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En respuesta a la controversia provocada por los recientes resultados de la CASEN y que ha sembrado desconfianza e incredulidad en las cifras oficiales, el gobierno ha constituido una Comisión para la medición de la pobreza. Según lo anunciado el día de su constitución, dicha Comisión deberá elaborar propuestas para una nueva línea de pobreza.
Más allá de lamentar que connotados expertos hayan sido ignorados para integrar la Comisión, su creación es valorable, pues se hace cargo de la falta de sintonía entre la actual forma de medición, la realidad social y, sobre todo, la percepción que la propia ciudadanía tiene respecto de ella.
Esta Comisión tiene una gran oportunidad si es capaz de asumir en toda su complejidad qué medir y para qué propósitos.
Si sólo se tratara de actualizar la línea de pobreza vigente, se estaría avalando que la única forma de medirla es en términos absolutos, es decir, definiendo la condición de pobreza como insatisfacción de un conjunto determinado de necesidades básicas. Y aún si tales necesidades básicas pueden variar en el tiempo de acuerdo a los cambios progresivos en los patrones de consumo, esta definición de pobreza remite a una noción absoluta que sólo está referida a sí misma, al margen de lo que acontezca con el resto de la sociedad.
En términos prácticos y desde el punto de vista de las políticas públicas, esta definición y medición absoluta de la pobreza sirve para orientar decisiones sobre transferencias monetarias y de bienes que es necesario realizar para que las familias alcancen niveles de satisfacción en sus necesidades básicas. Dicho de otra forma, para que puedan dignamente subsistir de acuerdo a los patrones culturales existentes.
Actualizar la línea de pobreza con tal definición puede ser un instrumento útil para precisar cuál es el ingreso familiar que deben tener las familias para satisfacer sus necesidades básicas.
De modo que, la consecuencia esperable de una actualización de la línea de pobreza absoluta es a su vez, la actualización de los montos en los subsidios que las familias reciben, pues al ser más exigente la canasta de bienes básicos, las familias habrán de requerir mayores ingresos monetarios. En la medida que los empleos precarios a los que acceden estos sectores más vulnerables de la sociedad no aseguran para nada los ingresos básicos requeridos, ello demanda que el Estado sea responsable de transferir subsidios monetarios en un monto que refleje la cobertura de las reales necesidades básicas en la actualidad.
Si bien esta forma de medición es útil para orientar a los gobiernos en sus decisiones de a quiénes apoyar con transferencias monetarias y cuáles sus montos, desde el punto de vista de la orientación y decisiones de políticas públicas su utilidad termina allí.
Esta apreciación ha estado presente en las propuestas que muchos expertos en nuestro país han realizado para formular una medición basada en la multidimensionalidad de la pobreza, medición que ya ha sido probada en otros países. Sin ser excluyente de la anterior forma de medida, ésta entrega mayor riqueza de información y recoge la realidad de la pobreza en toda su complejidad.
Cuánta y qué calidad de educación y salud, cuáles condiciones de habitabilidad y calidad de los barrios o territorios, participación social, acceso a la justicia, a la cultura y a la recreación son entre otros indicadores, los que se pueden incluir en las mediciones multidimensionales de la pobreza y que permiten evaluar de manera integral la realidad social de la población.
Con esta opción de medición podemos identificar las distintas expresiones que adquiere la pobreza en nuestra sociedad: sin duda, aquélla que se refiere a los ingresos, pero también a la educación y a la atención de salud que se recibe; al tipo y calidad de vivienda en la que se vive, así como de los territorios que se habitan; sobre cuánto o no se participa de las decisiones que, directa o indirectamente, afectan los proyectos de vida de las personas; sobre la posibilidad de contar con el respaldo de la justicia, con ser parte del desarrollo cultural y gozar de oportunidades recreativas.
En el transfondo de esta medición está la noción de que los pobres son sujetos de derechos y la comprensión de que tales derechos no se restringen a determinadas necesidades básicas, sino que evolucionan en cantidad y calidad a medida que las sociedades avanzan. Con esta forma de medición, la pobreza no sólo es concebida como carencia (asociada al tener), sino como potencial de desarrollo de capacidades y oportunidades (asociadas al ser).
De modo que, la medición multidimensional de la pobreza, no sólo es capaz de recoger la complejidad de ésta y sus múltiples dimensiones, sino que permite orientar y darle sentido a las políticas sociales del país. Gracias a este instrumento multidimensional se pueden mejorar políticas sociales fundadas en derechos y extender como corresponde la protección social hacia todos los ámbitos de la vida social y a lo largo del ciclo vital de las personas.
Es con esta medición que de mejor manera podemos evaluar cómo incidir en la pobreza de niños y niñas, de mujeres, de pueblos indígenas, de adultos mayores, de trabajadores, poniéndole rostro humano a la pobreza.
Sin embargo, no sólo las mediciones de pobreza absoluta o multidimensional son suficientes para dar cuenta de la actual realidad social en que, como bien sabemos, imperan profundas desigualdades. Es más, los recientes datos de la CASEN logran evidenciar la creciente relación que existe entre pobreza y desigualdad.
A medida que los países van progresando se torna una exigencia evaluar cómo llegan esos avances a los distintos sectores de la sociedad. Tal como nos lo muestra el último informe de Desarrollo Humano realizado en Chile por el PNUD, la población reconoce que ha aumentado el bienestar, pero asimismo, tiene un malestar subjetivo. Y ello no es sino el resultado de una percepción de desigual distribución del progreso.
La manera de dar cuenta de esta realidad es con mediciones relativas de pobreza. No basta saber cuál es el ingreso básico requerido para estar en condiciones de subsistencia, o cuantos y qué tipo de derechos son los adecuados, sino cómo participan los distintos sectores de la población en el total de la riqueza producida en el país y en las capacidades y oportunidades que tal riqueza permite desplegar.
En tal sentido, la pobreza no es una condición absoluta -definida por uno o varios indicadores-, sino una condición siempre relativa, referida a una posición de mayor desmedro respecto del resto de la sociedad.
En la medición de pobreza relativa, no sólo impera la noción de sujetos de derechos, sino aquélla en que tales derechos -que permiten el desarrollo de capacidades y oportunidades- deben estar universalmente garantizados, de modo que nadie pueda quedar excluido por razones adscriptivas, ya sea por su condición socioeconómica, por su sexo, edad, género u origen étnico, por mencionar las más frecuentes.
Esta medición es el mejor complemento de la medición multidimensional de la pobreza y permite intencionar aquellas políticas públicas que están orientadas a disminuir las desigualdades, es decir, políticas distributivas, laborales y de empleo.
La medición relativa de la pobreza se aplica en diversos países, precisamente en aquéllos que muestran los menores grados de desigualdad del mundo, cuestión que revela que esta forma de medición ha sido de gran utilidad para la toma de decisiones sobre políticas conducentes a mayores igualdades.
La OECD, entidad de la que Chile ha optado participar en los últimos años para ponerse una vara exigente como país, emplea una modalidad de medición de pobreza relativa que es reconocida y aceptada internacionalmente, que permite establecer comparaciones entre sociedades y, por lo mismo, establecer estándares para que los países avancen en desarrollo humano.
Como se desprende de los argumentos anteriores, no es irrelevante o neutral cómo medimos la pobreza y, en tales reflexiones y debates, debiera involucrarse la sociedad entera, asumiendo que un Consejo de expertos no puede tener otra misión que reflejar en sus propuestas técnicas aquello que le hace sentido a la ciudadanía.
Esperemos que el Consejo sea capaz de abrirse a este debate más complejo y que pueda proponerle al país la coexistencia de distintas mediciones de pobreza para así orientar al conjunto del quehacer del Estado y de la sociedad, con el fin de intencionar políticas más exigentes destinadas a la cohesión social.
