14 dic 2015

Papageno y educación

A medida que pasan los años pocas son las cuestiones  y situaciones que nos llegan a asombrar con fuerza y vitalidad, haciendo que nuestro espíritu se llene de esperanzas en la posibilidad de la construcción de un mundo mejor para todos sus habitantes.

Hace pocos dias, en el lejano sur de nuestro país, muy cerca de Panguipulli, tuve la oportunidd de asistir a una de esas situaciones que nos llenan el corazón de gozo, de alegría, de capacidad de meditación, de naturaleza y por sobre todo de belleza; aquella belleza que nos presta el equilibrio necesario para acercarnos, (quizá solo un poco) pero acercarnos a la verdad del Ser que se encuentra en todas las cosas que nos depara la existencia, tanto la nuestra como la del mundo.

Nada más fantástico que encontrarse con una iniciativa de bien común nacida desde la música, aquel arte que acompaña a los seres humanos desde los inicios de la comunicación como especie.

Se trataba, para sorpresa de mi parte, de un concierto al aire libre frente al Lago Calafquen para disfrutar a Mozart, puesto en escena por una magnífica Orquesta de Cámara y de un coro nacido del esfuerzo de dos instituciones educativas señeras en el acontecer de este largo Chile. Nos referimos al Coro de la Universidad Austral de Chile y al Coro Polifónico Papageno, producto de la labor que realiza la Fundación del mismo nombre en el sur de nuestro país.

Iniciativa, esta última, nacida del impulso y creatividad del barítono Christian Boesch, músico austriaco avecindado en Chile desde hace algunas décadas y que dedica gran parte de sus esfuerzos a realzar la música como un medio de comunicación y excelencia en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Es así como ya tiene una presencia activa en la ciudad de Villarrica con una Escuela de Música para jóvenes aledaños al lago Calafquen y Panguipulli y otros lugares cercanos, eminentemente rurales.

Una gran obra que, con el aporte de diversas instituciones y privados, han logrado desarrollar la Música como elemento esencial en la formación de los seres humanos, especialmente niños y jóvenes. Y al decir que es un elemento esencial, nos referimos al carácter de armonía que ella tiene, de belleza profunda en los sentimientos propios a los seres humanos, de universalidad en la comunicación, de acercamiento a la idea del Ser perfecto, a la trascendencia de la especie más allá de los simples brotes de ruidos.

La música, como todas las artes que prácticamente hoy han desaparecido de los establecimientos educacionales de nuestro sistema, nos puede proporcionar en un futuro muy cercano, las claves de un desarrollo sustentable en el cual los seres humanos puedan ser felices y ver otras realidades distintas a los simples acontecimientos de la vida cotidiana.

Por eso, observar a mas de dos mil personas, sentadas en la tierra o en simples fardos de heno, escuchando a Wolfgang Amadeus Mozart y Antonin Dvorak fue una experiencia que debe ser destacada, no solo por las emociones y sentimientos que ella logró provocar, sino por la belleza de un entorno magnífico de tierras verdes, agua celeste, nubes orgullosas paseando por los cielos del sur y todo esto gratuito, conviviendo chilenos y chilenas de muy distintas estirpes.

¡Bravo por Papageno! ¡Bravo por esta iniciativa! ¡Esperanza de una educación con y en la música para el futuro de nuestro país!

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14 dic 2015

Consecuencias de las elecciones argentinas

Con Mauricio Macri como nuevo Presidente de la Argentina se asienta una de las mayores derrotas en la historia del peronismo. Se termina un largo ciclo político  y comienza otro marcado por tendencias de apoyo a la empresa privada y  una reducción del papel del Estado. En otras palabras un acercamiento a las estrategias de desarrollo vigentes en México, Colombia, Perú y Chile.

Y esto va indicando un nuevo panorama en América Latina. Es previsible que en los próximos comicios de Venezuela y Brasil las coaliciones de gobierno sean derrotadas y que gane la oposición con tendencias neoliberales.

En otras palabras. La crisis mundial lleva a un robustecimiento de las políticas más conservadoras y de apoyo al sector empresarial, en desmedro de aquellas que preconizaban el combate a la desigualdad económica y la distribución del ingreso en beneficio de los sectores más precarios.

A ello se agrega el rechazo de las poblaciones a la corrupción y al auge de la delincuencia.

En el caso de Cuba, terminado el Alba en Venezuela queda sin mayor soporte económico y  dependerá, cada vez más, del apoyo de Estados Unidos y, hay que decirlo, de los cubanos de Miami. Se avizoran fuertes cambios  en esa nación, en especial cuando se termine la hegemonía de la familia Castro. Es previsible un papel decisivo de las fuerzas armadas en el sistema político cubano.

Las dificultades económicas de China limitan considerablemente su papel como financista del desarrollo económico latinoamericano. En esas condiciones son las  grandes empresas privadas mundiales quienes tienen la última palabra.

Las posibilidades de algún país latinoamericano de resistir las  alternativas neoliberales son mínimas. Un aislamiento sólo lleva al endeudamiento y con ello a angustias como los que han sufrido España, Grecia o Italia.

Estamos , ante un cambio en la brújula regional  que implica el fin del ALBA y de las tendencias populistas que han marcado más de una década.

En este cuadro la Alianza del Pacífico adquiere una  clara relevancia doctrinaria y estratégica.

Temas para meditar.

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13 dic 2015

Hay que compartir la abundancia

Este año sucedió lo espectacular, lo tantas veces deseado, que Chile fuera el campeón. Así fue, como en un sueño, en la Copa América. Pero, los escándalos de corrupción y el vandalismo descontrolado se ocupan de hacer olvidar lo bueno, aquel momento irrepetible y quede sólo lo malo, lo que da vergüenza y estupor.

Lo que pasa es que los futbolistas y la hinchada han sido reemplazados como figuras centrales, ahora los actores principales son los que van a forrarse de dinero rápido y fácil de un lado y los grupos que provocan el vandalismo, por el otro. A veces se unen, otras se repelen, en ocasiones se rechazan, en otras son aliados.

La historia viene de antes que se crearan legalmente las “sociedades anónimas deportivas”, los antiguos clubes dirigían lo que era ya un hecho, el fútbol profesional se había convertido en una actividad rentada, es decir, un producto con el fin de obtener utilidades, pero reproducía, a su modo, un acervo cultural que entregaba a esos clubes un patrimonio y una razón de ser.

Llegó “el cambio”. El propósito de ganar dinero y maximizar utilidades pasó a ser primordial, e incluso excluyente en la legislación que creó las nuevas entidades; los clubes tradicionales fueron desplazados por poderosos controladores financieros, que tomaron su popularidad para capturar las elevadas utilidades del negocio.

Por ello, se vio como los más ansiosos en alcanzar ganancias, mudaron velozmente de camiseta, trocando sus amores de niños por el rendimiento de sus inversiones.

Al comienzo, para ganar popularidad, estos inversores transformados en inusuales y a veces patéticos fanáticos, se congraciaron con las “barras bravas”; con tal propósito el dinero bajo cuerda cooptaba sus líderes, para pagar desplazamientos u otros “gastos ad-hoc”, como hacer propaganda electoral a un candidato que fuera dirigente o hacer de matones contra los que se opusieron a tales reprobables acciones.

La “buena onda” no podía alargarse en el tiempo y esta alianza inicial se trocó en dura confrontación, asuntos de platas más, platas menos, el hecho es que los exaltados que componen tales grupos de choque se convirtieron, aparentemente, en incontrolables.

Hoy, son los actores de la violencia en el fútbol, los “delincuentes” de los que reniegan, al parecer, sus protectores de ayer.

Ahora, los financistas que les dieron vida están escandalizados, piden mano dura y la acción enérgica del Estado. Pero, quieren mantener el negocio al tope, sin molestos controles, sin repartir la torta, muy crecedora por lo demás, de varios centenares de millones de dólares.

En efecto, así como hubo quienes cambiaron el “club de sus amores” por pura avaricia, también existen los que usan doble vestimenta, son ávidos camaleones que cambian de color para atrapar dinero, por un lado usan la camiseta de la ANFP, es decir, la entidad que dirige esta actividad y, por otro, la del canal del fútbol, cuya adjudicación es decidida y entregada por la primera. Son juez y parte de un negocio abundante, altamente concentrado, que se debe repartir.

Al producirse los graves incidentes, del domingo pasado, en la ciudad de Valparaíso, una de las primeras reacciones que se conoció, sin confirmarse después, fue la de hacer los partidos “de alta complejidad” sin la hinchada visitante e incluso sin público; aquello no sería más que aumentar las ganancias de estos mismos controladores, ya que el público no tendría más que pagar el alto costo de la TV de cable, que encarece el acceso a estas emisiones de altísima audiencia e interés.

En el caso que así ocurriera, que la autoridad no pudiera controlar al lumpen que genera esta violencia, no pueden pagar justos por pecadores, obligando a gastar más a los hinchas que quieran ver los partidos de fútbol. En realidad, la solución no es que las transmisiones sean emitidas por un canal público de TV abierta, lo que obliga a declararlas como un bien público, que no podría ser comercializado en la oscuridad como lo es ahora. La tarea es entonces crear un Canal Deportivo Público, que realice esta labor.

Esto sería lo justo, ya que el Estado desembolsa cuantiosos recursos que posibilitan el “espectáculo” deportivo. Se trata de instalar un pago social, la justa retribución a la sociedad de una actividad que es pública, que pertenece a todos, pero cuyas utilidades son privadas.

La sola movilización de centenares de carabineros cada fin de semana, no sólo a los estadios, sino que también a las calles a garantizar el tránsito y la seguridad de las personas. Los gastos de aseo, reparación de bienes de uso público e infraestructura, tanto urbana como de autopistas, debiese ser reembolsada al patrimonio fiscal y de todas las personas y entidades perjudicadas y, para ello, emisiones públicas por la TV abierta podrían financiar tales costos y terminar con la usura actual en las transmisiones.

En todo caso, la situación así como está no puede seguir, pues se presta a las peores sospechas y a los más dudosos manejos, dado las redes desconocidas e indescifrables de las bandas violentistas que se han dado como norte violar el orden público, así como el obvio afán de parte de los controladores financieros de obtener ganancias desmesuradas de aquello que, alguna vez, fue una sana actividad deportiva.

Desde el fútbol profesional no se ve la solución, cada cual defiende lo suyo, el dinero lo es todo, no hay un interés colectivo, parece que los vándalos son el negocio. Por eso, en algún momento, hay que ponerle el cascabel al gato. Puede ser…ahora.

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13 dic 2015

Un nuevo TC en una nueva Constitución

El fallo del Tribunal Constitucional que rechazó la pretensión de inconstitucionalidad de la glosa del Presupuesto 2016 que determinaba los recursos para iniciar la implementación del sistema de gratuidad en la educación superior y que acogió lo concerniente a los denominados “requisitos de elegibilidad”, que con el objetivo de que también pudieran acceder a el los estudiantes de universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y CFT presentaron 31 parlamentarios UDI, RN y Evopoli, ha servido para reponer varios debates.

El primero, respecto de sus alcances. Porque mientras el gobierno entiende que el único cuestionamiento es sobre algunos requisitos para las instituciones que quieran adherir al sistema (acreditación, participación triestamental y ausencia de vínculos con sociedades con fines de lucro), para la derecha se trata de un reconocimiento a una supuesta discriminación respecto de aquellos estudiantes que estudian en instituciones que no cumplen dichos requisitos.

La abogada y ex ministra Paulina Veloso, quien alegó defendiendo la posición del gobierno ha sostenido con claridad que este pronunciamiento, no cuestiona ni el principio de la gratuidad que el gobierno busca implementar desde 2016, ni tampoco afecta el monto aprobado en la ley de presupuestos, por tanto lo que debe ocurrir en lo inmediato es que se modifiquen las formas de asignación de recursos a las instituciones para la cancelación de matrículas y aranceles del 50% de los estudiantes que forman parte de los cinco primeros deciles.

Sin embargo, más allá de este importante debate, en que siguen enfrentándose las posturas de quienes consideran que la educación es un bien de consumo, como lo explicitó con singular honestidad el ex Presidente Piñera, y por tanto siguen considerando justo y correcto que sea la cada vez más difusa mano invisible del mercado la que regule la oferta y la demanda, permitiendo incluso el lucro, mientras que por otra parte estamos quienes creemos que la educación pública es un bien común que el Estado debe garantizar a todos, sin distinción, porque ello permite que desde mínimas condiciones de igualdad, sea solo la capacidad y esfuerzo de los jóvenes lo que permita su formación profesional y posibilite su movilidad social.

El otro debate que se ha reabierto, es respecto de la función y el rol que le cabe al TC, instancia que aunque existe desde el 21 de enero de 1970, en el marco de la aprobación de la Ley 17.284, mediante la cual el gobierno de Frei Montalva introdujo un conjunto de reformas a la Constitución de 1925, fue disuelto posteriormente por el dictatorial Decreto Ley 119 del 10 de noviembre de 1973, hasta que en el contexto de la imposición fraudulenta de la Constitución de 1980 se repuso como el máximo organismo constitucional nacional.

Hasta antes de la reforma de 2005 el TC estaba compuesto por 7 miembros: tres ministros de la Corte Suprema, un abogado designado por el Presidente de la República, un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, y dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional. Tras la reforma quedó integrado por tres ministros de la Corte Suprema y tres designados por el Presidente de la República, dos miembros elegidos por dos tercios de los senadores en ejercicio y dos miembros propuestos por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado.

Lamentablemente, y en una situación donde debemos ser autocríticos, el mecanismo de nombramiento de los ministros de este tribunal es legítimamente cuestionado. Desde 1990 a la fecha un procedimiento binominalizado permitió que se nombraran ministros cercanos a uno o a otro sector mayoritario del Parlamento, lo que es peligroso para el propio rol que este tribunal debe cumplir. Porque al final, como al parecer ha ocurrido en esta ocasión -y en otras- termina imponiéndose el criterio político por sobre el jurídico, lo que en el contexto de la crisis de credibilidad solo tendrá como corolario el cuestionamiento a la existencia de esta instancia.

Ante este escenario es natural asumir que en el marco del proceso constituyente, se deberá revisar la integración y alcance del TC, con el solo fin de evitar que más allá de los gobiernos de turno, este tribunal cumpla su función que, como ha señalado el constitucionalista Francisco Zúñiga, es “la custodia de la Constitución y no la imposición de una tiranía de valores fruto de sus preferencias y valores ideológicos”.

O como ha cuestionado el destacado jurista Fernando Atria, el TC no puede terminar siendo una “tercera Cámara”, y menos aún cumplir el destino que le imaginó Jaime Guzmán, al buscar convertirlo en una trampa o cerrojo electoral para que, con independencia del resultado de las elecciones, quienes estén en el poder “se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo [la derecha] anhelaría”.

En definitiva se trata de que este espacio institucional no se convierta en un contrapeso de facto ante la legitimidad surgida de las urnas que ostentan gobiernos y parlamentos y termine torciendo la voluntad de la gran mayoría como ocurre en este caso, cuando sabemos que detrás de ese aguado discurso pro gratuidad que ha enarbolado sin convicción la derecha y que ha acompañado de su poco creíble preocupación por los estudiantes vulnerables de las instituciones privadas, se sigue escondiendo su férrea defensa del modelo autoritario, excluyente y con fines de lucro que impusieron, a inicios de los 80.

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12 dic 2015

Homoparentalidad a rostro descubierto

Durante lo que va del año 2015, el Servicio Nacional de Menores ha recibido a tres parejas solicitantes homoparentales que buscan ser padres adoptivos, aun cuando la Ley permite la adopción por uno sólo ellos/as. Lo que antes era un tabú, una prohibición explícita, hoy es un derecho adquirido, esto por la discusión que la sociedad ha tenido respecto del Acuerdo de Unión Civil, Ley de Adopción y el Sistema de garantías de los derechos de la niñez.

Todo lo anterior, indica que la sociedad está ampliando su mirada respecto de cómo y quiénes construyen una familia, razón por la cual, para este Servicio es fundamental que las personas, hombres y mujeres homosexuales, nunca tengan miedo de mostrarse tal cual son y postular, como es derecho de cualquier ser humano, a ser padres adoptivos.

Cuando surgen las voces disidentes, se nos cuestiona por qué, cómo podemos permitir algo así.Muy sencillo. Nuestra normativa regulatoria se basa en los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país hace 25 años. El primero, y que sustenta todo lo demás, es el “interés superior del niño“ que nos guía al momento de tomar cualquier decisión en nuestras políticas públicas, como por ejemplo, la adopción.

Porque más allá de estar de acuerdo o no, lo que buscamos como Servicio es que cada niño tenga los mejores padres posibles. Es decir, no privilegiamos el interés de los padres, sino el de los niños: quién es el mejor padre y/o madre que ese niño o niña puede tener.

En ese sentido, la orientación sexual de los postulantes no es requisito ni condición en lo absoluto ya que el proceso de postulación es –y debe ser- imparcial. No se discrimina por condición socioeconómica, raza, sexo, etnia u orientación sexual. Todos son absolutamente iguales ante la Ley, siendo el único orden establecido el de prelación: matrimonios chilenos, extranjeros, personas solteras, viudas o divorciadas, lo que es definido por la Ley 19.620 sobre adopción.

De hecho, destacados académicos señalan que defender la adopción homoparental es, en definitiva, un modo de afianzar la política estatal de inclusión centrada en el reconocimiento real de todas las formas de vivir en familia. El interés superior del niño reside en unos padres que le quieran, no en la orientación sexual de los padres. Éste es el principio bajo el que trabajamos en materia de adopción.

La evidencia científica señala, a través de diversos estudios, que no existen diferencias sustanciales entre familias hétero u homosexuales, que tengan impacto en el desarrollo social o personal de niños o niñas. Éstos tienen las mismas capacidades e igual desarrollo intelectual y psicoafectivo que los hijos de padres heterosexuales.

Un país puede estar orgulloso de sí mismo cuando es testigo del triunfo de la igualdad, uno de los derechos humanos más básicos. Porque cuando hablamos de familia, el núcleo fundamental de toda sociedad, lo más importante es el cariño, la protección y el respeto por sus derechos que los padres, cualquier tipo de padres, pueda entregar a sus hijos. A rostro descubierto.

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12 dic 2015

La derecha niega derechos

La derecha se dio el gusto de obligar a cientos de miles de familias a pagar por la enseñanza superior el próximo año. Decían que estaban evitando la discriminación y persiguiendo la igualdad, cuando en verdad su problema de fondo tenía que ver con que no querían que la gente tuviera acceso a una realidad que para ellos es impensable: que la educación sea un derecho y no un bien de consumo.

Deben estar felices, deben estar satisfechos de que el derecho a propiedad y la ganancia comercial, prevalezcan por sobre la posibilidad de tener igualdad de oportunidades y una enseñanza pública de calidad al alcance de cualquier persona, independientemente de su origen o sus ingresos.

En la práctica, lo que han hecho es igualar a universidades comerciales, con casas de estudio que han dejado su huella y su impronta en la historia del país.

Lo que han logrado es que el próximo año, no podamos dar el primer paso hacia un país más moderno y justo.

Lo que han ganado, es que se acumule más y más frustración con el sistema político y por esa vía, elevar la presión por cambios drásticos motivados por la radicalización o la presión social y no por el acuerdo y el diálogo.

Es cierto que como partido también hemos reclamado mejorar los mecanismos, el proceso de negociación con los actores y –por sobre todo- aumentar el universo de potenciales beneficiados con las ayudas que el Gobierno está disponiendo en favor de la gente que quiere entrar a la enseñanza superior. Eso no significa que se comparta la apuesta de poner cortapisas y obstáculos insalvables para un cambio tan profundo en la forma de entender los derechos de las personas.

Estábamos a punto de dar gratuidad a cientos de miles de familias y la derecha, la UDI y RN principalmente, lograron que en 2016, esas familias tengan que pagar por un derecho. Es francamente preocupante que le derecha considere un triunfo el hecho de que con recursos que son de todos los chilenos, con recursos que deben solventar las grandes necesidades del país, tengamos que solventar el negocio de privados, más aun cuando esos privados no se hacen cargo de temas tan claves en la educación como es la calidad.

La derecha deniega derechos a Chile. Hace lo mismo cada vez que se intentan tocar los privilegios de algunos sectores y lamentablemente, sigue encontrando aliados en instituciones que al parecer están jugando roles más bien políticos que jurídicos.

Lo que corresponde es que el gobierno actúe rápido y dé a conocer los mecanismos y salidas que tenemos para sacar adelante el beneficio de la gratuidad universitaria. Y concuerdo con la Presidenta Bachelet cuando dice que la derecha no conoce a la Nueva Mayoría si pretende forzarnos a no cumplir la palabra empeñada con la ciudadanía.

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11 dic 2015

Una tarea pendiente

Han transcurrido 35 años desde que Chile recupero la libertad para elegir y definir su futuro.

Los actores políticos y sociales cumplieron durante este periodo un rol y  protagonismo  que más allá de los errores y/o equivocaciones en alguna decisión lograron avanzar en la búsqueda de un camino y sistema cada vez más libertario y democrático.

Nadie puede pensar que en estos años se ha cumplido toda la tarea. Hemos ido avanzando “en la medida de lo posible” como en forma tan realista  y sabia dijo el ex presidente Patricio Aylwin  para indicar  la forma de ir logrando el objetivo de una sociedad más libre.

Nada de lo que se ha conquistado habría sido posible si no hubiera sido por el liderazgo real y efectivo de personas que en su momento supieron asumir el rol que les correspondía cumplir en forma responsable para avanzar en  los objetivos de lograr una mejor y más abierta sociedad.

Más allá de las cosas mal hechas, los errores de diagnóstico o los caminos y acciones definidas que no fueron siempre, las acertadas, no se puede dejar de reconocer con hidalguía y realismo que en esos años tuvimos una generación de dirigentes y líderes que estuvieron  al nivel que el momento les exigía.

Para realizar esta afirmación debo definir que para mí estar al nivel que los momentos históricos exigen significa saber asumir las definiciones y conductas que los procesos políticos de los países esperan de quienes buscan representar y servir los sueños y aspiraciones de una comunidad  determinada, frente a una realidad objetiva.

Juzgar en forma negativa y/o desconocer los avances logrados significa no asumir la realidad que el país vivía y solo demuestra un voluntarismo que es enemigo de la acción política efectiva en situaciones en que se requiere coraje y claridad para realizar las acciones que aseguren un resultado real y perdurable.

Hoy, los desafíos y acciones que imponen las nuevas realidades político, económicas, sociales, culturales, etc.,  son de una gran envergadura que obviamente exige a  la dirigencia política, una capacidad de liderazgo que responda efectivamente a las aspiraciones de la gente y saber asumir su responsabilidad y por sobre todo estar inspirados en una voluntad de saber respetar la individualidad de cada persona y la necesidad de construir una sociedad más libre y justa.

La gente espera que sus líderes estén preparados para  conducir ese proceso. Espera y confía en que quienes han llegado a las instancias de decisión y conducción política del país en todas sus áreas sepan pensar, actuar y decidir en base a ese gran objetivo y por sobre todo con la seguridad de  tener un efectivo y gran liderazgo de calidad y capacidad.

Esa situación exige analizar con máxima detención lo existente hoy en el país y si tenemos los líderes de la calidad que se requiere para orientar y conducir este gran proceso.

Al analizar los desafíos del Chile de los próximos 35 años, no deja de preocupar la situación que hoy vivimos.

La clara necesidad  de estructurar una organización y sistema de gobierno lo suficientemente descentralizado que permita desarrollar en forma más eficiente las potencialidades que cada región; el desafío de incorporar en forma activa  a la creciente población de adultos mayores que no pueden, ni deben transformarse en un problema, sino que deben ser vistos como una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento; la real transformación y modernización del Estado en su estructura, modalidad de trabajo, cumplimiento de objetivos; la creación y consolidación de un sistema de salud que en forma eficiente, moderna y amplia pueda consolidar un servicio cuyas prestaciones sean una garantía real sobre su cuidado y tratamiento.

Además, la estructuración de una planificación productiva que  asegure vivir en un país libre de elementos contaminantes que pongan en riesgo la salud de los chilenos; el establecimiento de políticas y medidas que busquen disminuir considerablemente los índices de inseguridad y delincuencia que hoy existen.

Y junto a lo anterior, la responsabilidad de proyectar la construcción de ciudades y barrios en que además de asegurar una mejor calidad de los hogares, se logre avanzar en una visión de real desarrollo en que los servicios y  bienes puedan estar a disposición de una  mayor cantidad de chilenos; la preocupación por actuar en forma más decidida y efectiva en el apoyo a la investigación y desarrollo científico y  tecnológico que busque consolidar el crecimiento que el  país requiere; la implementación de planes, políticas y acciones que permitan y aseguren incorporar a los sectores más jóvenes de la población y así logren ser un efectivo aporte en su desarrollo.

Pero no es todo, se necesita la creación, transformación y aplicación  de medidas que consoliden un proceso productivo cuya actividad esté regida por la cooperación y confianza entre los actores, junto con  regulaciones claras en las relaciones laborales y la  presencia en el mercado, la defensa y protección de las personas en sus derechos y participación en todas las aéreas del desarrollo nacional y la creación seria y de verdad de un sistema educacional abierto, justo, equilibrado, equitativo, participativo, y de calidad.

Estos son algunos de los desafíos que hoy tiene el país y la dirigencia política, social, empresarial, gremial de la generación del siglo XXI.

La preocupación se presenta al ver los hechos y actitudes de esa dirigencia frente a los temas coyunturales y por sobre todo frente a los temas que tienen una fuerte incidencia en el futuro del país.

Ojalá que lo que hemos visto y vivido tan solo sea un mal momento de recambio y adaptación de nuevos liderazgos. Ojalá que estos años y vivencias sirvan como un proceso de aprendizaje para consolidar liderazgos efectivos, de calidad, de preparación real en los temas del país y sus necesidades, de capacidad de avanzar en acuerdos, encuentros y/o decisiones que no frenen ni frustren las aspiraciones de millones de chilenos.

Ojalá que los nuevos dirigentes se puedan transformar en auténticos líderes que ratifiquen la historia de Chile en ese aspecto y logren encauzar las inquietudes de la gente por el camino de construir un país libre, justo y bueno.

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11 dic 2015

El culto a la enfermedad

Más farmacias, más hospitales, más cirugías, más médicos, más especialistas…más enfermos ¡vengan los enfermos!…¿dónde quedó la salud? ¡No hay salud!

Es la dominación de la enfermedad por sobre el auto cuidado del cuerpo, por sobre el control de los excesos, por sobre la educación de los hábitos de vida.

Es más fácil y placentero comerse una sopaipilla con mayonesa y un jugo azucarado que comerse un plato de lechugas con quesillo; es más fácil andar en el auto que caminar; más fácil sentarse frente a la tele que correr o hacer bicicleta una hora.

Más fácil subir en el ascensor que caminar dos pisos por la escalera, más fácil fumarse un pito o un pucho, “más rico hacerlo” sin condón, “más rico” correr en el auto sin cinturón, “más rico” tomarse las cervezas y los tragos y luego conducir el auto, más fácil tragarse la pastilla que prevenir el síntoma.Total, después voy al médico o a la urgencia.

Nos está venciendo el más fuerte, la comodidad y la flojera, la ley del menor esfuerzo.

Así no habrá bolsillo que aguante, ni ministro de Hacienda que sobreviva, ni ministra de Salud que resuelva todos los problemas derivados de las enfermedades de los habitantes del territorio y de los ciudadanos chilenos.

Una columna de un honorable senador recientemente publicada dice: “no podemos permitir que la gente se siga muriendo…” y agrega “el diagnóstico es claro: Chile enfrenta una emergencia sanitaria producto de la falta de médicos.” ¡Qué barbaridad!

El sistema sanitario, por muy robusto y dotado que se encuentre nunca podrá resolver todas las enfermedades, ni evitar la muerte, salvo retrasarla, ya sabemos que el fallecimiento y el fin del cuerpo es una certeza de la vida.

Así y todo, las políticas sanitarias han sido exitosísimas en Chile al aumentar la expectativa de vida a tal punto que somos uno de los países más envejecidos del continente y los antaño adultos mayores de 60 años, ahora gozan de una calidad de vida muy diferente con la esperanza de vivir al menos 20 años más. Por eso se está hablando del “envejecimiento de la vejez”.Desde 2002 a 2012 el índice de adultos mayores aumentó de 44 a 67%, existiendo 14,5% de personas mayores a nivel nacional.

Este panorama nos debiera sensibilizar para dar una vuelta de traslación -y no sólo de rotación- cambiando el giro de la órbita, hacia un movimiento de más amplia perspectiva y a más largo plazo.

La nueva órbita ya no es un requerimiento al Estado, acusación constitucional, recurso de protección y cuanta argucia sea posible encontrar contra el Gobierno y la promulgación de nuevas leyes. Hay un aspecto que no está visibilizado y tiene que ver con el deber de las personas a cuidarse, no sólo al derecho a la salud, puesta su obligación en el Estado.

¿Acaso no tienen las personas libertades propias que les llevan a vivir de determinada manera, tener ciertos hábitos, asistir o no a controles preventivos, decidir si tendrán o no hijos, consumir o no ciertas sustancias, tener conductas de riesgo por ejemplo de accidentes y traumas, decidir respecto de su sexualidad? ¿Tienen las personas como individuos algo que decir y qué hacer respecto de sus propios cuerpos, o  esto también es responsabilidad del Estado o de los médicos?

Las enfermedades existen, claro está, no obstante una altísima proporción de éstas ocurren como consecuencia de los hábitos de vida de las personas. De hecho, es el componente que más impacta en la situación de salud de los países, no es el aparataje asistencialista curativo que sólo es responsable de menos de un cuarto de la situación de salud de las poblaciones. Entonces ¿hacia dónde debe ir el giro, los discursos, los recursos, las energías?

El ministerio es de Salud, no es el ministerio de la Enfermedad, porque tiene muchísimas más tareas que sólo estar mirando las redes de centros asistenciales y los hospitales.

Tiene roles que le da el Código Sanitario como la vigilancia sanitaria y la definición de una enorme cantidad de políticas y normativas relacionadas con la promoción de la salud, la pesquisa precoz de la enfermedad y la prevención de las enfermedades. Este rol es el que debemos contribuir a robustecer si pretendemos tener un país que goce de salud.

Hay un deber de cada persona de cuidar su cuerpo. No basta con interpelar hasta la náusea a una cartera de gobierno que es impotente ante una situación que resulta finalmente por dos fenómenos: el aumento de la expectativa de vida y la existencia de enfermedades propias de estilos de vida que son sólo modificables desde las propias personas.

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11 dic 2015

Delincuencia, Chile no puede permitirse un fracaso

Durante mucho tiempo, el debate sobre la lucha contra la delincuencia ha caminado por dos sendas. De un lado, se instalan los defensores del endurecimiento de las penas. Del otro, los partidarios de una política integral que aborde los diversos aspectos que se sitúan en el origen de las conductas delictivas.

Normalmente, se muestran ambas visiones como opuestas, en circunstancias que no tendría por qué haber una colisión entre una política comprensiva de todos los factores que inciden en el fenómeno delictual, con la persecución eficaz e implacable de los delincuentes, especialmente en los delitos de mayor connotación social.

La delincuencia debe ser enfrentada con políticas integrales, que incluyan las tareas de prevención psicosocial y policial, los programas dirigidos a niños y jóvenes vulnerables, la inclusión en materia educacional, la situación del empleo juvenil, la política de drogas, la rehabilitación social e incorporación laboral de los reclusos y también el trabajo en materia de salud mental y la forma en que construimos las ciudades y sus redes de relaciones. Sin duda, todos éstos son factores que inciden en la realidad delictual del país.

Este enfoque integral no se contradice con el endurecimiento de las penas y la restricción de la aplicación de medidas alternativas para su cumplimiento.

Algo similar ocurre con el tema del control de identidad, el que aparentemente se opondría a la protección de derechos individuales o a las garantías del nuevo proceso penal.

No comparto ese punto de vista. En primer lugar, porque el control de identidad forma parte de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponde a las policías, más que a los procedimientos de investigación criminal.

Además, porque estoy seguro de que las instituciones policiales cuentan con la capacidad profesional para hacer un uso racional y adecuado de esta facultad. Si se cometiesen abusos, hoy existe una ciudadanía más consciente de sus derechos y poseedora de mecanismos de control público que permitirán que esos casos puntuales sean efectivamente sancionados.

Nada de esto ocurría hace algunos años, cuando tal atribución era percibida con desconfianza por buena parte de la ciudadanía y se podía aplicar con criterios de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología, opinión política u orientación sexual.

El país ha cambiado. En muchos aspectos para bien, pero también ha retrocedido en algunas materias.

La seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los temas que  mayor preocupación y ansiedad está generando en los chilenos, los que esperan una respuesta más completa y contundente de parte de los órganos del Estado, policías, fiscales, jueces, gobierno y municipalidades.

El proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, apunta en la dirección correcta. No puede ser de otro modo pues el Estado de Chile no se puede permitir un fracaso en esta materia y debe hacer uso de todas las herramientas que pone a su disposición el derecho para enfrentar la delincuencia.

Aplicar penas severas y ejemplares no impide que, en su momento, se aplique también la compasión, cuando se pueda constatar la rehabilitación y las posibilidades efectivas de reinserción de los condenados.

En este sentido, resulta conveniente considerar la revisión del Código Penal para ajustar la escala de penas que actualmente se aplica, y al mismo tiempo, establecer los tribunales de cumplimiento de condenas, que permitirán tener una instancia de evaluación objetiva de los méritos para aplicar medidas de cumplimiento alternativos.

Pero nada de esto tendrá sentido si no atacamos con la misma fuerza los delitos de cuello y corbata, sobre todo cuando son millones los afectados, no ya por el temor de ser objeto de un delito, sino como víctimas directas de las maniobras de estafa, colusión o negociaciones incompatibles, que dañan tan fuertemente a consumidores, cotizantes de AFP o pequeños empresarios y accionistas.

En definitiva, nada de esto tendrá sentido, si seguimos siendo una de las economías más desiguales del mundo y no perseveramos en el camino de reducir las enormes brechas de desigualdad que actualmente existen en nuestro país.

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11 dic 2015

¿Legalizar la marihuana aumentará los delitos?

Mediante una indicación, el Poder Ejecutivo, limitó el proyecto que modifica la Ley 20.000, especialmente en cuanto al porte y cultivo de marihuana. Con independencia de si existen razones técnicas que lo justifiquen o se intentó destrabar el proyecto, resulta relevante insistir en los efectos de la legalización.

Me haré cargo brevemente de uno de los aspectos relevantes a la hora de discutir sobre el proyecto de ley: los efectos de la legalización en la tasa de delitos que generalmente se vinculan con el uso y comercialización de la marihuana. Tomaré como ejemplo las nuevas regulaciones en EE.UU.

En primer lugar, se debe distinguir entre los efectos de las leyes sobre marihuana medicinal (MML) y de aquellas en que directamente se permite el cultivo, comercialización y uso recreativo.

Respecto de las MML, a partir de 1996, 23 Estados más el distrito de Columbia han aprobado este tipo de regulaciones. Pácula y Kilmer (2003) encontraron una relación positiva entre estas leyes y el aumento de ciertos delitos violentos, pero en su análisis concluyen que es posible que esta relación se deba más bien a que “los consumidores de marihuana que participan en delitos son más propensos a ser arrestados”.

En tanto, Morris y otros (2014), concluyen que este tipo de leyes no afectan al alza de la tasa de otros delitos y que puede estar relacionado a la disminución de homicidios y asaltos.

Se podrá objetar que se trata de leyes que no permiten el cultivo y comercialización para efectos recreacionales y que, por eso mismo, no afectarían la tasa de otros delitos.

Sin embargo, Alford (2014) distingue entre las MML que permiten el cultivo para fines medicinales y las que obligan a comprarla en tiendas, concluyendo que solamente las segundas pueden vincularse a un aumento de delitos, especialmente, porque deben trabajar con dinero en efectivo, ya que como sigue siendo ilegal, a nivel federal los bancos no permiten el uso de medios electrónicos de pago. Así, las MML que permiten el cultivo personal, están vinculadas a la disminución de la tasa de ciertos delitos, por lo que el diseño del mercado resulta fundamental para determinar sus efectos.

Respecto del cultivo, comercialización y uso recreacional, el Estado de Colorado lleva la delantera en cuanto a su implementación. Las estadísticas dan cuenta de la disminución de arrestos y el ahorro en costos del sistema judicial, aumento de recaudación de impuestos, descenso de muertes en accidentes de tránsito y una serie de beneficios económicos. (1)

En la ciudad de Denver, durante los 11 meses siguientes al inicio de la aplicación de la nueva normativa, los delitos violentos bajaron en un 2.2%, los robos con fuerza un 9.5% y agresiones contra la propiedad un 8.9%. Su política de “aproximación colaborativa” ha tenido impactos positivos no sólo respecto del descenso de ciertos delitos, sino que también en el uso de impuestos provenientes de la venta de marihuana a programas específicos de prevención y educación.(2)

No es posible sostener que lo que haya sucedido en EE.UU. ocurrirá en Chile. Lo que sí se puede sostener es que existe contundente evidencia de que la legalización por si misma no aumenta la tasa de otros delitos y que, más bien, se puede vincular a la baja de algunos tipos de delitos según la forma concreta de regulación de su producción.

Además, es posible asegurar que una política tan importante como la de drogas (incluyendo el alcohol) se debe hacer de manera seria y profesional, por lo cual, no podemos pasar del fracaso de la ‘guerra contra las drogas’ a un fracaso de la legalización.

(1)http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/Colorado_Marijuana_Legalization_One_Year_Status_Report.pdf

(2)https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/782/documents/CCD15002-MrjnAnnlRprt_5.5×8.5noCrops.pdf

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