortunadamente los deportistas ya están conscientes de la necesidad de una intensa preparación y se han logrado recursos para que los mejores se preparen y compitan en el más alto nivel.

Pero les ha faltado tiempo y no ha alcanzado para confiar en que Denise Van Lamoen campeona Mundial en tiro con arco y oro en Guadalajara esté en el podio en Londres, o que lo consigan la joven (22 años), Francisca Crovetto en tiro skeet, tras haber logrado plata en México y quedar entre las cinco mejores en torneos de Italia y Estados Unidos o en el velerista Matías del Solar, quien ya estuvo en Atenas y Beijing y ganó plata en Guadalajara.

Hay desde luego, mas optimismo en que gane presea Tomas González, quien estuvo en el podio en las 17 últimas competencias internacionales, y en Bárbara Riveros, la pequeña gigante del triatlón quien en la despedida para llegar a Londres obtuvo plata en París y un 4° lugar en Austria. Y otra vez en Kristel Kobrich, oro en México, 4ª en Mundiales de Italia y Shangai y ganadora en Argentina, Brasil y España y en el podio en Suecia, Estados Unidos y Alemania.

Con un buen antecedente- entre las mejores 15 marcas del año -está nuevamente el decatleta Gonzalo Barroilhet, pero sólo con actuaciones en Estados Unidos.

Y no hay más. Ni Natalia Ducó, ni el ciclista Luis Mansilla, o la pesista María Valdés, salvo una excepcional actuación. Es de esperar que el regreso de Londres no sea como el de Beijing y se reconozca el esfuerzo de nuestros deportistas; mientras no haya un aporte económico sustancial al deporte será difícil mejores resultados.

Los recursos para la preparación de nuestros deportistas no llegan anualmente a más 10 millones de dólares. Los países europeos, a causa de la crisis bajaron esta vez de 200 y 400 millones a 150 y 200 millones.

Chile además de recursos en dinero requiere mucho más. Mejorar las condiciones en que el deporte se desarrolla y un aporte de todos, de capitán a paje. Los deportistas practicando y entrenando mínimo 5 horas diarias en su disciplina, y compitiendo a lo menos en cinco competencias internacionales de alto nivel.

Al buen o mal resultado contribuyen todos y hay que cambiarlo en un sentido positivo, si queremos las ansiadas y difíciles medallas.

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24 jul 2012

Tres luchadores contra la dictadura

Por Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
Sergio Muñoz
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Circula en estos días un mensaje que lleva como encabezamiento la frase “36 años después” y que está firmado por los familiares del profesor universitario Fernando Ortiz Letelier, el constructor civil Horacio Cepeda Marinkovic y el trabajador municipal Lincoyán Berríos Cataldo, dirigentes clandestinos del Partido Comunista de Chile en los primeros años de la dictadura de Pinochet.

Ellos fueron detenidos por agentes de la DINA el 15 de diciembre de 1976 y llevados a la cárcel secreta de la calle Simón Bolívar, donde fueron asesinados. Sus nombres están registrados en el Informe Rettig, dado a conocer en febrero de 1991.

“Tras años de investigación –dice el mensaje de los familiares-, sus restos han sido identificados y hoy nos aprontamos a cumplir con el rito de darles sepultura. Queremos compartir este momento con quienes los conocieron en sus diferentes etapas de vida, con quienes les abrieron las puertas en la clandestinidad, con sus compañeros de Partido y con todos los amigos y amigas que nos han acompañado a lo largo de estos casi 36 años en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia”.

En 1976, la DINA cumplió la orden del dictador de proceder al exterminio sistemático de los cuadros dirigentes del PC, instrucción que fue aplicada de manera implacable por los agentes que dirigía Manuel Contreras Sepúlveda.

Como consecuencia de ello, ese año fueron asesinados numerosos militantes comunistas, incluidos los miembros de dos equipos completos de dirección de ese partido, el primero, encabezado por Víctor Díaz, que antes del golpe de Estado había sido dirigente nacional de la CUT, y el segundo, dirigido por Fernando Ortiz, que había sido académico del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Al ordenar el exterminio de los dirigentes y activistas de las fuerzas de izquierda –el PC, el PS, el MIR y otros grupos-, Pinochet puso al Estado al servicio de una política deliberadamente criminal. No hay antecedentes de algo semejante en nuestra historia. El dramático capítulo de los detenidos desaparecidos no fue otra cosa que el asesinato premeditado y alevoso de prisioneros indefensos. Es difícil concebir una vileza mayor.

Hoy conocemos los extremos a los que llegó la ignominia en nuestro país. Para no dejar rastros, los cuerpos de muchos compatriotas fueron enterrados en fosas comunes, o lanzados al mar, o dinamitados. En nombre de la patria y la seguridad nacional, se pusieron en práctica todas las formas de inhumanidad.

Numerosos miembros de las Fuerzas Armadas fueron envilecidos por la dictadura y empujados a cometer actos de extrema crueldad en contra de miles de chilenos, incluso de sus propios compañeros de armas, como quedó de manifiesto en la reciente resolución judicial sobre el caso del general Alberto Bachelet, de la FACH, sometido en 1974 a torturas que le causaron la muerte.

¿Qué enseñanzas nos dejó la larga experiencia dictatorial? No podemos esquivar este asunto.

Fue mucho lo que perdimos cuando se hundió la democracia y se impusieron en Chile la arbitrariedad y el crimen. Esto, lamentablemente, no es tan claro para las nuevas generaciones, en particular para los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer en condiciones democráticas. Es el efecto inevitable del paso del tiempo.

Al fin y al cabo, la gente joven ve muy lejana aquella tragedia y siente que lo normal es vivir en libertad. En todo caso, debemos tratar de que la sociedad chilena no sucumba a la amnesia. Esa es la condición para evitar que repitamos los errores trágicos.

Todos necesitamos entender que nuestra primera obligación es colaborar para que la vida en comunidad sea posible, para que no seamos cegados por el espíritu de bando, para que ningún fanatismo se imponga entre nosotros.

Tenemos que defender el marco de civilización representado por el sistema de protección de las garantías individuales, del cual es expresión el habeas corpus o recurso de amparo, que consagra el derecho de toda persona detenida a ser presentada ante un tribunal que resguarde sus derechos.

Nada es más importante que impedir el avasallamiento de las personas, no importa cuál sea su credo, ideología o filiación política. No puede haber ambigüedades en este terreno: los derechos humanos deben ser defendidos en todo tiempo y en todo lugar, cualesquiera que sean las víctimas y cualesquiera que sean los victimarios.

Si adherimos a la cultura de los derechos humanos, si reconocemos que estos tienen valor universal, debemos oponernos a todas las dictaduras, a todos los crímenes, independientemente de la coartada que se levante para justificarlos. El principio fundamental sobre el que debemos definirnos sin equívocos es la defensa consecuente de los valores de la democracia.

Los familiares de Ortiz, Cepeda y Berríos han invitado a rendirles un homenaje el viernes 27 de julio a las 19 horas, en Michoacán, Lynch Norte N°169, y a sus funerales, que tendrán lugar el sábado 28, a las 12 horas, en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, en el Cementerio General (ingreso por Recoleta).

Nos asociamos a estos actos, que exaltan la memoria como fundamento de los esfuerzos por tener una sociedad identificada con el pluralismo, la tolerancia y el derecho.

El mayor homenaje que podemos rendir a las víctimas de la represión es el compromiso de fortalecer el régimen de libertades que nos protege a todos. Eso implica batallar para que nunca más surja una dictadura en nuestra tierra.

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24 jul 2012

Acceso a la salud y felicidad

Por Jorge Las Heras
Jorge Las Heras
Jorge Las Heras
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En un reciente libro sobre la felicidad, el economista británico Richard Layard, de la London School of Economics, destaca entre los siete grandes elementos para lograr ser feliz a la salud.

Esto no debiera sorprendernos ya que al sentirnos sanos los hombres creamos la ilusión de que estamos a salvo de la muerte y de la decadencia.

Por este motivo, el acceso a una atención de salud oportuno y adecuado es valorado por la población como un bien superior dentro de las políticas públicas. Esto se expresa claramente en las encuestas sobre salud de los últimos años, las que sistemáticamente muestran una opinión abrumadoramente negativa sobre los servicios que la salud pública de nuestro país entrega a sus habitantes.

Hospitales insuficientes, colas interminables en los consultorios, largas listas de espera para las soluciones quirúrgicas, tratamientos médicos inaccesibles por el costo de los medicamentos, constituyen algunas de las quejas mas frecuentes de los beneficiarios.

La protección de la salud ha sido consagrada en nuestra Constitución como uno de los derechos fundamentales y sin duda el Estado es el principal responsable en el cumplimiento de este derecho, administrando las políticas de salud y los sistemas que deben garantizarla.

Una inversión suficiente y su adecuada administración son fundamentales para que toda la población tenga, a través de ellos, la atención médica que necesita.

A pesar del éxito de nuestra macroeconomía, Chile no aparece en las encuestas dentro de los países más felices de América Latina. El hecho de que muchos chilenos no logren un acceso a la salud adecuado a sus necesidades, probablemente tenga impacto en su percepción de la felicidad.

Tal como ha sido sugerido por el sociólogo Esteban Calvo, de la Universidad Diego Portales, en el futuro las encuestas de salud debieran incorporar medidas de felicidad.

Esto permitiría comprender mejor cómo se distribuye la felicidad en Chile y cómo podemos mejorarla desde la perspectiva de las políticas de salud pública.

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23 jul 2012

Sarmiento de Gamboa, sembrador del Estrecho

Por Juan Guzmán
Juan Guzmán
Juan Guzmán
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Seducidos por el Paso, brillantes u oscuros servidores del poder siguieron la estela dejada por los barcos del portugués. Entre los primeros sobresale el gallego Pedro Sarmiento de Gamboa, terco en la idea de poblar “ese ancho corazón de soledades” e ilustre en el santoral de inventores de Chile.

Muy joven llegó al Perú este prodigioso navegante incluido en el Catálogo de Autoridades de la Lengua por su “Historia de los Incas” y “Viaje al Estrecho de Magallanes”.

Cosmógrafo, latinista y astrólogo, alguna vez fabricó tintas eróticas, incendiarias para la mujer que recibía cartas escritas con ellas. Así ganó la confianza del virrey, hasta que un marido ultrajado asesinó a la regia autoridad cuando ésta se descolgaba por el balcón de una dama limeña.

Sin su protector, fue condenado a oír misa en cueros con un cirio en la mano, y al destierro de las Indias. Alegó inocencia hasta la hoguera… exclusive.Absuelto, tras oportuna abjuración, participó en la expedición de Álvaro de Mendaña capitaneando uno de sus barcos, diminutas fragilidades que sorteando tempestades y arrecifes dibujaron en el mapa las islas Salomón.

Al regreso de esa aventura, la Inquisición lo encarceló nuevamente. Parecía el fin. Sin embargo, reanuda el bordado de su novelesco currículo gracias a un acontecimiento extraordinario. Una noche de verano, en 1579, silenciosa y ávida la Golden Hind ingresó al Callao apoderándose Drake de un rico mercante.

España se obligó a negar el Pacífico a los ingleses. El virrey armó dos naves y Sarmiento liberado para dirigirlas. Vencido el inglés, estudiaría la opción de colonizar el Estrecho, inventariando sus recursos naturales más una relación de sus indios. En la corte española debía promover el proyecto. Con anuncios propios de estrategia comercial sostuvo que en esas tierras se daban la canela y el algodón “la mayor prueba de tierra templada”.

Y convenció, pues Sanlúcar de Barrameda vio partir al utópico nauta integrando una gran flota con el donoso título de Gobernador General de las Provincias del Estrecho de Magallanes.

Seis meses después estaban en Río de Janeiro. Al fin, y luego de innúmeras peripecias cinco arboladuras ingresaron en su primera bahía pero “un tiempo recio por la proa con tanta pujanza los echó fuera”. Sarmiento juró por su vida que haría “solemne fiesta a la Santísima Madre de Dios, y Abogada nuestra”. Vientos galopantes e iletrados lo alejaron sin miramientos.

Tras varios intentos pisaron la costa, y cerca de la entrada oriente del Estrecho, en febrero de 1584 fundó Nombre de Jesús, con unos trescientos pobladores, contando hombres, mujeres y niños.

A los pocos días, la Santa María, el único barco restante, se perdió hacia la primera angostura.Rápidamente se organizó para rastrearla, y en el camino veía “caza de venados, gatos cervales de hermosos pelos y colores, avestruces de cuyos huevos comían con uno cuatro y seis hombres. . . y cerezas dulces y sabrosas”. Quitadas sus visiones, aplacaban el hambre con mejillones, frutillas y algún pescado.

Gracias a una gigantesca caminata lograron ubicar el navío, y él admirado de la bahía de San Blas fundó Rey don Felipe, con iglesia, viviendas, defensas, horca, plaza, autoridades, cárcel y hospital.

Tras la efímera hospitalidad del verano austral el invierno mostró sus argumentos: “en quince días continuos no hizo sino nevar y los bosques perdieron la hoja”. Y mientras el fundador, tan al sentido común desapegado veía urbes en esas precariedades, la realidad hablaba con amarga elocuencia a sus habitantes. Desnudos, descalzos, casi sin vino ni provisiones, y la gélida estación angostando la despensa natural.

Oían misa diaria pero comían día por medio.

A su juicio, Puerto del Hambre, como se llamaría este fallido esbozo de Punta Arenas, podía continuar. Volvió en la Santa María a Nombre de Jesús, pero un temporal lo arrojó al Atlántico y fue imposible volver. Se alejaba para siempre de esos lares, prologando dos sagas: la propia en medio de la borrasca y la de los seres más aislados del mundo que lo veían perderse en el océano, con ojos que reflejaban pero no comprendían la miseria y el horror que les aguardaba.

Treinta y cuatro días después desembarcó en el puerto de Santos.

Resuelve informar personalmente a Felipe II pero cae en manos de piratas ingleses. Sir Walter Raleigh, admirado por su cultura y elocuencia, lo presenta a Isabel I. La soberana luego de un largo coloquio en latín le obsequió mil escudos y un salvoconducto. En Bayona fue apresado, y luego de extensas negociaciones, desdentado y tullido, logra su libertad al precio de 6.000 escudos y cuatro caballos escogidos.

El corsario Cavendisch encontró sobrevivientes pero sólo rescató a Tomé Hernández quien narraría en Lima las penalidades de esos colonos, dignas de la más exigente crestomatía del espanto: los de Nombre Jesús pidieron auxilio a sus hermanos de Rey don Felipe, que sufrían idéntica precariedad. Los sembrados se helaron y con ellos toda esperanza.

Pasaron dos lentos años. Como fueguinos, se dividieron en grupos de tres o cuatro para mariscar. Cuando sobrevivían cincuenta construyeron dos lanchones. Uno se estrelló en los arrecifes; como no cabían todos en el otro, abandonaron el intento.

Y así quedaron, ansiosos de signos en el horizonte contemplando un mar sin huellas ni vestigios, sombrío testigo de su tragedia.

Mientras el más “resalao” de los gobernadores, antes de perderse en un absoluto misterio, suplicaba al rey “se acuerde de aquéllos leales vasallos, que para servirlo quedaron en región tan remota, de nuevas, grandes y ricas provincias”.

Sarmiento de Gamboa, par de los mayores Amadises, Palmerines y Esplandianes de la mar océano, supera ampliamente a los viejos conquistadores por su excelencia literaria e imaginación. La “Historia de los Incas” tiene un sello propio indesmentible: basada en testimonios de sobrevivientes fue discutida con ellos en reuniones de lectura, hasta que les pareció buena y verdadera conforme al recuerdo de sus antepasados.

¿Focus group llaman ahora a este invento de don Pedro?

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23 jul 2012

Chile: un caso de riesgo institucional

Por Juan Claudio Reyes
Juan Claudio Reyes
Juan Claudio Reyes
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En las últimas semanas se han producido algunos hechos en el Congreso Nacional que es necesario revisar, a la luz del funcionamiento de nuestras instituciones y la capacidad de estas para dar respuesta a las aspiraciones de los ciudadanos a los que están obligadas a responder.

El sistema electoral chileno y la manera en que funcionan las instituciones formales, consagrados en la constitución pinochetista hacen que la mayoría del país no se sienta representado en ellas. Solo que parece que nuestras autoridades, de todo tipo, parecen no darse cuenta del riesgo que significa la mantención de esa situación.

Solo en una semana, la Cámara de Diputados ha aprobado, exclusivamente por la vigencia del sistema binominal y la capacidad de cooptación, por razones siempre difíciles de explicar, tres iniciativas de alta controversia y de innegable daño para la mayoría del país.

Ley de Pesca, que entrega el recurso pesquero nacional a 7 familias millonarias, incluyendo los peces que están por nacer, con derechos indefinidos y heredables; un salario de hambre, de 193 mil pesos para los mas pobres y el rechazo por un artilugio que hace que los votos mayoritarios sean menos que la minoría, del Informe de una Comisión Investigadora que dijo lo que todo el país sabe y que la derecha niega por conveniencia mezquina: que la mayor parte del sistema de educación superior del país funciona sobre la base del lucro, prohibido en nuestra legislación.

En teoría, las instituciones funcionan sobre la base que ellas constituyen la manera en que la sociedad se ha puesto de acuerdo para solucionar sus controversias, de manera ordenada y pacífica y, por tanto, su legitimidad surge de este “acuerdo social de voluntades colectivas”

Ello es lo que parece definitivamente roto en nuestro esquema institucional.

Mas allá de cualquier consideración, resulta evidente que la mayoría del país no siente que, en el marco del funcionamiento de las instituciones del Estado, se resuelvan, de manera justa, sus demandas y aspiraciones.

Esto afecta a todas las instituciones y se expresa, con mayor fuerza, en la visión que se tiene del parlamento, tal vez por la idea cierta que es allí donde se debiera manifestar de mejor modo la opinión colectiva, a través de los que “parlamentan en representación de todos”

El tema de fondo es que ello no es posible de mantener en el largo plazo y, parece que los ciudadanos ya no están dispuestos a soportarlo.

La pregunta es, ¿qué viene después de la renuncia de los ciudadanos, a creer en las instituciones, frustrados por la falta de respuesta de ellas?

La respuesta es simple e histórica. Lo que queda a la orden del día es la calle.

Allí se expresan hoy los mapuches; los estudiantes, los habitantes de Freirina, Aysén o Calama; las minorías sexuales y los pescadores esquilmados; las nanas que demoran horas para llegar a sus lugares de trabajo y los trabajadores empobrecidos.

También los deudores del sistema financiero, que pagan tasas de usura o los clientes del retail, a los cuales los llevan a un negocio crediticio, donde lo útil es que “no paguen”, para cobrar intereses, multas y gastos de cobranza que superan, a veces cientos de veces el valor de lo adeudado.

Y entonces las instituciones ya no tienen respuesta y, aunque la calle tampoco, esa pasa a ser la nueva ágora de los desencantados.

¿Tiene efecto que la mayoría de los ciudadanos hayan perdido la fe en las instituciones? Sí, la tiene.

Cuando la economía crece a un ritmo más de tres veces superior a lo que disminuye la pobreza y el abuso parece ser el motor de ese crecimiento, ciudadanos desencantados pueden ser llevados a experiencias límites.

Así lo muestra la historia muchas veces. Y en todas ellas, los representantes de las instituciones formales parece n ser los últimos en darse cuenta.

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23 jul 2012

Bachelet, el general torturado

Por Jaime Hales
Jaime Hales
Jaime Hales
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No conocí personalmente al General Bachelet. Sólo lo vi en la cárcel cuando, abogado entonces, visitaba a otros presos. Su expresión era triste y estaba ensimismado, silencioso, recogido en sí mismo con una expresión de desconsuelo infinito. No lo reconocí sin su uniforme, así es que pregunté por él. Parecía un anciano. Me dieron su nombre. Yo no sabía todo lo que había pasado (las cosas no se sabían con certeza de inmediato, ni siquiera en nuestro ámbito de abogados comprometidos con la defensa de los derechos humanos) y quedé muy impresionado.

Luego fui comprendiendo, al enterarme de las torturas a las que fue sometido por sus subalternos y compañeros de armas.

Desde el primer momento me llamó la atención que los generales de la FACH no hayan tenido alguna preocupación por él y hayan permitido (o incitado, tal vez) el trato cruel y degradante que lo condujo a la muerte.

Cuando aparece comprometido Ceballos, recuerdo perfectamente muchas de sus actuaciones.La interesante novela de Franyo Zapatta “Mañana los vencidos” relata con nombre y apellido las andanzas terribles de este oficial de la Fuerza Aérea que torturó y eliminó a muchas personas. Porque luego de estos interrogatorios a sus ex compañeros de institución, se especializó en el MIR, organización política con la que se habían relacionado algunos de los efectivos de la FACH en su intento por evitar que hubiera golpe de estado en Chile.

En mi novela “Baila Hermosa Soledad” aludo a Ceballos, tanto en su faceta de crueldad como en algunos rastros de “humanidad” (lo que muestra que su crueldad era parte de una opción personal) al dejar en libertad a personas que estaban siendo interrogadas y torturadas por él, pero que ante la eventualidad que fueran a parar a manos de la DINA, decidió dejarlos en libertad pero… al interior de una embajada.

Era parte de una guerra interna que se vivía en los ámbitos de las fuerzas armadas. Eso, porque hasta el más cruel de los torturadores tiene espacios en los que es distinto y eso no hace sino agravar su falta. Porque si estuviera simplemente enajenado, sin un dejo de racionalidad, podríamos excusarlo como demente que no sabía lo que estaban haciendo.

Pero, ellos sabían, lo sabían perfectamente.

Y sabían que contaban con la impunidad que dan el poder, el uso autorizado de las armas, los recursos casi ilimitados del Estado a su servicio, el funcionamiento amparado por quienes habían asumido los cargos de autoridad en el Estado, el respaldo evidente de las autoridades de su institución que los proveían de locales, personal, vehículos, toda la protección necesaria.

Era el Estado chileno, los hombres y mujeres a quienes el Estado les paga y los autoriza a hacer uso de las armas para proteger a las personas, el que estaba torturando, sometiendo a las personas a tratos crueles y degradantes, a humillaciones y finalmente dándoles muerte.

Por eso el delito es imprescriptible, aunque no fuese una masacre étnica, pues se trataba de un atentado que lesiona la humanidad entera al usar el aparato del Estado, no para castigar al delincuente, sino para someter a los ciudadanos a conductas delictuales impunemente usando los recursos que todos los chilenos les han confiado. Es el Estado contra el ciudadano.

Por ello es absurdo poner este caso y otros similares en comparación con el homicidio de Jaime Guzmán. El fue asesinado por un grupo particular, por delincuentes motivados por ideas políticas y los que intervinieron en el hecho fueron detenidos, juzgados y condenados. No es lo mismo un caso que otro: en este caso el Estado fue “ofendido”, fue víctima de la acción de particulares, a los cuales sometió a sus normas. Ellos huyeron, pero se sabe quiénes fueron y se les ha intentado castigar.

Es cierto que han pasado casi 40 años. Mucho tiempo: pero no es tarde para la verdad, aunque aquellos que deban ser condenados padezcan demencia senil y ya no sean penados. Su castigo será seguir vivos más tiempo y que su nombre quede registrado en la historia por lo que hicieron.

¿Poco? ¿Mucho? No lo sabemos, pero en la inmensidad de los tiempos esas almas tendrán que responder con bondad al mal que hicieron algún día.

Políticamente, socialmente, no serán castigados por su demencia, pero irá quedando en claro qué fue lo que sucedió, siendo un ejemplo terrible que un general que nunca mató y que obedeció a sus altos mandos y al Presidente de la República para cumplir tareas al servicio de todos, haya muerto a causa de las torturas a las que fue sometido.

Por fin, ahora, algo más conocemos de Bachelet, de nosotros como personas y como sociedad y de estos personajes siniestros.

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