Se ha hablado mucho durante los últimos meses sobre el sistema de gratuidad que el Gobierno espera implementar en el 2016. Desde que se conociera esta auspiciosa noticia, en el mensaje presidencial del pasado 21 de mayo, hemos transitado por un sinnúmero de declaraciones públicas, tanto ministeriales, como de diversas instituciones y actores del sistema, que hasta el día de hoy mantienen al país en la incertidumbre de no saber cuál será el nuevo escenario para la educación superior a contar del próximo año y cuáles serán los primeros y principales efectos de ese cambio.
Por lo pronto, la única certeza que tenemos es que el inicio de la gratuidad corre a favor de las Universidades pertenecientes al CRUCH.
Es ahí, entonces, donde radica la principal preocupación de instituciones como la nuestra, que desde su vocación pública y su orientación hacia los sectores más carenciados, no comprende y más bien discrepa del mecanismo elegido para comenzar a implementar la gratuidad. Sabemos que no necesariamente las universidades del CRUCH aglutinan mayoritariamente a la población de los quintiles de ingreso más bajo y por lo tanto, dejan fuera del beneficio a un número considerable de estudiantes del mencionado 60%.
Si el objetivo de esta medida gubernamental es beneficiar a los jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables, creemos que aún hay tiempo de mejorar esta situación y ello puede hacerse entregando el beneficio directamente a los jóvenes del 60% más pobre, al margen de la institución en la cual se matriculen, siempre y cuando ella cumpla con ser una institución acreditada, sin fines de lucro, con manifiesto compromiso social y con un sistema de gobierno interno, que posibilite la participación de la comunidad y asegure la libertad académica.
En ese marco, vemos como positivo que en las últimas semanas se hayan levantado nuevas voces para plantear la posibilidad de que el beneficio cubra al 40% de los jóvenes más vulnerables y así abarcar una mayor cantidad de planteles.
Ello, considerando que el objetivo es ampliar la cobertura desde sus inicios, sin perjudicar arbitrariamente a miles de estudiantes que merecen ser igualmente apoyados. Es importante que no perdamos de vista que la gratuidad va en beneficio de los jóvenes, por sobre cualquier otro interés institucional.