Una vez más el país observa enormes escándalos por conflictos de intereses y corrupciones. Los hechos últimamente conocidos afectan significativamente el mercado de las universidades privadas y ha salpicado a un miembro del gabinete del presidente de la República.
La Fiscalía Nacional Económica investiga el oligopolio en supermercados y a pesar de la enorme concentración en tres cadenas, permite bajo supuestas condiciones que Unimarc se haga de otros de sus competidores.
Curiosamente, en sus condiciones establece que ciertos locales deben ser vendidos por Unimarc, precisando que en todo caso el comprador debe tener menos del veinticinco por ciento del mercado. El órgano de control establece un guarismo de propiedad fijando el 25 % del mercado como tope, nivel que ya exceden con mucho Cencosud y Walmart.
Así la resolución disfraza de una cierta lógica económica una operación más de aumento de concentración y busca dar una señal tardía en orden a que el 25% del mercado es el tope razonable al que se debería llegar en esta área de la economía. Esto es lo único novedoso, aunque insuficiente.
El mismo organismo investiga, recién ahora que uno de los tres propietarios del grupo Matte, actuaría también como director en la principal empresa del grupo Angelini. Siempre ha sido completamente absurdo que existiendo dos mega productores de celulosa, la Papelera y Copec, a través de sus filiales, se produzcan vinculaciones como las recién observadas por la Fiscalía Nacional Económica.
Los hechos relatados y su intento por corregirlos ya no cambiarán en nada un modelo económico tan oligopolizado, tan concentrado y tan poco competitivo como no hay otro probablemente que se asemeje.
Estos conflictos de intereses de lo público y lo privado son inherentes al sistema, forman parte de su estructura vital y en una economía pequeña como la de Chile se transforman en un elemento estructural que no puede ser corregido mediante débiles acciones que no aparecen producto de una verdadera decisión global del Estado.
Son muchos los ejemplos en esta materia y no son exclusividad de un solo gobierno.Últimamente se advierte una proliferación de ellos en materias graves como el caso Enersis, litio, compras del Estado, etc.
En Chile se hacen grandes investigaciones en la Cámara política, pero resulta curioso que esta temática se evite por personas de relevancia como los precandidatos presidenciales y llama la atención que los programas e ideas propuestas por los partidos políticos no la consideren, ni como objeto de análisis ni propongan soluciones.