Para evitar equívocos, parto informando a los más jóvenes o a las personas que no lo saben, que como Presidente del Partido Socialista, en el periodo 94-98, estuve en contra de la privatización de las empresas sanitarias. No por razones ideológicas, sino que al constituir este un servicio básico, de uso fundamental para la población, de carácter monopólico, ya que no pueden ingresar, distintas empresas, dos o tres cañerías por casa o edificio, su privatización se iba a constituir en un punto de debilidad estructural para las políticas públicas, dado que la exigencia de responder por la rentabilidad de los conglomerados controladores, no podía sino que finalmente desatender sus obligaciones esenciales para la vida de la comunidad
Era un periodo que en la sociedad chilena pesaba fuertemente el dogma repetido por la derecha, durante casi dos décadas de dictadura, satanizando el Estado y asociando lo público a la ineficiencia y el atraso, de modo de justificar un discurso unidireccional para exaltar y valorizar lo privado como lo eficaz y de “excelencia”.
En ese contexto, la opinión de quienes rechazábamos la privatización no fue prevaleciente.Perdimos esa lucha.
No porque no nos esforzáramos, la verdad hay que decirla tal cual es, muchos desautorizaron la defensa de las empresas públicas de agua potable y servicios dependientes alegando que era una defensa de estatismos “ya superados”. Hoy, algunas de esas opiniones “vienen de vuelta” y se autodefinen “a la izquierda”, lo que indica que la defensa que hiciéramos de las sanitarias del Estado no era tan trasnochada como se dijo entonces.
La llamada crisis sub prime del 2008-2009, generó abundante información respecto de como ciertas elites tecnocráticas que, asumen la dirección ejecutiva de diferentes grupos de accionistas controladores, se autonomizan a tal punto de los propios propietarios de los conglomerados que pasan a ejecutar una acción empresarial fundada exclusivamente en beneficios particulares y en la rentabilidad de corto plazo.
Se configura además un complejo dispositivo de venta de las imágenes corporativas, que son un tramado que impide centrar la atención en los problemas que efectivamente se deben resolver y en las inversiones que son indispensables que se realicen. Por ello, el marco regulatorio y la acción del Estado son ineludibles. De modo especial, cuando la salud y la convivencia de la comunidad están en el centro del problema.
Ahora bien, la experiencia es clara. Hay servicios esenciales que deben ser dirigidos por el Estado, en su condición de representante del “interés general” de la nación. No se trata de propiciar una propiedad exclusivamente estatal, también es válida para el propósito planteado una propiedad mixta, en que el rol del Estado sea preponderante y tenga la calidad de socio controlador.
En las últimas semanas, se han vivido horas de incertidumbre en millones de familias. En mi opinión, estos días de angustia, respecto si habrá o no agua potable en el hogar son suficientes. Debiese realizarse un amplio debate nacional del cual pudiese surgir un calendario de reinversión del Estado en las empresas sanitarias que restablezca el carácter del sector público como controlador y, en consecuencia, como el rector y orientador de este servicio esencial para la población.
Ello requiere una ley orgánica constitucional para lo cual debemos conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, si es posible, en el curso de este año, aunque con las definiciones que se conocen en la composición actual del Parlamento, lo más probable sea trabajar para obtener la mayoría requerida en las elecciones de noviembre próximo, de manera que chilenas y chilenos puedan tener la completa seguridad que se actuará con un criterio de largo plazo, capaz de asegurar el abastecimiento del agua potable con las inversiones requeridas y con una gestión que deberá entender que la atención a la población es la exigencia primordial de este servicio básico en una sociedad democrática.