Hoy vuelvo a escribir sobre la estrategia permanente del Gobierno de enfrentar con escasa inteligencia y empatía las demandas expresadas en los movimientos sociales, una de las características de la administración Piñera.
Desde hace ya varios días y, en cada oportunidad que puede, el Presidente de la República vuelve a señalar que ingresará un proyecto que aumenta las sanciones para las ofensas y malos tratos a carabineros en ejercicio de sus funciones.
Las críticas se han multiplicado antes del ingreso de la iniciativa , siendo muy probable que siga el mismo destino que ha tenido la llamada Ley Hinzpeter, pues ambas, en el fondo, sólo buscan criminalizar el movimiento social, vulnerando los derechos civiles de las ciudadanas y ciudadanos , amenazando el derecho a disentir.
Frente a este anuncio cabe preguntarse si, efectivamente, es el mejor camino; personalmente creo que no. La verdad es que ya existen normas vigentes sobre maltrato de obra a Carabineros y daños a la propiedad pública y privada; pues bien, lo que corresponde es aplicar la ley actual y no amenazar con nuevas legislaciones que, a todas luces, contribuyen sólo a apagar el fuego con bencina.Faltarle el respeto y la sumisión a un funcionario policial está penado en el artículo 495 N°4 del Código Penal.
El tema de la seguridad pública ha sido definido por La Moneda como un punto prioritario para este año electoral.Deseable sería entonces que revisaran sus actuales estrategias, realizar un profundo análisis de los planes vigentes, mejorar la asignación de recursos y, especialmente, abordar con inteligencia un tema que nos preocupa a todos, pero, no criminalizar las manifestaciones de estudiantes, trabajadores y ciudadanos.
De lo contrario, no se sorprendan si reciben un nuevo fracaso a la hora de votar, pues definitivamente la inmensa mayoría de los chilenos no está por este tipo de leyes.
Especialmente porque se observan contrasentidos en el Gobierno, existiendo un doble estándar que es imposible de ocultar.
De hecho, mientras el Gobierno plantea esta propuesta, nada dice frente a los abusos que han debido sufrir miles de ciudadanos, especialmente estudiantes e indígenas, que han recibido no sólo ofensas verbales por parte e Carabineros, sino golpes y, tal como lo hemos denunciado, actos vejatorios e inaceptables.
¿Por qué entonces no presenta un proyecto para sancionar a los uniformados que atenten contra los derechos civiles y humanos de las personas? Porque, lo que es peor aún, estos abusos se realizan con el escudo de un uniforme, muchas veces sin portar su identificación.
Este tipo de proyectos sólo otorga a las policías injustificadamente una protección que no tienen los demás integrantes de la sociedad, incluyendo a otros funcionarios públicos. Desde ya, anuncio mi voto en contra.
