03 may 2015

El Proceso Constituyente y la dignificación de la política

Pocas intervenciones han sido esperadas con tanto interés, como la que formuló este martes 28 de abril, desde el Palacio de La Moneda, la Presidenta Bachelet.

Como es lógico, ha habido críticas y aplausos, algunos exabruptos y unos cuantos desencantos.Habitualmente ocurre así cuando se piensa que la sola intervención de la autoridad va a resolver por sí misma problemas o desafíos que obedecen a hábitos y comportamientos que se han extendido en una sociedad y cuya superación requerirá de esfuerzos de largo aliento, los que muchas veces esos mismos involucrados no están dispuestos a realizar.

Es el caso del combate a la corrupción. Cuesta erradicarla pues sus raíces sociales y culturales se hunden en un modo de vida que menoscaba el trabajo, que idolatra el dinero y aplaude al que lo obtiene de manera fácil. La corrupción esta donde se impuso el comportamiento de ganar mucha plata a cualquier precio y donde los escrúpulos pasan a ser una tontería o, al menos, una ingenuidad.

Y, como las fuerzas políticas se ocupan por su propia naturaleza de la  conducción del Estado, es decir, del ejercicio del poder, cuyas decisiones mueven enormes masas de capital, los tentáculos que se esfuerzan por atrapar y cooptar a aquellos que lo ejercen se afanan con instrumentos de un poderío tal que se logran imponer allí donde, precisamente, las ambiciones y veleidades de los protagonistas requieren de enormes cifras de dinero para ser saciadas.

Este es un fenómeno global, la política se ve afectada a escala universal; por ello, también tenemos el problema en Chile. El financiamiento irregular de campañas políticas, el caso Caval y la llamada arista SQM del escándalo Penta, han detonado una “crisis de confianza” hacia el sistema político que motivó a la Presidenta a crear la Comisión Engel y a proponerse dejar como legado una sociedad con más transparencia y probidad. En suma, un camino distinto al de las defensas corporativas de la clase política que algunos insinuaron.

La agenda de probidad son medidas esenciales para una buena política, para que esta acción humana, fundamental para el avance civilizacional, se relegitime y rehaga la dignidad que debe tener, la que le entrega la autoridad necesaria para la  conducción del Estado. Es evidente que la transparencia y la lucha contra las malas prácticas es un resorte que se requiere para reponer las reformas contra la desigualdad y recobrar la voluntad ciudadana, sin la cual no es posible transformar el país.

Queda claro que en las fuerzas de izquierda también existen quienes caen en el vacío moral  que nutre la corrupción, y sus Partidos no pueden “mirar p’al techo” ante sus perversos efectos en el sistema político, los que dañan profundamente la democracia. Esa lacra perversa, de abandonar lo que se es, es decir, la propia identidad esencial de cada cual, y de crear mecanismos de uso permanente para la obtención de dinero fácil, pero ilegítimo, puede llegar a echar por tierra todo el mérito de las políticas públicas que reducen la pobreza y avanzan contra la desigualdad, como ha sucedido con el gobierno del PT en Brasil y como también, desgraciadamente, ha sucedido en otros países.

Asimismo, el Mensaje presidencial abordó el tema de avanzar hacia una nueva Constitución, en lo que definió como un Proceso Constituyente a tomar cuerpo y proyección desde el mes de Setiembre.

No tiene nada de raro que la derecha haya rechazado de inmediato esta idea, acerca de iniciar este Proceso Constituyente, dado su obsecuencia histórica con la Constitución de 1980.

Dicha convocatoria presidencial abierta y participativa no se contrapone en nada con la propuesta que formulé hace algunos semanas, ahora que ya se promulgó el cambio del sistema electoral, desde el binominal al proporcional para los próximos comicios parlamentarios, en la dirección de impulsar una reforma constitucional para que, en un contexto de amplia participación ciudadana, el Congreso Nacional que se elija en esas elecciones, tenga facultades  constituyentes y pueda proponer a la nación, una Carta Política del Estado que sea llevada a un Plebiscito para su aprobación definitiva.

Se trata de articular las energías de las fuerzas sociales interesadas en este proceso constituyente para avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, con una vía institucional que materialice tan ambicioso propósito y no se reduzca sólo a una demanda que no logra fructificar.

Con vistas a un objetivo de tanta trascendencia, se requiere dignificar la política, dotarla de la trasparencia que necesita y derrotar la corrupción. Esa es la misión que deben acometer los Partidos políticos que hoy están tan fuertemente cuestionados, debilitados y atacados por el clientelismo y la colusión entre los negocios y la política.

El clientelismo aplasta la lucha de ideas y produce un burdo apoliticismo que empobrece la deliberación casi a cero. Así favorece a los caudillos que lo practican. La consecuencia  se sabe, Partidos inertes, sin capacidad propositiva, que son pasados a llevar fácilmente por aquellos que se consideran “expertos”.

El conjunto de este fenómeno que denigra la política y degrada a quienes lo practican es el escenario constitutivo de lo que se ha llamado “malas prácticas”; situación que es parte de un descrédito de la política del cual hay que hacerse cargo.

Todo ello da la razón al anuncio presidencial de que el financiamiento de la política debe ser público y transparente, así como, que es oportuno y sano en este momento marcado por una crisis de confianza, proceder a re inscribir a los Partidos, de manera que quienes sean sus miembros y formen parte de sus filas sean personas comprometidas con sus principios y valores, adherentes que de verdad sientan el profundo sentido de la militancia y de la acción política, a fin de garantizar la corrección de sus procedimientos internos y la adecuada renovación de sus liderazgos.

Los Partidos son la base del ejercicio político en democracia y deben superarse, la tarea es dejar atrás las prácticas corruptas, de manera que bienvenido sea todo aquello que dignifique la acción de las fuerzas políticas para contar en nuestro país con una mejor democracia, en concordancia con los sueños de quienes lo dieron todo para restablecer la libertad en Chile.

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03 may 2015

Los pontífices

Sin duda los hechos que han  ocurrido en nuestro país han mermado la confianza de los ciudadanos, así se reflejan en todas las encuestas.Durante estos meses todos hemos opinado de una u otra forma condenando la relación entre política y negocios.

Llama la atención que las críticas más acidas y derechamente malintencionada vengan de algunos personeros que participaron activamente en la dictadura militar, siendo ministros, directores de empresa, etc. Estos, en una especie de pontificado, usan y abusan de las redes sociales denostando a todas las personas que, de una u otra manera, hayan participado en los gobiernos de centro izquierda, olvidándose o más bien omitiendo que en su pasado fueron parte del gobierno más sangriento que haya conocido la historia de Chile.

Estos pontífices  se erigen con una estatura moral que no tienen, indicando que el clima de nuestro país esta enrarecido (qué duda cabe), que es la peor crisis en la historia del país y por último, que la Presidenta no tiene liderazgo ni coraje.

Respecto de lo primero, el clima esta enrarecido pero no más que durante el tiempo en que Pinochet decía que no se movía ni una hoja sin que él supiera.

La peor crisis. Mentira. La peor fue en el gobierno en que estos “pontífices” participaron, ocupando altos cargos en el organigrama estatal, y derechamente haciendo la vista gorda cuando la muerte, la desaparición o el robo de las empresas del Estado pasaban por sus narices.

De esas mismas empresas fueron directores e inclusos dueños, comprándoselas a un precio vil. Es más, hay personas de la derecha chilena que señalan que los Detenidos Desaparecidos son una mentira y que los exiliados se fueron de este país por su mera voluntad. Además de demostrar ignorancia, muestran su  profunda indiferencia ante el dolor ajeno.

La Presidenta habló- fuerte y claro- y entre las cosas más importantes que señaló, fue pedir perdón, por los hechos que miembros de su familia han efectuado y que la han afectado directamente a e ella y a su gobierno.

Ante ello los pontífices, en vez de quedar satisfechos, indican que este discurso, fue tardío y que ya no sirve. Francamente lo anterior raya lo irrisorio, ellos hablando de tardanza, cuando su líder murió sin decir nada de las muertes, crímenes, etc., cometidos por sus secuaces.

Cabe recordar que en el inicio de la transición cuando se descubrió los llamados “Pinocheques”,  el Dictador, en ese entonces Comandante en jefe del Ejército, acuarteló al ejército, presionando de manera impúdica al Presidente Aylwin para que este caso no se investigara.

Después de aquello, cuando este asunto se intentó reabrir, usando nuevamente a los militares, con boinas negras, presionó a don Patricio para que el proceso se cerrara y así, hasta que el Presidente Frei, aduciendo “razones de Estado” tuvo que ordenar al Consejo de Defensa del Estado para que cerrara el caso definitivamente. Y yo me pregunto dónde estaban esos pontífices, ¿salieron a vociferar justicia y verdad sobre este caso de corrupción?

A fin de que mi opinión no  se entienda  como una defensa ante los casos que actualmente se están investigando, ya que no faltarán los que piensen que esta es para jugar a la teoría del empate, expreso que todos y cada una de los hechos que se encuentra investigando la justicia, deben ser castigados con todo el peso de la ley, sea quien sea el que cometió el ilícito y que tengo como fin únicamente recordar que para criticar se debe tener un pasado a lo menos, sin sombras y no haber sido un cómplice pasivo, como los denominó el presidente Piñera.

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03 may 2015

Una aventura histórica

O los futuros candidatos presidenciales

El ser humano, al decir de algunos, “es una aventura histórica”. La humanidad del hombre, necesita el despliegue de una vida y una historia, donde convivan el azar, los riesgos, y la incertidumbre, características que emergen y son propias de sus necesarios cambios cualitativos, repentinos, radicales y transformadores.

Para lograr una actitud que permita la realización de esta forma de vida, dejándose seducir por el peligro y lo inesperado, hay que invariablemente preferir lo  discontinuo, lo desconocido, lo no experimentado, el misterio, lo posible, lo ilimitado, lo distante, lo excesivo, lo perfecto, en fin, hay que ser capaz de luchar por una felicidad que muchas veces parece utópica por su necesidad imperiosa de un destino implacable hacia el bien personal y común.

Según Michael Oakeshott, lo anterior es imposible con una actitud y talante conservador, ya sea de izquierdas o derechas en el mundo político.

Hoy el país se encuentra en un nuevo ciclo “eruptivo” de cambios sociales y políticos irreversibles, bajo una serie de “pulsos” de participación activa ciudadana

Los que no entienden esto, parecen no ser capaces de leer los signos de los tiempos.

¿Quiénes hoy parecen tener algunos destellos de estas características “no conservadoras”, considerando el desastre ético político actual, necesarias para un nuevo tipo de liderazgo, o por lo menos, para poder hacerlo desde la realidad ética política actual y futura?

Creo que, por ahora, según mi humilde opinión, el empresario Andrés Navarro, el senador Manuel José Ossandón, Marcos Enríquez Ominami, y Andrés Velasco, aunque estos dos últimos, salpicados por el actual desgarro ético que sacude al país.

¿Y el senador Ignacio Walker, quién generosamente se ofreció recientemente para conducir el país desde la DC?

Tendría que sacarse su abrigo conservador (junto a otros (as) que a veces huele a la naftalina de los 70.

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02 may 2015

¿Qué aprendemos de los desastres naturales?

En el largo historial de grandes desastres naturales que tiene Chile, al igual que otros rincones del mundo, hay un impacto indudable en el carácter, la voluntad y las emociones de los afectados en forma directa e indirecta, y del país en su conjunto.

Cada hecho pasa a ser significativo desde el primer instante en que acontece, por lo cual aparecen algunos rasgos de la templanza humana que vale la pena rescatar. Más allá de la pregunta obligada de por qué ocurren estos hechos, es posible darle otra mirada, a la par de contener, atender, resolver, socorrer y prevenir, que son las funciones esenciales del Estado y sus representantes en los diversos niveles.

Todos los seres humanos tenemos nuestros propios desastres naturales: pérdidas, desafíos grandes de salud, rupturas, fraudes, discriminación y rechazo son sólo algunas marcas que nos atravesarán para siempre, si no sabemos capitalizarlas a tiempo. Es lo que en el lenguaje de la psicoterapia se denomina “resiliencia”, que es la capacidad de sobreponernos a los desafíos gigantescos, y resignificarlos para crecer, aunque duela.

El dolor por la pérdida es lo primero que aparece. La irrupción, por lo general, sin anunciar  estos episodios nos marca de una forma tan contundente, que nos sentimos desnudos frente a la tremenda adversidad. El proceso de pérdida encuentra su cauce cuando, tras el desánimo inicial y las consecuencias lamentables en muchísimos casos, empezamos a andar paso a paso, para reconstruirnos.

Lejos del estrépito de lo que vivimos en esos momentos, en el silencio del alma aparecen en forma consciente o no la reflexión sobre el sentido de finitud.

En occidente hemos sido entrenados a pensar la vida como si siempre hubiese un mañana y cuando la vida misma nos arrebata algo que queremos –como una persona entrañable-; por lo que luchamos muchísimos años –como nuestra vivienda, negocio o pertenencias- o la salud y todas las limitaciones que conlleva por lo general, nos damos cuenta que no somos eternos, y que, si lo miramos en perspectiva más allá del dolor del instante presente, podemos ver que esto tan tremendo viene a enseñarnos algo: nuestra fortaleza interna.

Es ahí donde el proceso de reconexión individual empieza a crear nuevas realidades. Se activa el sentido de ayudar que, como una gran cadena de manos, va armando un engranaje consistente para sobrellevar lo inevitable. Y nos damos cuenta, por fin, que, “no sé cómo”, estamos saliendo adelante, y que lo valioso es vivir más el presente y agradecer por lo (poco o mucho) que nos ha quedado.

Quedan para otras reflexiones el apoyo que necesitemos recibir; siempre es bueno abrirse a pedir, a exigir si es necesario, y a proponer alternativas individuales y de bien común.Transitaremos después el proceso de darle sentido a la experiencia, y apoyar a otros cuando atraviesen cosas realmente difíciles.

Lo que sí es seguro, nunca volveremos a ser los mismos. Estamos cascoteados, golpeados, heridos, dolidos. Y más fuertes si la voluntad interna sale a la luz.

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02 may 2015

Pillerías para sacar ventaja en los negocios

El diario Pulso, especializado en finanzas, economía e inversiones, ha publicado recientemente dos reportajes sobre la decisión que habría adoptado la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vitacura respecto de un permiso de edificación otorgado originalmente en el año 2000 a un privado determinado para que construyera ciertos edificios, mall incluido, en un terreno de 2 hectáreas localizado en la Avenida Presidente Kennedy 8950. Este privado en el año 2010 le transfirió el predio y el antiquísimo acto administrativo en una cierta y elevada suma de dinero a Cencosud, empresa controlada por el empresario alemán-chileno Horst Paulmann.

El aludido diario dice que hay una controversia entre dicha municipalidad y Cencosud porque procedió a declarar la caducidad del permiso, lo que su titular no acepta, motivo por el cual reclamó ante la Contraloría General de la República exponiendo sus puntos de vista para hacer valer sus presuntos derechos adquiridos. Ese documento es conocido por la Fundación Defendamos la Ciudad, razón más que suficiente para que esta organización civil ingresara en la Contraloría un informe refutando los acomodaticios argumentos de la empresa del retail.

Ningún otro medio se ha referido a este asunto y hoy en día el amplio terreno todavía se mantiene eriazo, teniéndose en cuenta que la inversión proyectada ascendería a los 500 millones de dólares.   

A continuación sucintamente explicamos cómo opera la reglamentación ad hoc, pronosticando el resultado del caso.

Hasta el año 2001 el artículo 5.1.20 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) con meridiana claridad establecía que este tipo de permisos caducaban a los 3 años de concedidos si no se hubieren iniciado las obras correspondientes, precisando que las Direcciones de Obras Municipales debían declarar sus caducidades y archivar los antecedentes. También decía que los titulares de los proyectos podían solicitar nuevos permisos de edificación pero adscribiéndose íntegramente a las normas urbanísticas vigentes en la fecha de la nueva solicitud.

A partir del 25 de junio de 2001 se sustituyó en la OGUC el artículo anterior por el número 1.4.17 que dice, “el permiso caducará automáticamente a los tres años de concedido si no se hubieren iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso. Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto”.

Si se comparan las 2 disposiciones queda en evidencia que, con la actual, los privados interesados en mantener vigentes las normas antiguas tienen espacios “interpretativos” para vulnerar la letra y el espíritu de la OGUC. Más de alguien podría concluir que el cambio reglamentario buscaba una flexibilidad que podría ser aprovechada por los actores más habilidosos del mercado inmobiliario.

Lo que sucede en el caso que nos preocupa es que las normas urbanísticas contenidas en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Vitacura, aplicables en la actualidad para el sector en donde se emplazaría el proyecto, son bastante más restrictivas que aquellas vigentes hace 15 años atrás y por ello Cencosud hace denodados esfuerzos para mantenerlas, a pesar de que tanto el Seremi de Vivienda como la Directora de Obras, ya han expresado por escrito que en este extenso período de tiempo no se han cumplido las exigencias preliminares fijadas en el artículo 1.4.17 OGUC.

Si en la actualidad el PRC de Vitacura fuera más permisivo, Cencosud no tendría ningún conflicto con la municipalidad y solicitaría un permiso para acogerse a normas que le permitirían edificar con mayores constructibilidades y alturas, es decir, en este hipotético escenario su inversión le generaría un más alto rédito, pero como no es así, por la sencilla razón de que el PRC es más restrictivo, tal empresa está esperando con ansias que la Contraloría emita próximamente un dictamen que lo favorezca, lo que es muy difícil, pero recordemos que en pedir no hay engaño.

En su quejumbrosa presentación ante la Contraloría, para que ésta mantenga vigente el permiso ya caducado, Cencosud cometió varios errores garrafales.

1.- Objetar que los trazados de su proyecto se deban ejecutar en los términos fijados en la OGUC.

2.- Criticar a la Directora de Obras Municipales porque ésta desea aplicar el marco regulatorio.

3.-Aducir que al existir un sinnúmero de permisos caducados en las distintas municipalidades, era inconcebible que sólo a su empresa se le exigiera el cumplimiento de la norma. Le hizo notar a la Contraloría que ello vulneraba el principio de igualdad ante la ley, argumento que ya es risible.

Así las cosas, estamos ciertos que el ente fiscalizador se ajustará al marco regulatorio confirmando la caducidad del acto, con lo cual Cencosud deberá solicitar un nuevo permiso, adscribiéndose a las actuales normas urbanísticas del PRC de Vitacura, las que posibilitarán una inversión del orden de los 200 millones de dólares para un proyecto bastante menos invasivo.

Pero si Cencosud insiste en su pretensión megalómana, después que se conozca el dictamen de la Contraloría, podría interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago con los diversos y rebuscados argumentos legales que sus abogados conciban, pero le irá mal y terminamos este recuento de hechos reconociendo la labor de investigación periodística de los ágiles profesionales del diario Pulso.

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02 may 2015

Los desafíos del acercamiento Irán-Occidente

El próximo 30 de junio será la fecha límite bajo la cual Irán y el Grupo del 5+1 (integrado por los 5 países del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU más Alemania) deberán finiquitar y cerrar el acuerdo marco alcanzado en Lausana, Suiza.

En ese acuerdo se planteó a grandes rasgos que durante el plazo de diez años, Irán tendrá limitada su capacidad de enriquecimiento de uranio y su investigación nuclear; durante quince no construirá nuevas instalaciones y deberá reducir sus reservas de uranio  y durante veinticinco años deberá permitir inspecciones sin restricciones por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Teherán.

Sin embargo, ahora es momento de concretar en un acuerdo, la voluntad expresa de las negociaciones previas. A nuestro entender, las señales actuales indican que se han exagerado los alcances de las negociaciones.

Si bien es tremendamente positivo un acercamiento entre Irán y Occidente, poniendo fin a las hostilidades que desde el 2002 venían manifestándose tras el descubrimiento de instalaciones nucleares secretas (alimentando la tesis de un programa de armas nucleares con una fachada “científica”); y especialmente, tras la llegada a mediados de 2013 del nuevo presidente, Hassan Rohani, se pone fin a una era de abierto enfrentamiento que se mantuvo en la administración de su predecesor, Mahmud Ahmadineyad.

Es por ello, que en el contexto actual, se abriría a juicio de algunos analistas una nueva puerta para las relaciones entre Irán y Occidente. Sumado a lo anterior, aunque resulte cierto el hecho de que en la República Islámica las decisiones finales en materias de política exterior y de defensa siguen recayendo en el Líder Supremo de la Revolución, Alí Jamenei, es indiscutible que el presidente puede ejercer – y de facto lo ha hecho – una influencia ante el Líder Supremo en algunas cuestiones de política exterior.

Como señalábamos, se han exagerado los alcances de las negociaciones. En las ciudades iraníes como Teherán, muchos ciudadanos salían a las calles para expresar su satisfacción ante la nueva era de relaciones de su país con las potencias de Occidente. En los círculos diplomáticos, los apretones de manos se hicieron una constante. Sin embargo, se debe mantener cautela, porque aun quedan al menos cuatro desafíos, no necesariamente relacionados con el trasfondo de las negociaciones en Lausana, pero que indudablemente pueden minar un acuerdo final de cara al 30 de junio.

El primero, es el rol de las potencias regionales en Oriente Medio. Arabia Saudita e Israel ven con resquemor este acercamiento con Irán, por lo que ante círculos diplomáticos y la opinión pública, han hecho ver su preocupación ante esta fase de aproximación. En el caso de Israel, incluso el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu manifestó su intención de “matar el mal acuerdo” que representarían las negociaciones de Lausana. Los antagonismos históricos que tienen Irán con Israel y Arabia Saudita, así como la influencia que estos dos países harían pesar ante sus aliados de Occidente, podrían trabar un acuerdo posterior en junio. Es por ello, que el Grupo 5+1 debe ser especialmente persuasivo en sus convicciones de que el acuerdo final será beneficioso para toda la región de Oriente Medio.

El segundo, es la situación en Yemen. Relacionado con el primer punto, los hechos en Yemen enfrentan indirectamente a Irán con Arabia Saudita, y el apoyo que estos regímenes prestan a sus aliados en aquel país.

El envío hace unos días de dos buques de guerra iraníes al estrecho de Bab el-Mandeb (un enclave estratégico para el comercio mercante) es interpretado por Riad como un apoyo explícito de los iraníes a los rebeldes hutíes, lo que les permitiría fortalecer su posición ante los bombardeos aéreos de la coalición árabe. Estados Unidos ha apoyado a esta coalición en sus acciones militares en Yemen, lo que dependiendo de la evolución de los acontecimientos, podría distanciar algún esfuerzo de acercamiento entre Washington y Teherán.

El tercero, es la estabilidad de las relaciones irano-estadounidenses. Marcadas históricamente por una desconfianza mutua, en días recientes la captura a manos de la Guardia Revolucionaria del buque con el pabellón de Islas Marshall (un Estado soberano, pero asociado a EEUU) que transitaba por el Estrecho de Ormuz, ha vuelto a sembrar dudas sobre si la asociación entre Washington y Teherán será sostenible en el tiempo.

Aunque Irán afirmaba que el buque tenía problemas monetarios pendientes con las autoridades portuarias iraníes, Estados Unidos desde ahora “acompañará” los buques mercantes de pabellón estadounidense o de sus aliados que transiten por las aguas del Golfo Pérsico. Las demostraciones de fuerza no son un buen indicador si se quieren recomponer las confianzas mutuas en un contexto de negociaciones diplomáticas.

Finalmente, el cuarto punto es el rol que Obama deberá sortear para convencer al frente político interno, y especialmente al interior del Congreso dominado por los republicanos de que un acuerdo con Irán será provechoso para la política exterior estadounidense.

Este punto será especialmente conflictivo en la correlación de fuerzas políticas entre republicanos y demócratas. El Senador republicano, John McCain había amenazado en marzo con bloquear en la Cámara Alta un eventual acuerdo nuclear con Irán, así como con entorpecer el levantamiento de sanciones económicas que recaen en la castigada economía iraní. Y aunque en enero de este año, los republicanos prometieron “moderación” en su relación con Obama y los miembros del Partido Demócrata, sus constantes divergencias en materia de política exterior los ha llevado a constantes desencuentros, donde la relación con Irán resulta un caso emblemático.

Es por lo anterior que no debemos exagerar ni adelantarnos en celebrar acuerdos no concretados. Contrario a quienes piensan que es posible “encapsular” asuntos como los de Irán a los meros resultados de las negociaciones en Lausana, lo cierto es que los temas de política exterior, no sólo están afectados por temas de política interna, sino que también por la situación estratégica y regional de los países interesados en su concreción.

Los temas aquí expuestos podrían jugar un rol mucho más influyente que los acuerdos que se alcanzaron en Suiza. A nuestro parecer, el cómo se desarrollen de aquí a junio, indudablemente podría afectar el resultado y el grado del acuerdo que se concrete.

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01 may 2015

Siete ideas para renovar las tareas del movimiento sindical

Primero de mayo una fecha que año tras año nos invita a reflexionar, analizar o hacer un balance de la situación de los trabajadores y trabajadoras quienes en nuestro país han hecho un aporte trascendental para recuperar la democracia.

La democracia política ha sido indispensable para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no ha sido suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.

Persiste el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso deriva en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.

Pero también ha contribuido a dispersar al movimiento sindical. Nuestro país presenta un denominador común: el sindicalismo ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Este retroceso también se manifiesta en una disminución del número de convenios colectivos firmados y de trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos y en una pérdida de peso de la negociación de rama frente a la negociación de empresa o individual.

Cada vez menos son los trabajadores y trabajadoras que pueden ejercer sus Derechos Fundamentales.

Las pugnas ideológicas y los personalismos han afectado a la unidad del movimiento sindical, y fundamentalmente a las negociaciones que tienen lugar en el escalón más elevado, pues la pluralidad de interlocutores, que a menudo rivalizan entre sí y las presiones que a veces se libran, tornan sumamente difícil, cuando no imposible, la negociación.

El resultado es un entramado de organizaciones sindicales no solamente reducidas en su cobertura, sino políticamente débiles. Es ésta debilidad la que, en última instancia, ha limitado la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de negociar políticas redistributivas y por tanto, de impedir la progresiva concentración del ingreso.

Hoy día la unificación del movimiento sindical pareciera que no es concebible sino a largo plazo, pero nada se opondría a que las diferentes corrientes del movimiento sindical convengan en una política común para defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

Si las organizaciones sindicales insisten en mantenerse divididas, por motivos que por otra parte, pueden ser totalmente legítimos, no deben olvidar sin embargo, que hoy son muchos los sectores sociales con derecho a exigirles que elaboren una posición común y que la pongan sobre la mesa de las negociaciones, donde quizá lleguen a discutirse cuestiones que interesarán a la sociedad en su conjunto.

Es precisamente en este espacio invalorable donde los sindicatos, si aprovechan su oportunidad, podrán incrementar su fuerza negociadora y su representatividad. La discusión de la agenda laboral y las medidas anunciadas por la Presidenta son la oportunidad que deben aprovechar.

Pero el movimiento sindical debería renovar algunas de sus tareas.

(1) Resolver un primer y urgente problema la democratización interna como condición para el reforzamiento de la organización sindical. De tal manera que sus dirigentes nacionales sean electos a través de elecciones universales, con padrones electorales transparentes.

(2) Voluntad y disposición amplia de sus líderes para iniciar un proceso de dialogo inter sindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una nueva conciencia de actor nacional. Promover la unidad de acción y programática con la mayor urgencia, reiterar el compromiso de trabajar unidos para la determinación de algunos objetivos comunes de acción y para la solución de problemas que se observan en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores en sus distintos niveles.

(3) Fortalecer la organización sindical en su base y orientar la lucha social por la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo y la necesidad de reformar la Constitución por una democrática que reconozca el valor del trabajo y los derechos económicos y sociales. El fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores contribuyen a empoderar al país para la defensa de sus derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales, la vivienda, la salud, la educación, el sistema de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos, son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos de segunda y tercera generación.

(4) Cambiar la legislación laboral para generar un nuevo Código del Trabajo que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga, como asimismo de todos los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados por el estado de Chile. Como el resto de la legislación laboral, las normas sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga mantienen en buena parte, las restricciones que le impusiera el Plan Laboral de la dictadura.

(5) Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de diálogo social que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad. Es en este sentido que el diálogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales (muchos de ellos contrapuestos) para alcanzar consensos básicos (el nuevo acuerdo social). En este diálogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la que dichos sectores defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones adquiere una especial relevancia el de los trabajadores y el de sus organizaciones representativas: los sindicatos.

(6) Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecido la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia del mercado y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital.

Una de las formas más duras del capitalismo ha tomado forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el nivel de vida de la clase media y de los trabajadores. El valor del trabajo como generador de riqueza y conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los rendimientos macro económico y de las grandes empresas. El tipo de trabajo y la forma de llevarlo adelante resultan fundamentales a la hora de medir el grado de desarrollo de una sociedad.

(7) Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como malestar social sin hallar solución.

La demanda de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad chilena. La demanda de protección del medio ambiente entraña un compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones actuales y las futuras.

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01 may 2015

Nueva Agenda 2015-2017

Saliendo de Chile me ha sorprendido la reacción en el extranjero ante nuestros temas de corrupción. En una visita reciente de autoridades del sector económico chileno a sus contrapartes en Washington el tema prácticamente no apareció. En reuniones con otros latinoamericanos que escuchaban una  discusión entre chilenos, también su  reacción fue de sorpresa por nuestra  excesiva preocupación ante casos que  en otros países no suscitarían mayor reacción. En esa diferencia radica nuestra ventaja. La enérgica reacción de la comunidad chilena contra la corrupción es una fuerza decisiva para lograr estándares de transparencia y anticorrupción superiores a  los existentes.

La Presidenta  ha  trazado el rumbo y  asumido la conducción de las nuevas reformas.  Ellas se agregan a las contempladas en el programa de gobierno,  articulando  así una nueva agenda  2015- 2017.

Cometeríamos un  error si creemos que implementar tales  cambios es un simple  trámite legislativo.La historia de Chile muestra periodos oscuros.  La venta de empresas  del Estado en dictadura generó la más grande transferencia de recursos publicos  a unos pocos privados.

Tropas a la calle para defender los cheques del hijo de Pinochet y las  cuentas en el extranjero del dictador fueron  síntomas alarmantes de degradación. El proceso de investigación impulsado por  la Cámara de Diputados en 1990 para aclarar las ventas de activos públicos se frustró en medio de amenazas en los primeros años de la transición. Tampoco tuvieron  éxito  en el Congreso los sucesivos intentos de los gobiernos democráticos para  financiar con recursos públicos  campañas y partidos. La derecha se opuso obstinadamente. Igualmente se opuso a detallar  las declaraciones de intereses.

La transparencia fue ganada paso a paso, tras grandes disputas. Se fueron eliminando los enormes recursos consignados como gastos reservados.En  1994 se formó una comisión por la transparencia que corrigiera la opacidad que se heredó de la dictadura. Se creó un conjunto de nuevas instituciones como el Consejo de Alta Dirección Pública, Chile Compras y normas legales que se fueron implementado a medida que se vencían las resistencias.

A comienzos del  2000  denuncias originadas por sobresueldos provocaron nuevas iniciativas de  reforma,  se  constituyó una comision por la transparencia y en 2003 se incorporaron nuevas normas de probidad y aprobaron los primeros  recursos  para financiar las campañas electorales.En 2006 nuevamente un caso ( Chiledeportes ) gatilló otra iniciativa que se tradujo en nuevas normas pro transparencia .

Pero la historia demuestra que el empuje inicial se desgasta. Pasados los escándalos la atención afloja, nuevas coyunturas copan los medios  y los opositores a los cambios ganan tiempo para desdibujarlos. Por ello creo  necesario  instalar un Consejo Nacional de Probidad que asesore a  la presidenta durante el periodo 2015-17,  haga el seguimiento de las iniciativas legales, sugiera cómo  reforzar  las normas  que resguardan la ética en la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones empresariales y  organizaciones locales, la educación en las escuelas y universidades.

Lo que acontece en los  países democráticos avanzados revela que la infiltración de la política por el dinero es un tema universal. El poder económico tiene una irresistible propensión a  acumular más poder,  y busca  influenciar la política y los medios de comunicación social  para diseñar las instituciones a su favor. La imbricación del poder económico y político es una vulnerabilidad  estructural de las sociedades democráticas, que debe ser combatida día a  día. Por tanto, en Chile esta materia no debe  ser entendida como  una crisis  pasajera,  que se corrige a la  pasada.

El problema de fondo es  cómo desconcentrar el poder para profundizar la  democracia. Para lograrlo, la   primera   prioridad es resguardar que la alta dirección  de los poderes del Estado democrático no sea  cooptada o condicionada por el dinero, distorsionando la voluntad ciudadana. Hay que instalar  cortafuegos y  también blindarlos del crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico.  Pero la cabeza del Estado  no puede ser una isla en medio de una sociedad de bajo estándar ético.

Por tanto, las medidas que resguardan la probidad publica deben ser complementadas  de otras  que  limiten y sancionen  las irregularidades e  ilegalidades en el sector privado, como la colusión de farmacias, compra de acciones con información privilegiada, ajustes unilaterales de contratos por el sistema financiero, abusos de las empresas que proveen los bienes y servicios públicos, cohecho entre privados.

El avance  hacia  la transparencia y la probidad es parte del proceso de  transferencia  de  poder, en consecuencia debe ir sincronizado  con otras transformaciones económico sociales que signifiquen mayor distribución del poder.

De allí la necesidad de vincular esta iniciativa por la probidad y la transparenciaa las demás reformas comprometidas en el programa de gobierno. La  reforma tributaria,  el nuevo sistema electoral,  la educación como bien público, una  reforma laboral que equilibre las relaciones, descentralizar el  poder a regiones, fortalecer la salud pública, perfeccionar el transporte público son todas reformas que distribuyen poder y  afirman la democracia. Por tanto, la inclusión de estas nuevas reformas torne más y no menos importantes las reformas comprometidas.

Igual ocurre con el tema constitucional. El anuncio  de  la Presidenta de abrir un proceso constituyente,  criticado por sectores de la  derecha política  y algunos empresarios  y también de ciertos  sectores de izquierda que anteponen el procedimiento,  es necesario y viable. La elaboración de una  nueva Constitución enmarcaría  una reflexión  mas profunda  sobre  una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y también es un  proceso  educativo  para explicar  qué es una constitución, qué reformas  se han realizado, cuáles son sus  insuficiencias  y  las opciones de cambio.

No será un proceso simple ni fácil.  Es  una meta ambiciosa que los chilenos podemos acometer para alcanzar mejores  estándares democráticos.

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01 may 2015

1 de mayo

Hoy, en todo el mundo, cientos de miles de trabajadores marcharán. Marcharán reclamando derechos; marcharán  demandando lo básico; marcharán expresando su derecho a opinar sobre el rumbo de sus naciones; marcharán –algunos-sabiendo que se exponen a la represión.

Otros se quedarán en sus hogares sintiendo que toda lucha es inútil, que nada cambiará, que la historia tristemente se seguirá repitiendo, porque en la historia de la humanidad son pocos los episodios que hablan de decencia, de respeto a la persona, del trabajo como forma digna de construir sociedad.

¿Y qué pasa aquí en Chile? Bueno, también algunos miles marcharán, divididos entre quienes opinan que todo sigue igual y los otros que aplauden los avances que podrían lograrse de  ser aprobado el proyecto de ley que modifica algunos aspectos del código del trabajo de José Piñera.

Luego, probablemente, habrá mucha información sobre los incidentes, los detenidos, algo de los discursos y algunas entrevistas, pero el lunes todo eso habrá pasado al olvido. Quedará sólo lo relacionado con la tramitación del proyecto, un proyecto con avances pero -como todo en Chile desde el fin de la dictadura militar-diseñado en la medida de lo posible.

Ello será así por los siglos de los siglos, mientras siga operando la bien aceitada máquina de los poderes fácticos, repartidos entre los grandes empresarios, los dueños de medios de comunicación y los muy bien pagados “funcionarios políticos”.

Por mucho tiempo nos mentimos pensando en que la mayoría de los culpables estaban allá, al otro lado, en la derecha; por mucho tiempo nos negamos a creer, nos hicimos los ciegos a la idea de que la codicia y la vileza estaba también instaladas en nuestro lado.

Hoy sabemos fehaciente y tristementeque el contagio está extendido y ha hecho carne en la ex Concertación, hoy NM. Ante los escándalos presentes nadie puede argumentar ignorancia; claramente nos mataron la inocencia.

¿Puede el mundo del trabajo tener esperanza de que los cambios propuestos avancen tal como fueron diseñados, o que se incluyan indicaciones que mejoren su posición frente al empleador? A la luz de los hechos poco y nada.

Apenas se insinúa la posibilidad de tocar algún interés empresarial o de dar alguna protección a los trabajadores –verdaderos esclavos sin grilletes- se levantan los poderosos para amenazar con la desestabilización del sistema, término de las inversiones, debacle total… ¿Por qué será que para ellos cualquier cambio significa un apocalipsis?

Oscuro e irrelevante 1 de mayo en Chile. Como testigo directa de los 1 de mayo bajo dictadura, puedo decir fehacientemente que antes -en medio del miedo y del dolor- había esperanza, había sueños. Ahora sólo vivimos inspirados en seguir apoyados en las figuras amadas de madres, padres, hermanos, hijas, hijos. En este cuadro,¿qué podemos hacer para salir de esta sensación de frustración y de rabia? Mi respuesta es participar, copar todos los espacios, superar esta democracia seudo representativa que tenemos.

Participar es el verbo: en juntas de vecinos, centros de padres, agrupaciones culturales, deportivas, gremiales, sociales, sindicales. Quiero recordar en este último punto lo que decía el padre Hurtado “es muy difícil para los asalariados discutir las condiciones de su trabajo si cada uno individualmente ha de entenderse con el patrón o su representante. Para estar en un pie de menor desigualdad necesitan presentar colectivamente sus peticiones”.

Exigir respeto a nuestros derechos no es reclamar frente al televisor ni mascullar la rabia entre amigos o familiares; tampoco “tuitear o feisbuquear”; exigirlos significa asumir deberes. En este caso unirse en comunidad, prepararse, documentarse, argumentar, negociar.

Ahí está la madre del cordero. Unión, generosidad, solidaridad. Participar en nuestras organizaciones, participar en la elaboración de una constitución legítima, nacida del pueblo organizado, esa es nuestra única posibilidad. Participar, luchar y ¡triunfar!

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30 abr 2015

Las dudas para salir de la crisis de confianza

Hay consenso en la élite política, empresarial, ideológica y mediática que la actual crisis del sistema político chileno es de credibilidad y confianza: “no nos creen” resuena como eco a lo largo y ancho de Chile. PENTA, SQM y CAVAL vinieron no sólo a profundizar una crisis que ya estaba instalada, sino también a contaminar y erosionar la credibilidad de la presidenta, sobre todo, desde que se instala el conflicto CAVAL.

Este diagnóstico se viene a constituir en la síntesis de una crisis que muestra diversas facetas y dimensiones: liderazgo, representación, participación y probidad. De este modo, terminan simplificando una situación profunda que pone en “riesgo la democracia” y que encuentra raíces hacia mediados de los noventa: ¿acaso, pretenden resolver los problemas de la democracia chilena desde la credibilidad?;¿cómo pretenden resolver un problema tan complejo y que tiene claves en la sicología humana que la política no es capaz de entender?; o ¿acaso, “creen” que restituyendo las confianzas –vía credibilidad- van a ser que los electores vuelvan a  las urnas, que los chilenos “hablen sobre política”, que la representación y su vínculo fundacional de la democracia liberal se re-establezca y que la legitimidad del sistema en su conjunto se vuelva a erigir como principio articulador?; ¿acaso, pretenden que con un “mea culpa” institucional van a superar la crisis actual de la política?

Si PENTA, SQM Y CAVAL marca un antes y un después en lo que respecta a la profundización de la crisis, la entrega del informe de la Comisión Asesora contra la “corrupción” hace lo mismo en relación a los caminos de solución, a lo menos, en lo que respecta a los problemas derivados del financiamiento de la política, la probidad y la transparencia.

Desde la entrega de dicho informe y la cadena nacional anunciada se pone en marcha una operación política liderada por Bachelet –  la misma que han acusado de no tener liderazgo – con “mea culpa” incluido, que viene a generar las condiciones morales y políticas, para intentar salvar “la credibilidad” de los actores del poder y con ello, re-legitimar las instituciones de la política –gobierno, partidos y parlamento- y de la economía, la empresa.

Para proyectar la viabilidad y éxito de esta operación debemos poner atención en la credibilidad humana.

En primer lugar, hay que afirmar que se trata de una “relación social” que se ve obligada a evaluar de manera constante los hechos y los discursos que configuran la certeza y la confianza sobre la que se pone en movimiento toda acción social; es decir, es la posibilidad que todos tenemos de “creer o no creer” frente a lo que otros –de un padre/madre a una institución- afirman sobre los hechos o acontecimientos del mundo del cual formamos parte.

Sin duda, en el campo de la política es un hecho muy sensible: le creo o no le creo al presidente; le creo o no le creo al representante; le creo o no le creo a la institucionalidad política; ¿será verdad que van a resolver mis problemas?; ¿será verdad que la universidad será gratis?; ¿será verdad que vivimos en el reino de la libertad y las oportunidades?

En consecuencia, y en segundo lugar, la credibilidad se relaciona con la confianza y la certidumbre.Podríamos plantear una hipótesis: a mayor credibilidad, mayor certeza o menor incertidumbre; o, a menor credibilidad, menor certeza o mayor incertidumbre.

En definitiva, la credibilidad  genera certeza y confianza. Sin duda, confiamos en lo que nos genere certeza y no confiamos en lo que genera duda o incertidumbre.

Sin duda, confiamos en las personas y en las instituciones que  generan certeza, el piso firme sobre el cual caminar; es decir, le creemos al que produce certidumbre.¿Quién le puede creer al que produce duda e incertidumbre?, ¿cómo creerle al que genera desconfianza?

En tercer lugar, la credibilidad, la confianza y la certeza se relacionan con la “verdad”, en definitiva, con lo que consideramos verdadero. Sin duda, problema filosófico profundo y complejo. No voy a entrar en esa discusión. Sólo afirmaré que “creemos” lo que nos parece “verdadero”; “le creemos” al que nos parece “dice la verdad”; “le creemos” al que genera confianza y certeza.

Finalmente, lo anterior se vincula con la legitimidad; es decir, con lo que nos parece “legítimo”; lo que consideramos como “verdadero, justo, adecuado, auténtico, creíble y ajustado al deber ser”. En definitiva, le “atribuimos legitimidad” a todo aquello que genera certeza y confianza.

De manera breve, he tratado de articular y comprender como funciona en la sicología humana y en las relaciones sociales la credibilidad, la certeza, la confianza y la legitimidad. La idea de esta reflexión es responder la pregunta que se deriva del diagnóstico compartido de que la crisis actual de la política es de credibilidad y confianza. En consecuencia, ¿cómo el sistema político chileno, sus actores e instituciones, restituyen y recuperan la confianza ciudadana?

Hemos visto, del mismo modo, que hay una operación política transversal que busca resolver la crisis actual del sistema político. La entrega del Informe Engel y la cadena nacional de la Presidenta no sólo marca un antes y un después. En efecto, desde ese momento comienza la cruzada por la restitución de la credibilidad y la confianza. No obstante, las preguntas y las dudas abundan.

En consecuencia, responder a esta crisis desde una agenda de financiamiento, probidad y transparencia no resuelve los problemas que han hecho posible que esta “crisis” se haya instalado en nuestro país. De hecho, ya estaba instalada antes de que emergiera PENTA, SQM y CAVAL.

Como tampoco, es una operación que va permitir que los ciudadanos recuperen la confianza y la credibilidad en sus representantes e instituciones. Sin duda, más complejo para los primeros que para los segundos.

Sólo un proceso constituyente con un mecanismo participativo e inclusivo que avance hacia una nueva constitución hará posible que las confianzas se restituyan y la credibilidad del proyecto democrático vuelva hacernos soñar y “creer” que un mejor país es posible.

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