Desde que fue presentada la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) para consideración del Senado la pregunta que ronda en la comunidad de Defensa va más allá de sus insuficientes aspectos conceptuales, el tema de discusión “sotto voce” es ¿qué hacer con la ENSYD? o más bien ¿qué hará el gobierno después de este significativo “paso en falso”?
La cuestión no tiene relación con el momento político y ni siquiera con la desprolijidad de La Moneda de impulsar un documento de tan altas pretensiones sin el debido debate público.
De lo que se trata es cómo se podría reformular un texto que, más allá de sus desajustes y contradicciones, se sostiene en un concepto estructural y controversial plasmado en la “seguridad ampliada”.
El solo hecho de fundar la ENSYD sobre una idea de amenaza amplia y difusa, amplificando los riesgos de actores no estatales -organizaciones no gubernamentales incluidas- y subestimando aquellos de origen estatal, pareciera un escollo insalvable para la presuntuosa y auto nombrada “política de políticas”.
Más allá de lo anterior, la ENSYD pretende articularse en dos ámbitos que sólo metodológicamente aparecen diferenciados, en el que se intenta situar la Seguridad Nacional y, por otro lado, una mezcla de la política de Defensa y la política Militar.
Sin embargo, el documento no duda en concebir a la Defensa como el eje central de la Seguridad Nacional, un juicio complejo cuando previamente se atribuye competencias internas amplias y difusas a la función militar.
Esto es un claro indicador que en su elaboración no hay sintonía con nuestra propia historia. La centralidad de las instituciones militares se acerca peligrosamente al superado rol de garantes de la institucionalidad que establecía la Constitución del ’80, esta vez en versión posmoderna. Esto no es imputable al mundo militar, que ha experimentado una enorme evolución estos últimos años hacia un estadio de alta profesionalización y modernización, sino que evidencia el profundo error político que trasunta la ENSYD.
En lo referente al ámbito propio de la Defensa, aunque se trate de un ejercicio artificial considerando que el texto dificulta determinar qué es efectivamente lo específico del sector, encontramos al menos dos elementos particularmente disruptivos.
En primer lugar, la categorización de los “intereses nacionales” y cómo se relaciona la Defensa con éstos. Por citar un ejemplo, la ENSYD establece dentro de los intereses nacionales ligados a la soberanía, los que por definición son los más cercanos a la función militar, “…la preservación de la cohesión social y la identidad nacional”, un juicio de alto riesgo a la hora de abordar los temas de orden público.
En segundo término, cabe citar el equívoco uso que se hace del concepto de “disuasión”, lo que en sí es un quiebre llamativo, dado que éste ha sido un elemento central en nuestra política de Defensa.La ENSYD señala que “…las clásicas funciones de disuasión y defensa pasan a ser el piso estratégico del potencial militar de Chile”.
Así como una sección relevante del documento se preocupa de establecer la necesidad de un “piso” para el gasto militar, pareciera que esto se extrapola también al quehacer de las Fuerzas Armadas. Este “piso estratégico” estaría orientado a reforzar la tesis que la Defensa, en su visión clásica, ha quedado superada por la seguridad ampliada y, por ende, por una pretendida competencia militar en asuntos internos. El sentido dual del “piso estratégico” no puede ser más desafortunado, toda vez que liga una supuesta necesidad de una Estrategia de Seguridad Nacional a una revisión de roles sectoriales o corporativos.
Esta breve relación de elementos conceptuales, imprescindibles para este debate, vuelven a nuestra pregunta original: ¿qué hacer con la ENSYD? La pregunta sigue abierta y su sola formulación da cuenta que esta iniciativa, que debería haber sido diseñada con sentido de Estado, está lejos de cumplir con condiciones mínimas.
La militarización de la Estrategia Nacional implica un retroceso gratuito no sólo para el país, sino también para las propias Fuerzas Armadas. La proyección del documento, en un horizonte de doce años, sólo contribuye a establecer condiciones para un Chile “securitizado”, pero no necesariamente más seguro.
En este escenario pareciera sensato y saludable preocuparnos más por la seguridad democrática que por la seguridad “in abstracto”, sobre todo cuando esta última se construye sobre una arquitectura que refleja una realidad aún lejana a la experiencia nacional y bajo el interés de unos pocos.
