Hace pocos días valoramos la acción de la Justicia en la investigación del terrible crimen de Víctor Jara que, después de casi 40 años, procediera a identificar y encauzar a sus autores; manifestamos que no hay consideración alguna que pueda paralizar y detener la acción penal que corresponde a los Tribunales en ese crimen de lesa humanidad.
Ahora es necesario bregar con una infatigable voluntad de justicia ante el cruel asesinato del matrimonio Luchsinger-McKay. Sus autores deben ser debidamente castigados por el Estado de Derecho democrático imperante en nuestro país.No puede haber justificación alguna ante el crimen que se presenta o intenta excusar por supuestas razones políticas. Sus consecuencias en la historia de Chile han sido trágicas y de un incalculable costo social.
Aquellas que lo intentan justificar por las razones de injusticia imperante no hacen sino que provocar un clima de venganza y represalias que corroe y destruye el tejido social.
Se ha demostrado ya tantas veces que los que propician “el ojo por ojo” terminan arrastrando a la espiral de violencia a víctimas inocentes. El que pretende ser paladín de una noble causa auto designándose para ello termina transformado en autor de crímenes de la peor especie. En este caso, un atentado incendiario y la violencia descontrolada llega a la ejecución de un doble y feroz homicidio.
Frente a estos crímenes irracionales no puede haber doble estándar. No hay víctimas de primera o segunda categoría. No importa si cuentan o no con afiliación partidaria, si son independientes o si tienen preferencias de izquierda, centro o derecha; si son parte de un credo religioso, son agnósticos o no hacen suya ninguna creencia en el ámbito de la fe.
Por encima de cualquier causa, razón o motivo está la persona humana. La inviolabilidad de su dignidad personal y en su derecho a la vida.
Aceptar cualquier “pero” o matiz en este criterio esencial significaría no asumir cabal y definitivamente las lecciones de la lucha del pueblo de Chile durante casi dos décadas por el respeto a los Derechos Humanos y el restablecimiento de la democracia.
Lo que fue válido ayer en dictadura lo es también hoy en democracia. Nadie tiene el derecho de arrogarse para sí la facultad de disponer de la vida de los demás.
Ninguna organización criminal de esa naturaleza puede ser permitida. Este crimen efectuado con crueldad y alevosía debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Sus ejecutores no tienen justificación posible.