19 abr 2013

¿Por qué?

Una de las preguntas más reiteradas que he recibido en estos días es ¿por qué?

¿Por qué insisten en levantar una candidatura presidencial cuando las encuestas les son desfavorables?, ¿Por qué no rendirse cuando algunas figuras destacadas de su propio partido insisten en apoyar a un candidato distinto?, ¿Por qué no mejor intentar negociar una posición privilegiada en el próximo gobierno?

Las respuestas políticas son varias y yo mismo entregaba algunas de ellas a Cooperativa hace un par de días: la campaña está recién comenzando y es en ella que nos jugamos. El lanzamiento oficial de la candidatura de Claudio Orrego se produjo recién el sábado 13 de abril y ya hemos constituido 50 comandos en algunas de las principales comunas del país. 9.500 voluntarios ya se han inscrito para trabajar por Orrego y esperamos llegar a 20.000. Nuestro candidato viaja a reunirse con la Canciller Alemana y luego se despliega por todo Chile.

¿Y las encuestas? Lo hemos dicho hasta el cansancio. En el país del voto voluntario ellas no son el mejor predictor. Lo demostró MEO en las elecciones pasadas. Volvió a quedar claro en las elecciones municipales, cuando Laurence Golborne se quedó “con los crespos hechos” sin poder celebrar en el balcón de Zalaquett. Fue definitivo en las primarias presidenciales demócrata cristianas, cuando la contendora de Claudio Orrego lo superaba por lejos en todas las encuestas que medían conocimiento y apoyo….. y ganó Orrego con un 60% de los votos en una elección que fue un verdadero hito, con 60 mil chilenos – la mayoría de ellos independientes – votando de Arica a Punta Arenas.

Estamos convencidos que hay mucho espacio para crecer. Pero eso no responde, de verdad, el por qué.

Nos jugamos por la candidatura presidencial de Orrego, en primer lugar, porque creemos en la política. Cuando algunos se disfrazan de independientes, denostan a los partidos políticos y/o los esconden bajo la alfombra, nosotros creemos que la política es el ejercicio de mujeres y hombres libres que se sitúan como iguales en la vida pública.

La buena política nos libera de los intereses ocultos, hace posible confrontar a los poderosos y cuestionar el status quo, protege los derechos de las minorías. La candidatura de Orrego es una apuesta por la buena política y por lo tanto también, aún cuando a ratos parezca muy cuesta arriba, por recuperar los partidos políticos para la ciudadanía.

Nos jugamos por la candidatura de Orrego porque, como dijera el mismo Claudio en el discurso con el que agradeció la proclamación de su candidatura por parte de la Democracia Cristiana, “si nosotros callamos, hasta las piedras gritarían”.

Hoy debemos hablar fuerte por aquellos que no pueden hacerlo. Por los niños pequeños que no tienen acceso a la educación pre-escolar, por los jóvenes que tras infringir la ley son abandonados a una existencia de marginación, por las familias que no encuentran siquiera el tiempo para amarse, abrumados por las dificultades de sobrevivir o sostener un nivel de vida razonable, por los trabajadores que tuvieron que ir a paro en los puertos para tener 30 minutos de tiempo para almorzar, por las minorías a quienes se les habla de “reconocimiento”, sin que se alteren las condiciones de trato que reciben, por los chilenos y chilenas que llegan a la vejez y encuentran en ella precariedad, abandono, olvido.

Debemos hablar fuerte también para afirmar que al vivir juntos tenemos no sólo derechos, sino también obligaciones, y que es hora de hablar de ellas.

Chile es mucho mejor que ayer. Es cierto. Pero debe ser mucho más mañana. Y si no nos jugamos por eso hoy, ¿deberemos esperar que otros asuman esa tarea?, ¿cuánto tiempo más habrá que esperar?

Algunos creen que éste es el momento de instalar la alfombra roja para volver a La Moneda. Que es mejor “no hacer olitas” y limitarse a seguir las encuestas.

Nosotros creemos, por el contrario, que las campañas son momentos excepcionales para escuchar, interpelar y ser interpelados, debatir y dialogar. Son el espacio en el que redefinimos los objetivos comunes, llenamos de contenido el espacio público, expandimos nuestra libertad, damos sentido a la convivencia, recuperamos la humanidad para aquellos que la pierden en la lucha diaria por sobrevivir.

Las campañas definen el gobierno que tendremos. Pero sobre todo definen, una y otra vez, la comunidad en la que viviremos y la dignidad que cada uno de sus integrantes tendrá derecho a reclamar para sí.

Ese es el sentido de la candidatura presidencial de Claudio Orrego, y somos cada vez más los que tenemos claro el por qué.

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19 abr 2013

La histeria derechista

En uso de sus facultades constitucionales, el Senado destituyó al ministro de Educación, Harald Beyer. Tras la declaración de culpabilidad, la derecha desató su histeria y una inusitada campaña del terror frente a una institución democrática –de larga tradición en la historia política chilena- como es la acusación constitucional como mecanismo de control político al Ejecutivo.

Su aplicación, de modo transparente y democrático no es una guerra, ni significa crisis, ni politiquería, ni deshonestidad. El año 2008, cuando la derecha destituyó a la ex ministra Yasna Provoste, los agoreros de hoy la calificaban como normal y propio de las democracias e incluso escribieron libros, como Andrés Allamand, vanagloriándose de este episodio político.

No es bueno para la cultura republicana que esta práctica se promueva cuando se es oposición –como ocurrió en el 2008- y hoy en que se está en la función de gobierno se la quiera descalificar y destruir.

Los dobles estándares no construyen democracias sanas. Eso es lo lamentable.

Con su actual cuestionamiento, la derecha está proponiendo que el Congreso debe estar subordinado al Ejecutivo y carecer de mecanismos para expresar su opinión política.

No seremos un buzón de ningún gobierno. Ni tampoco seremos un Congreso termal como lo intentó hacer Pinochet en la Constitución del 80’ y que hoy reviven personajes políticos como Carlos Larraín y Alberto Espina.

Somos un órgano democrático de la ciudadanía –que debe mejorar su representación modificando el perverso binominal- pero el Parlamento debe tener herramientas para fiscalizar la acción del Gobierno.

Aunque la derecha se comporte histéricamente no abdicaremos de la facultad que deben tener los Parlamentos para expresar su opinión política ante el Ejecutivo y en especial, en un tema que requiere profundas Reformas pro calidad y pro equidad para tener un moderno sistema educativo que ayude a tener un Chile más igualitario y más democrático que hoy.

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18 abr 2013

Las razones para destituir al ministro Beyer

El Senado de la República destituyó al ministro Harald Beyer haciendo uso del deber que le confiere la Constitución de actuar como jurado de la acusación constitucional aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

Para efectos de esta tribuna, no voy a entrar a responder la gran cantidad de argumentos falaces que se entregaron en los últimos días con el objetivo de presionar a los senadores para que votaran en contra del libelo. Sólo me voy a limitar a señalar que lo que hicimos el miércoles pasado fue pronunciarnos acerca de si el acusado era o no “culpable de los delitos, infracciones o abuso de poder que se le imputa”. Así lo dispone el artículo 53 de la Carta Fundamental.

Ahora vamos al fondo del asunto. El ministro Beyer llegó al ministerio de Educación en medio de la crisis causada por la movilización de los estudiantes universitarios y secundarios del año 2011, que demandaban el fin del lucro en la educación y mejoras en la calidad y equidad en todos los niveles de enseñanza.

En medio de esa crisis y luego de ser recibidos los estudiantes en La Moneda, el Gobierno se comprometió a aplicar la ley que prohíbe el lucro en la educación. Sin embargo, a pesar de tal compromiso, esa medida no fue adoptada. Desde entonces, con distintos argumentos, el ministro Beyer se negó sistemáticamente a investigar el lucro en las universidades privadas chilenas.

Sus defensores invocan que ha sido el único ministro que ha cerrado una universidad. Pero eso no es cierto. Tal como lo declaró en la Comisión, la ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación (hoy Consejo Nacional de Educación) y actual Directora Ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, María José Lemaitre, entre 1990 y la fecha, dicho Consejo cerró 18 universidades por distintas razones, algunas de orden académico, pero también por determinarse que infringían la ley en materia de lucro, como fue el caso de la Universidad Real y la Universidad Temuco.

Dichas universidades fueron cerradas en el período de licenciamiento, esto es, antes de que se les otorgara su autonomía. Sin embargo, se les aplicó la misma ley que rige en la actualidad, lo que demuestra que en el caso de las instituciones autónomas las facultades de fiscalización y de sanción corresponden al ministerio de Educación, y que en los gobiernos anteriores sí hubo voluntad de hacer cumplir la ley.

En el caso de la Universidad Del Mar, la verdad es que el ministro decidió iniciar la investigación después de la “renuncia con denuncia” del rector de ese establecimiento, el abogado Raúl Urrutia en mayo de 2012. El escándalo nacional que tales revelaciones trajo consigo no le dejó otra opción que activar los mecanismos a su disposición –que por cierto los tenía- para afrontar tamañas irregularidades.

Pero también el secretario de Estado conoció la denuncia de lucro en la Universidad Santo Tomás, la que finalmente descartó pese a que el propio asesor que contrató el ministro para esa investigación comprobó la existencia de lucro. Cosa parecida sucedió en el caso de la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación.

La disculpa esgrimida por el ministro Beyer en reiteradas ocasiones es que él no disponía de las atribuciones suficientes para fiscalizar el lucro.Sin embargo, ese argumento no tiene asidero. El propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, señaló lo contrario en un dictamen respondiendo a la consulta de dos diputados y en su comparecencia ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó el funcionamiento de la educación superior entre agosto de 2011 y junio de 2012.

A ello debemos agregar que el ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, en esa misma Comisión, confirmó que era público y notorio que las universidades privadas eran un buen negocio por ser una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe.

Entonces, es evidente que el ministro Beyer sí tenía las facultades para investigar el lucro y que hay universidades privadas que sí lucran. Lo que parece ocurrir en la realidad, es que por razones ideológicas el oficialismo estima que tales actividades son permisibles a pesar de vulnerar la ley.

No se entiende de otro modo entonces, que el ministro haya optado por ignorar el informe sobre el funcionamiento de la educación superior que preparó un grupo de diputados. En ese informe, aunque rechazado por una circunstancial mayoría de la derecha, quedó constancia de que existían una serie de antecedentes que comprueban la transgresión de la ley en diversas entidades educacionales.

Tal indicio es razón más que suficiente para configurar el deber establecido en el Estatuto Administrativo (letra K), artículo 61, Ley Nº 18.834, de “denunciar… a la autoridad competente, los hechos de carácter irregular, especialmente aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado en la ley…”.

¿A cuál autoridad competente debió comunicar esos hechos irregulares?Pues a la competente según cada hecho descubierto. Esto es, al Contralor General de la República, al Director del Servicio de Impuestos Internos e incluso, al propio Presidente de la República. Eso lo habría hecho el ministro si hubiese puesto diligencia y celo en su afán funcionario, ya que los instrumentos para actuar frente a los hechos irregulares los tenía a la mano y los conocía.

Por eso consideré que el ministro efectivamente había incurrido en las causales que nuestra Constitución establece para declararlo culpable de las infracciones que se le imputaron y en consecuencia, voté favorablemente esta acusación constitucional.

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18 abr 2013

La desnaturalización de la desigualdad

La agenda contra la desigualdad, si bien ha sido impuesta por los movimientos sociales en recientes años y especialmente por la sostenida movilización estudiantil, no es nueva. Lo nuevo es que ya no hay forma de impedir su discusión y que el veto que siempre ejerció la derecha ha sido superado por la fuerza de los hechos.

Y ella logra imponerse a pesar de que el clásico discurso conservador reaparece. En el caso de Golborne, adhiriendo a la meliflua igualdad de oportunidades y presentándose como exponente de la meritocracia, no hace sino demostrar que su situación excepcional confirma la regla que probablemente viven los vecinos de Maipú con los que en su niñez compartió la pelota.

En el caso de Allamand, con el tono que lo caracteriza desde que el desalojo se convirtió en su credo político, criticando las propuestas progresistas a las que tilda de igualitaristas y atribuyéndole a la lucha por la igualdad algo así como un equivalente a la búsqueda de homogeneidad. Sin entender para nada que la aspiración de igualdad nace, precisamente, del reconocimiento de la diversidad social y de lo que se trata es que tales diversidades no sean obstáculo para tener garantizados iguales derechos y el mismo trato justo en la sociedad.

Cabe preguntarse por qué, a pesar de que la desigualdad nos ha acompañado estructuralmente como sociedad y pese al renacer conservador de una derecha temerosa de las implicancias de una agenda por la igualdad, ésta logra imponerse por una presión social que exige respuestas.

Mientras las bases de la desigualdad se mantenían inalteradas, los gobiernos de centroizquierda hicieron notorios esfuerzos por mitigar esta situación a través de las políticas sociales, mejorando el impacto distributivo del gasto social, así como a través de una nutrida agenda legislativa de carácter sociocultural.

Respecto de las políticas sociales, tomemos como ejemplo el último año del gobierno de Bachelet. En el 2009, en el peor momento de la crisis económica internacional, el impacto de los subsidios monetarios, así como de las prestaciones públicas en educación y salud, lograron reducir a la mitad las brechas de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico en nuestro país, el más alto impacto distributivo desde el inicio de la democracia (dato que cualquiera puede consultar en el informe sobre Impacto Distributivo del Gasto Social 2009, publicado por el ministerio de Desarrollo Social durante este gobierno).

También se habían logrado en tales gobiernos algunos otros avances de carácter legislativo, como la ley que igualó la situación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; la Ley Indígena; le reforma de salud con derechos garantizados; la obligatoriedad de 12 años de escolaridad garantizando el derecho a educación básica y media; la norma que garantiza la escolaridad de las estudiantes embarazadas; la penalización de la violencia familiar y del acoso sexual; la ley que castiga el maltrato hacia los adultos mayores y la que garantiza una Pensión Básica Solidaria universal; el proyecto de ley antidiscriminación ingresado en 2008 al parlamento y que terminó siendo aprobado recién en este gobierno con el nombre de Ley Zamudio; la ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad; la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas; la ley de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo; la ley de igualdad salarial de género.

Todas estas iniciativas fueron parte del elenco legislativo que promovió la centroizquierda para avanzar hacia una sociedad con derechos garantizados.

No obstante estos esfuerzos previos, hasta el momento los resultados son tímidos y lentos, con escasas expectativas de cambio en las vidas de las actuales generaciones, si las tendencias se mantienen inalteradas con las mismas políticas. Y esa opción es la que ha desechado la ciudadanía, porque las expectativas generadas se han traducido en posteriores frustraciones.

Así como la realidad objetiva de la desigualdad muestra lentos y poco profundos avances, en cambio la realidad subjetiva hacia las desigualdades es la que ha dado un salto. Con el avance legislativo en materias antidiscriminatorias y de garantías en derechos sociales, se ha provocado una “desnaturalización” de la desigualdad.

Ya nadie, o muy pocos, se atreven a sostener abiertamente que los pobres son flojos, las mujeres emocionales, los indígenas primitivos, los homosexuales enfermos o, a la inversa, que los ricos son laboriosos, los hombres racionales, los huincas inteligentes y los heterosexuales sanos.

Como nunca antes, para la mayor parte de la ciudadanía se hace evidente que la desigualdad no es parte de la naturaleza humana, sino el resultado de un arreglo político que posibilita relaciones sociales y económicas asimétricas. En suma, que existe una desigual distribución del poder económico, social y político que no se explica en los esfuerzos, capacidades y voluntades de las personas.

Haber desnaturalizado la desigualdad es el avance más significativo de los gobiernos de centroizquierda y un próximo gobierno deberá descansar en esa fortaleza para pasar a la ofensiva con iniciativas integrales y efectivas de igualdad.

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18 abr 2013

El largo camino para cerrar los espacios de impunidad a los pedófilos

Con alegría y satisfacción pudimos ver cómo en la sala del Senado aprobamos por unanimidad el proyecto presentado por el Ejecutivo que endurece las sanciones a las personas que cometan abusos sexuales en contra de menores de edad, iniciativa que nace de las mociones que algunos parlamentarios habíamos presentado.

En primer lugar, con este proyecto ampliamos los delitos en que se va a restringir la posibilidad para optar a la libertad condicional a los condenados. Hay muchos delitos en que los reos, al momento de cumplir la mitad de la pena, pueden pedir la libertad condicional.

Ahora, los sentenciados por delitos como el abuso sexual deberán esperar dos tercios de cumplida la condena para optar a estos beneficios.Esto hoy en día existe para la violación, el parricidio, el homicidio, y en general los delitos más graves, pero no para el abuso sexual, lo que me parece un gran avance. Esto también se aplicará para otros tipos de delitos sexuales, como la producción de pornografía infantil.

Aquí en Chile hay redes donde se utiliza a menores, afectando su indemnidad sexual, porque esa imagen circula por Internet y es muy difícil sacarla. Por eso era necesario establecer dureza para castigar este crimen.

En segundo lugar, hoy en día los condenados por delitos sexuales contra menores pueden, después de dos años en caso de los primerizos, y después de 5 años en el caso de los reincidentes, limpiar sus antecedentes. Ahora van a tener que esperar 10 años para poder hacerlo.

En tercer lugar, el proyecto aumenta las penas para los condenados. Esta pena hoy puede ir de 541 días a cinco a años. Con esta nueva ley, la pena iría de 3 años a 5 años.

Sin duda, este proyecto se trata de un gran avance, pero claramente no es suficiente.

El año pasado tuvimos una avalancha de denuncias por casos de pedofilia en jardines infantiles y colegios. Las cifras son alarmantes. El 2011 hubo cerca de 22 mil denuncias por delitos sexuales, de las cuales 74 % de las víctimas fueron niños.Cada 40 minutos, un niño en Chile es abusado sexualmente, sin contar la cifra negra, porque recordemos que por cada caso, hay 8 que no se denuncian.

Detrás de estos números hay personas, niños que tienen rostros, sueños, sentimientos y un dolor enorme, que piden que alguien los escuche y los proteja frente al abuso sexual. ¿Podemos hacernos los desentendidos frente a este drama que afecta a nuestros niños? ¿estamos priorizando de verdad las demandas de los niños en nuestro país?.

Claramente, la respuesta a estas preguntas es negativa. Por ejemplo, en nuestro país cuando un niño es abusado sexualmente y no hay huella física, se requiere un test de veracidad para probar que su relato es creíble, veraz. Hoy en día hay listas de espera de seis meses a un año para realizar estos peritajes. Eso significa impunidad. Por eso se explica, en mi opinión, que sólo el 13% de los casos terminan en sentencias condenatorias.

Si queremos avanzar, es necesario declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad. Recordemos que las personas se demoran 20 o 25 años en promedio para denunciar que fueron víctimas de delitos sexuales cuando fueron menores. El paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad. Así como hay delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, los delitos de abuso sexual contra menores son tan graves como los crímenes de lesa humanidad, no en razón de que fueron cometidos bajo el amparo del estado, sino en razón que hay un abuso de poder de parte de un adulto hacia un niño.

Es necesario crear un Defensor de los Niños y una Ley de protección Integral de Derechos. ¿Quién defiende hoy a los niños? ¿Existe alguna instancia que sea la voz de los sin voz al igual que hay un Sernac que defiende a los consumidores? La respuesta es negativa.

Queremos avanzar en este tema creando un Defensor, una especie de Pepe Grillo, un ente autónomo a los Gobiernos de turno que pueda defender los derechos de los niños en todas las instancias, que pueda recibir denuncias por el no cumplimiento de la Convención de los Derechos de los Niños.

Hemos avanzado mucho en este problema, pero falta una política integral, con una visión sistémica de conjunto que uniforme a todas las políticas sectoriales relativas a la infancia y así podamos cerrar los espacios de impunidad a los pedófilos y defender los Derechos de los Niños.

Entonces, el llamado es para que el Gobierno, en lo que queda de este periodo, patrocine y de Urgencia a estos proyectos de Ley que hemos presentado para poder tener una legislación que permita decir que en Chile los más pequeños son la prioridad, porque una sociedad se mide por cómo trata a los más débiles, en este caso, a nuestros niños.

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18 abr 2013

Poco uso y mucho abuso del SIMCE

Una vez más, como todos los años y como una fecha consagrada, aunque movible en nuestro calendario público, llegan los resultados del SIMCE.

Una vez más, va la lista de escuelas y liceos privados y públicos que encabezan los ranking.

Una vez más, sin novedad ninguna: mientras mejor es el nivel socioeconómico familiar y mayor la selectividad del estudiante, mejores son los resultados en este indicador.

Seamos sinceros ¿a alguien le podría extrañar que los liceos bicentenarios obtuvieran buenos resultados, si fueron creados con el propósito de reunir allí a los mejores y más destacados estudiantes? Estos liceos, no están haciendo otra cosa, que “descremar” de los mejores cuadros al resto de escuelas y liceos públicos de las comunas en cuestión.

Pero, ¿podríamos decir entonces que estos buenos resultados son realmente mérito de los propios establecimientos o de la política de mejoramiento de la calidad educativa y más aún de la justicia de su distribución?

Autoridades técnicas y políticas, parecen más preocupados de poder mostrar (a como dé lugar), que hubo avances y claro, que tales logros son atribuibles a su gestión o acción, que de comprender a qué se debe tal avance o estancamiento.

Aparece así, que hoy ya no importa tanto lo que pasó entre los estudiantes de cuarto, ya que la verdadera “noticia”, aquella que importa dar a conocer a la opinión pública, está hoy en segundo medio: ¡9 puntos más en matemática entre los estudiantes de II Medio!

Fuera de entregar los resultados, ¿hay alguien que de verdad esté preocupado por las razones qué podrían estar explicando esta alza?, ¿ha habido acciones claras y sistemáticas desde la política educativa de este gobierno que pudiera mostrar como consecuencia tales efectos?, ¿responde más bien a una tendencia en los últimos 5 o 10 años, explicable por otros factores (más docentes especializados en matemática por ejemplo), o esto es simplemente azar?

¿Por qué no ocurre lo mismo en Lenguaje o Historia entre los mismos estudiantes? parece que se nos olvida que son los mismos estudiantes quienes se evalúan en las distintas materias.

¿Muestran los resultados del SIMCE 2012, más calidad y menos desigualdad en nuestro sistema? ¡No! Claro que no. Las brechas siguen siendo escandalosas entre los estudiantes más pobres y quienes pertenecen a los sectores más acomodados.

La disminución en la distancia, que el gobierno muestra como un logro, ocurre no porque los más pobres y vulnerables incrementen su rendimiento, sino porque los de nivel socioeconómico mayor han disminuido sus promedios. Tendencia que por lo demás ya se venía mostrando en los SIMCE pasados y que, también nos debe llamar la atención y obligar a buscar explicaciones.

La evaluación, alcanza su máximo valor cuando se usa para mejorar aquello que evaluamos.

Usemos el SIMCE para orientar la gestión de escuelas, la formación docente, las prácticas pedagógicas, el liderazgo y la conducción de municipios y sostenedores privados, a fin de mejorar y hacer más estable y significativo el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, sin selección ni exclusión alguna.

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18 abr 2013

Herrera salva a la “U” y a Franco

El arquero de la “U” repitió otra vez la gracia de atajar un penal y anotar otro para definir un importante partido, ratificando ser una leyenda en el club azul, que ganó en tanda de penales 5-4 a Unión Española y disputará la final de la Copa Chile.

Por lo realizado en los últimos partidos en el torneo local, la “U” asomaba como favorito en la definición del semifinalista de la Copa Chile, ante Unión Española y deberá enfrentar en la final al detentor del cetro, Universidad Católica. Los azules venían de golear a Huachipato y a Palestino, en tanto que los rojos no pudieron vencer como local a Cobreloa, lo que permitió que se acercaran tras ellos las Universidades y O’Higgins.

Para la U. de Chile, el partido era vital, porque ganar la Copa Chile, le posibilitaba jugar la Copa Sudamericana, con los miles de dólares (cerca de un millón) para el club y el plantel. Y para el DT Darío Franco, la salvación, ya que era una de las condiciones impuestas por la directiva, para no hacerlo cesar en el cargo.

Habían empatado, sin goles en Santa Laura. Ahora, la “U” era local en el Estadio Nacional.Unión partió con desventaja, ya que no contaría con su goleador Sebastián Jaime, por estar suspendido. Franco contó con todo el plantel que ganó a Palestino e hizo un cambio, Acevedo por Lichnovsky.

Con el aliento de cerca de 15 mil hinchas, los azules dominaron todo el partido, en especial el primer tiempo, pero sin anotar, porque la defensa roja y el buen guardavalla David Sánchez lo impidieron, pese a que Ubilla, Díaz y Lorenzetti, tuvieron buen apoyo de Aránguiz, Fernández y Marino.

Ubilla pudo haber convertido a los 23 minutos, cuando un centro de Lorenzetti lo cabeceó en la boca del arco y el balón dio en el horizontal y estuvo a centímetros de no caer adentro. También una sorpresiva media vuelta de Díaz en el área fue detenida por Sánchez. La “U” se propició otras opciones vía tiros libres y corners (6 en el lapso inicial por sólo 1 de la Unión).

Pero, la defensa roja defendió casi impecable, sin apremios y tuvo tiempo para propiciar ataques vía Canales, Rubio y también Castro con el concurso de Oscar Hernández, dedicado principalmente a provocar a la defensa rival con manotazos y sucias intervenciones que le acarreó una amarilla y varios cobros Unión cometió en total en el primer tiempo 9 faltas por 6 de la “U”.

El segundo tiempo tuvo varios cambios ó decisivos. Sierra sacó a Hernández, candidato a ser expulsado.

La “U”, enceguecida en su dominio arriesgaba en ataque y los saques largos de la defensa de Unión empezaron a ser mejor aprovechados por Canales, Rubio y Castro. Los azules se vieron obligados a sacar apurados al córner. Unión tuvo 6 por cuatro de los universitarios.

Pero a los 60 minutos, Canales es expulsado por doble amarrilla al dar un puntapié a Aránguiz.Unión ya tuvo menos armas en ataque y la “U” prefirió a Maturana y Civelli por Marino y Lorenzetti para aumentar las opciones. Ninguno de los dos tuvo posibilidades de anotar. Maturana, muy lento, nunca superó a un rival y Civelli nunca ganó por alto, su mejor virtud. Era preferible Cortés por Maturana, por su disparo.

Unión duplicó su trabajo defensivo y llegó al final sin goles en contra.Franco no supo cómo aprovechar la ventaja numérica. No duplicó el juego por un sector ni tuvo a más de uno para contraatacar. Unión esperó, sin mayores problemas, la definición a penales, como establecían las bases.

Apareció la leyenda.

A muchos sorprendió cuando se dio la nómina de los cinco de cada equipo y figuraba el arquero Herrera como el quinto ejecutante de la “U”, a quien le podía corresponder definir.

Los hinchas más antiguos no tenían temor, porque se recordaban, que en la final del Apertura del 2004, Herrera había detenido un penal y anotado otro que decidió el título ante Cobreloa, que también el año pasado ganó prácticamente el título del Apertura ante O’Higgins, al atajar nada menos que tres penales y asimismo el año pasado la “U” pasó a semifinales de la Libertadores al superar a Libertad de Paraguay, tras atajar Herrera un cabezazo de gol a los 92 minutos y  después un penal que significó el paso a esa instancia. En su currículum en la “U” cuenta con una Copa Chile y 7 títulos nacionales. Una gigantesca marca.

Ayer aumentó la leyenda tras atajar el cuarto penal de Unión disparado por Ampuero, abajo al lado izquierdo. El resultado estaba a cuatro tras convertir Scotti, Cueva, Castro y Rubio por los españoles y Aránguiz, Fernández, Díaz y González por la “U”. El quinto y último de los azules correspondía a Herrera, quien con pocos metros de carrera logró el gol del triunfo con un disparo potente por bajo a la izquierda de Sánchez.

La victoria deja a la “U” y al DT Franco en condiciones de quedarse con la Copa Chile, si derrota en la final a la U. Católica. El DT Azul tendrá una nueva oportunidad para mejorar su rendimiento dirigiendo al equipo.

La UC tiene un plantel más completo que la Unión y un mejor ataque. Es la ocasión que se recuerde que sus mejores resultados han partido después de fortificar una buena defensa y un fuerte mediocampo y en ataque contar con Díaz, Ubilla y Duma, los únicos jugadores capaces de hacer goles. En la suplencia de ataque, Civelli y Cortés, el primero porque es capaz de acertar de cabeza y el segundo porque posee fuerte disparo de distancia.

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17 abr 2013

Justicia para las madres

Alexandra Benado y Alejandra Gallo junto a sus hijos constituyen una familia, pero el Registro Civil –como ya es ampliamente conocido- ha impedido que la madre que no dio a luz a los niños los reconozca como sus hijos.

En el país son muchas las parejas que para ver cumplida su decisión de tener hijos se someten a técnicas de fertilización asistida. Esta particular forma de constituir familia cuenta con el amparo y protección de la legislación chilena, que reconoce la filiación y parentesco de estos niños aun cuando –obviamente- no existe un vínculo biológico con al menos uno de sus progenitores. Pero si se trata de madres lesbianas, hemos constatado que el Registro Civil se ha negado a reconocer el vínculo filial de la madre (que no dio a luz) con sus hijos, como si en este caso no existiera igualmente una familia.

Alexandra y Alejandra no piden otra cosa que el reconocimiento de la realidad. Ellas son una familia. Desde hace seis años viven juntas en una relación familiar y desde hace tres, cuidan y velan por sus hijos, brindándoles desde su nacimiento protección y amor; y les preocupa que sus hijos no puedan exigir –como cualquier otro niño chileno- los derechos que les corresponden a ser cuidados, criados y educados por su familia, y eventualmente, derechos hereditarios y patrimoniales.

Por ello, las madres han acudido a la justicia, para que ésta cautele los derechos fundamentales y garantías constitucionales que la negativa arbitraria del Registro Civil vulnera, especialmente el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, la protección de la familia, el derecho a la vida privada y el derecho a la integridad síquica, además de los derechos de los niños.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección basada en que no se habría señalado la “ilegalidad en que se ha incurrido”, pese a que el recurso judicial se interpuso ante la arbitrariedad –no la ilegalidad- del rechazo por el Registro Civil a reconocer la maternidad de Alexandra. En palabras de la Corte Suprema “una acción arbitraria consiste en un acto o proceder (…) contrario a la justicia” y es eso lo que se alega en este recurso.

Es la propia Constitución Política (Artículo 20) la que establece el recurso de protección como una acción cautelar para reestablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que vulneran derechos fundamentales. Precisamente por ello se ha estimado que es ésta la acción judicial idónea para asegurar el respeto y protección de los derechos de estas mujeres y sus hijos.

Ante la inadmisibilidad pronunciada, Corporación Humanas –que representa a las madres ante los tribunales de justicia- presentará un recuso de reposición a fin de que la Corte de Apelaciones reconsidere su decisión inicial y se aboque a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada: la evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y a la protección de la familia, entre otros, cometida contra las madres y sus hijos.

Dada la centralidad de la protección de las garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico chileno, lo esperable es que sean los tribunales nacionales los que resuelvan este caso, pues a ellos corresponde asegurar que en el país los derechos humanos se respeten sin discriminación.

La orientación sexual no puede ser un impedimento para que el Estado de Chile –todos y cada uno de los Poderes del Estado y los órganos públicos- reconozca la familia de estas madres y se protejan jurídicamente sus derechos y los de sus hijos.

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17 abr 2013

Mercado eléctrico deficiente

Don Diego Hernández ex Vicepresidente Ejecutivo de Codelco, y hoy principal ejecutivo de la más grande empresa privada cuprera chilena, ha señalado recientemente en una actividad gremial que en Chile estamos en una situación en materia eléctrica que él llama “situación de monopolio”.

Resulta muy gratificante, aunque llama la atención que los grandes personeros del sistema se hayan demorado tanto tiempo en darse cuenta, que los mercados en Chile sufren de una grave enfermedad que es su concentración y que en alguno de ellos, lo que hemos denunciado por más de veinte años como es el caso del sector eléctrico, se llegó a lo que hoy tenemos.

Hace más de dos décadas que presentamos un reclamo ante los órganos antimonopólicos para que se separara transmisión, generación y distribución, de forma tal que hubiera un adecuado ámbito competitivo para todos lo que quisieran generar en el país.

Se logró separar la transmisión después de una gran batalla, pero la inversión en transmisión en manos privadas no estuvo a la altura del desarrollo de país.

Solicitamos en esa época también la separación de la distribución y la generación y desgraciadamente un fallo del órgano antimonopólico durante el gobierno del Presidente Lagos, ratificado en la Corte Suprema por tres votos a dos el año 2001, dejó las cosas tal como las conocemos hoy.

Coincidimos obviamente por lo anterior en la urgencia de actuar y hemos señalado que la carretera eléctrica es una cuestión vital y que debe hacerla el Estado y dejarnos de ideologismos absurdos, porque es la única forma que se realice un proyecto capaz de generar un servicio público que facilite una competencia real en el sector y al mismo tiempo de cabida a las múltiples opciones de energía renovable.

Igualmente la legislación que se discute debe poner fin al control vertical de empresas generadoras y distribuidoras. Se necesitan nuevos actores en generación con urgencia y el actual estado del mercado no lo facilita, sino que lo entrabe.

Si este país desea construir una economía realmente competitiva debe poner fin a este estado de cosas, y los legisladores tienen directa responsabilidad en corregir los errores del mercado eléctrico.

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17 abr 2013

La educación en el centro del debate

Nuevamente los estudiantes llenaron las calles, tanto en Santiago como en las principales ciudades del país, en la primera marcha del 2013, con el objeto de insistir en sus demandas de educación gratuita y de calidad para todos.

Este reinicio de las movilizaciones tiene la particularidad de ocurrir en el mismo momento en que el Senado analiza la acusación constitucional contra el Ministro Harald Beyer, aprobada en la Cámara de Diputados, a quien se acusa, principalmente, de dejar de cumplir la ley al evitar fiscalizar a las entidades de educación superior que con fines de lucro, desatendiendo las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara Baja.

Asimismo, este retorno de las marchas ocurre justo al comenzar la campaña electoral con miras a las elecciones de noviembre próximo, por lo que constituye una expresión clara y firme de las demandas que los estudiantes hacen a los candidatos, tanto al Parlamento, como a la Presidencia de la República.

Michelle Bachelet ha señalado como un eje de su campaña el combate a la desigualdad que afecta al país, donde la educación es prioridad.

Al respecto, la ex mandataria tiene autoridad moral y credibilidad. Durante su Gobierno se envió al Parlamento un proyecto de Ley General de Educación, LGE, que establecía, a nivel de la educación escolar, el término del lucro, que obligaría a todos los sostenedores a transformarse en Corporaciones o Fundaciones (sin fines de lucro) con un giro único educativo. De este modo, terminarían los desvíos de recursos.

La derecha se opuso a ello. No fue posible avanzar, pues Renovación Nacional y la UDI condicionaron cualquier cambio a la antigua LOCE, publicada el último día de la dictadura, a eliminar esta norma que evitaba el lucro en la educación escolar. La Concertación debió negociar para permitir cambios como una Superintendencia más eficaz y una Agencia para la Calidad.

Visto en perspectiva del tiempo, el error de nuestros Gobiernos fue no haber sido más enérgicos. No comunicar con más claridad a los estudiantes y a la sociedad este chantaje de la derecha y sus consecuencias para la educación en Chile. Y sobre todo faltó el vínculo con la ciudadanía y su expresión en las calles.

Afortunadamenten la sociedad chilena y especialmente los jóvenes están hoy activos y alertas en esta materia. Chile entero tomó conciencia sobre la importancia de una educación gratuita y de calidad para la igualdad de oportunidades y el efecto negativo que el lucro tiene para conseguir ese objetivo, desviando hacia los bolsillos de los sostenedores y propietarios de los planteles los recursos que deben ser invertidos en niños y jóvenes. El caso de la Universidad del Mar fue la gota que claramente rebasó el vaso.

Los jóvenes están de vuelta en las calles, con alegría y entusiasmo, para luchar por un Chile más justo. Construyendo una democracia viva y fuerte que garantice que los cambios que el país reclama sean una realidad. Es aquello por lo que muchos hemos luchado toda la vida.

La tarea de la política es terminar con el lucro, lograr la gratuidad en la educación en todos sus niveles y construir un país más justo y sin abusos.

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