07 ene 2013

¿Lenguaje? ¿Comunicación?

Tendientes, como somos, a rituales colectivos más o menos sadomasoquistas (como el Festival de Viña, por ejemplo) año a año vemos a nuestros niños develar los puntajes que obtuvieron en la PSU, grafismos que parpadean en una pantalla apenas, pero que tan cruciales serán para su futuro.

Acuden luego a multicolores ferias en que instituciones de todo tipo, nombre y (des)crédito los llenan de lápices, dulces y folletos ricamente ilustrados con prácticamente nada de información relevante; pocos van acompañados de sus padres (y deberían: la desinformación es moneda de cambio corriente a la hora de firmar un pagaré o un contrato en Chile, niños de 18 años deben hacerlo), muchos sueñan con un título que les reporte ganancia al más corto plazo posible, muy pocos, que se la sigan redituando, como a su familia, beneficiaria de siempre, por un sistema tan desigual como éste.

¿Y quienes siguen una carrera por vocación y amor al conocimiento?, suponemos que todavía quedan algunos. Ellos no entran aún en los “rigurosos” estudios del MINEDUC o los noticiarios.

Sí, respingada señora de fiero quepis reaccionario, sí, buen hombre bigotudo, ex revolucionario y actual consultor galardonado de empresas, estoy de acuerdo con que una masa inédita de jóvenes ingresará a la así llamada educación superior siendo-los-primeros-de-su-familia; todos sabemos, dicen ustedes, que es gracias a las generosas políticas que chorrean de nuestro fecundo sistema económico y social que crece tan estable y seguramente,  nos ha llevado a la estratósfera.Es y será, prosiguen, el único camino, cada vez más llano, al desarrollo, plantado, claro que sí, a sangre y fuego, (acuérdese) por el bando de la señora que entona llorando el “Adiós al Séptimo de Línea”, y mantenido a fuerza de caldillo de congrio y pucho por el del caballero bigotudo y sus amiguis.

Sin embargo, muchos sueños se truncan, tantas aspiraciones se postergan… el NEM no da, el puntaje no da, las kafkianas puertas del palacio laico o el pontificio se cierran para muchos que no lograron los ¿altos? estándares exigidos. La cohorte de instituciones (des)acreditadas vuelve a la carga con más lápices, dulces y folletos sin explicación. Los padres miran con terror como se abren otras macabras puertas, las del banco.

Es obvio que se busquen culpables de semejante injusticia. La PSU, claro, es la sospechosa de siempre, defendida con argumentos pueriles por sus cada vez menos creíbles sustentores.

Otros miran el gélido ranking de colegios (nefasto constructo pergeñado por gente que nada sabe de educación y que es usado como sello de validación por los que supuestamente saben de ella) y dirigen su mirada a quienes eran los encargados de garantizar mejores resultados: colegios municipales, (hoy en extinción), subvencionados o privados deben dar explicaciones…

¿Qué rol cumplen los profesores en este panizo? se preguntan los padres. La verdad es que también tienen una cuota de responsabilidad.

Los queridos pedagogos chilenos, amantes de Vigotsky y otras antiguallas del pensamiento moderno, podrán refutarme con presteza e indignación, meramente por sacarlos al pizarrón siquiera. Nada menos dócil a la evaluación que el evaluador.

La verdad es que no es éste un espacio para enjuiciar a mis colegas y su trabajo, mal pagado desde los sofistas griegos, lo es el modo con que algunos de ellos se justifican, como aquellas perlas bien poco científicas del estilo “es que esta generación era la mala”, “esto no es Finlandia”, etc. Lo que uno ve es más bien a una creciente lejanía hacia los niños, disfrazada de palabras como educando, currículum o planificación, que parecen mero parloteo proveniente de los dioses pero cuya efectividad se diluye en donde realmente importa, las salas de clases.

Los profes podrán quejarse mensualmente como soldados del rancho (yo también lo hago), elevando inocuas proclamas sindicales en las que, en el fondo no creen, sólo para ocultar la excusa  que, quizás en el fondo, ya no quedan ganas de hacer la pega.

“Lenguaje y comunicación” se rebautizó nuestra asignatura pomposamente. La idea era enseñar la magia inigualable del lenguaje para conocer y crear mundos, la idea era aprender a comunicarse mejor en una sociedad que ya no escucha a nadie. Hoy, convertido el ramo en una factoría rápida y urgente para fabricar puntajes nacionales, bien poco queda de esa buena intención.

Sé que es difícil  revertir este cuadro para el colega reventado con miles de horas en aula e imposible para el gato de campo que pecha al alero del Estatuto Docente o del accionista principal del colegio. Pero si usted tiene vocación todavía en alguna parte, profe, levántese, que el cambio viene con usted.

Enseñémosles a los chicos, habilidades, más que simple enciclopedia y datos extra, hagamos que entiendan lo que lean y sean verdaderamente capaces de dar una opinión clara e informada y sepan comunicarse con claridad y respeto con el otro, sea el formato que sea. El resto bíblico viene por añadidura. Hagamos que vuelvan a amar el conocimiento, que sepan cómo pensar por sí mismos.

Abandonemos nuestras quejas de presidiario y trabajemos auténticamente con ellos, nuestros niños, vengan de donde vengan, sean quienes sean.

Dejemos de fantasear con “El reemplazante” y trabajemos de verdad. Tranquila mamá, el niño no volverá a marchar en la calle, lo hará hacia una mejor madurez, tranquilo empleador malhumorado, el trabajador será más capaz y responsable (quizás acabe quitándole el puesto, eso sí).

Tranquilos, señores defensores del status quo, que estos niños recargados van a reemplazar todo lo que ustedes persisten en mantener en pie.

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07 ene 2013

¿Pacificar La Moneda?

La causa de la paz y de la justicia en una sociedad puede verse tronchada cuando las personas, grupos o comunidades de diversa índole se enfrentan unos a otros mediante los caminos de la violencia. La muerte de dos personas en Vilcún, que se suma a las de otras 11 víctimas que han afectado a comunidades mapuches en estos años, ha elevado las tensiones en la Araucanía a niveles mayores. El solo énfasis en medidas policiales y el despliegue de enormes recursos para encontrar finalmente la verdad, es insuficiente si se omite esclarecer ante el país cuál es la voluntad política real del Gobierno ante los Pueblos Indígenas de Chile.

En ese sentido, el accionar de La Moneda ha sido intensamente policial pero políticamente limitado y errático. De pronto, da la impresión que el Palacio Presidencial, que debería ser centro y sujeto de construcción política, se convierte sólo en un centro de bandos y órdenes.

Es de responsabilidad del Gobierno adoptar las medidas necesarias y legalmente adecuadas para dar con la verdad de los hechos. Pero una agenda policial no es suficiente. Esto se entendió en parte, luego de dos días de tensiones, y los anuncios siguieron siendo principalmente medidas de fuerza institucional.

Luego de ser reiterada por tercera vez la agenda policial, el Ministro Lavín esbozó un limitado plan de dos ejes: 1.- plena integración de los mapuches al desarrollo económico y social y 2.- pleno respeto a su cultura.

Y luego enumeró algunos datos para complementar estas ideas: 50.000 empleos, acceso a créditos en Indap; el plan de 100 alianzas productivas que cubren 18.000 hás; 4.500 familias con proyectos de emprendimiento; bono de trabajo para la mujer; 20.000 niños estudiando mapudungun; 300 escuelas con programas interculturales; 77 mil indígenas con becas de estudio y respaldo institucional a proyectos de medicina indígena, entre los principales anuncios.

Pero estos no son anuncios. En realidad, son antecedentes que forman parte de políticas públicas que están en desarrollo y son parte de las políticas de subsidio del Estado hacia los pueblos indígenas.

Pero lo que se demanda es otra cosa ahora: ¿cuándo se va a implementar el Convenio 169 más allá del tema de la consulta?

¿Cuántos recursos reales va a invertir el Gobierno en lo queda de su plazo para responder a las demandas de compras de tierra que fueron listadas en enero del 2010?

¿Tiene interés el Ejecutivo en promover realmente el Reconocimiento Constitucional de nuestros Pueblos y con ello sus derechos colectivos?

¿Quiere abrir, de verdad, un diálogo político nacional con nuestros Pueblos Indígenas?

Nada de eso se señala por parte de las autoridades. Por el contrario, es notable (y preocupante) que el discurso gubernamental, que ante la magnitud de la crisis debiera ser prudente y mesurado, junto con ser claro en la investigación efectiva de los hechos, está más bien provisto de un componente bélico y autoritario, cuyo efecto no es –precisamente- de concordia y voluntad política.

Por diversos caminos autoridades y organizaciones del Pueblo Mapuche han emitido su opinión y han reiterado su voluntad de caminos políticos. El problema no está en el Pueblo Mapuche, independientemente de quienes hagan un uso inadecuado de su causa. El problema está en el Estado.

Y si el Gobierno cree que con las medidas anunciadas se producirá un clima de paz, yerra el camino si omite voluntad política efectiva. En ese caso, es La Moneda a quien hay que pacificar.

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07 ene 2013

¿Se habla del peak oil en Chile?

En el último artículo publicado en Capital Bolsa, fuentes del Pentágono señalan que el informe de 2012 del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos prevé que por la caída de la producción y escasez mundial de petróleo, y sin el aumento de su producción y refinamiento, habrá una crisis energética severa durante la próxima década, en demasía para algunos países del cono sur entre ellos el nuestro que consumen grandes cantidades de petróleo en sus diversos procesos industriales (Fuente: Agencia Internacional de Energía; www.iea.org).

Es difícil de predecir con exactitud los efectos económicos, políticos y estratégicos de este escenario para nuestro país que a mi juicio aun no genera internamente a nivel gubernamental políticas públicas en materia energética que impliquen alternativas viables y sustentables.

Claramente esta advertencia reduciría las perspectivas de crecimiento en el mundo y en Chile, ya que se espera que para el período 2013-2014 se bordee el 5.5%.

El debate sobre el peak oil puede ir más allá de los asuntos energéticos, sino que derivar bruscamente hacia un debate que implique replanificar agendas ideológicas, económicas y políticas.

Los exportadores de petróleo podrían acumular poder político-económico, mientras que los no productores buscarían el beneplácito de quienes lo poseen. Algunos países se preparan para enfrentar estas crisis, pero otros como el nuestro no tienen capacidad para hacerlo autónomamente, puesto que la ENE (Estrategia Nacional de Energía) publicada el 2012 por el Gobierno y que concitó unanimidad parlamentaria no se hace la interrogante de qué pasaría si se disminuye ostensiblemente el suministro de petróleo.

Lo que queda claro es que la definición de cuándo se presentará el riesgo, quiénes serán vulnerados y quiénes serán atendidos y compensados es una cuestión de poder y no simplemente un asunto estadístico.

Sabemos que con el peak oil se puede especular acerca del momento de su llegada y de la magnitud de sus impactos, y ello es un asunto del poder.

Si el peak oil se diera en este mismo momento, nuestra sociedad no estaría suficientemente preparada para afrontarlo y las consecuencias serían tremendamente incontrolables; si se conociera y fuese previsible, quienes así lo hicieran ahorrarían gastos, pero si fuese inducido a error y se anticipara excesivamente el momento en que acaezca y se hicieran grandes inversiones para afrontarlo, las lentas tasas de retorno producirían serios problemas para los inversionistas.

Por tanto es de esperar que nuestro país prevea dicha situación y se disponga de una vez por todas a implementar no solo con anuncios la I + D (Investigación y Desarrollo), empleando estrategias sustentables que involucren a todos los actores sociales, sino que haga exigible a las grandes empresas (industrias y mineras) a disminuir el uso del petróleo en la generación de energía eléctrica y den paso al reemplazo en un porcentaje aceptable para un país que se vanagloria con el desarrollo (3% por año) al uso de las Energías Renovables No Convencional en sus procesos industriales que utilizan gran suministro eléctrico.

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07 ene 2013

La violencia nos daña a todos

La horrorosa muerte del agricultor Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivian McKay (69 años) a raíz del ataque incendiario a su propiedad en Vilcún, realizado por un grupo de encapuchados en la madrugada del 4 de enero, ha estremecido al país, y obliga al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial a sumar esfuerzos para crear las condiciones que permitan detener los actos criminales en las regiones de La Araucanía, del Bío-Bío y de Los Ríos.

Lo primero es condenar sin ambigüedades el uso de la violencia como método político. De ello depende que el Estado de Derecho no sea reemplazado por la ley de la selva, la anarquía y, cómo no, el orden que ofrecen las dictaduras.

Un crimen es un crimen, y no hay discurso de validación ideológica que valga, como aquel que, en el fondo, da a entender que un gran fin – justicia histórica para el pueblo mapuche-, justifica el uso de cualquier medio. Llevado el argumento hasta las últimas consecuencias, se traduciría así: una persona de origen mapuche tiene “buenas razones” para actuar violentamente. A partir de esa forma de razonar, solo podemos esperar lo peor.

Todas las vidas son igualmente valiosas: la de Matías Catrileo, estudiante universitario, asesinado por un carabinero en enero de 2008 en Vilcún; la de Hugo Albornoz, sargento de Carabineros, asesinado en abril de 2012 en Ercilla; la de Osvaldo Zapata, cuidador de un predio cerca de Cañete, asesinado por encapuchados el 20 de diciembre de 2012; la de los esposos Luchsinger, asesinados en Vilcún.

El clima de inseguridad y temor que se ha creado en la zona ha llevado a algunos agricultores a declarar que están dispuestos a hacer justicia por sus propias manos. Es un camino extremadamente peligroso, que puede derivar en nuevas desgracias. Las ilegalidades debilitan el régimen democrático, que debe ser precisamente el muro de contención de los violentos.

Son muchas las injusticias sufridas por el pueblo mapuche a través de la historia,pero ello no valida cualquier método de corrección de ellas. La violencia perjudica al pueblo mapuche, cuyas familias desean vivir en mejores condiciones, trabajar en paz, criar a sus hijos en un ambiente de seguridad. Además, los actos de violencia alientan el racismo de quienes meten a todos los mapuches en un mismo saco.

Lo que se sabe es que detrás de los atentados hay grupos minoritarios, pero organizados y audaces, que actúan con un plan territorial y cuentan con amplios recursos materiales (quizás con asesoría extranjera, incluso). Su propósito es mantener encendido el fuego de lo que llaman “el conflicto mapuche”, para difundir enseguida una versión internacional que les permita seguir obteniendo generosas donaciones. Sus tácticas se asemejan a las de los encapuchados urbanos, cuyo espíritu altruista hemos podido apreciar en las calles de Santiago en los últimos años.

Las apariencias pueden engañar también en este terreno. Detrás de las exigencias de justicia étnica, algunos simplemente han hecho carrera.La fiscalía regional de La Araucanía está investigando las operaciones financieras de Huilcamán, líder del llamado “Consejo de Todas las Tierras”, luego de una denuncia de la Unidad de Análisis Financiero por supuesto lavado de activos. La investigación partió por las sospechas que despertaron ciertos depósitos desde el exterior en su cuenta corriente.

No es poco lo que ha hecho el Estado en las últimas décadas para mejorar las condiciones de vida del pueblo mapuche, como les consta a los jóvenes pertenecientes a ese y los otros pueblos originarios que hoy realizan estudios universitarios gracias a las becas que reciben del Estado.

Queda mucho por hacer, desde luego. Es necesario seguir avanzando en el ámbito de la posesión de la tierra, la asistencia agrícola, la educación, la salud, la protección de su cultura, etc.

En los próximos días, un grupo de mapuches del borde costero de la comuna de Fresia, recibirá del ministerio de Economía 104 hectáreas de terreno para uso pesquero, como consecuencia de la aplicación de la Ley Lafquenche, aprobada en 2008. Hay que seguir avanzando por esa vía.

Pero para ello se requieren paz y diálogo.

La democracia tiene derecho a defenderse de quienes atentan contra sus bases.Por supuesto que ello debe darse en el marco de la Constitución y las leyes.

El reto de la violencia en el sur solo puede enfrentarse eficazmente sobre la base de una política de Estado, que combine el despliegue policial con medidas sociales, económicas y de estímulo a las iniciativas de desarrollo de las propias comunidades.

Es deseable que el gobierno y la oposición no intenten sacar pequeñas ventajas políticas de la actual situación, sino que actúen con sentido nacional. Lo mismo habría que decir respecto de los candidatos presidenciales.

Es muy alta la responsabilidad de Carabineros y la PDI en cuanto a proteger a la población y administrar el uso de la fuerza con buen criterio.El ministro del Interior debe aportar sensatez en medio de la tensión. Hay que evitar a toda costa que se produzcan nuevas muertes. Tanto en La Araucanía como en el resto del territorio nacional los chilenos tenemos derecho a vivir en paz y sin miedo.

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06 ene 2013

No hay justificación

Hace pocos días valoramos la acción de la Justicia en la investigación del terrible crimen de Víctor Jara que, después de casi 40 años, procediera a identificar y encauzar a sus autores; manifestamos que no hay consideración alguna que pueda paralizar y detener la acción penal que corresponde a los Tribunales en ese crimen de lesa humanidad.

Ahora es necesario bregar con una infatigable voluntad de justicia ante el cruel asesinato del matrimonio Luchsinger-McKay. Sus autores deben ser debidamente castigados por el Estado de Derecho democrático imperante en nuestro país.No puede haber justificación alguna ante el crimen que se presenta o intenta excusar por supuestas razones políticas. Sus consecuencias en la historia de Chile han sido trágicas y de un incalculable costo social.

Aquellas que lo intentan justificar por las razones de injusticia imperante no hacen sino que provocar un clima de venganza y represalias que corroe y destruye el tejido social.

Se ha demostrado ya tantas veces que los que propician “el ojo por ojo” terminan arrastrando a la espiral de violencia a víctimas inocentes. El que pretende ser paladín de una noble causa auto designándose para ello termina transformado en autor de crímenes de la peor especie. En este caso, un atentado incendiario y la violencia descontrolada llega a la ejecución de un doble y feroz homicidio.

Frente a estos crímenes irracionales no puede haber doble estándar. No hay víctimas de primera o segunda categoría. No importa si cuentan o no con afiliación partidaria, si son independientes o si tienen preferencias de izquierda, centro o derecha; si son parte de un credo religioso, son agnósticos o no hacen suya ninguna creencia en el ámbito de la fe.

Por encima de cualquier causa, razón o motivo está la persona humana. La inviolabilidad de su dignidad personal y en su derecho a la vida.

Aceptar cualquier “pero” o matiz en este criterio esencial significaría no asumir cabal y definitivamente las lecciones de la lucha del pueblo de Chile durante casi dos décadas por el respeto a los Derechos Humanos y el restablecimiento de la democracia.

Lo que fue válido ayer en dictadura lo es también hoy en democracia. Nadie tiene el derecho de arrogarse para sí la facultad de disponer de la vida de los demás.

Ninguna organización criminal de esa naturaleza puede ser permitida. Este crimen efectuado con crueldad y alevosía debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Sus ejecutores no tienen justificación posible.

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06 ene 2013

Huelga del empleado público

Los empleados de nuestro Instituto Médico Legal se declararon en huelga. No entregaron los cuerpos muertos confiados a su inspección.Los deudos esperaron días enteros a sus queridos difuntos.Finalmente indignados y furiosos irrumpieron en la morgue quebrando ventanas y puertas, llegaron al lugar donde estaban los cadáveres. Se llevaron no sé en qué forma de una u otra manera a sus muertos.

El director del Instituto Médico Legal con mucho acierto asumió los costos y destrucciones ocasionadas, comprendió la indignación de los deudos.

Queda pendiente la pregunta: ¿podrá justificarse tal huelga de parte de los empleados de la morgue? Para nuestra legislación es una huelga ilegal.

Esta misma pregunta vale para tantas otras huelgas de empleados públicos. Se les considera ilegales; sin embargo, se multiplican demasiado.Demasiado porque en ellas sufren los usuarios de diversos servicios, muchas veces gente necesitada que no tiene ninguna culpa en el conflicto que origina esa huelga. Pensemos en las huelgas de empleados sanitarios, de educación, de servicios públicos de todo tipo.

Esta es una falla institucional que se tenga que recurrir a algo ilegal para obtener una meta debida y justa. Esta situación redunda en desprestigio de la institución legal. ¿Qué solución  podría proponerse?

Se ha hablado por de pronto de un diálogo entre las partes, entre los empleados fiscales o públicos y las autoridades. Y si el diálogo no logra un consenso, un arbitraje obligatorio. Los árbitros o jueces tendrían que ser hombres públicos, hombres buenos designados o elegidos por las partes o tal vez técnicos que puedan manejar los condicionamientos objetivos del problema.

¿Por qué no se ha institucionalizado legalmente entre nosotros este camino de solución?

¿Será porque no se ajusta a un riguroso socialismo o a un riguroso liberalismo?

Más útil que dilucidar este punto será aclarar los criterios que han de presidir el discernimiento de estos conflictos entre los empleados públicos y el Gobierno, criterios que han de tener muy presente un tribunal arbitral.

Todo discernimiento debe hacerse por de pronto en función del bien de la comunidad nacional y del bien común del propio gremio de que se trate, sea por ejemplo salud, educación u otras funciones. Habrá que barajar diversas preocupaciones, intereses o ideologías.

Creo que hoy será necesario insistir en la búsqueda de mayor igualdad entre todos, un bienestar igualitario por encima de un simple aumento de la producción, actualmente tan buscado y pregonado.

Una exigencia básica del bien común es la efectividad del trabajo personal de cada individuo. Para esto debe haber un control periódico y una capacidad de la comunidad de despedir a individuos que ya no cumplen su función.

Un profesor debe periódicamente dar razón de su competencia, de su eficiencia. Un trabajador de la salud debe ser cumplidor, atender bien, desempeñar adecuadamente su función.

Por esto, ha de excluirse todo intento de adquirir como propiedad el empleo de manera que un funcionario que no cumple sus deberes no pueda ser despedido. Pero, por otro lado, hay que precaverse frente al despido arbitrario y preverse las condiciones que permitan que cada uno trabaje tranquilamente, seguro de que un jefe arbitrario no lo va a despedir,

El problema de las sociedades socialistas ha sido la falta de incentivos.

Existe en otras sociedades el incentivo del dinero, del capital, pero cuando se impone la igualdad se carece de ese incentivo, entonces el peligro es que el trabajo se vuelva un mero cumplimiento sin iniciativas, sin esfuerzo suplementario. Habrá que buscar un equilibrio, habrá que fomentar otros incentivos sobre todo una cultura del bien común, de servicio a la comunidad, de saber sacrificarse por los demás pero, hay que ser también realista y aquí es donde el buen juicio tiene que presidir un discernimiento.

Será el fruto de una buena educación cívica preparar a los futuros servidores públicos, a los que puedan ejercer este voluntariado, sacrificado en lo personal, para servir al bien común.

Tal educación les permitirá realizarse también personalmente en el plano de su comunión con los demás en corresponsabilidad, solidaridad y fraternidad.

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06 ene 2013

¿Abstención?

¿Será esto nada más? No deja de resultar paradojal, ¿no le parece? En un año que continúan las expresiones del malestar ciudadano con un modelo que nos expropia iniciativa, reflexividad, autonomía. Sí, quizá va por aquí la cosa también.

Abstención porque se constata que en verdad las cosas no cambian demasiado, o más bien, casi nada, si usted vota por éste o por aquél. No es tanto una incomodidad generalizada con la buena política. Si no más bien, con un tipo de uso del poder y de pretensión democrática que, de nuevo oh paradoja, camina en sentido contrario de lo que sus términos enuncian comúnmente: no tenemos política, tenemos política de poder; no tenemos democracia, tenemos más bien, poliarquía.

No somos un pueblo organizado y soberano. Y eso lo resentimos. Nuestra autonomía ciudadana ha sido vendida o cooptada por el espejismo de las ilusiones de los bienes de consumo, de la fama instantánea, de la imagen.

Tenemos un poder elitario que ha expropiado y enajenado la voluntad ciudadana para modelarla a su amaño, bajo la ilusión del progreso monetario. Y esto comenzó hace muchos años.Bajo la fuerza de la represión estatal inmisericorde, fue imponiéndose una privatización generalizada de los bienes públicos, de la ciudad, de la naturaleza, de la misma sociedad, y, como no, de la propia política y de las palabras comunes.

Una política y un Estado privatizado es una contradicción en los términos. Sin embargo, eso es lo que tenemos y los ciudadanos comienzan a entender y a despertar del sueño impuesto desde arriba y después interiorizado a la fuerza en función de la sobrevivencia.

No había tal paraíso prometido; no había ese crecimiento para todos; no había esa buena ciudad para vivir; no había esos barrios seguros para compartir; no habían esos espacios públicos para caminar y conversar; no había ese transporte público realmente público; no había tampoco salud ni educación públicas de calidad y al alcance de todos; no había respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios (y ya ve como ha tratado la razón de Estado al pueblo mapuche, con qué justicia y entendimiento),porque de nuevo, aquí lo que importa es la propiedad y los apellidos, pues.

Ni siquiera había esas tarjetas de la Polar que fuesen seguras y a favor del ciudadano de a pié. Tampoco naturaleza compartible que no fuese diezmable por algunos dólares más, y de nuevo la música, a favor del “progreso”, cómo no, digamos del bolsillo de algunos.

¿Al final que tenemos? Un país, una sociedad, unas ciudades parceladas, posteadas, entregadas – legalidad de por medio – al negocio, al capital.

Hasta la delincuencia y el narco son un buen negocio. Y ese es el único criterio evaluativo: si es un buen negocio (las ciudades, la naturaleza, la salud, la educación, las tierras mapuches, el trabajo..) entonces es algo bueno, es decir, éticamente deseable y permisible.

Si el bien y la justicia (o la estética) no son un buen negocio, pues entonces los tendremos en la medida de lo posible no más.

Por lo mismo, la propia política hace rato no es más que otro buen negocio de las elites.

¿Qué pasará el día que deje de serlo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y es muy positivo es que las mayorías ciudadanas despiertan del largo letargo, y eso nos da esperanza que podremos alcanzar otra convivencia, en otro tipo de país.

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05 ene 2013

Justos por pecadores

Después del brutal ataque japonés a Pearl Harbor, a fines de 1941, Estados Unidos encerró en campos de concentración a más de 100 mil ciudadanos norteamericanos descendientes de japoneses o personas emigradas de ese país. Para hacerlo, el Presidente Roosevelt emitió un decreto que torcía una norma sobre zonas de exclusión militar, declarando como tales a casi toda la costa oeste del país.

En un famoso fallo judicial conocido como el caso Korematsu, la Corte Suprema declaró constitucional la acción del presidente. Los jueces y la opinión pública, al calor del ataque japonés, consideraron justificado trasladar a miles de familias completas a estos recintos por su sólo origen, ante el temor de una eventual deslealtad con el país en el contexto de la segunda guerra mundial.

Cuarenta años más tarde, una comisión formada por Jimmy Carter declaró que el estado debía una reparación a las personas afectadas. Ronald Reagan pagó más de 1,6 mil millones de dólares en reparaciones a los japoneses-americanos internados y sus herederos, y firmó una ley señalando que las acciones del gobierno se basaron en prejuicios raciales, histeria de guerra y una falla en el liderazgo político.

El caso Korematsu saltó de nuevo a la palestra a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001.Esta vez, el recelo público se enfocó en las personas de origen árabe y en el islam en general.

El Congreso aprobó el Acta Patriótica que daba al presidente Bush amplios poderes para la llamada “guerra contra el terrorismo”, se trasladó a prisioneros a otros países para ser interrogados usando tortura, y se usó la base naval de Guantánamo para negar el debido proceso a los detenidos, que fueron calificados no como presos de guerra sino como “combatientes enemigos” y juzgados por tribunales militares.

Chile está hoy en uno de esos momentos de pánico donde sacrificar libertades parece justificado en nombre de la seguridad.

El atentado incendiario que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger en Vilcún se suma a una seguidilla de acciones vinculadas, presuntamente, con el asesinato en 2008 de Matías Catrileo por fuerzas policiales y se enmarca en el llamado conflicto Mapuche, que confronta a cientos de comunidades con el estado de Chile por tierras y reconocimiento.

El gobierno ha recurrido a la ley Antiterrorista de 1984, que agrava penas y reduce garantías de los procesados.

Parlamentarios y líderes políticos han señalado que la violencia en el sur del país llegó a un nivel intolerable y que es necesario declarar estado de emergencia, uno de los estados de excepción constitucional consagrados en nuestra Constitución. El presidente Piñera anunció una serie de medidas especiales, incluida la creación de una nueva unidad de lucha contra el terrorismo y controles de seguridad en la zona.

Como en el caso de Pearl Harbor y del 11-9, hoy en Chile las autoridades políticas quieren mostrarse eficientes en el manejo de la crisis.Tienen todos los incentivos para proponer normas cada vez más represivas en nombre de la seguridad y el orden, y una opinión pública receptiva a esas medidas.

Detractores de esta actitud han señalado que recurrir a leyes especiales atenta contra los principios democráticos y del estado de derecho. Sin embargo, como señalara el académico Bruce Ackerman a raíz de la situación en Estados Unidos, ningún gobierno democrático puede mantener el apoyo popular si no actúa en forma eficiente para calmar el pánico e intentar prevenir futuros ataques.

¿Cómo dotar al gobierno de las herramientas para manejar crisis severas y al mismo tiempo proteger los derechos y las libertades civiles de las personas? La respuesta no se encuentra en una escalada de leyes y medidas represivas, incluido el recurso a normas aprobadas en dictadura que no garantizan un debido proceso. Tampoco en rechazar cualquier regulación especial para situaciones calificadas como de urgencia o excepción.

Chile debe revisar profundamente, a través de mecanismos democráticos, la normativa de emergencia y seguridad interior que nos rige.Un marco regulatorio que enfrente adecuadamente situaciones de crisis –incluido el concepto de terrorismo—ayudaría a evitar que las autoridades estén dispuestas a saltarse la ley en nombre de la seguridad.

El desafío es generar medidas que equilibren la demanda por una reacción eficiente y expedita con la protección de la libertad y las garantías propias del estado de derecho, para prevenir la excesiva concentración de poder a que invitan situaciones como la que vive hoy el país.

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05 ene 2013

A propósito de los mejores

Hace dos días se entregaron los resultados de la PSU y como es tradición, el Presidente de la República se reunió con los egresados que obtuvieron los mejores puntajes, propietarios de un resultado que abre la puerta a las mejores universidades del país y a un aparente futuro de éxito y realización. Por supuesto, el orgullo de los jóvenes y sus padres es innegable, sobre todo para quienes provienen de colegios municipalizados y han sabido sobreponerse a un mundo de adversidades.

Felicitamos a nuestros mejores puntajes PSU, pero no dejamos de pensar en los cientos de miles que comienzan una larga travesía por la vida, desprovistos de las herramientas mínimas para navegar en un mundo de aguas turbulentas, competitivas e inmisericordes.

En otro escenario, hace un par de semanas, un titular de diario pasó casi desapercibido: “Casado, con postgrado y tarjeta bancaria: el perfil del chileno más feliz”. La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, incluyó por primera vez en su historia una pregunta sobre la felicidad. A raíz de ésta, un importante diario de circulación nacional junto a una casa de estudios, realizaron un desglose de la encuesta y concluyeron que el perfil de los chilenos más felices era casado, con postgrado y tarjeta de crédito.

Los resultados de la PSU y el perfil de la felicidad, podrían no tener un punto en común, pero en el fondo apuntan a lo mismo: una sociedad orientada al éxito, los resultados, al valor de las personas adosado a los números que representa, en vez de a quién realmente es. Una sociedad donde incluso el perfil de los más felices habla de bienes, de consumo y poder adquisitivo.

Creo que somos muchos los que nos negamos a ser parte de una sociedad donde la felicidad se transforma, finalmente, en un bien de consumo.

Una sociedad que se articula para que la felicidad de sus habitantes esté condicionada a posgrados- lo que implica haber pasado por un colegio que permita quedar seleccionado y tener los recursos económicos para pagarlo- entre otros bienes.

Creo que somos muchos los que nos negamos a aceptar que la única palanca de desarrollo social a escala humana sea el crédito, y no el trabajo bien remunerado o un conjunto de garantías que aseguren a todos y todas condiciones mínimas de vida que potencien el crecimiento y el desarrollo, de manera armónica, justa y sustentable.

Los resultados de la PSU y el perfil de felicidad hacen referencia al fundamento mismo de nuestra crisis: la desigualdad, una desigualdad que, entre otros, condena a la mayoría de los jóvenes en riesgo social a una educación de mala calidad, que perpetúa la brecha entre ricos y pobres, que mantiene a las mujeres con menos sueldo que los hombres, a igual función laboral.

Este 2013 será un año marcado por las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, estará cargado de mensajes políticos, de candidatos en las calles, de estrategias y marketing para poder seducir al cada vez más apático elector.

En la forma, todos serán bastante parecidos, pero en el fondo no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién gobierne una comuna, quién ocupe un asiento en el Parlamento, quién llegue a La Moneda.

No da lo mismo elegir a gobernantes orientados al liberalismo, a las leyes del mercado, a una sociedad del éxito fácil y rápido, que personas que crean que el país se construye entre todos, donde los que más tienen colaboran con los que menos poseen, donde el Estado es un motor de desarrollo equitativo, igualitario, pero también proveedor.

Donde el centro de la actividad política es la persona –sin distinciones de ningún tipo- y donde el principal norte de las políticas públicas es la felicidad genuina de los ciudadanos y ciudadanas.

El desafío de las próximas elecciones será discernir entre liderazgos que orienten al país hacia un modelo más humano y aquellos que intentan perpetuar la desigualdad, el consumismo y la indiferencia.

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05 ene 2013

Primarias y encuestas

Que la encuesta CEP tiene seguidores incondicionales que toman sus pronósticos con características de verdad revelada, es lo que sentí al escuchar a un diputado DC señalando lo inoficioso de las primarias del 19 de Enero dado lo que marcaron Rincón y Orrego en la CEP.

Este comentario me parece muy poco alineado con lo que la gente está pidiendo y con el desarrollo y demandas de los movimientos ciudadanos entre otras cosas alejados de los partidos políticos justamente por la falta de participación con que los partidos toman sus decisiones.

Esto aparece como las antípodas de lo deseado, es decirle al país. “Mire ya ni siquiera los militantes del partido o sus dirigentes tomarán las decisiones, hemos sorteado tres mil personas que a lo largo de Chile serán consultadas con un cuestionario tipo y la opción mayoritaria será la adoptada”. Poco serio, por decir lo menos.

Por el contrario poco antes un diputado UDI al ser preguntado si las diferencias marcadas entre los dos candidatos del oficialismo hacían ya inútil la primaria, contestó con un rotundo: “no, las primarias están acordadas y deben realizarse de acuerdo a lo convenido”. Sorpresas de la vida.

Preocupante lo de la oposición, si esta opinión es generalizada revelaría que poco se ha aprendido fuera del poder, este proceso de primarias verdaderas es un excelente mecanismo para elegir candidatos que puedan contar con una base amplia de respaldo ciudadano.

Las primarias obligan además a elaborar ideas con las cuales captar la adhesión ciudadana, ya no más programas de última hora realizados por unos cuantos expertos.

Los independientes en el sentido de las personas que no quieren pertenecer a un partido político determinado, pueden tener además efectivamente un espacio de participación real y concreto.

Esta ley tuvo un amplísimo apoyo y no parece correcto que quienes la sancionaron, luego la relativicen acotándola a la existencia de determinadas circunstancias.

Al menos mientras exista el sistema binominal esta es “la” forma en que la gente incluidos los militantes de los partidos pueden participar como candidatos o dar su voto a personas de una misma corriente pero que evidentemente pueden representar matices distintos, en forma amplia.

Es de esperar que se cambie el sistema binominal pero al menos mientras eso no suceda las primarias pueden ser un buen sucedáneo para una democracia verdadera.

Ojalá la ciudadanía respalde esta fórmula acudiendo a expresar su opción en las primarias que sean de su interés.

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