13 feb 2014

¿Salir del Pacto de Bogotá?

El Presidente Piñera planteó en una reciente entrevista en Colombia que estaba considerando el retiro de Chile del Pacto de Bogotá y que la Presidenta electa se encontraba al tanto de esa situación.

Esta información ha abierto un vivo intercambio de opiniones en Chile, principalmente entre los expertos en Derecho Internacional Público y los parlamentarios y dirigentes políticos que se interesan en la Política Exterior del país.

Se trata, en mi opinión, de un asunto importante, pero que no está sujeto a los rígidos encuadramientos de la política partidaria.

Es claramente un tema de Estado donde caben distintas opiniones y en donde a todos, en conjunto, nos corresponde ponderar el mejor interés del país.Esto, teniendo en cuenta, que es una decisión que puede tener una gran importancia en la imagen de Chile y en el manejo futuro de nuestra estrategia internacional.

Me cuento entre quienes no consideran conveniente dejar el Pacto de Bogotá y quisiera fundamentar mi punto de vista en un contexto histórico más amplio.

El primer elemento que debe servir de telón de fondo es la relación entre América Latina, la guerra y la paz. El Pacto de Bogotá, llamado en verdad “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,” fue suscrito en abril de 1948 en la IX Conferencia Panamericana.La fecha no es casual, pues al término de la Segunda Guerra Mundial se recuperó, al crear la ONU, la idea fallida, luego de la Convención de París de 1919, de impedir, global y regionalmente, el estallido de nuevos enfrentamientos bélicos.

El Pacto implicó incorporar al Derecho Regional Americano una relación más directa con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reglamentada en el Capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), como “el órgano judicial principal de la ONU” (art. 92) … “siendo todos los miembros de la ONU ipso facto partes de la CIJ” (art.93), cuya jurisdicción y sentencias son obligatorias e inapelables para todos, pudiendo exigirse su cumplimiento en el propio Consejo de Seguridad.

Nuestra región tuvo muchas guerras prolongadas y costosas hasta 1945. Primero, estuvo la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1847), donde este perdió la mitad de su territorio.

Luego vino la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que opuso a Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, en que este último sacrificó más del 85% de su población masculina.

Más tarde, la Guerra del Pacífico (1879-1884), que opuso a Chile con Perú y Bolivia, que también tuvo un impacto mundial.

En el siglo XX, la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia y el conflicto armado entre Ecuador y Perú (1941-1942) igualmente fueron enfrentamientos complejos con un alto costo de vidas y pérdidas materiales.

En cambio, después la Segunda Guerra han existido en la región diversas escaramuzas, pero no hemos tenido nuevas guerras. Por eso América Latina es vista hoy como una “Zona de Paz” y esto es algo que conviene preservar.

El Pacto de Bogotá tiene, así, el valor simbólico de establecer mecanismos para asegurar el arreglo pacífico de las controversias, primero a través de mecanismos regionales y, luego, sujetando los asuntos a la decisión en La Haya.

Abandonar, por lo mismo, este acuerdo tiene, inevitablemente, una lectura internacional desfavorable.Priva al país que lo hace de su creencia en una política militar defensiva y de su opción por los compromisos pacíficos.Inexorablemente lleva a un terreno donde las amenazas y la acumulación de fuerza desempeñan un papel mayor.

Una segunda razón para no dejar el Pacto de Bogotá es de tipo práctico.El Tratado que lo regula permite denunciarlo “mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cuál cesará en sus efectos para el denunciante” (art. 56).Pero ahí mismo se agrega que “la denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de trasmitido el aviso respectivo”.

En suma, dejar el Pacto de Bogotá no tiene ningún efecto sobre la sentencia ya dictada respecto de Perú, ni sobre la demanda iniciada por Bolivia en la Corte.

Pero, además, le ofrece a cualquier interesado un plazo de doce meses adicionales para presentar cualquier otra querella que igualmente se seguiría tramitando sobre la CIJ.

La Política Exterior de cualquier país debe aumentar su prestigio y también la eficacia de su conducta en el sistema internacional. Pero ocurre que, al tomar la determinación de retirarnos del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, empeoramos nuestra imagen en el mundo sin conseguir ningún objetivo práctico en torno a los asuntos pendientes.

Es como para pensarlo dos veces, ¿verdad?

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13 feb 2014

Inexcusable impericia en RREE

Por estos días hemos conocido la opinión del Gobierno saliente acerca de cómo proceder ante el Pacto de Bogotá que es el que da sustento al reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia.El Presidente ha dicho que se evalúa el retiro de esta convención debido a los efectos del fallo del Tribunal de La Haya.

Por cierto que para los chilenos, sus instituciones republicanas y la ciudadanía en general, algunos aspectos de la resolución de la Corte Internacional de Justicia son inexplicables jurídicamente.

La cesión de un territorio en la Zona Económica Exclusiva que por décadas ha pertenecido a Chile y que fue así respetado por Perú, es una pérdida que aún no alcanzamos a dimensionar en su totalidad, más allá de si los recursos pesqueros son o no relevantes.

Sin embargo, uno de los efectos positivos de la resolución es que se ha reconocido la tesis chilena de que el límite sí existe, sí fue fijado en el Hito 1 y que éste corre por el paralelo tal como lo defendió nuestro equipo jurídico en La Haya.

Lo otro relevante es que el propio Presidente Ollanta Humala reconoció de manera explícita que Perú cerró sus reclamaciones limítrofes para siempre, independiente de los vaivenes de sus declaraciones y de las posturas de algunos sectores peruanos.

Pero uno de los efectos del que tenemos que tener mucho cuidado es aquel que tiene que ver con la tentación de ceder al aislacionismo, impulsando el retiro de Chile del Pacto de Bogotá.

El tema puede ser analizado largamente y podemos debatir sobre las causas más profundas de este fallo y de la forma en que ambos países se condujeron ante la Corte de La Haya, pero es importante no perder de vista que restarse del orden jurídico internacional no tendrá efectos positivos para Chile.

La reacción apresurada del Gobierno saliente denota un grado de impericia inexcusable en el manejo de las relaciones internacionales.Esto se trata de diplomacia y no de meras tratativas comerciales.

La solución no es aislarse, sino profundizar la integración y liderar un profundo trabajo de promoción de las posiciones chilenas entre los países aliados, presentes y futuros, de modo de mejorar el desempeño de nuestra política de relaciones exteriores.

En tal sentido, la vasta experiencia en la cancha del multilateralismo que tiene el futuro ministro de RREE Heraldo Muñoz es un aliciente a que Chile pueda tener una Cancillería más moderna, más profesional, más escuchada y más influyente.

La lección de este caso es que el actuar del derecho debe guiar las acciones de Chile dentro y fuera de nuestras fronteras.

La amistad y colaboración entre los países son infinitamente más rentables que actitudes que nos lleven a las desconfianzas, a conflictos abiertos de manera permanente o a impedir que nuestras posiciones sean debidamente conocidas por el concierto internacional.

Y eso vale especialmente para cuando debamos abordar el tema de Bolivia y su demanda en el mismo tribunal.

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12 feb 2014

La falacia tras la invocación de la “teoría del empate”

Más allá de los comentarios de fondo que amerita la designación de ex candidatos derrotados como funcionarios públicos, tema que amerita una columna en sí misma y que –anticipo- me parece una materia para nada escandalosa, sino atendible en el mérito del cargo y de las capacidades del propio funcionario, quisiera detenerme en un fenómeno que se ha vuelto cada vez más habitual, infortunadamente hablando. La de apelar al “empate moral” cuando la denuncia termina, como un boomerang, devolviéndose contra el denunciante.

Pudiéramos denominar la “teoría del empate” a la justificación de que todo lo que se está haciendo mal por parte de una autoridad, cualquier irregularidad o escándalo se justificaría porque situaciones anteriores, del propio acusador, han sido del mismo calibre.

Un ejemplo. Diputado “X”, pongámosle Gabriel Silber por nombrar a uno, acusa la existencia de un trato aparentemente injustificado, de contratar como funcionarios en el gobierno a ex candidatos derrotados. La denominó “Beca Piñera”.

Por cierto, el Diputado X omite que su hermana, llamémosla “Y” –aunque todos sabemos que se llama María Margarita Indo Romo- fue candidata a alcaldesa por la comuna donde X es diputado… y que cuando perdió, recibió la que podríamos denominar “Beca Bachelet”, esto es haber sido contratada por Sercotec el 1 de abril de 2009 por la entonces gerenta, a quien denominaremos “Z”, doña Cristina Orellana, cónyuge de… ¿adivina Ud.? Sí, del diputado “X”.

¿Qué debería alegar Silb…, perdón, el diputado X ante esto? Algo como “lo que intenta la derecha es desplegar un empate moral donde no lo hay, porque las irregularidades de este gobierno…” y seguir denunciando.

La falacia del “empate moral” no es sino la negación de la bíblica expresión de “mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga del propio”, o si se prefiere en términos más mundanos, de la lógica que los abogados conocemos como “ubieadem ratio, eademdispositio” (donde hay una misma razón, debe haber una misma disposición).

Es absurdo suponer que la crítica sea válida respecto de las actuaciones del contrario pero al mismo tiempo inválida cuando el afectado es el sector al cual pertenece el denunciante.

Es una contradicción de principios. Al final, una falacia sustentada en el principio aristotélico de la no contradicción: nada puede ser y no ser a la vez.

Esa clase de ejercicios, apelar al “empate” cuando se denuncia al denunciante, cuando se le “pilla” en un renuncio, tiene por objeto un resultado bastante discutible.

Apelar a la “igualdad moral” supone un escenario en el que todos resultan culpables y por lo tanto ninguno lo es realmente, y en el que la única víctima, de las dos “partes”, entre dos fuegos igualmente perversos, es el pueblo, que contempla estas anomalías. Es esta clase de reacciones, como la de los defensores de Silber, los que incrementan la deslegitimación de lo político.

Sin duda, todo hecho de corrupción es reprobable. Pero el furor mediático de quienes se aprontan a abandonar la oposición para llegar al gobierno –de la mano de Bachelet, porque solos no podían- tiene y tendrá un solo objetivo, instalar la percepción de que las cosas realizadas durante este gobierno se generaron de modo oscuro.

Me temo, espero que no sea así, que nos llenaremos de“cortinas de humo”, de invocaciones al “empate moral” destinadas a tapar lo evidente: que la Concertación y el PC –si quiere llamarlo Nueva Mayoría es bajo su cuenta y riesgo- no dan el ancho moral que pretenden dar, y que al final, de las promesas al Pueblo se debe responder. Y si se prometió transparencia e igualdad, no puede ahora promoverse el amiguismo y el compadrazgo… o la ineficacia.

Porque, al final del día, tras la invocación de la “falacia del empate” solo se esconde, en realidad, la necesidad de evitar “dar a cada uno lo suyo”, definición atribuida a Ulpiano respecto de la justicia.

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12 feb 2014

Mentira, la gobernabilidad no está en juego

Las pasadas semanas nos dejaron una interminable cadena de dimes y diretes, declaraciones y trastos varios. Además de una serie de ataques de trinchera a trinchera de sectores que se atribuyen “per se” la voz de la ciudadanía, desestimando cuando no despreciando, la opinión de actores sociales que representan sentidas demandas del pueblo de Chile.

En una seguidilla de apariciones públicas conspicuos personajes ejercieron sus posibilidades comunicacionales cooptando titulares desde las rémoras de su poder.

Desde la perspectiva de los que desde el 2011 estamos ejerciendo la legítima presión ciudadana en pos de lo que consideramos nuestros derechos nos resulta inexplicable, por una parte entender por qué se insiste en generar titulares basados en declaraciones de quienes más allá de roles pasados y experticias “suma cum laude”, claramente hablan defendiendo los intereses de sectores que han llevado al país al actual estado de cosas.

La falta de legitimidad de los comité de expertos y comisiones varias, que supuestamente eran creados para beneficio de la ciudadanía, nos dejan con la sensación de materias pospuestas, de hacerle el quite a lo imperioso, de engaño institucionalizado sin que de sus conclusiones podamos esperar solución alguna a los problemas urgentes que sufre la ciudadanía en su diario vivir .

Desde la reflexión popular nos preguntamos en qué país viven estos señores y señoras que declaran con tanta liviandad, emiten opiniones engoladas que no hacen más que disfrazar el hecho de que efectivamente se han comprado un modelo de sociedad, que desde la dictadura hasta el presente sólo fue profundizando la desigualdad y negando al pueblo de Chile el derecho a decidir sobre su propio destino.

A lo que hemos asistido no tiene que ver con un gallito del movimiento estudiantil, o sus ex dirigentes hoy diputados electos de la República con la futura Presidenta de Chile.

Me parece a lo menos majadero insistir en la lógica de “la calle” versus la clase política tradicional, no sólo porque desde esa perspectiva buscan desacreditar la legitimidad de las demandas sociales, sino porque también se atribuyen la exclusividad de la interlocución política con cualquiera sea el gobierno de turno.

También resulta más una argucia que un argumento el manido eslogan de que cualquier demanda social sostenida signifique poner en riesgo la gobernabilidad de la República.

Cuando la ciudadanía interpela a la autoridad, manifiesta su descontento, hace ver una necesidad concreta, señala los cambios que estima necesarios y espera a lo menos que no se cierre el círculo del poder en una suerte de blindaje perfecto que aleje irremediablemente a las autoridades de lo que las mayorías ciudadanas quieren para sí mismas.

Desde el 2011 quedaron establecidas las demandas en el campo de la educación, la previsión, la salud, la vivienda, los derechos laborales, la relación con el medio ambiente, la distribución de la riqueza, otro país.Un país solidario, que entienda por derechos materias que en el Chile de hoy son tratadas con la lógica del mercado.

O al menos, tener la posibilidad de discutir, a través de una asamblea constituyente, cuál es la real vocación de un pueblo que luchó de manera denodada para recuperar una democracia que sólo sirvió para que algunos la convirtieran en la mesa de un banquete a la que pocos se sientan pero que financiamos entre todos.

Otra visión no responde a una ciudadanía que está preparada para un nuevo contrato social y la instalación plena de un nuevo paradigma y devendrá en otro intento de tapar el sol con un dedo provocando malestares sociales que sólo pueden ir en aumento.

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12 feb 2014

Tecnologías de la Información en el gobierno de Bachelet

Dentro de tan sólo algunas semanas asumirá la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo mandato, y todo su equipo de nuevas autoridades. Para el sector, el nombramiento del futuro subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, representa una oportunidad.

Actual funcionario de la división jurídica de la Subsecretaría que pronto dirigirá, es abogado y magíster en Informática y Telecomunicaciones; tiene amplios conocimientos del sector y es conocido por las causas en las que se ha involucrado tales como Liberación digital, Un computador por niño y apoyo a la ley de Neutralidad en la Red.

Sus especialidades -informa su página de Linkedin- son asesorías, tecnologías, redes sociales, internet, derecho informático, propiedad intelectual, datos personales, comercio electrónico.

Sólo noticias que generan expectativas, las que se unen al compromiso de crear la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno que próximamente asume.

Hacer estas reseñas no nos alejan de una de nuestras líneas fundamentales de trabajo de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, al contrario, nos exponen nuevamente como una organización que respeta las decisiones que la ciudadanía adopta democráticamente y nos consolida como una organización dispuesta al diálogo y al trabajo orientado al crecimiento y equidad para Chile.

Para los miembros de ACTI y para la comunidad es conocida nuestra búsqueda por años de lograr una institucionalidad que dé cuenta de la relevancia del sector, así como de los crecientes desafíos que deben asumirse para lograr que la transparencia y democratización que permiten las tecnologías de la información lleguen efectivamente a todos y todas.

Entre las declaraciones conocidas de Huichalaf se encuentran su preocupación por enfocarse en los ciudadanos y los servicios que éstos reciben, y para ello ha dicho se buscará la mejor en la regulación de los contratos y la calidad del servicio.También es notable que dado su origen afirme que buscará acercar las tecnologías a su pueblo.

A este hecho, se suma el compromiso del programa de gobierno que indica que, “en materia de telecomunicaciones reduciremos la brecha digital y aumentaremos la conectividad, para que los beneficios de la sociedad de la información estén disponibles para todos los chilenos. Así, los ejes centrales en esta materia estarán en proteger al consumidor, generar mayor inclusión en el acceso a servicios de telecomunicaciones e impulsar la competencia en esta industria”.

En fin, las nuevas autoridades podrán contar con nuestra disposición a trabajar en el desarrollo y perfeccionamiento de estas iniciativas, dado que estimamos que éstas se encausan dentro de los lineamientos del trabajo de ACTI y de las empresas asociadas.

Tenemos la convicción de que las tecnologías de la información, con una política orientada al perfeccionamiento de normas que impulsen a la industria, pero a la vez protejan a los consumidores, permitirán un acceso amplio, democrático, a los instrumentos que han hecho la vida más global, más ejecutiva, más accesible a una mayoría de ciudadanos libres del mundo y por supuesto de Chile.

Sin duda queda mucho trecho por caminar, pero estamos genuinamente esperanzados en que las nuevas autoridades al cumplir sus compromisos darán los pasos necesarios para lograr que estas herramientas universales mejoren la vida de tod@s.

La economía chilena sigue encadenada al destino de las materias primas. Nuestro sector con el apoyo institucional, no solo con una Subsecretaría propuesta sino con un Ministerio que permita ordenar la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico del país, con inversiones públicas y privadas superiores al de economías desarrolladas que son del 2,4 % del PIB, puede constituirse en otro pilar del desarrollo.A eso aspiramos como industria.

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11 feb 2014

Después de La Haya, ¿qué?

Pensando acerca de los resultados que trajo el mil veces mencionado fallo, es interesante ver como finalmente terminó de la misma manera que predijimos hace exactamente, 18 meses. Es decir, con pérdida de territorio para Chile (soberano o económico, da lo mismo) y continuación de las negociaciones con Perú.

La pregunta que cabe hacer ahora es simple y hecha tantas veces como el mencionado fallo. Dicha consulta ha de ser, ¿por qué?

Bueno. Es como la ley de gravedad. Si uno tiene un peso sujeto por una grúa a una altura de 30mts. y la pregunta es qué pasa si se suelta el peso, no importa cuántas comisiones se llamen a deliberar, asesores se contraten, ni si la corte A o B falla en derecho o qué precedentes se consideran, el peso caerá hasta el suelo. Es decir, hay un racional que determina un resultado, sin adornos, sin discusión.

Lo mismo aplica a la disciplina de la negociación, no importa cuánto uno quiera que la conclusión de un proceso sea un escenario favorable a una de las partes, hay razones fundamentales que dirigen la negociación a un resultado específico.

En el caso del reciente fallo, la estructura fundamental de la “negociación” contenía los siguientes elementos.

A. Negociación distributiva – donde lo que una de las partes gana, la otra lo pierde- pero además, particularmente Chile no tenía nada que ganar en este caso.

B. Corte que no se declara incompetente ante la presentación del reclamo y que, por lo tanto, cree que tiene algo que “aportar” en esta discusión.

C. Corte que a pesar de ser de “derecho” tiene oficiales designados y que como cualquier organización humana es, en definitiva, política.

Tomando en cuenta el escenario que nos dejó el resultado con Perú, cabe hacernos la pregunta, ¿cómo se comportan estos factores en el reclamo boliviano?

Primero, no es una negociación distributiva. Para que una negociación lo sea, tiene que ser bipartita y mono-variable. En este caso, Chile debe involucrar a Perú,a nuestro entender ya está involucrado, pues cualquier acuerdo necesita la sanción peruana.

Segundo, y dado que no se siguió nuestra recomendación de retiro del Pacto de Bogotá, Chile se ve expuesto al factor político (punto C); por lo tanto este frente no se puede evitar a menos que la Corte se declare incompetente (punto B).

Mucho se ha hablado del retiro del Pacto de Bogotá y de cómo ese acto podría ser interpretado como una debilidad de Chile.

A nuestro entender, mirarlo así es un error, toda vez que uno sostiene una negociación en la que importa el mantenimiento de la relación -en este caso estamos hablando de países vecinos- pero también el resultado,no es económica ni políticamente correcto perder territorio.

La receta de libro de texto es la evasión. Sí, evitar esa conversación, pues no es bueno ni empeorar la relación ni perder territorio. Por lo tanto es importante no poder ser emplazado ni invitado a instancias donde Chile se vea “obligado” a parlamentar.

Hay además, otros factores que ocurren fuera de la mesa que actúan como disuasorios de la necesidad de negociar de las contrapartes, como son, el nivel relativo de armamentismo de Chile respecto de los vecinos, las inversiones chilenas en esos países, etc.

Todas estas otras “acciones” fuera de la mesa de negociación, en ausencia de la posibilidad de obligar a Chile a discutir fronteras en una Corte, colaboran a la táctica de evasión recomendada en este caso.

El foco en los próximos meses debería estar en:

a) Retiro del Pacto de Bogotá y otras acciones que eviten que Chile se vea obligado a responder frente a emplazamientos de países vecinos.

b) Acción política/lobby sobre la Corte de La Haya para que se declare incompetente.

c) Emplazamiento pro-activo de Chile al Perú, por aquellos puntos que quedaron sujetos a “interpretación” en el reciente fallo de La Haya. Esto preferiblemente debería ser amistoso y bipartito, además esta conversación apoya el intercambio de fichas de cara a un eventual juicio con Bolivia.

Las metáforas existen desde que el mundo es un lugar social y siempre vienen a dar un segundo apoyo a la idea fuerza que se quiere potenciar.

Una vez más, no importa cuánto se adorne la situación, ya que los objetos caen hacia abajo, por el simple acto innegable de la gravedad.

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11 feb 2014

Un nuevo-viejo desafío para la investigación científica

Chile mi querido país mirado a la distancia en el tiempo, nos separan más de 30 años y en el espacio, la Europa de los 26, en una España inmersa en una profunda crisis en que están mas comprometidos los países del sur, que en el diagnóstico global disponen de un sistema de producir ciencia menos competitiva lo que les crea mas desventajas con los mercados.

La ecuación de producir conocimiento de calidad para transferirlo a las tecnologías que puedan competir en los mercados aquí está lejos de los niveles de otros países de esta misma Europa y de otras zonas del planeta.

Es más que evidente que en España frente a las tasas de desempleo que provoca una economía a mínimos cuyo valor fundamental estaba sostenido por la construcción ha entrado en una escalada de adelgazar el sistema público creando bolsas de desempleo que hacen imposible el funcionamiento de la economía.

Las cifras oficiales hablan de seis millones de parados (cesantes) que según el gobierno se va reduciendo de acuerdo a unos índices de crecimiento económico que nadie termina de creer porque las evidencias de la economía familiar lo describen de otra manera.

Todo lo que aquí esta pasando es para nosotros que vivimos en Europa  volver al pasado, al fatídico 1973, año en que los militares fustigados por los dueños del sistema económico, inmersos en el área de influencia de los EEUU y con la excusa que el país era empujado hacia el marxismo, se hacen con el poder y comienzan una restructuración del país para ponerlo en la órbita del neoliberalismo económico de acuerdo a las teorías de Milton Friedman.

Por aquellos días el impulso de la investigación científica era débil y el gobierno militar sujeto a los dictámenes del sistema donde estuvimos inmersos durante 17 años lo único que intenta es desarrollar un opción paralela que son las universidades privadas que funcionan como empresas, reducir el gasto publico desmantelando las universidades del Estado.

Se mantiene como figura histórica el CONICYT como agencia del estado para proveer fondos a la investigación de las universidades y de los pocos centros de investigación del área estatal.

Vino la alegría con el fin de la dictadura y el Presidente Aylwin en su discurso dirigido a los académicos e investigadores en el entonces Hotel Carrera prometió crear una agencia estatal próxima a la Presidencia de la Republica dedicada a la investigación científica.Como toda promesa se quedó en el enunciado.

Y el viejo CONICYT remodelado y parchado, siguió ejerciendo la función de financiar proyectos de investigación sin plantearse los gobiernos de la Concertación el impulsar un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciencia como había hecho Brasil por ejemplo,que a partir de 1960 comenzó a sacar con recursos propios a su capital humano en las áreas de interés de su economía y es así como son ellos los que con Cuba- que por otros caminos y razones políticas- comienzan a desarrollar su ciencia.

La promoción de los pos-grados en titulaciones de Doctores y Tecnólogos les permitió ir consolidando líneas de investigación que pronto les condujo al desarrollo de tecnologías competitivas para el mercado interno y para la exportación.

Un ejemplo más lejano en oriente fue el desarrollo de China y la India, los primeros apoyados por los nórdicos en tanto que India recibió apoyo de los EEUU para establecer contrapesos en esa Región.

Chile siguió un camino más largo basado en reformas locales normalmente dirigidas a las universidades, para impulsar por esa vía la investigación. El gobierno del Presidente Frei creó dos instrumentos donde destacan los proyectos Millenium para premiar la excelencia en investigación.

El Presidente Lagos dio un paso más y creó el centro de biotecnología en la U. de Concepción y continuó con los Millenium.

El primer gobierno de la Presidenta Bachelet continuó en la misma línea y se hicieron esfuerzos por poner nuevas ideas en la arena política pero se mantuvo lo que se venía haciendo sin dar saltos cualitativos.

A esas alturas los países avanzados ya estaban llegando a las OMICAS (Genómica, Metabolómica, Transcriptómica…) El genoma humano ya estaba secuenciado en los EEUU (2002) y la tecnología para el estudio del ADN daba pasos decisivos para abrir nuevas áreas del conocimiento.

Por su parte los físicos del CERN avanzaban hacia desarrollos energéticos teniendo como base la energía atómica y la química de los combustibles fósiles entregaba una enorme gama de nuevos polímeros a partir del petróleo.

También en materia de defensa los mercados se llenaban de máquinas de destrucción que se vendían en los países en conflictos de todo tipo.Los minerales eran otra fuente de riqueza que ofrecía posibilidades para los que se habían preparado con esmero.

Todo este conjunto de nuevos conocimientos producía mejoras en la producción agrícola, vegetal y animal, diseñando nuevas variedades y productos. En tanto que la farmoquímica ofrecía drogas de diseño en todo tipo de envases y dosificaciones.

El mercado danzaba entremedio ofreciendo precios y productos. Todo el que tuviera dinero, podía comprar.

Brasil como ejemplo más cercano lo recibe el Presidente Lula con casi 20 millones de seres humanos que no tenían garantizado comer todos los días y el milagro es que lo deja con solo 10 millones en esas condiciones.Mirado desde una óptica estrecha no es un gran logro pero en la dimensión de país sí lo es, el Estado reduce la pesada carga de la miseria.

Otros países de Latinoamérica también avanzaban en la medida de sus fuerzas.Y de estos análisis es donde le vino al Presidente Lagos la idea y ¿por qué no hacemos un centro de biotecnología nosotros también? Y se hizo en la UDEC, es el primer esfuerzo país en esta dirección y ya está caminando.

Hace unos meses se ha publicado en Nature un artículo (Nature 501:506-511, 2013), que ya es viejo, la Ciencia y la tecnología han hecho posible el ILUMINA, ya podemos leer el genoma de cualquier ser vivo y podremos avanzar gracias a la bioinformática a comprender los mecanismos de regulación de la transcripción, porque en verdad os digo somos organismos hiper regulados y esto dará nuevas luces en todas las áreas de las ciencias de la vida.

La pregunta del millón ¿cual es la tarea del actual gobierno de la Presidenta Bachelet?

Poner en marcha un programa estratégico de desarrollo de la ciencia y la tecnología basado en las fuentes de riqueza que tiene el país.¡Hay que hacerlo ya!

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11 feb 2014

La descontrucción de la violencia de Estado

El triunfo, por llamarlo así, de la razón instrumental por sobre la razón crítica según la famosa obra de Max Horkheimer, se ve materializada en el cálculo subjetivo de lo que nos rodea (naturaleza y hombre incluidos), concretizado, en una síntesis extrema, en la racionalidad del cálculo y los medios para determinados fines.

Una expresión pueden ser, por ejemplo, los campos de concentración que de manera mucho más clara a partir del siglo XIX, serán utilizados por los Estados para agrupar en ellos a parte de la población. Es peligrosa, ajena y aniquilable.

Como se sabe, la regulación y disposición por parte del Estado como poder soberano sobre determinado grupo, operó de manera mucho más clara en estos lugares, en donde, siguiendo a Giorgio Agamben, se pone bajo custodia y de la mano del estado de sitio (toma para esto la famosa tesis sobre la historia del alemán Walter Benjamin), a una porción la población para operar sobre ellos sin contrapeso.

La llegada a ese punto de no retorno de este proceso represivo, es decir el exterminio o la posibilidad de que el Estado actúe sobre parte de la población a destajo, pasa precisamente porque ese proceso no fue detenido a tiempo, porque esa construcción social de la violencia fue asimilada, naturalizada por gran parte de la población, en una acción de dominación y dirección estatal que ya ha sido descrita de manera mucho más lúcida por A. Gramnsci. Hace mucho.

Mas, ese proceso de construcción social de la violencia, como todo proceso tiene etapas que pueden ser reconocibles y, por ende, desmanteladas a tiempo.

En algún punto del mismo se puede y debe accionar una barrera de contención que desarticule la cadena represiva.Una alerta temprana que frene un genocidio reorganizador en potencia, como ya lo ha mencionado el sociólogo argentino D. Feierstein. Simplemente una alerta temprana contra la recurrente violencia de Estado.

Ayer, ese proceso represivo naturalizó la violencia sobre aquellos que aparecían como peligrosos, y solo en nuestra América morena, cientos de miles fueron asesinados, torturados y desaparecidos.

Hoy, en Chile, vemos como la represión al pueblo Mapuche, toma cada día que pasa niveles más alarmantes de violencia y pareciera ser que aun como sociedad no encendemos las alarmas.

¿Un mecanismo de alerta temprana? La educación. La educación en Derechos Humanos. Educar en Derechos Humanos es el mejor método contra la violencia de Estado. Una educación en DDHH que articule elementos pasados con aquellos que están en la actualidad para generar una memoria crítica y que valore el respeto al otro/a como valor central.

Es aquí donde precisamente esos lugares utilizados para violar los DDHH de manera cruenta, aparecen recuperados por la ciudadanía para convertirse en sitios de memoria desde donde se puede educar en DDHH, mediante un pedagogía de la memoria que justamente se centra en un análisis pasado-presente que permite entender de manera didáctica, las continuidades de las prácticas discriminatorias y represivas del Estado.

Este modelo metodológico, es una de las herramientas centrales en un mecanismo de alerta temprana que ponga freno a escalas más graves de violencia.

Villa Grimaldi, desde hace más de 16 años, es uno de estos sitios de memoria desde donde se desarrolla un modelo educativo centrado en la pedagogía de la memoria, como eje central de una educación en DDHH que permita, en un trabajo sistémico, generar en las/os estudiantes esa masa crítica necesaria para detectar, denunciar y detener las violencias de un Estado que, en su ambigua seguridad nacional y de la mano de medios ilegítimos, continuamente echa a correr sus procesos violentos en contra de parte de la población.

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10 feb 2014

Estudiantes, ciudadanía y Bachelet

A propósito del “paso al costado” de Peirano se ha abierto una sarta de alocuciones que tienden a debilitar con rapidez el triunfo popular de diciembre, el movimiento estudiantil, los pilares de la democracia representativa y el futuro gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de impedir que se cumpla, a partir de marzo, el programa aprobado por la gente.

Las alocuciones provienen de la prensa escrita, más de El Mercurio, de la televisión, más de la CNN, de la derecha piñerista, de adláteres del derrotado candidato Velasco (por ejemplo Brunner) y de altos representantes de la democracia cristiana (por ejemplo Mariana Aylwin y Andrés Zaldívar).

Se supone que el “paso al costado” de la Sra.Peirano se debió a la presión que ejercieron para “pasarla al costado” los dirigentes estudiantiles y sectores adultos que creyeron que debería aplicarse en el próximo gobierno el programa educacional prometido a la ciudadanía.

La reacción de la reacción ha ido in crescendo.

“El programa no puede ser un dogma” han dicho los partidarios del dogma de la educación de libre mercado que lucra con dineros fiscales, por ejemplo Brunner.

“Los estudiantes presionan y se están transformando en gobernantes, le han doblado la mano a Michelle Bachelet” dicen otros.

“Estudiantes y algunos dirigentes actúan a veces de manera caprichosa (¡) y buscan imponer su visión por la fuerza” (¡) ha dicho el diputado UDI señor Ernesto Silva (El Mercurio del 9 de febrero).

Vamos viendo.

En 2011, un amplio y decidido movimiento social encabezado por dirigentes universitarios golpeó ideológicamente al país y puso en cuestión los pilares en que se había edificado el sistema educacional chileno entre los años 1973 y 2011, es decir durante 38 años.

Fue tan amplia y decisiva esa movilización social que sus dirigentes fueron destacados no sólo en Chile sino en América Latina, Europa y los EEUU.

Los fundamentos del programa del nuevo movimiento social fue apoyado por la inmensa mayoría ciudadana.

El gobierno de Piñera desoyó y reprimió el movimiento estudiantil. Los medios de comunicación, especialmente la TV, lo desprestigiaron identificándolo con violentistas encapuchados, no pocas veces infiltrado por la fuerza pública.

Los sectores “moderados” de la oposición de centro (que estaban golpeados por la opinión pública, eran desoídos por la ciudadanía y veían desmoronarse la franja concertacionista, apoyada en ese instante por menos del 20 por ciento de reiterados encuestados) hablaban que tomaban nota de lo que estaba sucediendo en las calles y que ellos verían qué hacer, luego, desde su poder en el Congreso.

La ex Presidenta de la República, que estaba en la ONU –lo supimos al año siguiente, cuando aceptó ser candidata nuevamente – fue sensible al movimiento social, declaró reiteradamente que “el país cambió” (en relación a lo que había sido bajo su gobierno) y después de algunos titubeos se mostró en campaña, en el triunfo y después del triunfo como una abierta partidaria del fin del lucro y de la educación gratuita.

Su programa de educación ganó lejos en las primarias de la Nueva Mayoría, donde fueron derrotadas, en este aspecto, las candidaturas de Velasco-Brunner y de Orrego-Mariana Aylwin y Andrés Zaldívar.

Y su programa de gobierno, que incluía claramente la educación gratuita, fue finalmente apoyado (mandatado) por casi el 63 por ciento de la ciudadanía.

Ese programa, con un respaldo inédito en la historia de Chile, es “el dogma” al que se oponen todos los sectores reaccionarios, partidarios y usuarios con ventaja del dogma del bien de consumo educativo que se vende en nuestra sociedad. Una minoría recalcitrante y poderosa de la derecha y de parte de la Nueva Mayoría, que desconoce (no es primera vez) el mandato ciudadano.

Ante su ofensiva no podemos permanecer mudos. Tampoco pueden hacerlo los mandatarios, Eyzaguirre en primer lugar.Los mandantes estamos esperando que hable el futuro ministro de Educación.

Resulta vergonzoso que personeros que han vuelto al gobierno aliados al movimiento social que nuevamente los encumbró, porque eligió a Bachelet, tomen distancia ahora de sus jóvenes salvadores calificándolos nuevamente de peligrosos extremistas.

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10 feb 2014

Caza de brujas

A partir de las críticas al nombramiento de Claudia Peirano como Subsecretaria de Educación, que siempre tuvieron un claro contenido político debido a sus opiniones sobre la gratuidad de la educación, se ha desatado una abierta ‘Caza de Brujas’, por parte de la derecha, con la abierta colaboración de la prensa y televisión, salpicada con declaraciones de diversos voceros políticos supuestamente defensores de la probidad, la ética e integridad, mediante una campaña mediática con increíbles tintes de morbosidad.

Lo que parece inaudito, es que a esta vorágine de descubrimientos de irregularidades en los nombramientos de las nuevas autoridades, no solo concurren personeros de derecha, lo que sería lo esperable y lógico, si no que hemos visto a ciertos personajes de la Nueva Mayoría rasgando vestiduras por el hermetismo de dichos nombramientos, como si esos nombres hubieran surgido del sueño delirante de la Presidenta y no de propuestas de los propios partidos.

A este festín de descréditos, obviamente como era esperable también se suman gozosos sectores de la ultraizquierda, deseosos de descalificar por cualquier expediente al nuevo Gobierno.

El paroxismo de estas denuncias ha llegado a través del diario La Tercera, que hace algunos días en primera página tituló con caracteres de escándalo, que las nombradas ministras de Cultura, Claudia Baratttini y de Desarrollo Social Fernanda Villegas, son deudoras de Crédito Universitario, aduciendo que tal situación en la práctica las inhabilitaría para sumir sus respectivas carteras.

Deudas al sistema de Crédito Universitario, lo tienen miles de chilenos, y esa es parte fundamental de la lucha de la actual coalición que gobernará el país, por terminar con este perverso sistema de endeudamiento de las familias y de los profesionales, por el simple derecho a estudiar.

Es manifiesto que esta campaña pro transparencia que repentinamente ha imbuido a la derecha y sus socios de la gran prensa, no tienen el propósito de optimizar la probidad de la función pública, sino simplemente el perturbar y entorpecer la instalación del nuevo Gobierno, que se ha propuesto cambios fundamentales que significan en la práctica terminar por desmantelar los amarres que nos dejara la dictadura.

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