09 oct 2015

Acuerdo Pyme sobre sindicatos ¿quién ganó y quién fue derrotado?

Por Héctor Tejada
Héctor Tejada
Héctor Tejada
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El acuerdo celebrado entre el Gobierno, la comisión del trabajo del Senado, la bancada pyme del Senado y la Conapyme ha sido comentado como una victoria. El  Gobierno, por su lado,  logró desarticular un frente opositor, que recordaba a 1973 con la unidad de representantes de la Mipymes y  de las grandes empresas  y la Conapyme, por su parte, sacó  adelante su propuesta de que para constituir un sindicato, será necesario un mínimo de 25 trabajadores.

El tema es que a este acuerdo se le ve como una victoria de las Mypes. La pregunta es ¿contra quienes se triunfó? Si hay victoriosos, hay también derrotados. Obviamente no es el gobierno,  ya que en la mesa estaban los ministros de Hacienda y de Economía celebrando el pacto, tampoco son los parlamentarios, ni los grandes empresarios, que en este tema no llevaban velas.

Difícilmente se puede nombrar a la mediana empresa, con trabajadores que van entre los 50 a 199, por tanto, no calzan en este puzle.

Los únicos que quedan al otro lado son los trabajadores, millones de ellos, sin posibilidad de organizarse a través de un sindicato, dicho derechamente son ellos los derrotados. Estamos en presencia de una victoria política, frente a los que hemos definido como el capital más valioso de nuestras empresas, los trabajadores han sido aplastados, relegándolos al  lugar de los trabajadores sin un derecho básico, como es de su unidad expresada  en sus organizaciones.

¿Tan grande ha sido el retroceso humano en Chile? que no somos capaces de ver para dónde camina el mundo que busca una sociedad más justa, de menos desigualdades, que más allá de  ideologías, busca el encuentro de los que habitamos este planeta y en consecuencia, en nuestro país. Este acuerdo marcha en dirección contraria.

Las cosas no suceden por casualidades, siempre hay causas, muchas veces ocultas, aunque paradojamente estén a la vista. La dictadura destruyó a sangre y fuego la cultura sindical, el temor se apoderó de los trabajadores, su debilidad trajo como consecuencia el poder prácticamente sin contrapeso de los empresarios y creó la cultura de que los trabajadores eran otra materia prima, un  bien transable, otro más del mercado.

Nos acostumbramos a este estado y cuando aparece en el escenario nacional algo inconcebible, hasta principios de 2014-como una reforma sindical que busca en alguna medida nivelar las relaciones laborales-, nos atemorizamos, vimos en el horizonte un tsunami de peticiones; de la noche a la mañana los colaboradores se convirtieron imaginariamente en nuestros enemigos y había que derrotarlos, antes que se organizaran, y así despejar el peligro de la ruina de nuestras empresas.

Desde la Unión Nacional de Organizaciones de las Mipymes (Unapyme), que reunimos a 250 mil Mipynes a nivel nacional y 7 gremios, no podemos ser parte de semejante posición.

Como lo venimos diciendo, desde hace tiempo, la Mipyme viene descendiendo hace ya más de veinte años en su participación porcentual en el PIB  y a pesar de las diferentes medidas del ministerio de Economía, no logramos revertir esta situación y es aquí donde debemos poner los esfuerzos, sumando a los diferentes actores políticos: parlamentarios, trabajadores, universidades, colegios profesionales, entre otros. Todo ello para vencer  la precariedad actual  y actuar sin temores, sin miedos en la construcción de una sociedad más inclusiva y menos desigual.

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09 oct 2015

¿Cuál es el horizonte de la niñez en Chile?

Por Pamela Soto Vergara
Pamela Soto Vergara
Pamela Soto Vergara
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Encontrarse frente al actual Proyecto de Ley sobre Derechos de la Niñez hace años atrás podría haber tenido el sabor de una conquista en la disputa silenciosa que se da en el campo de las edades y las generaciones. Esta traducción, a ratos literal, de la Convención de los Derechos del Niño hubiera significado entonces, torcerle la mano a casi un siglo de control punitivo de la niñez pobre.

Y es cierto, no podemos celebrar como lo habríamos hecho hace 25 ó 15 años atrás, pero aún así, para quienes esperamos que los gobiernos de la Concertación se tomaran en serio los derechos de los niños y niñas (y nos desilusionamos cada vez que abortaron los pequeños amagos de cambios legislativos), el que hoy exista la posibilidad de debatir acerca del lugar que niños y niñas tienen en nuestra sociedad, nos parece lo más generoso que se ha ofrecido últimamente.

El marco normativo propuesto representa una posibilidad, aún con las resistencias propias de un país al que le cuesta mirarse honestamente a sí mismo y reconocerse en sus múltiples inequidades y violencias cotidianas. Es una posibilidad de abandonar la indolencia que ha caracterizado la relación con los niños y niñas, bajo las banderas de la democracia.

El proyecto de ley presentado recientemente es fiel a aquel ordenamiento, que construido al alero de Naciones Unidas, definió a fines del siglo pasado un universal de niñez, donde en un lenguaje de derechos aparecen exaltadas las necesidades de provisión y protección, por sobre la expresión de la subjetividad infantil, la participación y la cuestión de la autonomía.  Pero el proyecto no se ocupa de la concepción de infancia que lleva a la base, ni porta en sí mismo un consenso social respecto de la condición y estatuto de los niños y niñas de nuestro país. No, porque ese es un debate que no se ha dado.

Hoy, en medio de realidades complejas y un mundo agitado por  la necesidad de pronunciarse más allá del individuo y el espacio privado, se abre esta oportunidad de pensar e interrogarse por el horizonte que como sociedad nos planteamos para los niños y niñas de nuestro país.

El articulado del proyecto en lo declarativo, avanza en abrirnos hacia la concepción de un niño y niña, que ya no serán considerados como objetos de políticas sociales focalizadas, sino como sujetos de derechos.

Sin embargo, al mismo tiempo nos dibuja una niñez que se construye desde los espacios que le debieran ser naturales, partiendo por poner a la familia como epicentro de su vida y su mejor desarrollo. Así, junto a ella, la escuela, el Estado y los órganos administrativos aparecen como deliberativos y resolutivos, con la potestad de considerar y ponderar el interés superior del niño, y con la capacidad de -no queda claro cómo- desentrañar su opinión. Nada dice del sujeto, más allá de su estatuto jurídico.

Al contrario, los niños aparecen atados forzosamente a las mismas instituciones responsables de la producción y reproducción de un orden social que determina sus condiciones de subordinación. Entonces el niño o niña que asoma en la lectura del proyecto, queda sometido a conceptos que lo reducen a conceptos como la identidad o la madurez.

Cuestiones que se plantean como herramientas que permitirían dilucidar al mundo adulto sobre la mejor decisión en casos concretos, pero que desde el punto de vista de las condiciones de existencia de los niños y niñas, poco pueden decir de sus deseos, sentimientos, estado emocional o de sus necesidades más complejas.

Los niños no sólo tienen una opinión que arrancar, poseen sabiduría y experiencia acerca de su mundo interno y también de su mundo relacional, afectivo y social. La pregunta es si eso posee un valor social en la actualidad y si estamos dispuestos a asumir el desafío de incluirlo a la hora de pensar en derechos, en políticas públicas y en intervenir.

La reducción de la experiencia infantil, no está dada sólo por la ausencia de definiciones, sino que especialmente por las preguntas que no hemos debatido como sociedad. En ese silencio, el espacio de la subjetividad de niños y niñas ha ido quedando reducido a lo que el mundo adulto puede ofrecer como formulación de su experiencia, una traducción, una interpretación que se supone universal y buena per se.

Los constructos psicológicos explicativos de la vida infantil -elementos que estarían a la base de su interés superior- aparecen asociados a una visión restrictiva de la participación, la que queda reducida a una relación funcional con las instituciones, como si no fuera posible aún reconocer al niño y a la niña como agentes activos, capaces de participar en la vida social de maneras que pudieran servir a la expansión de sus posibilidades, a la liberación de fuerzas que les oprimen o a la transformación de su entorno.

El horizonte que se les ofrece a los niños y niñas entonces, es uno que por la vía lineal se conduce hacia la vida futura como sinónimo de mayor y mejor desarrollo, en desmedro del bienestar de  la vida presente.

¿Qué sucede con la complejidad de la existencia de los niños y niñas hoy, en una experiencia que no es un mero tránsito entre estados, sino el único presente posible?

¿O perdemos esas experiencias subjetivas actuales en medio de prescripciones morales, construcción de roles, adquisición de habilidades cognitivas y emocionales y todo aquello de lo que deben dar cuenta niños y niñas, para dar garantía de un desarrollo pleno y -entonces sí- un estatus de persona completa? La pregunta del presente está íntimamente relacionada con la pregunta por el horizonte, toda vez que ambas suponen detrás una idea de sujeto.

La subjetividad de aquellos niños y niñas que por arte de la ley quedan denominados sujetos, no puede reducirse a la condición de portador de derechos. Los niños y niñas están hoy sometidos a las fuerzas sociales, a la disputa en diversos campos como el género, la clase y por supuesto, la edad, a la constitución de una individualidad construida en un entramado social complejo. ¿Cómo otorgarles reconocimiento, asomándose  a sus experiencias más allá de la representación como sujetos dependientes e incompletos?

Las preguntas posibles de este debate -que no hemos tenido- son infinitas. Sin embargo, algunas me rondan como fundamentales.

¿De qué manera la pregunta por la subjetividad de los niños y niñas puede abrir un espacio para pensar en nuevas y más diversas formas de relación en la vida social?

¿Cómo visibilizar ese ser en el mundo de niños y niñas, como una experiencia que trasciende a  sus padres y a las instituciones con las que se relacionan, más allá de los preceptos de la sociedad adulta?

¿De qué manera entregarle a la experiencia infantil y su sabiduría, un estatuto de legitimidad? Son grandes preguntas para enormes desafíos y quizás son ellos, los propios niños y niñas, quienes mejor pueden responderlas.

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08 oct 2015

“No queremos decir se les dijo”

Por Eduardo Saffirio
Eduardo Saffirio
Eduardo Saffirio
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Es un hecho evidente: los gobiernos deben financiar sus programas y, para ello, los impuestos son la principal fuente de recursos públicos, permitiendo la transferencia de bienes privados a bienes colectivos. En el caso que una economía se proponga proporcionar más bienes públicos y de mayor calidad –como educación, atención sanitaria o seguridad frente al delito- deberá financiar estos mayores costos con nuevos ingresos permanentes.

Sin un adecuado financiamiento se facilitan los ataques derechistas a las reformas, bajo la acusación de “aumentar el gasto sin aumentar ingresos”.Como lo sostiene el economista Ha-Joon Chang, este es un argumento usualmente empleado por el pensamiento neoliberal frente a un aumento de provisión de bienes públicos y a un papel más activo del Estado en la política social.

Aumentar la recaudación tributaria y además con mayor equidad en ella, explican con claridad los propósitos centrales de los cambios tributarios realizados en nuestro país. Es necesario aclarar que también la Reforma Tributaria contempló los llamados impuestos “correctivos”, a los “males” o al “pecado” –que gravan vía alza de impuesto al consumo de alcohol, tabaco, bebidas alcohólicas y analcohólicas azucaradas- cuyo efecto redistributivo se refuerza por la vía del gasto público.

Como es obvio, sin progresividad tributaria es muy difícil reducir las desigualdades. Ello supone políticas públicas ya no sólo distributivas, sino también que redistribuyan los recursos entre los ciudadanos miembros de la asociación cívica republicana.

Estos fueron los dos objetivos fundamentales a los que tendió la Reforma Tributaria 2014 y lo que le dio el carácter de urgencia, pues era factor indispensable para obtener los recursos que permitiesen financiar las iniciativas sociales que son el “corazón” del programa de este Gobierno, eliminando de paso, el clima de incertidumbre que genera un debate sin término claro sobre los tributos del país.

Pero, como era de esperar, el proyecto sufrió objeciones y una fuerte resistencia, principalmente provenientes de la Derecha y de gremios que representan a las grandes empresas, quienes al verse afectados coordinaron su crítica y acción. De esta manera, para difundir su visión sobre la Reforma, contaron con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación.

Así, y sumado a ello algunos errores comunicacionales y también, hay que decirlo, técnicos del Gobierno, instalaron ideas contrarias a los cambios en la opinión pública, la más relevante y difícil de enfrentar fue que la Reforma afectaría especialmente a la clase media y las PYMEs, lo cual era completamente inexacto, pues se buscaba que los afectados por el alza tributaria fueran los segmentos de más altos ingresos.

Sin duda el escenario para este proyecto fue hostil. A la crítica del contenido de la Reforma Tributaria se añadió un velado desprestigio de las autoridades y cuadros técnicos que participaron en el proceso de preparación del Proyecto de Reforma Tributaria. Fue probablemente para salvar esta situación y dar certezas a la comunidad que, el ministerio de Hacienda, vio en la solicitud de un Informe sobre los  “Efectos distributivos de la reforma tributaria 2014” una vía para explicar los reales alcances y beneficios de ella.

La entidad seleccionada para tal efecto fue el Banco Mundial, institución que, dada su condición de organismo especializado de las Naciones Unidas para el apoyo financiero y técnico de los países en desarrollo, cuenta tanto con los cuadros especializados como con el prestigio requerido para que sus conclusiones fuesen recibidas como ciertas.

En lo grueso, las conclusiones a las que llegó este organismo establecieron:

I) El impacto sobre la distribución del ingreso de las personas será positivo y mejorará la equidad del sistema tributario, los impuestos pagados por el 1% más rico de la población chilena suben de 2,4% a 3,5% del PIB, y a su vez, ellos provienen en casi un 80% del 0,1% más rico.

II) Pese a que el impacto del aumento de tasas de los llamados impuestos correctivos puede ser regresivo, en términos relativos, su efecto redistributivo será absoluto vía gasto público (social).

Esto último en dos sentidos; por una parte por el ya sabido ítem “recursos disponibles” para efectuar dichos gastos y, por otra, vía “ahorro de recursos”, ya que el menor  consumo de estos bienes redunda en una mayor capacidad productiva de la población y un menor gasto en salud derivado del tratamiento de enfermedades asociadas a ellos. Cabe agregar que, en general, este aumento recae más fuertemente en los grupos de más altos ingresos.

Concluyendo, tal como se comprobaba de la sola lectura del Informe Financiero del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, el efecto redistributivo es altamente significativo a favor de los más pobres.

El grueso de la recaudación proviene de impuestos al capital (al gran capital) y no a los grupos medios como adujo y aduce la Derecha.

Hoy reiteramos lo que sostuvimos en una columna anterior de este mismo medio: la mayor parte de la campaña de desprestigio de la Reforma Tributaria por parte de la Derecha fue en lo sustancial, parte de la retórica de la intransigencia en su versión más reaccionaria[1].

[1] Ver: Saffirio, Eduardo. “Retórica y reformas, releyendo a Hirschman”. Cooperativa. 18 de agosto de 2014. http://blogs.cooperativa.cl/opinion/politica/20140818123925/retorica-y-reformas-releyendo-a-hirschman/

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08 oct 2015

El apoyo de los Estados Unidos a Al Qaida en Siria

Por Reinaldo Sapag
Reinaldo Sapag
Reinaldo Sapag
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Puede aparecer extraño que sean los Estados Unidos quienes apoyen al grupo  armado Al-Nusra, la filial siria de Al-Qaida. Sin embargo, los continuos errores que ha cometido Estados Unidos  en el Oriente Medio han permitido que rebeldes sirios, formados  por ellos, hayan entregado equipos, apoyo logístico y principalmente armamento de última generación de fabricación norteamericana, a quienes destruyeron las torres gemelas, provocando terror y muerte a más de 3.000 personas en el corazón de Nueva York.

Soy hijo de padre sirio y de madre chilena cuyos padres eran también sirios. Hace algún tiempo atrás escribí mi historia familiar en un libro que titulé “Mis Raíces Provienen de Siria”. El impacto que generó mi historia familiar en la propia Siria provocó que el embajador en Chile, don Fares Chahine, quien fuera recientemente asesinado en Damasco por el extremismo rebelde, me invitara a participar en el Congreso Internacional de Emigrantes de origen sirio efectuado en Damasco en el año 2007, al cual también asistieron en representación de Chile, Sergio Bitar y Roberto Nahum.

Conocí un país en paz bajo la presidencia de Bashar Al Assad. Siria es una sociedad en la que por historia las religiones juegan un papel fundamental. Su sistema político no es homologable a los sistemas occidentales, por lo que intentar observar su estructura política con los parámetros de las democracias occidentales constituiría un grave error de diagnóstico. Constaté una sociedad multiconfesional que se organiza a través de un Estado y un gobierno aconfesionales, un país que favorece la inclusión social donde las mujeres pueden y ocupan cargos de importancia en la administración del Estado o vistiéndose a la usanza que libremente ellas elijan.

El gobierno de Bashar Al Assad –con sus errores y aciertos- no puede ser comparado, por ejemplo, con la dictadura del general Pinochet. En Chile nos sentíamos orgullosos de nuestra democracia, hasta el momento que adoptamos actitudes irreconciliables, las que provocaron el Golpe de Estado de 1973 con su secuela de arbitrariedades, destrucción, persecución, violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones que hasta hoy hieren el alma nacional , generados por un gobierno que sembró torturas, terror y muerte.

El problema sirio hay que visualizarlo de una manera muy distinta al pensamiento occidental. En Siria, influyen las diversas corrientes musulmanas con sus  estrategias religiosas vinculadas al poder político, o sus diversas maneras de interpretar la voluntad de Dios a través de su profeta Mahoma.

También las distintas miradas que genera la acción destructora militar de Israel, país que recibe un fuerte apoyo de armamento bélico con aviones de combate proporcionados por los Estados Unidos, frente a una Palestina que sólo puede luchar por sus derechos y su tierra lanzando contra ellos piedras o utilizando armamentos hechizos de prácticamente nulo poder destructivo. Si a todo lo anterior se le suman los intereses políticos y económicos de las grandes potencias en el Oriente Medio, entonces, quizás, estemos acercándonos a entender que Siria se ha convertido en una víctima de la incapacidad de la comunidad internacional de resolver una crisis en la que existen responsabilidades compartidas.

Obama, en su intransigente postura de exigir la cabeza de Bashar Al Assad, está actuando con la misma ceguera con la que el presidente Bush ya lo hizo en Irak respecto a Sadam Hussein. Estados Unidos invadió a ese país mediante el expediente de la mentira. Justificó la invasión militar a Irak asegurando que disponía de un gran arsenal de armas químicas, lo que resultó ser un invento norteamericano para provocar terror y muerte a miles de ciudadanos inocentes. La irracional decisión de Bush también provocó dolor y sufrimiento a tantas familias norteamericanas que vieron perder a seres queridos en una guerra fracasada.

Intentar responsabilizar exclusivamente a Bashar Al Assad de la destrucción y la guerra en Siria no es ni sensato ni justo. Son muchos los culpables. La comunidad internacional y en especial las grandes potencias, también lo son; las corrientes fundamentalistas musulmanas también tienen culpas inexcusables.

Los que intentan crear un Estado Islámico mediante la fuerza de las armas, no pueden lavarse las manos impregnadas de sangre inocente. Los rebeldes sirios tampoco pueden hacerlo. Turquía, que ha permitido que a lo largo de su frontera con Siria se hayan entregado armas y apoyo logístico a los insurgentes, tiene  sin duda una alta cuota de responsabilidad.

Pero, sin duda, el principal culpable  es el gobierno de los Estados Unidos  al aportar ayuda militar, armamento  de última generación  y capacitación a los rebeldes sirios.

En su afán enfermizo por derrocar Al Assad, finalmente lo único que logró fue la de dotar de armamento  de fabricación norteamericana a la filial de AL-QAIDA  de Siria, el grupo extremista AL-NUSRA, socio de los fundamentalistas del Estado Islámico, quienes han multiplicado las muertes de inocentes sirios con armas y dinero del pueblo de los Estados Unidos.

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08 oct 2015

Tranco Firme

Por Manuel Riesco
Manuel Riesco
Manuel Riesco
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“Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario”, declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos.

Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin “competencia” del sistema público, el que sobrevive a duras penas con “una mano atada a la espalda”, como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental.

Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes.

Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes.

El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinando en  becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto.

Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas reservadas  al llamado “subsidio a la demanda”, que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización.

Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad.

La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores.

El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad.

En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, a cambio de un acceso gradual a la gratuidad, éstas transformen su estructura de propiedad de modo de garantizar que no tengan fines de lucro, que mejoren su calidad hasta satisfacer a los requisitos indispensables, y democraticen su estructura de gobierno incorporando a los tres estamentos; esto último es la clave para garantizar que su funcionamiento se va a alinear con autonomía a los objetivos públicos.

En cuanto a las universidades privadas no acreditadas, que hoy no pueden acceder a becas ni créditos, su situación financiera es incierta y hay que establecer un fondo presupuestario adecuado para absorberlas completas en algunas de las universidades estatales.

Las mismas deben asimismo ser reformadas profundamente, saneadas financieramente, y fusionadas las más chicas o inviables en otras mayores de modo de dejar una o a lo más dos por región, empezando por el retorno del Instituto Pedagógico —actual “UMCE”— a la Universidad de Chile, de la cual fuera expulsado por la dictadura en una de sus primeras medidas “educacionales”. Asimismo, hay que dar un presupuesto adecuado a las universidades estatales que recién nacen, lo que es muy importante, puesto que ellas deben ser gratuitas desde sus inicios.

En el caso de la educación superior técnica, la primera medida debe ser retornar INACAP al Estado, a quien pertenece. Fue entregado sin pago alguno a sus directivos en la hora undécima de la dictadura y es tiempo que retorne al Estado para constituirse en la base del sistema público en ese nivel educacional importantísimo.

Del mismo modo, hay que proceder con decisión a la medida programática de creación de un CFT público por región. Respecto de las instituciones privadas en ese nivel, hay que proceder igual que con las universidades, transformándolas o absorbiéndolas.

Finalmente, hay que modificar del mismo modo el sistema de financiamiento de las escuelas, colegios y liceos. Actualmente se da el contrasentido que se les ha prohibido el lucro, al mismo tiempo que se les ha incrementado el financiamiento público entregado íntegramente mediante “vouchers” ¡incluso a las escuelas municipales!

Eso debe ser modificado de inmediato, transformando la así llamada “ley de desmunicipalización” en la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en este nivel, con una estructura  de dirección bien equilibrada en sus aspectos centralizados y descentralizado y con la misión de dotar rápidamente a cada barrio y cada pueblo con una escuela pública gratuita y de calidad, empezando por la más necesitados.

Para ello es necesario transformar los actuales colegios subvencionados, incorporando los mejores de ellos directamente al presupuesto, en un esquema de gratuidad similar al que se está aplicando hoy para las universidades, con la misión específica de atender de manera gratuita a un barrio determinado.

Esta medida tendrá un impacto gigantesco, mejorando la calidad de la educación pero también la vida en las ciudades, entre otros aspectos al reducir drásticamente el número de viajes, puesto que los niños podrán caminar a su escuela, pública gratuita y de calidad, ubicada cerca de su casa, tal como lo hacen en todos les países del mundo.

La conformación del sistema de educación público, gratuito y de calidad mediante el paso al presupuesto de las mejores instituciones existentes no es un nuevo experimento. Es lo que Chile hizo en la Reforma Universitaria de los años 1960 o lo que Cataluña hizo con sus “colegios concertados” tras el término de la dictadura de Franco, entre muchos otros ejemplos. Ese es el camino, no destruir nada sino transformar lo existente.

Ahora que la decisión de la Presidenta es un hecho y forma parte de la ley de presupuesto, nadie ha osado pronunciarse en contra.

Ha enmudecido el coro estridente y majadero, que intentó manipular todos los resortes del poder que manejan a su amaño, incluidas pataletas histéricas, amenazas de romper la coalición de gobierno y no incorporar a la gratuidad a algunas instituciones importantes, para impedir la concreción de esta medida de evidente beneficio general, que implementa un programa sancionado democráticamente. De seguro se van a reponer de su desconcierto inicial y van a intentar poner palitos a la aprobación de la ley de presupuesto, pero les resulta cuesta arriba y fracasaran en el intento.

Sería lindo que los estudiantes ayudarán aún más en todo este gran avance, que ha sido posible gracias a su histórica movilización iniciada el 2006. Recientemente, la posición de la principal organización estudiantil y algunos parlamentarios de esa “bancada”, han aparecido con remilgos puristas o más preocupados de hacer oposición al gobierno que de lograr avances concretos para miles de estudiantes y han mantenido una posición ambigua en la dura batalla librada desde hace más de un año, por iniciar la gratuidad de inmediato en la ley de presupuesto, la ley madre que determina la política del Estado.

Es de esperar que ahora se sumen con decisión a la batalla que se viene, por aprobar la ley tal como la ha presentado el gobierno y extender esta medida rápidamente a todos.

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08 oct 2015

La igualdad como base fundamental

Por Ignacia Picas Aguilera
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Es bien sabido que para las naciones democráticas, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se considera como uno de los principios básicos. Para muchos resulta obvio que una mujer pueda tener los mismos derechos que un hombre en cuanto a lo que a empleo se refiere, aunque en muchos otros países este resulte ser un elemento completamente externo a su cultura pues ellas sólo se limitan a limpiar el hogar, cuidar de los niños  y permanecer alejadas en la cocina.

No resulta nada raro ver muy frecuentemente esta situación en países machistas  donde al parecer suelen pasar por alto  los derechos humanos como Arabia Saudita.Lo sorprendente es aún encontrarlos en Chile, un país en el que supuestamente la igualdad tiene un valor fundamental pero en el que todavía podemos ver dueñas de casa totalmente devotas y subordinadas a la voluntad de los  hombres, y esto gracias a que jamás se les han otorgado las herramientas necesarias como para que reconozcan su propio valor como persona.

No es como si ser ama de casa no fuera un trabajo digno de admiración para quien realmente disfruta haciéndolo, eso está claro, pero lo interesante es preguntarse ¿cuántas de esas mujeres desearían ir a la oficina, cuántas de ellas superarían incluso a sus mismos jefes si se les dieran las oportunidades de educación requeridas, cuántos problemas a nivel mundial serían resueltos si su opinión fuera escuchada?

Hace un par de semanas tuve una oportunidad única en la vida. Tuve el privilegio de recibir, junto con una gran cantidad de compatriotas que esperaban ansiosos agitando sus banderas, a la famosa Esmeralda en el puerto de Londres. No sólo fue una ocasión irrepetible en la que me pude dar cuenta de la grandiosa labor que realizan las Fuerzas Armadas para con el país, sino que además pude hablar con algunos tripulantes del buque. Sin duda, el tema más tocado a lo largo de toda la visita fue la reciente incorporación de la mujer al mundo de la navegación, y cuáles han sido los cambios que se han producido desde aquel entonces.

Si bien es cierto que ante todo debería prevalecer la igualdad como base fundamental, existen algunos factores que a veces la dificultan; en el caso de la navegación, los que más afectan son las modificaciones que se deben hacer en cuanto al diseño del navío ya que deben haber ciertas infraestructuras específicas para las mujeres (habitaciones y baños exclusivos para ellas), la modificación de  algunos puestos y labores dentro de la embarcación ya que evidentemente no se le puede exigir la misma fuerza física a ambos géneros, pero el más influyente es la adaptación que se debe hacer a la carrera, puesto que si se da el caso de que alguna quedase embarazada, deberá estar de baja y, por obvias razones, dejar el cargo por un tiempo.

Todos estos ámbitos parecían complicar bastante la situación hace pocos años atrás; actualmente, para las jóvenes que desean navegar esto ha cambiado y en efecto, están teniendo la oportunidad de realizar las mismas funciones que los varones y, por supuesto, esperan la misma remuneración por su trabajo.

La mayoría de los navegantes de La Dama Blanca parecían estar de acuerdo con la decisión, sin embargo lo que llamó mi atención fue que al conversar con un grupo de mujeres ellas me dijeron que aunque consideraban que la sociedad chilena había evolucionado notablemente y prueba de esto era su incorporación a la Marina, no estaban totalmente conformes con el cambio a nivel nacional y argumentaban su postura afirmando que aún había discriminación hacia ellas en varios aspectos.

Desafortunadamente si miramos a nuestro alrededor podemos ver que algunas compañías incluso evitan contratarlas debido a que no están dispuestas a realizar tales modificaciones en la carrera y, de hecho, se sabe que muchas de ellas no reciben el mismo salario que sus colegas masculinos, siendo que ambos han invertido el mismo tiempo adquiriendo conocimiento y experiencia profesional.

Entonces, teniendo las oportunidades necesarias para que el género femenino pueda exitosamente formar parte de las empresas pero conociendo también que el menosprecio aún es frecuente yo me pregunto, ¿cuándo se logrará la verdadera igualdad?

¿Qué se requiere exactamente para encontrar el perfecto equilibrio y que la balanza de poder y oportunidades no se incline más de un lado que de otro? Tras largas horas de ahondar  en el tema he llegado a concluir que la igualdad que muchas buscamos no se trata de hacer que ambos, hombre y mujer hagamos las cosas de la misma manera; es obvio que dependiendo de nuestro género será como actuemos y nos enfrentemos a la vida, pero si  siempre procuramos respetarnos y recordar que no existe  un sexo superior tal vez podamos hacer que nuestro entorno sea muy diferente y cada vez puedaabrirse un abanico más amplio de posibilidades para cada quien.

Así pues, esa justicia que muchos alrededor del mundo exigimos no consiste en dar lo mismo a todos, sino en dar a cada uno lo que necesita.

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08 oct 2015

La hora de negociar

Por Jaime Hales
Jaime Hales
Jaime Hales
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Chile perdió el incidente en La Haya. Era previsible y hubo especialistas que lo dijeron claramente (José Rodríguez Elizondo, por ejemplo), con los que oportunamente manifestamos nuestro acuerdo. La verdad es que el único argumento que justificaba este incidente preliminar era la consabida frase que “no hay peor gestión que la que no se hace”.

Pero, una vez ya enfrentados al juicio mismo, me pregunto si acaso tiene sentido seguir adelante. Me explico, lo peor que puede pasarle a Chile es ser “condenado” a negociar. Por cierto, no se asegura el resultado de la negociación. Siendo así, ¿por qué no negociar de inmediato y nos ahorramos, no sólo los cuantiosos honorarios de abogados, sino todos los gastos y tensiones inherentes a un juicio de esta naturaleza?

Allanémonos al juicio y vamos directamente a negociar. Propongamos formalmente relaciones diplomáticas e iniciemos una negociación que, larga o corta, debe tener por finalidad dar a los bolivianos el mejor acceso al mar posible y entregar a Chile las compensaciones suficientes por ello.

Esa negociación no podrá jamás considerar la entrega de territorios dividiendo en dos el territorio chileno. Se podría entregar una zona costera, pero sin continuidad soberana con el territorio boliviano, lo que, por cierto no sería satisfactorio para los bolivianos. Entonces, no habría otra posibilidad de entrega de territorio soberano que hacerlo en la frontera norte de Chile. Como algún día fueron peruanos, aplicando el absurdo tratado de 1929, habría que pedir al consentimiento de Perú para cederlos en soberanía a Bolivia, país que ya se opuso una vez.

Si se acordara ello con Bolivia, entonces habría que nuevamente pedir a Perú su consentimiento, país que podría decir que sí o que no. Si dice que sí, miel sobre hojuelas, todo arreglado. Si dice que no, entonces juntos ambos países podríamos iniciar una presión internacional para asumir esa situación y mientras tanto arrendar ese territorio a los bolivianos.

Me asalta la duda ¿por qué se opone Perú? ¿Pretende recuperar esos territorios, como dicen los grupos ultra nacionalistas? Si Perú se niega, querrá decir que no renuncia a recuperar lo que perdió en la guerra y eso es una amenaza para la paz. Sería beneficioso para todos que se terminara esa frontera chileno-peruana, con lo cual podríamos ambos países (los tres países en realidad) ahorrar cuantiosos recursos en gastos militares, lo que sería muy útil ante las necesidades que existen en nuestras sociedades.

Pero da la impresión que nuestra Cancillería, manejada con torpeza hace ya un tiempo, no logra medir los alcances de lo que se está haciendo y se solazan con discusiones diplomáticas y juicios con peluca y capa, sin asumir ni entender lo grave que esto es para nuestro país.

Busquemos mecanismos de hermanamiento y vamos de inmediato a negociar, que Chile arme un equipo que considere a diplomáticos de talla y nivel (como nuestro embajador actual en la OEA), con políticos audaces e intelectuales y creadores. (Por cierto, me ofrezco a integrar el grupo, en homenaje a mi padre que fue embajador en La Paz y tuvo por 4 años las mejores relaciones entre ambos países).

Entonces conversamos, analizamos y buscamos formas de dar satisfacción a las aspiraciones de ambos pueblos. Bolivia deberá saber que si obtiene un territorio como el que espera, no podrá seguir teniendo las franquicias que le da el tratado actualmente vigente.

El objetivo de Chile debe ser la paz de los pueblos de América, la desmilitarización y el desarme, la integración de los países y la progresiva eliminación de las fronteras, todo ello, sin perder soberanía o recibiendo las compensaciones adecuadas.

Terminemos de una vez con estas diferencias y empecemos a escribir la nueva historia de nuestro continente.

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07 oct 2015

Desconcierto y molestia por las palabras del Papa

Por Marco Antonio Velásquez
Marco Antonio Velásquez
Marco Antonio Velásquez
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Desconcierto y molestia ha suscitado la respuesta del Papa a una consulta realizada por Jaime Coiro, vocero y secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, sobre la situación de la Iglesia de Osorno. El Papa expresó una férrea defensa de Juan Barros, obispo de esa diócesis, y responsabilizó a los políticos de izquierda, calificando de “calumnia” las acusaciones contra el obispo, utilizando severos juicios contra la comunidad cristiana de Osorno, calificándola de “tonta”.

Las declaraciones datan del mes de mayo, a dos meses de la penosa asunción de Barros como obispo de Osorno.

Casi cinco meses después de las palabras del Papa, el Movimiento de los laicos osorninos, lejos de apaciguarse, se ha consolidado y fortalecido. Incluso, se ha convertido en un espinudo problema para la Iglesia chilena, donde algunos obispos simpatizan con dicha causa que ha conseguido un amplio apoyo en la ciudadanía y ha despertado interés mundial.

En la actualidad, las palabras del Papa resultan extemporáneas porque, con lo acontecido, se ratifica el error de su nombramiento, así como el afán por mantenerlo en el cargo. Los antecedentes que justifican el rechazo de Barros sobran y avalan a un Movimiento que sigue extendiéndose, no sólo transversal, sino cualitativamente.

Consecuentemente se ha generado una situación pastoral grave, porque hay elocuentes signos de división. Ello demuestra la incompetencia del obispo para ejercer la misión esencial de un pastor, cual es ser signo visible de unidad y comunión en la Iglesia local. Se suma a ello el hastío de algunos sacerdotes por servir en esa diócesis e incluso, el deterioro de la salud del propio obispo Barros.

Siendo desafortunadas las palabras del Papa, es evidente que ellas parecen difundirse intencionalmente, pero cabe preguntarse, ¿con qué propósito?

En la iglesia chilena, los escándalos de Karadima siguen copando los espacios noticiosos, siendo más profuso en las últimas semanas.

La filtración de los correos entre los cardenales Errázuriz y Ezzati, así como la violación de la correspondencia personal que el cardenal Errázuriz dirigió paternalmente al padre Karadima y a su discípulo Diego Ossa, causaron escándalo. La concurrencia de altos dignatarios de la Iglesia ante los tribunales de justicia, respondiendo a la demanda civil contra el arzobispado de Santiago, por negligencia y encubrimiento de los abusos del ex párroco de El Bosque, muestran a una Iglesia acorralada y a la defensiva. Y como el epílogo de una tragedia griega, la difusión de la película El Bosque de Karadima ha vuelto a impactar a la opinión pública con los horrores de la pederastia.

En tal contexto, la difusión intencional de las declaraciones del Papa logra distraer el foco de la atención pública situada en el tema Karadima, trasladando los escándalos de la Iglesia chilena a Roma. De paso, se endosan y reparten los costos personales de tanto escándalo, nada menos que con la persona del Papa.

En la escala de responsabilidades, desde la mayor gravedad de las culpas de Karadima, hasta la blandura que le cabe al Papa por nombrar y apoyar a un obispo salpicado por la complicidad en graves delitos, hay muchos involucrados con diferentes grados de participación en esta sórdida historia.

A la negligencia de los arzobispos de Santiago, cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, se suma la responsabilidad de Juan Barros y de los restantes obispos de Karadima, incluyendo a la extensa lista de sacerdotes formados por el ex párroco de El Bosque, muchos de los cuales mantienen secretas lealtades al maestro, hostilidad al pastor de la Iglesia de Santiago y no pocos francamente están arrepentidos.

Se agregan a ellos, miembros de la alta jerarquía romana, como el cardenal Angelo Sodano, quien construyó una estrecha relación personal con Karadima, cuando fue Nuncio Apostólico del Papa Juan Pablo II en Chile. Asimismo, la sigilosa actuación del Nuncio Apostólico, don Ivo Scapolo, no pasa inadvertida en esta maraña de poder eclesiástico. Éste es el círculo de hierro que protege al padre Karadima y que sigue operativo.

En ese amplio espectro hay gente influyente que busca compartir y desviar los costos humanos y las responsabilidades personales de graves delitos cometidos. Entre ellos, informantes y consejeros del Papa, que en el extremo lo han expuesto a graves y delicadas situaciones.

Impresiona la consistencia de las palabras del Papa con las acusaciones proferidas por algunos obispos leales a Karadima, quienes el 6 de agosto de 2010 escribieron sendas cartas al Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor Luis Francisco Ladaria.Tales misivas tenían por objetivo respaldar colegiadamente a Karadima, denunciando una confabulación de la izquierda y de la masonería chilena en las acusaciones de pederastia contra Fernando Karadima.

La prensa chilena publicó en agosto de 2013 las cartas de Tomislav Koljatic, obispo de Linares, y Horacio Valenzuela, obispo de Talca. El primero culpaba a “los cristianos para el socialismo” y a la “teología de la liberación“, señalando que “tristemente en estas acusaciones han convergido enemigos declarados de la Iglesia (Masones y liberales)“.

El segundo obispo declaraba: “Son grupos en Chile muy poderosos, que dominan magistralmente la opinión pública, ligados a la izquierda política o a la masonería, que manejan gran parte de la prensa y han penetrado de modo significativo, entre otros, el poder judicial.“

Desde hace largo tiempo, un grupo -principalmente de laicos y laicas- viene advirtiendo lo que han denominado la profunda crisis de la Iglesia chilena. No han sido escuchados. Al contrario, han sido desprestigiados y, muchas veces, denigrados. Son personas que con perseverancia y con total desinterés, han testimoniado un elevado aprecio a la Iglesia y al Papa, pidiendo y clamando que atienda con urgencia las consecuencias de una crisis grave y profunda, que ha provocado el descrédito y la desconfianza de muchos.

El mismo día en que se difundieron las palabras del Papa defendiendo al obispo Barros, y previamente, se publicó una entrevista al Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile, don Alejandro Goic Karmelic, quien manifestó su dolor por la situación que vive la Iglesia chilena.

El Papa Francisco sabe que don Alejandro es un obispo creíble y respetado en Chile, en quien la sociedad chilena reconoce un rostro fiable y cercano que puede prestar un gran servicio para restaurar las confianzas perdidas en la jerarquía de una Iglesia que se ha vuelto triste y donde muchos han perdido la esperanza.

La Iglesia chilena necesita ayuda urgente, porque “cada vez que la Iglesia abandona el camino de Jesús para preocuparse de asegurar cuotas de poder y de prestigio, la oscuridad ha impedido que florezca el Evangelio.” (Entrevista a monseñor Alejandro Goic K., publicada en revista Qué Pasa).

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07 oct 2015

Divididos por la felicidad

Por Francisco Lagos Díaz
Francisco Lagos Díaz
Francisco Lagos Díaz
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En el diálogo cotidiano de la ciudadanía, las opiniones vertidas son como látigo peligroso y directo sobre la piel: el país no avanza, la corrupción se consolida y la ineficacia de las instituciones para responder a las demandas y anhelos de la comunidad parece no tener retorno.

Delincuencia, reformas, mercado del trabajo, transporte, oferta inmobiliaria y sistema de pensiones, entre otros hitos, tensionan los discursos de la calle y los que son emitidos por los operadores de la administración del espacio público.

Entre unos y otros una distancia, reflejada por las encuestas de opinión y las cifras de éxito y crecimiento, por la abstención electoral y los indicadores de eficiencia, percibidos generalmente como datos duros de la autocomplacencia de autoridades sin contacto directo con la calle y sus habitantes.

Como si Chile fuera México, como si fuéramos Haití. Una mirada desalentadora sobre los logros obtenidos desde el retorno a la democracia y un pesimismo indignado respecto de los próximos años y de los desafíos que debemos enfrentar para continuar construyendo un país de oportunidades crecientes y riesgos controlados, de libertad política, transparencia y bienestar, en democracia y participando activamente en la construcción de una comunidad internacional con base firme en los derechos humanos.

Con certeza podemos afirmar que Chile no es México y tampoco es ya el mismo país de hace cuarenta años, cuando el analfabetismo, la mortalidad y la desnutrición infantil representaban los principales problemas sociales.

Hoy nuestros problemas son la obesidad mórbida, el envejecimiento progresivo de la población y el acceso a la supercarretera electrónica para ingresar a la sociedad del conocimiento y la información, el impacto ambiental de la demanda energética y la transparencia en el accionar de las agencias y agentes de poder.

La sensación ambiental es que entre la puerta giratoria y las sillas musicales, la gestión de los desastres y escándalos, el bajo crecimiento e incertidumbres fundamentales- ¿habrá o no nueva Constitución?,  el país se estanca, los beneficios son acumulados por unos pocos y los temores se hacen realidad.

Contra esto, no nos queda más que reconocer las zonas de difícil cicatrización. La reconciliación y la transición a la democracia han dejado marcas hipertróficas, heridas cerradas pero visibles y traumáticas sobre las que volvemos la mirada de manera permanente. 1973, 1988, 2010 son solo algunos  puntos de ruptura que fracturan y distancian. No es fácil decir “hemos sanado las heridas de la patria”. Estas, por el contrario, aún duelen.

Necesitamos emprender un proceso terapéutico a escala política para construir un proyecto compartido de país, con liderazgos sin privilegios y opinión ciudadana con participación. Enfrentar las tensiones sin menoscabar a los opuestos y, por cierto, permitir los gestos de confianza e invertir en la imagen y eficacia de las instituciones.

Cuando la banda de rock argentina Zumo, publicó en 1985 el disco “Divididos por la felicidad”, la primavera alfonsinista comenzaba a recorrer sus primeros y breves días. Es esa misma felicidad en un país con más (pero insuficiente) bienestar, oportunidades y recursos, la que se nos escabulle en estos días, generando esa sensación de malestar que se exterioriza en el diálogo cotidiano.

Y quizás, sin más, en Chile sigamos “pateando piedras” a la espera de una próxima oportunidad para entrar al juego de las oportunidades y riesgos compartidos, profundizando la democracia y distribuyendo la riqueza socialmente producida.

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07 oct 2015

Tarea pendiente, protección contra delitos económicos en las empresas chilenas

Por Susana Sierra
Susana Sierra
Susana Sierra
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Con pesar nos enteramos hace unas semanas que, de acuerdo a la Convención Anti Soborno de la OCDE, Chile está ubicado entre los países que presentan poca o nula aplicación de la Convención, es decir, que se han hecho pocos esfuerzos para combatir los sobornos de personas en el extranjero.

Además, según el informe, 22 de los 41 países que forman el grupo han fallado en investigar casos de corrupción en el extranjero durante los últimos cuatro años, no cumpliendo sus obligaciones de combatir el soborno internacional.

Con los resultados del organismo internacional a la vista, creo que es urgente mejorar los estándares de protección contra delitos económicos en las empresas chilenas, y para esto, es primordial tener conocimiento de los rubros de la industria más propensos a caer en delitos, al igual que las áreas más expuestas de las compañías.

¿La razón? La ley que dice que en Chile las empresas son responsables penalmente por delitos que cometan sus empleados, por lo tanto tienen que hacer modelos para prevenir estos delitos y certificarlos.

Con todo, las industrias más expuestas a cometer delitos económicos son el sector de construcción, financiero, seguros, minería, retail, industria y en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.

Aquí, la mayoría de los peligros están asociados al área de los pagos y salidas de dinero de la firma, ya que si no se tiene un control exhaustivo de rendición de gastos por ejemplo, o el objeto con que salen las platas, es fácil caer en malas prácticas. De esa área, se desprenden riesgos en el sector de Adquisiciones y Compras de la compañía, Donaciones, Emisión de boletas, Contratación, Recursos Humanos y  Clientes, entre otros.

Todas las medidas que pueda implementar una firma tienen ver con que la empresa se proteja. Una primera medida que puede resultar bastante eficiente es implementar capacitaciones y tener un área de recursos humanos bien desarrollada.

Que los empleados tengan conocimiento de los delitos e inculcar la responsabilidad de informar cuando ven malas prácticas. Un punto importante para implementar esto, es incorporar el modelo de prevención en los contratos de trabajo, así se vincula al empleado y se le obliga a no cometer infracciones.

También es primordial tener una política de proveedores clara. Saber a qué proveedores elijo y un control eficiente de pagos. Otra recomendación para grandes compañías es tener una política de compensaciones robusta, para evitar que el riesgo que el dinero esté financiando ilegalidades, como el terrorismo, a través de la desinformación de qué hacen las comunidades a las que se ayuda: tener autorizaciones, montos máximos de compensación, due dilligence de quien es el beneficiario, etc.

Con la implementación de algunas de estas medidas, las compañías podrían evitar ser juzgadas bajo la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que establece sanciones como la prohibición de celebrar contratos con el Estado, la disolución de la personalidad jurídica de la firma, pérdida de los beneficios fiscales, multas cercanas a las 20.000 UTM, publicación del delito en medios nacionales, entre otros.

Con todo, y pese a la existencia de la ley, los desafíos de las compañías van mucho más allá: la verdadera meta es lograr compañías que tengan internalizadas prácticas correctas, y empleados conscientes que se sientan identificados con una misma línea ética.

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