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La reforma agraria se inició en el gobierno de Jorge Alessandri, que bajo presión del Presidente Kennedy dictó una ley que entregaba a los campesinos las numerosas haciendas que por quiebras, donaciones y otros motivos habían ido a parar a la Beneficencia Pública y otras instituciones del Estado. Como no tocaba un pelo a latifundios privados se la bautizó como “Reforma de Macetero”.
Algunos parecen tener la misma peregrina idea para la reforma educacional en curso, pretendiendo restringir sólo a las universidades estatales la gratuidad, incorporada en la ley de presupuesto 2016 a instancia directa de la Presidenta Bachelet. Este nuevo intento de frenar el inicio inmediato y a tranco firme de la reconstrucción de la educación pública gratuita y de calidad fracasará como todos los anteriores, que no han sido pocos ni les ha faltado imaginación.
So pretexto que con ello se evitaría un eventual recurso de inconstitucionalidad, algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, incluido el senador que preside la comisión mixta de presupuesto y algunos diputados, han promovido restringir la gratuidad 2016 solo a las universidades estatales. Evidenciando que se trata de una maniobra concertada, la misma propuesta fue presentada con bombos y platillos por un rector de conocida militancia en un partido gobiernista, en presencia de conspicuos parlamentarios y ex ministros de la Concertación, invitados con ocasión del aniversario de la sede donde se celebró la más reciente reunión del Consejo de Rectores (CRUCH).
Les salió el tiro por la culata. Como era de esperar, la idea fue rechazada categóricamente por el resto de las universidades estatales y muy especialmente por las otras universidades del CRUCH, el llamado G9 que incluye las universidades católicas.
Al final, el Consejo de Rectores acordó por unanimidad exigir que la gratuidad 2016 sea aprobada en el parlamento en los términos presentados por el gobierno. “No es conveniente en caso alguno introducir una división en la glosa presupuestaria ni reducir el número de instituciones” declaró el presidente del CRUCH, Rector Aldo Valle. “No esperamos que se haga una división de la glosa porque hay una promesa hecha a todas las instituciones del CRUCH y quisiéramos que eso se respete”, agregó Diego Durán, Rector U. Católica del Maule, al presentar ambos las conclusiones del CRUCH.
El argumento de “discriminación” esgrimido en contra de la glosa de gratuidad es feble, puesto que hay consenso general que el financiamiento público no puede ir a instituciones que no acrediten calidad y tengan fines de lucro. Así es actualmente, puesto que hay varias que no tienen acceso a becas ni créditos porque no han acreditado la calidad requerida para ello. Por otra parte, la propuesta gubernamental no afecta a los actuales receptores de estos beneficios, los que se mantienen igual.
Si la oposición está dispuesta a llevar su porfía contra la gratuidad hasta el extremo de dejar sin financiamiento a la educación superior, presentará de todos modos un recurso de inconstitucionalidad, sin importar si aquella es restringida o general. Sin embargo, ello es improbable porque el costo político de llegar a esos extremos no es menor y el gobierno tiene múltiples herramientas para insistir con éxito en su propuesta, como lo evaluó responsablemente al elaborar la glosa referida.
Más allá de las escaramuzas parlamentarias, el asunto es más de fondo. Los que desde la oposición y la coalición de gobierno se oponen a la gratuidad y pretenden mantener el actual esquema de “vouchers”, han urdido ahora esta leguleyada de restringirla a las estatales porque saben que la idea cuenta con cierta simpatía entre algunos partidarios de la reforma, incluidos varios dirigentes y ex dirigentes estudiantiles.
Estas legítimas aprensiones a extender la gratuidad más allá de las instituciones estatales, sin embargo, no parecen tomar en cuenta debidamente la realidad del sistema educacional que se pretende reformar, donde la mayor parte del actual financiamiento público ya se está entregando a instituciones privadas donde estudia la mayoría de los estudiantes y trabaja la mayoría de los profesores, académicos y funcionarios de la educación. Sólo que dicho traspaso de fondos públicos opera mediante una modalidad en que éstas lo reciben sin rendir cuenta alguna, puesto que aparece como el resultado de una supuesta “compraventa” de servicios educacionales.
Ese es el punto. La reforma propuesta por el gobierno en la glosa de gratuidad no busca entregar nuevo financiamiento público a instituciones privadas, puesto que eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en cada uno de los presupuestos precedentes, sino cambiar la modalidad en que éste se entrega, de modo de terminar con la mercantilización de la educación, que es la raíz de su crisis general, y reemplazarla por su asignación y control directo por parte del Estado, a instituciones de calidad que, independientemente de su propiedad, no tengan fines de lucro, no discriminen, elijan democráticamente sus autoridades y, lo que es determinante, no cobren a sus estudiantes.
Sin duda la propuesta del gobierno se puede mejorar, pero en lugar de restringirla a solo a las estatales, es posible y recomendable extenderla a todas las instituciones acreditadas que no tengan fines de lucro y acepten las condiciones de gratuidad y participación exigidas en la glosa, ojalá haciendo más estricta esta última puesto que es el mecanismo principal para garantizar que las instituciones receptoras se van a alinear con autonomía a los objetivos públicos. Esa es precisamente la propuesta CENDA-ICAL, presentada ya el 2014. En otras palabras, se pueden convertir las cuantiosas partidas presupuestarias actuales de créditos y becas en su mayor parte, para extender la gratuidad de este modo, de inmediato.
Dicha propuesta no asigna un peso más a las instituciones privadas que los que actualmente están recibiendo sin control alguno en forma de créditos y becas. En cambio, introduce un cambio decisivo en la forma de asignación, control y, lo que es determinante, permitiría desmercantilizar de un golpe más de la mitad de las matrículas de toda la educación superior, lo que cambia esencialmente el carácter de las referidas instituciones.
Algo similar hay que hacer con los colegios reemplazando la actual “subvención escolar” por una asignación directa a cambio de gratuidad y requisitos como fin del lucro, no selección y atención de un barrio determinado.
El financiamiento público ya cubre más de la mitad de los ingresos por aranceles de toda la educación superior y más del 90 por ciento de los ingresos de los colegios, por lo cual este cambio de modalidad permite lograr la gratuidad inmediata a una proporción similar de los estudiantes y sus familias. El resto se puede lograr en pocos años, solo mediante el incremento vegetativo del presupuesto educacional.
El impacto de esta reforma es inmenso. En todos los niveles. Desde luego libera a los estudiantes de la obligación de contraer créditos, terminando con el infame CAE y a los becarios de someterse a discriminatorias exigencias académicas mayores que las de los que pueden pagar.
Permite reordenar los colegios y logra rápidamente la meta de dotar a cada barrio y cada pueblo con un colegio público gratuito de calidad, donde las familias puedan enviar sus hijos caminando, tal como sucede en todos los países desarrollados. El impacto sobre los profesores, académicos, investigadores y personal de apoyo a la educación es también enorme, puesto que al contar los establecimientos con financiamiento estable pueden exigir condiciones de trabajo asimismo estables, lo que es el elemento decisivo para mejorar la calidad.
Lo que es más importante, la reforma educacional procede de este modo como siempre debe ser, sin destruir nada sino transformando el carácter de lo existente y extendiendo beneficios de modo general de manera de generar el apoyo político que requiere para avanzar.
Y de seguro evita que la reforma educacional de la Presidenta Bachelet vaya a ser catalogada alguna vez como una “reforma de macetero”.
