17 feb 2013

El Estado y las empresas sanitarias

Para evitar equívocos, parto informando a los más jóvenes o a las personas que no lo saben, que como Presidente del Partido Socialista, en el periodo 94-98, estuve en contra de la privatización de las empresas sanitarias. No por razones ideológicas, sino que al constituir este un servicio básico, de uso fundamental para la población, de carácter monopólico, ya que no pueden ingresar, distintas empresas, dos o tres cañerías por casa o edificio, su privatización se iba a constituir en un punto de debilidad estructural para las políticas públicas, dado que la exigencia de responder por la rentabilidad de los conglomerados controladores, no podía sino que finalmente desatender sus obligaciones esenciales para la vida de la comunidad

Era un periodo que en la sociedad chilena pesaba fuertemente el dogma repetido por la derecha, durante casi dos décadas de dictadura, satanizando el Estado y asociando lo público a la ineficiencia y el atraso, de modo de justificar un discurso unidireccional para exaltar y valorizar lo privado como lo eficaz y de “excelencia”.

En ese contexto, la opinión de quienes rechazábamos la privatización no fue prevaleciente.Perdimos esa lucha.

No porque no nos esforzáramos, la verdad hay que decirla tal cual es, muchos desautorizaron la defensa de las empresas públicas de agua potable y servicios dependientes alegando que era una defensa de estatismos “ya superados”. Hoy, algunas de esas opiniones “vienen de vuelta” y se autodefinen “a la izquierda”, lo que indica que la defensa que hiciéramos de las sanitarias del Estado no era tan trasnochada como se dijo entonces.

La llamada crisis sub prime del 2008-2009, generó abundante información respecto de como ciertas elites tecnocráticas que, asumen la dirección ejecutiva de diferentes grupos de accionistas controladores, se autonomizan a tal punto de los propios propietarios de los conglomerados que pasan a ejecutar una acción empresarial fundada exclusivamente en beneficios particulares y en la rentabilidad de corto plazo.

Se configura además un complejo dispositivo de venta de las imágenes corporativas, que son un tramado que impide centrar la atención en los problemas que efectivamente se deben resolver y en las inversiones que son indispensables que se realicen. Por ello, el marco regulatorio y la acción del Estado son ineludibles. De modo especial, cuando la salud y la convivencia de la comunidad están en el centro del problema.

Ahora bien, la experiencia es clara. Hay servicios esenciales que deben ser dirigidos por el Estado, en su condición de representante del “interés general” de la nación. No se trata de propiciar una propiedad exclusivamente estatal, también es válida para el propósito planteado una propiedad mixta, en que el rol del Estado sea preponderante y tenga la calidad de socio controlador.

En las últimas semanas, se han vivido horas de incertidumbre en millones de familias. En mi opinión, estos días de angustia, respecto si habrá o no agua potable en el hogar son suficientes. Debiese realizarse un amplio debate nacional del cual pudiese surgir un calendario de reinversión del Estado en las empresas sanitarias que restablezca el carácter del sector público como controlador y, en consecuencia, como el rector y orientador de este servicio esencial para la población.

Ello requiere una ley orgánica constitucional para lo cual debemos conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, si es posible, en el curso de este año, aunque con las definiciones que se conocen en la composición actual del Parlamento, lo más probable sea trabajar para obtener la mayoría requerida en las elecciones de noviembre próximo, de manera que chilenas y chilenos puedan tener la completa seguridad que se actuará con un criterio de largo plazo, capaz de asegurar el abastecimiento del agua potable con las inversiones requeridas y con una gestión que deberá entender que la atención a la población es la exigencia primordial de este servicio básico en una sociedad democrática.

5 comentarios
16 feb 2013

A confesión de parte, las AFP son un gran engaño (II)

Varias personas me han comentado que les llama la atención que las AFP o la Superintendencia de Pensiones no comenten o desmientan las publicaciones críticas que hacemos algunos sobre el fracaso de las AFP en Chile. Creemos que ello es parte de su estrategia comunicacional, ya que debido al poder casi total que tienen sobre los medios de comunicación, son muy pocos lo espacios que se abren para criticarlas y prefieren mantener una campaña de publicidad engañosa millonaria, que incluye a reconocidos actores de teatro y TV y cooptando académicos universitarios que preparan estudios a pedido y se prestan para ser directores de AFP o de las empresas en que ellas invierten.

Una segunda razón para que no contesten nuestras críticas, es que ellas no pueden ser rebatidas, ya que se basan en estudios serios, usando las propias cifras oficiales y las declaraciones de expertos de las propias AFP. Esta opción puede aparecer poco humilde, pero la verdad es la verdad. Veamos un ejemplo.

En la opinión anterior mencionamos que José Piñera prometió al inicio del sistema :“Si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo”. (El Cascabel al Gato, página 18.)

Si los lectores visitan hoy la página oficial de la Asociación gremial de AFP,http://www.aafp.cl/sistema-de-afp podrán constatar que allí se dice, “el sistema está diseñado para otorgar pensiones de reemplazo equivalentes al 70% de las últimas rentas, sobre la base de un 4% ó 5% de rentabilidad real anual de los Fondos de Pensiones”. Es decir, mantienen la misma consigna.

En esta misma fuente de las AFP podemos leer que “uno de los principales factores que inciden en el monto de las pensiones es la rentabilidad obtenida por la inversión de los ahorros. Este es el rol exclusivo que la Ley entrega a las AFP, y el resultado de la gestión en 32 años es muy positivo ya que del total del ahorro acumulado en las cuentas de los trabajadores que empezaron a cotizar en el Sistema el año 1981 hasta ahora, 73% corresponde a la rentabilidad y 27 a su contribución personal del 10% de la remuneración imponible”.

En la misma página se publica un artículo fechado el 22 de enero de 2013 en el que se indica en su título: “Rentabilidad promedio anual de los Fondos de Pensiones ha sido UF + 8,7% en 32 años”.

Si esto fuera verdad, habrían obtenido el doble de la rentabilidad esperada y por lo tanto, las pensiones que se paguen deberían ser muy superiores al 70% estimado con el 4% de rentabilidad. No está de más señalar que las rentabilidades obtenidas para las empresas de AFP ha sido cuatro o 5 veces superior a esos porcentajes, ya que ellas cobran comisiones a todo evento, o sea cuando los fondos ganan o pierden.

Con estos antecedentes podemos ilustrar dos situaciones: Nos mienten y nos pagan pensiones miserables y es un hecho que engañan al país con sus datos.

En efecto, la Comisión Presidencial que nombró la ex Presidenta Bachelet para que estudiara reformas al sistema, integrada casi totalmente por expertos partidarios del sistema de AFP, concluyó que “la rentabilidad efectiva de los aportes del trabajador ,indican que esta se ubicaría entre un 4,5 %y un 6,5 % anual.” (Página 23 del Resumen Ejecutivo del Informe de la denominada Comisión Marcel 2006).

De este modo, una fuente igualmente defensora del sistema de AFP, nos entrega antecedentes para afirmar que hay una publicidad engañosa y que, si está cumplida la estimación inicial de rentabilidad, nos deberían pagar el 70% de nuestras últimas remuneraciones.

Reexaminemos las cifras oficiales de la Superintendencia de pensiones, especialmente las publicadas en el último boletín oficial publicado, Panorama Previsional de septiembre del 2012.

“El ingreso imponible promedio de los cotizantes dependientes al mes de junio de 2012 es de $542.340” y “el número de pensiones pagadas en el mes de julio de 2012 ascendió a 944.867 con un monto promedio de $177.021”.

Estas son las cifras que corresponden a la realidad que viven un millón de pensionados de AFP. Una pensión de $177.021 mensuales es menor al sueldo mínimo y poco más del 30% de la remuneración promedio que constata la propia superintendencia y muy lejos del 70% prometido por el sistema antes y ahora. Ah, y para eso pagamos más del 20% de lo que destinamos a previsión por más de 30 años. ¿Quién puede desmentir esto?

¿Quién desmiente que hay 446.713 pensiones en la modalidad de Rentas Vitalicias con un monto promedio de $224.762, 40% del sueldo promedio y que existen 469.621 pensiones en la modalidad de Retiro Programado con un promedio de $121.024 mensuales, menos del 30% de la última remuneración promedio?

Claro, tampoco se puede negar que existen 135 personas de un millón que reciben pensiones de un monto promedio de $1.089.670.

¿Desmintieron los dueños de las AFP a El Mercurio que, el 11 de diciembre del año 2011, publicó en la página B9 que si Ud. quiere jubilar con $500 mil al mes, debe tener en su Fondo $ 92 millones si es Hombre y $102 millones si es mujer?

¿Desmintieron las AFP al Consejero del Banco Central Joaquín Vial que señaló en un seminario “que el 60 % de los primeros cotizantes acumulan saldos inferiores a $ 20 millones, con lo cual podrán aspirar a una pensión en torno a los $ 150.000”?, según publicó El Mercurio del 11 de enero de 2013, página B9.

No lo han hecho ni lo harán, para no ampliar el círculo que quiere conocer e informarse de este abuso monumental.

Para hacer un debate en serio es necesario entender que hay temas de fondo que deben ser analizados.

1. Debemos cambiar la concepción valórica que predomina en la legislación de los ochenta y que sociedad chilena de hoy rechaza mayoritariamente. En efecto, en 1981 José Piñera impuso una concepción doctrinaria contraria a una política pública de Seguridad Social y la reemplazó por una industria, un negocio más, junto a las Isapres y Compañías de Seguros, empresas que deben seguir, a juicio de su promotor, los principios que los chicagos boys impusieron en los ochenta.

Lamentablemente, los gobiernos de la Concertación fueron copados por una minoría liberal audaz y poderosa que, aliada con los grupos económicos y la derecha, logró mantener el sistema, aún al costo de perder las elecciones y aparecer siendo responsable de construir generaciones de ancianos profesionales, técnicos y empleados pobres y frustrados, contrariando fuertemente la historia, cultura e intereses de los sectores sociales mayoritarios del país.

Pero aparecen pequeñas señales que los actores políticos indispensables para la solución del problema están comenzando a reaccionar. Los acuerdos del Senado del año pasado y la Comisión Especial que está funcionando se han mostrado como un camino lento, pero indispensable para poner el tema en la discusión pública. Tenemos que aportar todos para que este tema entre en la agenda de los candidatos presidenciales los que deberán pronunciarse claramente sobre si comparten el modelo fracasado o promoverán los cambios inevitables.

Ahora se trata que los afectados, los 10 millones de afiliados se acerquen a sus representantes políticos para pedirles apoyo para los cambios indispensables. Acusa AFP AC ha presentado a esa Comisión Especial un conjunto de propuestas de corto y mediano plazo para enfrentar el problema, las que difundiremos pronto.

2. Otra razón de fondo se encuentra en las características de organización del trabajo en la actualidad, trabajo humano que no es una mercadería más, sino un elemento esencial para el desarrollo de la persona, la familia y la sociedad y que las concepciones liberales han convertido en precario y con remuneraciones injustas.

Las cifras hablan por sí solas en esta materia: más del 60% de los chilenos trabaja con contrato y descuentos previsionales sólo un 50% de su vida laboral activa, por ello, junto a bajas remuneraciones y altas comisiones de las AFP , lo que juntan en sus libretas de AFP entrega un resultado tan dramáticamente injusto.

Hay expertos partidarios de las AFP que reconocen que ellas no pueden hacerse cargo de un factor que no les corresponde directamente, pero, decimos nosotros, entonces deberían reconocer ese hecho y colaborar a una solución apropiada. Sus recetas gastadas e inaplicables son subir los costos a los trabajadores, apelar al ahorro voluntario o subir la edad de jubilación.

Para un sistema de trabajo precario se requiere una política de Seguridad Social solidaria, de reparto, con aporte tripartito y apropiada a esa realidad, poniendo énfasis en los aportes y responsabilidad de los afiliados, pero con el indispensable aporte del empleador directo e indirecto que es el Estado, en la doctrina social católica.

Es esencial que haya un aporte importante de los empleadores, como ocurre en casi todo el mundo y como lo han reconocido académicos partidarios de las AFP en el seno de la Comisión Especial del Senado, aporte por lo demás, que es deducible de impuestos.

4 comentarios
15 feb 2013

El fin del papado

Después de 8 siglos había sido elegido un Papa alemán. Después de 6 siglos, un Papa – ése – ha renunciado a su cargo. Si a eso sumamos otros signos (un negro en la Casa Blanca, una mujer en Berlín, un indígena en Bolivia, entre otras manifestaciones novedosas) podemos concluir sin dudar que estamos en un tiempo especial de la humanidad.

Nadie puede discutir la importancia de la Iglesia Católica en la actualidad que, aun cuando menor que en siglos precedentes, marca los temas de una buena parte de los humanos e influye en las decisiones no sólo de católicos, sino también de muchos otros hombres y mujeres, incluso de los más poderosos del orbe.

Más que especular en torno a las motivaciones secundarias u ocultas de la renuncia, a las que son tan aficionados los periodistas especializados (curas o no), hay que reconocer un hecho central: Benedicto XVI, hombre poderoso, de una institución poderosa, elegido por sus pares en nombre de la divinidad que los inspira según su convicción, que puede permanecer en el cargo hasta la muerte misma, decide retirarse. No lo hace por miedo a repetir la agonía de Juan Pablo II como dijo alguien. Lo hace por la convicción de que es la voluntad de su Dios que la institución sea dirigida por un hombre en sus cabales físicos y mentales. Y él sabe que físicamente se cansó y carece de fuerza.

Tal vez se gastó de más su cuerpo por los pesares que debió soportar, por el exceso de tareas, por sus viejos problemas de salud. Da lo mismo, pero él decide abandonar esa vida de hombre poderoso, en la que sin dificultades pudo haber permanecido hasta el fin. Porque esa vida se acompaña, como proclamó Alejandro VI, uno de los papas Borgia, de los placeres y bienestares que Dios depara a los justos en el cielo, llena de atenciones, cuidados y beneficios de la índole que él quiera.

Y sentirse poderoso es algo que le gusta especialmente a los que entran en la tarea política, sin perjuicio de que todos ansiamos a una cierta cuota de poder. Pero él renuncia al poder, para que otro más joven asuma sus tareas y enfrente la nueva época que vivirá su institución, a la que muchos pronostican finales terribles y hasta su destrucción total. Es el temido “fin del papado” que predijo San Malaquías, después de un último pontífice llamado Pedro el romano, que debiera ser el que se elija en marzo.

Lo que hizo Benedicto XVI fue poner fin a una época de transición, que inició Juan XXIII con el Concilio; conducido por Paulo VI y frenado y manipulado por el papado de Juan Pablo II, un conservador mediático, de bonitos discursos pero cobarde ante el disenso, tolerante frente a la corrupción, protector de siniestros personajes, aliado político de los republicanos de Estados Unidos en sus peores políticas de violencia e imposición de voluntades en la comunidades más débiles.

Mientras su antecesor quiso poner lápidas al progreso, a la actualización de la institución frente al mundo, Benedicto XVI se limitó a recordar la frase de Jesús en la oración sacerdotal: “No te pido que los apartes del mundo, sino que los preserves del mal”, recordando que no es el mundo el mal, sino las conductas de cada uno y entonces metió mano dura en todo lo que fue tolerante el anterior.

Sin duda eso lo cansó. Sobre todo porque empezó a ser evidente que Benedicto XVI era muy distinto que Ratzinger, menos conservador que su yo que murió al asumir el papado, más valiente, más luchador. En lugar de ocuparse en preservar la entidad administrativa a su cargo, prefirió limpiarla de pedófilos, corruptos, fornicadores, pederastas, poniendo énfasis renovador en la mirada sobre el mundo.

Benedicto XVI fue mejor Papa que lo que muchos podíamos esperar de Ratzinger, para la Iglesia Católica y para el mundo. Abrió las ventanas y las puertas para que entrara el aire puro, como quiso Juan XXIII, para que comenzara a salir la carroña que carcomía los cimientos, no de la fe, sino de la Iglesia institucional.

Su renuncia en un acto solemne y hermoso, porque permite ver a un hombre que no se aferra al poder terrenal, pudiendo hacerlo como nadie.Ejemplo que muchos podrían seguir en el mundo.

Desde nuestros líderes locales que se eternizan en los cargos de elección popular, hasta gobernantes que se sienten iluminados e iluminadores de sus pueblos por lo cual quieren quedarse hasta que los consuma el cáncer o los erradiquen sus pueblos mediante la rebelión.

Tal vez de verdad sea el fin del papado. Puede ser. Pero no en el sentido de que la Iglesia Católica se acabe, sino en cuanto el obispo de Roma no sea más que un primus inter pares y las diócesis locales recuperen su importancia, agrupados en una forma similar a lo que sucede con las iglesias ortodoxas cristianas en la parte oriental de occidente.

La renuncia de Benedicto XVI hará que el mundo se vuelva a preguntar muchas cosas, especialmente sobre la vigencia de este poder vertical y transnacional que trasciende sus campos de acción religiosos.

Vuelve a nacer Ratzinger, pero ahora con una nueva experiencia. ¡Que viva muchos años! Así el mundo ganará un pensador profundo y su institución a alguien que prefiere orar a la divinidad que vanagloriarse de ser su vocero.

3 comentarios
15 feb 2013

Los lugares-marca de la historia no oficial

“…Quizás mañana o pasado o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar…”

Los premonitorios versos arriba citados, corresponden a la “Canción Final” de la Cantata Santa María de Iquique, musicalizada por el grupo chileno Quilapayún (texto de Luis Advis) hacia 1970. Y es que Chile verdaderamente es un país tan largo, y aquellos aspectos menos conocidos y dramáticos de nuestra historia, parecieran tener una tendencia a la reaparición en distintos momentos y contextos.

Esta persistencia de lo que podemos llamar aquí la tradición autoritaria chilena, ha ido dejando con el tiempo distintas huellas, marcas o lugares-marcas, que nos recuerdan una y otra vez que la historia oficial, mirada de muy cerca, tiene poderosas grietas por donde se cuelan los trazos de la historia no oficial.

Uno de estos lugares-marca que podemos traer a modo de ejemplo, es la Isla Dawson.Lejos de las pantallas de cine que mostraron los acontecimientos ocurridos en este lugar tras el Golpe de 1973, aquí nos queremos referir a una de sus primeras utilizaciones como zona de relegación o de concentración de población considerada peligrosa.

Hacia finales del siglo XIX, la política de exterminio de la población Selknám, emprendida por privados y amparada por el Estado, se materializó en la vergonzosa cacería y exterminio de este pueblo.

No contentos con esto, aquellos que sobrevivieron a la matanza fueron trasladados hacia mediados de 1898, al Campo de Concentración de Isla Dawson, previa aprobación del Estado chileno mediante el ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización. Como se señalaba en un periódico de la época “hágase una campaña de exterminio contra los indios adultos y déjese los niños a cargo de los salesianos, ya que ellos creen poder civilizarlos”.

La ironía de los que aparecían civilizados frente a los llamaban bárbaros: los primeros guiando una política de exterminio y los segundos luchando por sobrevivir.

Pero, tal y como lo predijeran los versos de Advis en la Cantata Santa María, Isla Dawson volvería a ser utilizada como lugar de relegación, esta vez política, y en un contexto diferente. Tras el Golpe Militar del 73, en dicho lugar funcionarán los campos de concentración de Río Chico y Compingin. Serán principalmente presos políticos de la zona los que serán enviados a este sitio, junto con algunos personeros del derrocado Gobierno de la Unidad Popular. Este campo de concentración, funcionará hasta finales de 1974 aproximadamente.

Otro ejemplo, que podemos traer en estas breves líneas, es Pisagua. Durante el Gobierno de Gabriel González Videla, el Partido Comunista de Chile será violentamente reprimido, junto a la protesta social, y muchos de sus militantes serán relegados al campo de concentración ubicado en Pisagua. En dicho campo se encontraba, como sabemos, un joven teniente que estaba a cargo de los prisioneros: Augusto Pinochet.

Más de 20 años después, nuevamente Pisagua, en contextos diferentes, será utilizado como campo de concentración. Muchos prisioneros políticos serán deportados a Pisagua tras el golpe militar. Muchas y muchos también, serán sometidos a las más diversas torturas y castigos.Aquel teniente, era ahora comandante en jefe del Ejército y líder de la Junta Militar que por la fuerza dirigía nuestro país.

Ambos lugares, incluidos otros (la Isla Juan Fernández por ejemplo), son sólo una muestra de esta persistencia y porfiada tendencia al autoritarismo en Chile.

Son muestra también de la existencia de estos lugares-marca que cohabitan con nosotros, muchos insertos incluso dentro de nuestras propias ciudades y comunas. Son parte de este patrimonio incómodo sobre todo para el Estado, ya que recuerdan acontecimientos diversos, en contextos diferentes en que, o bien ha amparado, o ha sido el ejecutor de diversos tipos de violencia hacia los considerados extraños.

No obstante estos lugares-marca, son también una posibilidad para las y los docentes interesados en la enseñanza de la historia reciente o la enseñanza de los Derechos Humanos, y que ven en la ciudad y sus huellas, una herramienta poderosa y didáctica de acercar la historia a las futuras generaciones. Sobre todo esas historias que no aparecen en las páginas oficiales, por incómodas.

El reconocimiento de estos lugares como parte de nuestro patrimonio cultural, debiera apuntar a tipificar estos lugares-marca (y muchos otros), como parte de nuestro Patrimonio de los Derechos Humanos, con reconocimiento y apoyo de todo tipo por parte del Estado.

La Historia no la escriben los vencedores, la escribimos nosotros, la gente, el pueblo, por lo que el rescate y puesta en valor de estos sitios, nos obliga a una labor que apunte a que los versos citados al comienzo, no sean un porfiado recuerdo que no se olvida y que Chile, a pesar de su largo territorio, pueda ser un país de todas y todos.

Deja un comentario
15 feb 2013

¡Al agua Pato!

El agua está de moda.

Basta con examinar las materias de algunas de las últimas columnas de este mismo sitio Web para confirmar tal aserto: Cortes de agua y el cambio climático; Cómo Re nacionalizamos el agua; El derecho al agua; Bajo el agua; Fuerza mayor o imprevisión y falta de control.

En fin, sin ignorar la gravedad del tema y los severos problemas que la carencia de agua ha provocado a muchos de nuestros compatriotas, me referiré en esta ocasión a algo que me ha afectado directamente.

Antes de tirarme al agua, felicito a los que todavía veranean y disponen del líquido elemento.

De solo pensar en eso a mí se me hace agua la boca.

Enseguida, debo señalar que la admonición fundamental -¡Al agua Pato!- que motiva esta columna, por algunos días no ha sido posible de seguir a éste y todos los patos de un sufrido Santiago, sin o con poca o interrumpida agua.

Desde otro ángulo, ello nos ha obligado a re-examinar eso de agua que no has de beber, déjala correr – cuando corre, por cierto.

Anoto también, con un atisbo de esperanza, que quizás el cambio climático lleve a que este año 2013 se cumpla aquello que decíamos en mis tiempos mozos y que rezaba “abril, aguas mil”.

Otro aspecto, también positivo, es que a nadie le fue posible en estos aciagos días ahogarse en un vaso de agua, vacío.

De otro lado, los lectores que están en el sur, y nosotros en las humildes riberas del Mapocho, hemos podido constatar que si el río suena es porque lleva agua.

No obstante, advierto que algunos aseveran que aquello ocurre porque lleva piedras – claro que esta última interpretación es algo interesada, más bien de quienes apoyan a los indignados y movilizados que recurren a los piedrazos y terminan regados con agua de surtidores verdes, móviles.

A mi juicio, está más claro que el agua que las empresas de agua no han hecho las inversiones que se necesitan para que no ocurra lo que ocurrió y que va a ocurrir otra vez, dicho sea de paso.

Es posible también alegar que las aludidas empresas hicieron inversiones, pero ellas se hicieron agua. Por lo demás, considero que ello sería propio de la naturaleza y objeto de las empresas, que, obviamente, son de agua.

También está súper claro que las empresas de agua se parecen como dos gotas de agua, en todo, incluyendo su tendencia a rápidamente cobrar y también rápidamente excusarse en la fuerza mayor cuando nos cortan el agua.

Por último, me parece también muy claro, prístino, como agua de río virgen -si es que queda alguno, digo- que las empresas de agua tratan por todos los medios de llevar las aguas a su propio molino (nótese que este último vocablo debe leerse como bolsillo).

Pero hasta aquí no más llego en esta piscina –perdón, columna- porque los chilenos estamos con el agua hasta el cuello (y ustedes lectores saben que no se trata de agua precisamente).

En fin, para terminar, un consejo político potable: no permitamos que nuestros cántaros vayan tanto al agua que al final se quiebren.

Deja un comentario
14 feb 2013

A sólo un año de la CIPD +20

En 1994, se celebró la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto. El resultado de esta Conferencia dio lugar a una declaración pionera adoptada por consenso por 179 gobiernos: por primera vez los Estados miembros de la ONU hicieron hincapié en la importancia de los principios de igualdad de género, equidad y sobre todo en convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento central para las estrategias y políticas efectivas sobre población y desarrollo.

Sin duda, el resultado fundamental de esta Conferencia fue que los Estados reconocieron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El respeto a estos derechos es de suma importancia para la dignidad humana y para el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social.

El Programa de Acción de El Cairo implicó un compromiso expreso de los gobiernos a garantizar el acceso universal a la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. La idea central fue garantizar que éstos ocupasen un lugar destacado en las políticas sobre población adoptadas por países de todo el mundo.

Desde su aprobación en 1994, el Programa de Acción se ha revisado cada cinco años: en 1999, 2004 y 2009. La CIPD+20 es el próximo examen operacional de la ejecución de dicho programa y comenzó a revisarse en 2012 para finalizar en 2014, todo bajo la dirección del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En este marco, de acuerdo a Amnistía Internacional los Estados no han adoptado plenamente los compromisos adquiridos y no sólo eso, algunos de esos compromisos no cumplen con las normas internacionales de derechos humanos y por lo tanto debieran modificarse.

Para Amnistía Internacional la revisión operacional CIPD+20 brinda una importante oportunidad para movilizar a los gobiernos, a la ONU y a la sociedad civil para que actúen con mayor determinación y refuercen los compromisos y la acción de los gobiernos, a fin de garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, con un enfoque integrado e integral.

Cuando se habla de enfoque integral e integrado, significa que los principios de igualdad de género y no discriminación deben estar primeros en la lista y deben adoptarse medidas de aplicación práctica que garanticen el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos en plenitud.

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a disfrutar del acceso igualitario a la información y a la atención a su salud sexual y reproductiva.

Todo lo mencionando anteriormente incluye derechos y libertades como: decidir si ser o no una persona sexualmente activa y buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, mantener relaciones sexuales consensuales, vivir libre de violación y otras formas de violencia basadas en género, incluyendo el embarazo, esterilización y aborto forzado, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado.La libertad y derecho a decidir el número de hijos o hijas y el momento de tenerlos, elegir pareja, casarse y formar una familia y el tipo de familia que se quiera conformar.

El derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, independientemente del sexo que le fue asignado al nacer.

El derecho a promover los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo los derechos de las personas cuya expresión sexual y de género no se ajusta con los modelos hétero-normativos.

El derecho a vivir libre de amenazas, de persecución criminal u otras sanciones por relaciones sexuales consensuadas, aborto y transmisión de VIH.

Sin olvidar, el derecho al acceso – por ley y en la práctica – a información sobre derechos y salud sexual y reproductiva, incluyendo atención integral en los servicios de salud, acceso a la anticoncepción y anticoncepción de emergencia y aborto para todas la mujeres y niñas que lo requieran en casos de embarazos no deseados como resultado de violación o incesto, y embarazos que representen un riesgo a la vida o grave riesgo a la salud de la mujer o niña.

De la descripción anterior no resulta difícil concluir que en nuestro país tenemos aún mucho por avanzar en estas materias. Los recientes debates vinculados con la entrega de la llamada “píldora del día después”, la despenalización del aborto terapéutico, el matrimonio igualitario y la no discriminación por identidad de género, son desde esta perspectiva, discusiones que requieren una mirada desde los derechos humanos.

Por eso es tan importante dar seguimiento al proceso de CIPD+20. Los resultados no sólo tendrán fuerza en sí mismos, sino que además se integrarán al nuevo programa de desarrollo que los y las líderes mundiales debatirán a partir de 2015.

Y si el resultado de la revisión produce un retroceso, por no alinearse con los derechos humanos internacionalmente establecidos, se agregará una dificultad para lograr avances en esta materia, en Chile y el mundo.

Deja un comentario
14 feb 2013

La despedida de Benedicto XVI

La renuncia del Papa fue una sorpresa universal. Por lo inusitado del gesto y por los motivos que aduce el Pontífice: falta de fuerzas físicas y espirituales para desempeñar el cargo, sobre todo cuando se plantean nuevos desafíos a la Iglesia en un mundo cambiante.

Todo ello ocurrió como el rayo que cayó esa noche sobre la cúpula de San Pedro, mientras en la Curia Romana se suceden las rencillas y las filtraciones ilegales de documentos comprometedores y se debate sobre la forma en que debe ser dirigido el IOR (banco vaticano) y la persona que debe desempeñar ese cargo. Para no hablar de los escándalos de pedofilia que – en palabras de Benedicto XVI – han tenido el impacto de un volcán en erupción que ha sacado a la luz lo más oscuro hasta cubrir el firmamento.

¿Qué significado atribuirle al gesto del Papa? Esa es la interrogante que atraviesa los comentarios de la prensa mundial. Más allá de reconocer su honestidad, su valentía y su desprendimiento del poder, ¿esta renuncia está llamada a sentar un precedente duradero o, pasada la tormenta, la institución volverá a “la normalidad” de los Papas vitalicios?

¿Es una medida revolucionaria, si reconocemos a estos procesos la capacidad de generar una nueva normativa, sorteando los peligros de las reacciones a favor de la restauración del viejo orden?

Imposible dar una respuesta definitiva tratándose de una institución tan compleja y con una memoria histórica tan larga como la Iglesia.

¿Quién iba a pensar que cuando visitando L´Aquila el Papa dejó su palio sobre la tumba del Papa Celestino V estaba presagiando la posibilidad de su renuncia? Celestino V fue un monje que duró poco como Papa. También dimitió del cargo.

Pero incluso sin proponérselo, tal vez el gesto de Benedicto XVI esté llamado a producir cambios de modernización en la estructura de la Iglesia. El Papado no tiene por qué estar definido como un reflejo espiritual de lo que ocurría con los emperadores romanos, también ellos elegidos en forma vitalicia. Tal vez se aplique de ahora en adelante al Papado una regla análoga al límite de edad que rige desde el Concilio Vaticano II para los Obispos, evitando así que se produzcan aquellos períodos, a veces prolongados, en que los Papas ya ancianos o enfermos pierden el control de la Curia y los Cardenales gobiernan sin contrapeso.

Así sucedió con Paulo VI y con Juan Pablo II. Sería deseable que la designación para ser Papa tuviera también un límite de edad para su ejercicio. Se asemejaría más a una magistratura moderna, sin perder nada de su importancia religiosa, y seguramente ayudaría a la unidad de los cristianos. El propio Benedicto XVI ha afirmado que no hay que mirar al Papa como un oráculo infalible.

En todo caso de ahora en adelante ya no será un tabú la renuncia de un Papa y le será difícil a un sucesor del actual que caiga en condiciones similares de salud y edad, mantenerse en su cargo, con lo cual se evitaría la autonomía de la Curia durante las postrimerías de cada papado.

Pero el tema más desafiante es saber cómo el próximo Cónclave va a enfrentar no sólo la reforma de la Curia, sino sobre todo los nuevos desafíos que el mundo actual le coloca a la Iglesia en temas teológicos, éticos y pastorales. Es la globalización que toca a las puertas de Roma.

¿Habrá llegado el momento de un Papa no europeo o todavía la Iglesia se siente más segura dentro de las fronteras de Europa, por muy influida que esté por corrientes laicas?

Hay que recordar que durante las invasiones bárbaras y un tiempo posterior, el cristianismo tuvo su impulso más renovador en el norte de África y que no faltaron obispos de ese continente que fueron a evangelizar a Europa, como recuerda la notable Iglesia románica de San Zeno de Verona.

¿Por qué no podría Roma recoger la nueva fuerza de las Iglesias de África, Medio Oriente o Asia, para no hablar de América Latina que se encuentra en un lugar culturalmente más próximo? Recuerdo la sorpresa en Roma cuando nombraron Papa al Cardenal Wojtyla de Polonia, un país detrás de la “cortina de hierro”. ¿No son acaso los límites de la cultura europea otra suerte de “cortina ideológica” que resultaría oportuno sobrepasar para que en el mundo global, que tiene en el Pacífico su nuevo centro, tengan mayoría de edad otras mentalidades y culturas en la Iglesia?

Los debates dentro del cristianismo occidental desde hace años están girando sobre los mismos ejes y sus resultados no son fecundos. Todo pareciera rotar en torno a la vieja cuestión de la Escuela estoica de la existencia de una ley natural inmutable, inscrita en la naturaleza humana, válida para todos en todo lugar, en Roma como en Atenas, que sería capaz de entregar respuestas unívocas frente a los nuevos desafíos de la ciencia y los cambios del comportamiento humano.

¿No parece, a veces, la bioética reducirse a ese punto? ¿Es la Iglesia la custodia de esa ley o bien, con las angustias y esperanzas de todos, debe iluminar la conciencia plural de las sociedades actuales con un mensaje más simple y exigente: amar al prójimo, compadecerse con el afligido y evitar el daño a los demás? Pensarse como guardiana de esa ley puede empobrecer su misión y desfigurar su mensaje.

El Papa actual, un teólogo notable, por formación y mentalidad razona dentro de los cánones culturales europeos y particularmente de la filosofía alemana. Se afana por señalar que hay una “racionalidad verdadera” que se desprendería de los grandes filósofos griegos, válida para creyentes y no creyentes, y busca dar nueva vida a la síntesis entre esa filosofía clásica y la fe cristiana, recurriendo a los Padres de la Iglesia, a San Agustín y Santo Tomás.

Me pregunto si un Papa proveniente de la India o de la China, por ejemplo, no enfrentaría los desafíos nuevos a los cuales se refiere Benedicto XVI en su renuncia, en una clave cultural diferente, sin tantas mediaciones filosóficas, pudiendo de esa manera llegar en forma más directa a la gente y, en especial, a las nuevas generaciones, carentes como están hoy de referencias políticas y morales claras.

El principal problema no es el relativismo ni el laicismo, sino la anomia, la falta de referencias trascendentes. Y la solución no está en volver todos al antiguo redil, cosa del todo impracticable en un mundo culturalmente plural, sino en aceptar que como le decía Jesús Nicodemo, para renacer hay que dejarse llevar por el espíritu que sopla como el viento, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde nos lleva. No es la seguridad de la ley la que salva. Lo sabía bien San Pablo. Ese rigor de la ley puede dar origen a la hipocresía religiosa a la cual se refirió el Papa ayer. Lo que vale es el espíritu venga de donde venga.

Nada serio podemos adelantar de los resultados del próximo Cónclave. Todos los electores han sido nombrados durante los dos últimos pontificados. Pero cuando el poder de decisión pasa a un cuerpo colegiado proveniente de los cinco continentes, sacudida como está la Iglesia por el gesto valiente del Papa que sigue dando claves para interpretar su renuncia, todo es posible.

Una cosa sí es urgente: dar pasos audaces de mayor transparencia en el funcionamiento de la Iglesia en todo orden de cosas. Si no hay nada que ocultar, por qué entonces no buscar mayor claridad en la conducción de la Iglesia, sobre todo frente a una opinión pública cada vez más desconfiada de los poderes opacos.

Es lo que parece esperar el Papa como consecuencia de su dimisión, decidida en conciencia ante Dios, y seguramente por ello el pueblo cristiano le demuestra simpatía y gratitud a la hora de su despedida.

Deja un comentario
14 feb 2013

Cortes de agua y cambio climático

El reciente corte de agua en la Región Metropolitana dejó a más de 3 millones de personas sin abastecimiento hídrico por casi dos días, sumándose a un hecho similar registrado en enero. El evento nos demostró la precariedad de la industria sanitaria ante los efectos de la naturaleza, y recalcó la importancia esencial del agua para concretar todas las actividades del país, tanto domésticas como económicas.

Si bien el episodio no fue causado por la acción humana, ya que se trató un fenómeno climatológico originado por lluvias calientes en la alta cordillera, que causó deslizamientos de tierra y aumentó la turbidez de los ríos que proveen de agua potable a Santiago, sí es relevante indicar que esta crisis de abastecimiento se vio agravada por la intervención de las empresas mineras y eléctricas que han removido gran cantidad de tierra para sus caminos y faenas en las cabeceras de las cuencas de los ríos Mapocho y Maipo en la Región Metropolitana.

Y también por la falta de inversiones de la empresa Aguas Andinas para ejercer responsablemente su concesión, en un contexto de cambio climático y por la acción irresponsable de los diversos gobiernos, que han continuado aprobando proyectos que vulneran la seguridad hídrica de la capital y sus 6 millones de habitantes.

Lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado. El cambio climático que intensifica el fenómeno de las lluvias calientes se ha manifestando durante las últimas décadas, pero las autoridades siguen actuando como si no existiera, arriesgando a la población, la infraestructura y la producción.

El aumento acumulado de la temperatura global del planeta, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) hoy es de más de 0.8 grados Celcius. Sólo desde 1978 a la fecha, el aumento fue de 0,134 grados, según un reciente estudio de la Universidad de Alabama, hecho en base a mediciones satelitales del NOAA y la NASA.

Ante un escenario global y local de incertidumbre climática, que ha aumentado la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales en zonas altas por causa de la perdida de la isoterma cero, la lógica indica que la sociedad debe adaptarse y re-pensar la forma en que se relaciona con su geografía, estableciendo claramente qué tipo de actividades pueden realizarse en zonas desde donde se obtiene un bien tan preciado como el agua.

En el caso de una ciudad como Santiago, situada a los pies de la cordillera de los Andes, es vital poner un coto a la intervención de los ríos para así mantener a raya la posibilidad de aluviones y arrastre de material a quebradas y ríos.

Chile, lamentablemente, va a la inversa, apostando por la instalación de nuevos proyectos en las cabeceras de las cuencas que, además de alterar el curso y caudal de los ríos, provocan deforestación en zonas de pendientes, que luego tienen un efecto catastrófico, especialmente sobre infraestructura publica y privada, y por añadidura sobre la población.

Prueba de ello es la incidencia de los movimientos de tierra que hoy realiza el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (de AES Gener) en la cuenca del río Maipo, contribuyendo a acrecentar el efecto de los aluviones.

Incertidumbre que se traspasa a vecinos del sector cordillerano de Santiago y la V Región ven la expansión minera de Los Bronces (de Angloamerican), que ha construido un túnel sin permisos bajo el glaciar La Paloma, amenazando su estabilidad; y la ampliación de Andina (Codelco), la cual pretende triplicar su actual área de faenas y en la que la propia cuprífera estatal reconoce que destruirá más de 100 hectáreas de glaciares de roca, afectando las reservas de agua de la cuenca alta de Santiago.

El gobierno, tal como declara en su estrategia de cambio climático, debe pasar a la acción para proteger legalmente los glaciares y además las fuentes de agua dulce que alimentan las cuencas hidrográficas, conservando la cobertura vegetal de estas; restableciendo los caudales ecológicos; e iniciando planes de gestión integrada de cuencas, con participación de organizaciones ciudadanas y usuarios tradicionales del agua.

Es vital que las autoridades entiendan que no pueden seguir avalando la destrucción de los recursos hídricos en el contexto de sequía y cambio climático que enfrentamos. Seguir abriendo la cordillera a la depredación minera y energética es, posiblemente, pan para hoy pero hambre para mañana; y de seguro la imposibilidad de mantener la capital en el valle de Santiago.

1 comentario
14 feb 2013

¿Cómo re-nacionalizamos el agua?

En Chile, el agua que corre por los ríos o napas subterráneas está asignada a usuarios de diversas actividades, distinto poder económico y peso político.Es decir, hablamos de un mundo donde existen chicos y grandes, débiles y fuertes. Estos usuarios pueden ser agricultores, consumidores de agua potable rural, empresas sanitarias, forestales, industriales o mineras.

Esta asignación se lleva a cabo a través de la figura legal de derechos de agua, aplicada según lo establecido en el Código de Aguas de 1981, que señala textualmente en su artículo N°5 que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”.Es decir, siendo el agua un bien de toda la nación, a los usuarios se les asigna un derecho gratuito y perpetuo que les permite aprovechar este recurso para su interés particular.

Por otra parte, la “democrática” Constitución de 1980 estableció en una corta frase la privatización más acérrima existente en el mundo para temas de agua: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. (Artículo N°19).

Lo anterior significa que el derecho asignado a los usuarios para aprovechar este vital recurso se transforma en una propiedad privada. Así, este derecho de propiedad aplica sobre el aprovechamiento de las aguas y no sobre las aguas mismas, las que en teoría siguen siendo un bien de toda la nación. Un truco legal digno del Mago Oli.

Con un fuerte derecho de propiedad, los ideólogos neoliberales sentaron las bases para que el Estado asigne inicialmente derechos de agua en forma gratuita y perpetua, para posteriormente dejar que el mercado opere.

Esto no tuvo ninguna consideración social, pues de la economía básica se sabe que los mercados por definición no tienen consideraciones sociales ni ambientales. Acá no entran la equidad ni la participación ciudadana. De hecho, hoy la mayor parte del agua en Chile no es chilena y la concentración de derechos de aguas en pocos usuarios es brutal.

El mercado no prioriza entre usuarios, no tiene porqué hacerlo ya que se basa en la competencia de éstos. Por ejemplo, no existe una prioridad del uso de agua para consumo humano por sobre el uso para la minería, como el sentido común pudiera manifestar o como lo plantea el derecho humano al agua reconocido explícitamente por la ONU en resolución 64/292.

De este modo, sólo aquellos usos de agua de mayor rentabilidad económica serán los que sobrevivan en el largo plazo, situación que se ha evidenciado en la compra de derechos de agua desde mineras a pequeños agricultores en el norte del país, o de empresas sanitarias que luego traspasan sus costos a los usuarios.

Acá tampoco entra el interés nacional, porque con un régimen tributario ad-hoc, las grandes mineras o industrias que utilizan agua como un insumo clave para su producción y generan millones de dólares en utilidades gracias a este vital recurso, terminan llevando el beneficio neto hacia arcas extranjeras.

El diagnóstico parece lapidario y para plantear soluciones como la renacionalización del agua, se debe considerar en primer lugar que los derechos de agua gratuitamente asignados por el Estado o aquellos adquiridos en el mercado de aguas, no tienen obligación legal de pagar tributo o impuesto por el usufructo de un bien nacional para fines productivos privados.Es decir, no hay un mecanismo para direccionar parte de los beneficios obtenidos por el uso del agua hacia el Estado, y así orientarlos hacia metas sociales o causas de interés público.

Entonces ¿cómo renacionalizamos el agua? Sin duda un camino complejo, una lucha que dejará heridos en el camino, donde los poderosos intereses empresariales y políticos dejarán caer sus garfios para impedir cualquier incipiente reforma en el tema.

En primer lugar, el derecho de propiedad coloca una traba legal muy bien amarrada en las leyes madres de nuestra legislación. Bajo el actual marco político y normativo, una reforma legal que implique un cambio de esta naturaleza es prácticamente inviable y de resultados poco claros.

Se puede cambiar el carácter perpetuo que tiene el derecho de agua hacia un carácter temporal. De todas formas, los afectados dirán que se les está violando su derecho de propiedad y podrán tener la razón.

Segundo, el Estado podría realizar una compra masiva de derechos de agua en aquellas zonas más críticas y así pasar a ser propietario. Pero ¿sería justo comprar algo que inicialmente se entregó gratuitamente y que posteriormente les generó grandes beneficios a dichos titulares a lo largo de años? Claramente no es justo.

Tercero, el Estado podría cobrar por el uso del agua, ya que actualmente lo que se paga por ello es cero. De esta forma, se pueden direccionar los beneficios y utilidades que genera el agua a las actividades económicas, y evitar que éstos fuguen a otras latitudes. Esto debiera distinguir entre actividades pequeñas como la agricultura de subsistencia y la gran minería del cobre, por colocar un ejemplo.

Finalmente si parte del beneficio de la explotación de un recurso natural realizada por una actividad privada cualquiera, queda en el país, estaremos hablando de una forma gradual de nacionalización.

5 comentarios
13 feb 2013

¿Derecho al agua?

En los últimos días hemos sido testigos de la fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable de nuestra metrópoli. Según mi parecer esta se explica por un conjunto de factores que es necesario analizar, para comprender la real dimensión del problema y poder abordar de manera consistente los desafíos que implica su solución.

El primer factor es la forma en cómo han crecido nuestras ciudades y en especial nuestra metrópoli que, en virtud de intereses privados, ha avanzado sin ninguna restricción sobre los suelos de la cuenca, súper explotando el recurso agua de la misma y terminando por sellar la mayor parte de ella con pavimentos y construcciones que impiden la normal infiltración de las aguas y generan como contrapartida las, cada vez más peligrosas y recurrentes, escorrentías urbanas que azotan nuestra ciudad cada cierto tiempo con todos los costos que ello implica en pérdida sistemática de patrimonio urbano y arquitectónico.

Este proceso ha impactado significativamente en la precordillera, la que hoy sufre una severa desertificación a raíz de la disminución de las napas subterráneas, lo que ha devenido en la casi desaparición de la capa vegetal y, con ello, de los árboles cuyas raíces antes afirmaban los suelos que hoy, ante la más mínima llovizna, ceden y se desploman con las consecuencias por todos conocidas.

Lo anterior se ha visto agravado por la inescrupulosa extracción de áridos en los cursos de aguas de la cuenca, que ha terminado por erosionar de manera irreversible los bordes de los cauces, haciendo cada vez más vulnerables los ecosistemas, sin que hasta hoy existan herramientas legales suficientes −desde los gobiernos locales− para impedir ni regular este tipo de actividades.

El segundo factor es la privatización de las empresas de servicios, privilegiando la iniciativa y la rentabilidad privada por sobre los derechos básicos de la ciudadanía, entre los que se destacan el derecho al agua como un bien cada vez más escaso y de primera necesidad.

Esto se traduce en que la empresa −como ya sabemos responde a intereses exclusivamente privados− no ha hecho las inversiones necesarias para prevenir lo sucedido y que, además, ha tenido la posibilidad cierta de comprar agua a Aguas Cordillera o a SMAPA para abastecer a sus clientes, no lo ha hecho porque, evidentemente, atenta contra sus utilidades.

Esta no está obligada por ley a hacer ni lo uno ni lo otro y puede optar por suspender el servicio y pagar una multa irrisoria a un Estado que ya no se hace responsable de casi nada de lo que sucede a sus ciudadanos.

El tercer factor es la falta de un marco normativo que obligue a incorporar el manejo de las cuencas y el desarrollo sustentable tanto en cualquier plan, programa o proyecto, de carácter público o privado, cuyo impacto ambiental y social resulte evidente. Así como en el desarrollo del instrumental técnico y normativo para desarrollar los procesos de ordenamiento, planificación e intervención territorial de nuestro país.

Cabe mencionar que los factores antes mencionados, que por cierto no son los únicos, poseen un tronco común que se hunde en el modelo de sociedad existente en nuestro país, en donde el ser humano y la naturaleza están al servicio de la economía y existen solo para favorecer la reproducción, la concentración y la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos y no al revés, que es como debiera ser.

Resulta imprescindible, entonces, cambiar la mirada y el enfoque desde donde hemos venido abordando los nuevos problemas sociales y urbanos de nuestras ciudades y dejar de creer ciegamente en que la iniciativa privada es siempre más eficiente, eficaz y responsable que el Estado en la provisión de determinados derechos fundamentales.

13 comentarios